Ante un nuevo aniversario de la dictadura cívico-militar en la Argentina, tenemos la particularidad en este año, de estar presentes ante un gobierno derechista y negacionista de la violencia estatal que ocurrió no solo en Argentina sino para toda América Latina. El gobierno de Milei pretende borrar de la memoria de los trabajadores las políticas del Plan (Operación) Cóndor: una campaña de represión política y terrorismo de Estado dirigida desde Estados Unidos para el desenvolvimiento de operaciones de inteligencia y el asesinato a gran escala de trabajadores en varios países del continente con el fin de aplastar toda actividad revolucionaria y organización independiente de la clase trabajadora.
El proceso del Plan Cóndor se empleaba en un contexto de ascenso de luchas obreras, y proceso de auge de organización revolucionaria contagiada por el mayo francés de 1968, la revolución cubana, la revolución chilena de 1970 a 1973, se trataba de un movimiento de movilización a escala mundial que a nivel nacional tuvo uno de sus puntos más altos en el Cordobazo. El mecanismo de defensa de las burguesías nacionales bajo el respaldo del capital financiero fue la ejecución de este plan sistemático de exterminio que en nuestro país tomó “forma oficial” el 25 de noviembre de 1975 por los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, bajo la dirección de las cúpulas de los regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos de América del Sur, a excepción de Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, así como las dependencias francesa y neerlandesa en esta región.
La clase obrera argentina estaba viviendo la experiencia de la organización en los comités de fábricas ante los avances de las patronales que pretendían profundizar la explotación laboral, desconociendo Convenios Colectivos de Trabajo conquistados con lucha y organización. En su ofensiva, los capitalistas contaron con la complicidad de la burocracia sindical y de los partidos patronales que se pusieron al servicio luego, y durante, la dictadura. Esos comités de fábricas estaban compuestos por los trabajadores más conscientes: la vanguardia obrera, que luchaba por los derechos del trabajador a través de huelgas regionales, multitudinarias movilizaciones, barricadas y control de las ciudades por parte de obreros y estudiantes. Estos enfrentaron, a través de la acción directa y los métodos históricos de lucha de la clase obrera, durante varios días a las fuerzas represivas en las calles. La vanguardia obrera ponía al descubierto que las ganancias de las empresas se mantenían, mientras estas apelaban al aumento de jornadas laborales, la quita de aportes patronales, la reducción de salarios y salarios por productividad, la suspensión de la actividad gremial y la restricción del derecho a huelga. El objetivo de la dictadura era eliminar de raíz las organizaciones obreras que cuestionaban al Estado y al orden capitalista.
La apuesta de Milei es que esta parte de la historia sea negada y olvidada. Actualmente, en plena democracia burguesa, se arma de un decreto que le otorga facultades extraordinarias que fue acompañado por “la oposición” tanto radical como peronista.
El Gobierno de Estela Martínez de Perón, un gobierno débil, llevó a cabo un tremendo ajuste, implementado por el ministro de Economía Celestino Rodríguez. Este es el plan económico conocido como el Rodrigazo. Un ajuste a fondo con una devaluación de un 160%, aumento del 100% en los servicios públicos y el transporte, incremento del 180% en los combustibles y un aumento de salarios del 45%. El equivalente a la motosierra de Milei en términos sociales. Este ajuste económico pronto fue seguido por la represión física, que se consolidó en la formación de la triple A. Previo al golpe, ya con un pacto social impuesto por el gobierno de Perón, se desarrollaron las jornadas de lucha de los obreros fabriles. Estas acciones rompían el impase o pacto social establecido entre el gobierno y la burocracia. Las asambleas obreras comenzaban a desarrollarse y contagiar a las masas. Estas jornadas son conocidas como las “jornadas de junio-julio”. La UOM consiguió un aumento del 150% y entusiasmaba al conjunto de la clase obrera a salir a las calles y comenzar un proceso de organización combativa. La organización de los trabajadores llevó a la retirada de varios ministros de peso en la gestión de de la presidenta Estela Martínez: Rodrigo del Ministerio de Economía; Otero del Ministerio de Trabajo y López Rega del Ministerio de Bienestar Social. Se abría un nuevo proceso de organización de las coordinadoras obreras para enfrentar el ajuste ante la pasividad de la burocracia sindical que se negaba al pedido de las bases de la convocatoria a la huelga general.
Desde el regreso a “democracia” formal, los distintos gobiernos tanto radicales, como peronistas y derechistas han puesto todas sus fuerzas en limpiar y blindar la responsabilidad del estado burgués del exterminio sistemático de trabajadores. Quieren ocultar bajo la alfombra o simplemente comenzar a desarrollar una “realidad paralela”, tratando de construir la idea de que fueron únicamente los militares que tomaron control del Estado mediante el golpe del 24 de marzo de 1976. En realidad,la responsabilidad y complicidad se extiende a los políticos capitalistas de todos partidos, y los empresarios que ellos representan. En este proceso sangriento coartaron todos los derechos laborales, civiles, políticos y humanos. Hay más de 30.000 desparecidos por el terrorismo de Estado.
Milei, sus asociados, sus cómplices en todos los partidos y, sobre todo, sus mandantes son responsables del hambre, la desolación y la violencia cotidiana que sufre la clase trabajadora. Como señalamos, también llevan adelante posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y el empresariado. En pocos meses, el Gobierno eliminó el equipo que aportaba pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad, desmanteló el registro audiovisual de los juicios por crímenes durante la dictadura, interrumpió el acceso a archivos relacionados con el terrorismo de Estado, vació, desfinanció y precarizó los Sitios de Memoria en espacios emblemáticos como la ex ESMA, incluso permitiendo celebraciones militares dentro de la misma. Al mismo tiempo, se hostiga sistemáticamente a los organismos de derechos humanos, mientras se sostienen declaraciones a favor de la impunidad de los genocidas.
Hoy en día la clase dominante quiere imponer ataques similares a los derechos laborales y democráticos de la clase trabajadora criminalizando la protesta, prohibiendo las huelgas y reuniones, persiguiendo a los luchadores populares aplicando la motosierra a las condiciones de vida de los de abajo. Esto lo cumplen con medidas cómo el protocolo represivo y el despliegue de las fuerzas armadas supuestamente para enfrentar el narcotráfico. La dictadura del capital, se revela en la práctica cotidiana frente a los reclamos de la clase trabajadora. El hilo represor de la dictadura genocida está presente en el gobierno actual con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel: militante activa de la defensa de represores, con fuertes vínculos familiares e ideológicos con la Junta Militar del ’76.
A la negación le oponemos la Memoria, recuperando las tradiciones obreras de luchas y organización. Nos apoyamos en la experiencia de las luchas obreras para llegar a la verdad y a la organización de una dirección revolucionaria de la clase obrera. Porque no habrá justicia, si el poder no pasa a las manos de los trabajadores.
¡30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
¡Abajo el Gobierno de Milei y los capitalistas!
¡Por un Gobierno Obrero!
¡Por el Comunismo!
¡Venceremos!
