En Mallku Khota y Colquiri la lucha por la nacionalización vuelve a irrumpir en la escena política movilizando a las masas. En la medida que estas luchas sean generalizadas, educarán a la vanguardia obrera y campesina a intervenir en el terreno principal de las contradicciones que vive el proceso, haciéndolo avanzar.
Hasta Colquiri y Mallku Khota el gobierno había intervenido, nacionalizando, en diferentes sectores de la economía. En algún caso las nacionalizaciones han sido el producto de la presión de las masas, lo cual manifiesta la naturaleza del actual gobierno, indisoluble y dialécticamente vinculado a las masas. Es el caso por ejemplo de Huanuni y de los mismos yacimientos de Colquiri y Mallku Khota. Generalmente, pero el gobierno no ha nacionalizado por iniciativa propia empresas productivas. Con la excepción de la Empresa Metalúrgica Vinto las nacionalizaciones se han dado en empresas de transporte de hidrocarburos, electricidad y servicios (VIAS Bolivia, ENTEL, Banco Unión etc.).
La lógica es nacionalizar aquellos sectores que la inversión extranjera y nacional deja rezagados, asignando así al Estado un papel de regulación que favorezca un desarrollo armónico de la economía para preparar las condiciones para el socialismo. Se trata de todas maneras de una demostración del fracaso y la insostenibilidad de una economía de mercado. Si hoy se extiende el acceso a los servicios básicos (agua, telecomunicaciones, energía etc.), se desarrollan infraestructuras y se aumenta el gasto social con relación a la época neoliberal, es por las nacionalizaciones. Es por esto que estas medidas, más allá de los límites que podamos señalar, cuentan con el apoyo del pueblo pobre y de los revolucionarios.
Es evidente y es ABC para cualquier marxista que el factor en última instancia determinante, donde se mide la capacidad del “proceso de cambio” de consolidar conquistas sociales, mantener el apoyo de las masas y avanzar al socialismo, es el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir de la agricultura, industria, tecnología ciencia etc. En este terreno los logros son todavía objetivamente insuficientes. A pesar del crecimiento económico, si la riqueza producida en Bolivia cada año fuese igualmente dividida por cada habitante, y así no es, nos daría ahora un ingreso de 1.200 bolivianos mensuales cada uno. Un monto apenas suficiente para alimentarse, ni hablar de garantizar acceso a salud, vivienda, educación, servicios básicos o de tener la posibilidad material de dedicarse a la vida política y asumir realmente desde las bases la conducción del proceso.
Según exponentes del oficialismo la conclusión que debemos sacar de esto es que, como lo escribió el Ministro Arce, no se puede ahora “ingresar directamente al cambio del modo de producción capitalista, sino sentar las bases para la transición hacia el nuevo modelo de producción socialista”. El Viceministro Navarro, por ejemplo, increpaba a la huelga de la COB, recordando que la Agenda de Octubre no era solo nacionalizar sino también industrializar y que es en este terreno que el gobierno prepara las condiciones para un mejor aprovechamiento del estratégico recurso minero.
Sin embargo sin la nacionalización de la metalúrgica de Vinto y la fundidora de Karachipampa-Potosí, el proceso de industrialización ni siquiera hubiera empezado, ya que las multinacionales sólo hicieron perder años, los años de auge minero, hasta concluir que el negocio era poco lucrativo para ellas. Y el mismo error, de confiar en las multinacionales, se repitió en el caso de El Mutún donde la JINDAL STEEL, multinacional india, ilusionaba con la industrialización habiendo ya empezado a exportar hierro hacia el Paraguay.
La concepción según la cual, en un país de capitalismo atrasado como el nuestro, se pueden sentar las bases para la transición a un modelo de producción socialista sin romper con el capitalismo, parece ser más práctica pero es lo que debilita todo el proceso. En la medida en que las relaciones de producción siguen teniendo un carácter capitalista dominante, el MAS y el “proceso de cambio” se convierten en la acogedora casa de personeros de la derecha, latifundistas, empresarios y una quintacolumna burocrática, interesada sólo en consolidar su personal escalada social. Y el apoyo al pequeño productor se traduce en apoyo a latifundistas, empresarios y multinacionales, y en conflictos entre las bases naturales del proceso.
Es el caso por ejemplo de las políticas agrarias, donde se ha levantado la prohibición a las exportaciones de soya, para evitar un aumento de precio del aceite y del contrabando, y se amplía a 5 años la revisión de la Función Económico Social, permitiendo así el uso especulativo de la tierra. Estas medidas, que son naturalmente aprovechadas por la agroindustria oculta tras el pequeño productor, repercuten en divisiones entre el sector campesino e indígena, sobre el futuro de las Tierras Comunitarias de Origen. Se defiende el latifundio mientras el hambre de tierra divide a los protagonistas del proceso.
Ejemplos similares podemos mencionar en el caso de los hidrocarburos, con las concesiones hechas a las multinacionales para obviar la huelga productiva que nos impone gastar en la importación de combustibles la tercera parte de todo el ingreso generado por la venta de gas. O en la misma lucha en Mallku Khota donde el recrudecer de la violencia no es otra cosa que el reflejo de las concesiones hechas a nivel nacional al sector cooperativista, porque si el mensaje es que la empresa nacional y las cooperativas deben convivir, habrá siempre quien avasallará buscando forzar esta convivencia, en muchos casos armados y azuzados por las mismas multinacionales.
