Cada 11 de septiembre se conmemora en Chile uno de los episodios más infames de su historia, cuando los militares apuntaron sus armas contra el pueblo, derrocando el gobierno democráticamente electo de la Unidad Popular, bombardeando la casa de gobierno y asesinando al presidente socialista Salvador Allende. Se implantó una dictadura cívico militar que duró 17 años, privatizó empresas estatales y derechos sociales, y atropelló gravemente los Derechos Humanos en el país, afectando a alrededor de 35,000 personas (en su gran mayoría trabajadores y campesinos) con torturas, ejecuciones y desapariciones.
La coalición que gobernó después del tirano por más de 25 años, hoy se encuentra desarticulada. La Concertación (compuesta fundamentalmente por la Democracia Cristiana y el PS) presentó una política basada en la continuación del modelo capitalista impuesto en dictadura y de justicia “en la medida de lo posible” (eufemismo de impunidad). La victoria de la derecha en segunda vuelta en diciembre 2017, terminó de romper las viejas alianzas del centro-izquierda para dar paso a una debacle de las fuerzas políticas tradicionales junto con la irrupción electoral del Frente Amplio (FA) que obtuvo un 20% en primera vuelta (más de un millón de votos) y que abriga un “amplio” espectro de organizaciones y movimientos sociales, frente a un cercano 23% del candidato Alejandro Guillier de la ex-Concertación.
El negacionismo de la derecha
En este primer año de gobierno, el empresario presidente Sebastián Piñera confiaba que el resultado electoral lo validaba para avanzar un programa de contrarreformas sin tapujos, a la vez que intenta hegemonizar el relato de la transición democrática. Pero esto último se complica por el protagonismo de viejos personajes de la derecha chilena, que más bien reafirma un núcleo duro y reaccionario que defiende desvergonzadamente la dictadura. El primo de Piñera, Andrés Chadwick, asume como ministro del Interior y Seguridad Pública, apernando a varios familiares en cargos importantes. Chadwick en los años 80 fue una figura muy cercana a Pinochet y fue un líder juvenil dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que es el brazo civil de la dictadura y continuador de la derecha golpista en la transición.
El presidente Piñera otorgó indultos a un grupo de reos por crímenes de violación a los derechos humanos durante el golpe y la dictadura, aludiendo “razones humanitarias de salud”. Uno de estos reos está condenado por la ejecución de una mujer de 26 años embarazada de 6 meses, junto a su esposo, en 1973. Este fallo es una aberración, como comenta la destacada abogada y diputada comunista Carmen Hertz, “ninguno de estos sujetos criminales entregó jamás antecedentes relevantes alguno con respecto a la organización a la que pertenecieron, por lo tanto no pueden tener libertad condicional”. Preocupante es también el fallo que acoge el recurso de apelación de dos ex-oficiales de la armada, involucrados en el secuestro y tortura de los marinos constitucionalistas que intentaron detener el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular.
Un mes antes del 11 de septiembre, Piñera anunció cambios en su gabinete. El nuevo ministro de Cultura Mauricio Rojas, dió lugar a una polémica producto de unas declaraciones suyas de hace 3 años sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde decía: “El Museo (de la Memoria) es un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar, es una manipulación de la historia. Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente”. Esta actitud negacionista es un escándalo, más aún viniendo de una autoridad de la “cultura”. El poeta Raúl Zurita estuvo a la cabeza de las denuncias, las manifestaciones del mundo de la cultura no se hicieron esperar y el ministro duró poco más de un fin de semana en su cargo. Se convocó un acto en la explanada del Museo de la Memoria, donde se presentaron artistas importantes frente a una audiencia multitudinaria. Desde entonces la afluencia de público al museo se ha duplicado, alcanzando casi 800 visitantes por dia
Para ir completando el cuadro de esta derecha negacionista tenemos las declaraciones de algunos representantes de la derecha este mismo 11 de septiembre. La diputada Camila Flores (RN) twitteó: “Hoy es un día para agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que juraron rendir la vida si fuese necesario en defensa de la patria. Gracias Fuerzas Armadas y de Orden por legarnos un Chile independiente, ordenado, próspero y principalmente ¡LIBRE!”. Por otra parte, el diputado UDI Iván Moreira declaraba: “La verdadera historia del 11 de Septiembre de 1973 no la borrará la izquierda. Las FFAA salvaron a Chile y a toda una generación completa”. El ex-candidato de ultraderecha José Antonio Kast opinó: “el 11 de Septiembre de 1973, Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy. Y es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”. Kast en las elecciones pasadas obtuvo un 8% en primera vuelta y luego entregó su apoyo a la candidatura de Piñera en segunda vuelta. Kast guarda vínculos con grupos de ultraderecha que vindican las violaciones de los derechos humanos, como fueron los “vuelos de la muerte” operados en helicópteros para arrojar prisioneros al mar. Utilizan vestimenta alusiva a estos métodos, en la misma línea que grupos de derecha en Estados Unidos durante una manifestación en agosto pasado usaban poleras donde también se leía “Pinochet did nothing wrong!”- Pinochet no hizo nada malo.
