El aumento del precio de los carburantes decretado por el gobierno para frenar el contrabando representa una victoria de las multinacionales, las reglas del libre mercado, el empresariado nacional y el imperialismo. Sus repercusiones sobre la economía de los trabajadores y pequeños campesinos del país serán profundas, sus consecuencias políticas sobre el proceso de cambio, incalculables.
El aumento del precio de los carburantes decretado por el gobierno para frenar el contrabando representa una victoria de las multinacionales, las reglas del libre mercado, el empresariado nacional y el imperialismo. Sus repercusiones sobre la economía de los trabajadores y pequeños campesinos del país serán profundas, sus consecuencias políticas sobre el proceso de cambio, incalculables.
La “nivelación” del precio de los carburantes en el mercado boliviano con el de los países vecinos se justificaría sólo con una “nivelación de ingresos”, siendo el salario de los bolivianos el más bajo de la región. Por otro lado el aumento de costos para la pequeña producción campesina la hará aun más vulnerable frente al gran latifundio, ocasionando abandono rural, escasez e importaciones de alimentos.
El contrabando es sólo una causa secundaria de esta medida, que se origina principalmente por el sabotaje productivo de las multinacionales. Frente a una creciente demanda de gasolina, diesel y GLP (gas domestico) las multinacionales han parado las inversiones y reducido la producción de GLP y petróleo un 28 y un 20 por ciento respectivamente. Resultado de aquello Bolivia, que posee la segunda reserva de gas, tiene que gastar un cuarto de sus entradas fiscales por IDH y regalías para importar a un costo mayor derivados de nuestros mismos gas y petróleo. Para las multinacionales es un negocio redondo, para el pueblo, hambre.
El mensaje que se envía a las multinacionales es “ahora podrán invertir porque tienen la garantía de ganar lo mismo que se gana en otros países”. Para incentivar la inversión de las multinacionales se sacrifica al pueblo al cual el mensaje que llega es “no hay alternativa al capitalismo que es el único que puede decidir los precios”. De hecho, como afirma el propio Ministro Arce, desde ahora será el mercado el que decida el precio de los carburantes, es decir que si el precio del petróleo sube en el mercado internacional subirá nuevamente también en Bolivia.
La lucha al contrabando utilizando las estructuras del Estado burgués – Aduana y FFAA – sólo ha multiplicado los fenómenos de corrupción: han cambiado 3 directorios de Aduana y decenas de funcionarios, todos involucrados en actos de corrupción en que fue llamado en causa hasta un ex ministro (Quintana), mientras las denuncias verbales de corrupción en las FFAA en la frontera son innumerables.
Esta medida marca además el definitivo fracaso de todos los intentos de reglamentar la economía privada, los que han provocado sólo distorsiones en el mercado: la prohibición a las exportaciones ha ocasionado reconversión, abandono de la producción agrícola y desabastecimiento (maíz, azúcar etc.), la regulación de precios ha provocado el contrabando y la corrupción. La única solución realística consiste en la total recuperación de nuestros recursos (hidrocarburos, minería, bancos privados, latifundio y grandes empresas), la expulsión de las multinacionales, sus agentes nativos y el control obrero y campesino sobre la producción.
Compañero (a) trabajador (a), campesino (a), militantes de base etc.: en juego hoy no está sólo la economía de nuestros hogares sino, sobre todo, el rumbo de este proceso de cambio que tantas esperanzas ha generado en nuestras filas. Debemos impedir que multinacionales y empresarios privados especulen lucrando sobre nuestro empobrecimiento. No podemos creer que con 500 millones de dólares que se ahorrarían con este decreto se hagan los milagros que no se hicieron con 1500 millones de dólares de ingresos por IDH cada año. Levantamos nuevamente la bandera de la Agenda de Octubre, “nacionalizar para industrializar” y satisfacer las necesidades básicas del pueblo.
La Central Obrera Boliviana, ente matriz de la clase trabajadora y del movimiento popular, debe llamar a los trabajadores a parar actividades y convocar a campesinos y demás sectores populares a movilizarse con estas consignas:
- La abrogatoria del Decreto Supremo 748 (que aumenta los carburantes);
- Ni con las subvenciones que desangran al Estado ni con la fluctuación de precios que desangran al pueblo: completar las nacionalizaciones expulsando a las multinacionales para combatir el desabastecimiento de hidrocarburos y el saqueo de nuestros recursos;
- Conformar Comités de Lucha y Asambleas Populares para reencaminar desde las bases nuestro proceso de cambio rumbo al socialismo, retomando la Agenda de Octubre.
- ¡NO! A la burocracia: democracia sindical, control obrero sobre la producción y las cuentas de las empresas, el rumbo del proceso debe decidirse entre las bases organizadas.
O las multinacionales y el empresariado privado logran imponernos las reglas del capitalismo o el pueblo logra afirmar sus derechos con el socialismo: no hay tercera vía. ¡Esta lucha es para vencer!