Las mismas debilidades del proceso, identificadas por Evo Morales: narcotráfico y corrupción, reconfirman este análisis. El narcotráfico, como el contrabando, no son otra cosa que economía ilegal, la reacción natural de los mercados a cualquier intento de regularizarlos en los que no intervenga la propiedad privada. Y la corrupción, reducida a su esencia, es el signo evidente de una estructura estatal capitalista, que concentra el monopolio de las decisiones y es corruptible por los poderes económicos todavía presentes en la sociedad.
Este es el fondo de clase de las contradicciones actuales. Esta división “académica” del proceso revolucionario en fases y etapas produce divisiones, fomenta infiltraciones de la derecha y debilita el proceso: la revolución debe avanzar sin vacilaciones apoyándose en la clase obrera, el campesino pobre, el pequeño campesino y las vanguardias indígenas. En las condiciones actuales esto quiere decir romper y alejar a las componentes burguesas y pro-capitalistas del gobierno y el MAS y avanzar en una política de nacionalización de las principales palancas de la economía –bancos privados, latifundio, recursos naturales e industrias– para planificar democráticamente la economía. Todo esto estaba en las luchas de Colquiri y Mallku Khota, que representan nada más que las primeras escaramuzas de esta batalla decisiva.
El acuerdo de Colquiri no puede ser otra cosa que un repliegue temporario. La única garantía de su cumplimiento es, por el momento, la militarización del distrito. La misma nacionalización de Mallku Khota seguirá siendo frágil en un contexto que permite todavía el aprovechamiento privado de la minería y de subdesarrollo de los ayllus aledaños.
Atribuir la firma del acuerdo a una traición de la dirección de la COB y la FSTMB nos parece una simplificación, considerando la contundente movilización minera en las huelgas y la participación de otros sectores laborales que no ha sido masiva y determinante como el bloqueo nacional cooperativista. No es con propuestas tácticas que se solucionarán los problemas políticos que los conflictos ponen y que deben ser solucionados para preparar a la clase trabajadora.
La evolución del conflicto en Colquiri imponía al gobierno elegir entre la clase trabajadora y la alianza con el cooperativismo minero que, como se ha demostrado en este mismo conflicto, en Mallku Khota y en otras situaciones similares, brinda a las multinacionales grupos de choque y abaratamiento de la mano de obra. Las vanguardias obreras han tratado nuevamente y naturalmente de hacer del gobierno un instrumento de su lucha, pero esta vez han chocado con un enemigo interno, un aliado político del gobierno que representa en parte su ala derecha, cuyas reivindicaciones –que se disfrazan de anticapitalismo– contrastan con las exigencias de planificación democrática de la economía.
Lamentar que el gobierno se ha parcializado al cooperativismo es en parte verdad y en parte inútil. Está claro que tras haber hecho concesiones a los cooperativistas y logrado una solución salomónica al conflicto, el gobierno ahora buscará el apoyo de la clase trabajadora a una política que imponga a los cooperativistas un mayor nivel de contribución al Estado. A esto apuntan las propuestas de Cumbre y Ley Minera como bien entiende FENCOMIN, cuyo dirigente García, adelantándose, anuncia que se expulsarán a las falsas cooperativas, algo que afectará a las pequeñas y nuevas, preservando aquel par de decenas de grandes que acaparan el 70% de toda la producción del sector.
Lo que permite al gobierno semejantes maniobras entre clases y sectores es la misma competencia entre clases y sectores para atraer el gobierno de su lado. No es posible liberar al gobierno, ni a este ni a ningún otro, de la influencia de multinacionales, pequeña burguesía minera y empresariado, sin liberar al país de multinacionales, pequeña burguesía minera y empresariado.
Dicho en otros términos: o la total reversión del yacimiento de Colquiri es parte y punto de partida de la batalla por la nacionalización de las principales palancas de la economía, o será difícil que sirva a mover la inercia corporativa de algunos sindicatos y permitir que las amplias masas trabajadoras se inclinen a la lucha. Aunque nacionalización quiere decir más salario, educación, salud, vivienda y trabajo, todo esto no es posible atribuirlo a la sola nacionalización de Colquiri.
Huanuni antes, ahora también Colquiri y en el futuro Mallku Khota, han jugado un papel propulsor irrenunciable, con el ejemplo de la nacionalización y de un control obrero aunque todavía imperfecto. Es necesario ahora un trabajo minucioso de construcción desde las bases de un programa único de lucha, que articule los problemas más urgente de la clase trabajadora alrededor de las consignas por: la nacionalización de todas las principales palancas de la economía; el control obrero en las empresas estatales contra el despilfarro, la burocracia y la corrupción; la administración obrera y campesina de la economía contra el contrabando, el desabastecimiento y la violación de derechos laborales. Bajar a las bases, en cada sindicato, reflejar y reconducir a este programa las reivindicaciones de las bases que los dirigentes omiten.