Hechos indignantes de esta naturaleza se cuentan por montones e individualmente serían meras anécdotas, el problema es que ahora hay un gobierno de derecha que avala o al menos no condena este tipo de indecencias. Esto envalentona a grupos de ultraderecha a realizar acciones más audaces. Como el Movimiento Social Patriota (MSP) que se adjudicó los incidentes en contra de la marcha por el aborto en pasado julio, donde además 3 mujeres fueron apuñaladas. Además este grupo fascista intervino con lienzos el sitio de memoria Villa Grimaldi, el primero en su tipo recuperado en Latinoamérica, que fue un centro de secuestro, tortura y exterminio.
La derecha siempre ha buscado blanquear y falsear la historia de la dictadura, aludiendo al supuesto progreso económico que Pinochet habría dado al país por sobre el resto de Latinoamérica y relativizando las violaciones de derechos humanos. Al contrario de esta farsa, la realidad es que el proceso de privatizaciones y desregulación implantado en dictadura, condujo a la recesión económica más grave que Chile ha vivido desde la crisis del ‘29. En 1982 la producción nacional cayó un 15%, el desempleo alcanzó el 25% (en algunas zonas marginadas llegaba hasta el 40%) y los salarios reales cayeron un 35% con respecto a 1970. Para el final de la dictadura la pobreza era de un 40%.
“Transición democrática” o postdictadura?
Este 5 de octubre se cumplen 30 años desde el referéndum que condujo al fin de la dictadura y un sector de la derecha así como el mismo presidente Piñera buscan blanquear sus credenciales y posar de simpatizantes del NO. La derecha entiende que es importante hacer un balance ya no sólo del golpe y la dictadura, sino que también del llamado proceso de “transición democrática”, similar a la nefasta “transición modélica” española que dio lugar al régimen del ‘78 y mantuvo la monarquía que Franco había restaurado. Piñera quiere ser el artífice de la “segunda transición”, continuar la labor del demócrata-cristiano Aylwin,y para eso tiene que echarse al bolsillo los años que siguieron a la dictadura. Al final, la democracia pactada que aseguró la impunidad a los criminales y el saqueo de los recursos naturales -defendida por la Concertación durante 25 años- es un poncho que también le queda bueno a Piñera.
El mensaje que envía la derecha puede parecer discordante. Por un lado vindican el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet con actitudes filo-negacionistas, y por el otro se lavan la cara para posar de fieles representantes de la democracia postdictadura. Piñera incluso asegura que en el plebiscito del ‘88 votó por el NO. Pero en este mensaje aparentemente discordante, se entiende una lección bien clara. Mientras los intereses de la clase dominante estén a buen recaudo ellos defenderán las instituciones democráticas, como lo es el presente modelo heredado de la dictadura y la constitución del ‘80. Pero si sus intereses se ven amenazados, como lo fue durante el formidable proceso de radicalización de masas que llevó a la elección de Salvador Allende, bajo un programa de nacionalización de los recursos estratégicos y mejoramiento de la calidad de vida, que dio lugar al desarrollo embrionario de órganos de poder obrero como los Cordones Industriales; entonces la clase dominante no dudará en desatar la más salvaje represión para desbaratar las organizaciones obreras y populares, e implantar una constitución antidemocrática que defienda la propiedad privada.
La ex-Concertación en el suelo poco puede hacer así para hegemonizar sobre el relato democrático con la misma cantinela que mantuvo en sus gobiernos. En materia de Derechos Humanos en sus gobiernos hemos visto la violencia de Estado ejercida contra mapuches, trabajadores y estudiantes. La Democracia Cristiana no quiere incluir al Partido Comunista en la conmemoración del plebiscito, y descarta hacer un acto unitario con otros partidos como el PS o el PPD. En todo caso, los que ponían el cuerpo en las protestas eran miles de jóvenes, mujeres y pobladores, no quienes se acomodaron después en el poder con una democracia pactada.
Cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) convocó para el 11 de mayo de 1983 al primer paro en 10 años, se inició un proceso de radicalización política y movilización masiva contra el régimen dictatorial. Como señalaba el periodista Fernando Paulsen: “Desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguel (dirigente) llama a la primera protesta pasando por todas las protestas hasta el 89, la protesta que menos muertos tiene son seis, incluyendo una matanza de 20 o 22 personas cuando es nominado como ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y saca los militares a la calle. Ahí hubo 22 o 23 muertos. ¡Muertos! En una protesta callejera. ¡Y nunca la gente dejó de salir a los llamados, nunca! Y que ahora vengan unos pinganillas a apoderarse y decir: mira, yo era la cabeza detrás de toda esta situación y, por lo tanto, tenemos que hacerlo con los amigos míos…” La transición democrática fue un acuerdo por arriba para evitar el desborde por abajo, desborde que tomaba matices insurreccionales. Ese fue el rol jugado por la Concertación de Partidos por la Democracia. Un balance estratégico correcto de las últimas décadas difícilmente podrá venir de los partidos de la ex-Concertación-Nueva Mayoría.
El Frente Amplio y los DD.HH.
Este 11 de septiembre los dirigentes del Frente Amplio se dirigieron al Penal de Punta Peuco (una cárcel 5 estrellas especial para los criminales de lesa humanidad), donde exigieron el cierre del mismo. Esto en sintonía con las 5 medidas urgentes definidas por el Frente Amplio para afrontar el problema de la impunidad y los DD.HH. en Chile. Estas medidas incluyen el cierre de la cárcel de Punta Peuco, impedir beneficios para los criminales de lesa humanidad, proteger la memoria histórica y promover una Ley contra el negacionismo, fin a las trabas en el acceso a la información (como el secreto de 50 años a los antecedentes de la Comisión Valech) y la creación de un organismo que centralice los archivos, y finalmente derogar la Ley de Amnistía. Estas medidas apuntan en la dirección correcta, al recoger demandas históricas de las agrupaciones de víctimas y sus familiares. En todo caso, vemos que en un país como Chile, leyes, comisiones, museos o instituciones no son suficientes para asentar la verdad sobre el gobierno de Allende, el golpe y la dictadura, y mucho menos para obtener justicia.
Mientras enfrentamos a la derecha dinosauria que a 45 años del golpe todavía bota espuma por la boca y avanza una ofensiva negacionista por un lado, y el relato falseador de la dictadura y la transición por otro, algunos dirigentes del FA se han enfrascado en una disputa interna, entre otras cuestiones, justamente sobre las violaciones a los DD.HH. en Chile y otros países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Las burguesías criollas históricamente se han comportado de manera similar cuando se trata de defender la propiedad privada y sus intereses como lacayos del imperialismo. En Venezuela han solicitado una invasión militar de EE.UU, han realizado actos terroristas de suma gravedad, y el 2002 apoyaron un golpe que suspendió los derechos civiles y las instituciones democráticas. Se hubiera desatado una matanza sangrienta de no ser por la rápida reacción del pueblo venezolano que salió a las calles a defender al gobierno. Debe defenderse el legítimo derecho que tienen los pueblos a defender sus conquistas y a luchar contra la opresión centenaria que aflige a nuestro continente. En Cuba luego de la abolición de la propiedad capitalista, ha sido garantizado el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, mientras en Chile se reciben pensiones de hambre y la gente de Quintero-Puchuncaví son condenados a vivir en un ambiente tóxico. Vemos que la falta de claridad estratégica en este debate beneficia al status quo y termina confundiendo a los observadores en una discusión abstracta sobre derechos humanos universales, fuera de la realidad de las situaciones históricas concretas de enfrentamiento entre clases antagónicas.
En Chile, los hechos son que la clase dominante y sus partidos tradicionales en el poder son quienes han ejercido una violencia brutal a través del brazo armado del Estado y fuerzas paramilitares. Las organizaciones y movimientos sociales que en el presente buscan honestamente crearse una orgánica y una dirección adecuada para sus objetivos, no deben explicación alguna a los defensores de los criminales de la dictadura. Para quienes no recuerden la imagen, Allende murió trágicamente en La Moneda defendiendo una Constitución que la derecha y los militares no respetaban. La verdad es que da la impresión que algunos dirigentes del Frente Amplio utilizan la cuestión de los DD.HH. como arma arrojadiza para velar las verdaderas divisiones que existen en el “amplio” espectro ideológico del conglomerado.
La diputada del Frente Amplio Pamela Jiles (Partido Humanista) hizo una solitaria denuncia en la Cámara cuando el diputado Urrutia (UDI) declaró que algunas víctimas de la dictadura serían “terroristas con aguinaldo”, a lo que la diputada reaccionó enérgicamente y fue a encararlo. Producto de esto ha sido sancionada por la Comisión de Ética, con los votos de dos “compañeros” de bancada del Frente Amplio, los señores Renato Garín (Revolución Democrática) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal).
Principalmente desde el Movimiento Autonomista (MA), así como de otras organizaciones, como Izquierda Libertaria (IL), Socialismo y Libertad (SOL) y Nueva Democracia (ND), han habido iniciativas para formar un polo de izquierda dentro del Frente Amplio. Este proceso de convergencia no ha estado exento de polémicas. Revolución Democrática (RD) y el Partido Liberal (PL) se han adelantado por derecha a este inevitable distanciamiento. Un diputado RD denosta a las organizaciones de izquierda: “Son gente que no reconoce la institucionalidad del Estado y que apuestan por una izquierda que no congrega mayorías”. El diverso espectro ideológico del FA obliga a llegar a acuerdos en base a un mínimo común múltiplo de reformas democráticas y modernización. Aunque el FA es más pequeño, esto es propio de los Frentes Populares del pasado, que en última instancia subordinan a las organizaciones de trabajadores a las directrices de la burguesía. Los movimientos de trabajadores, estudiantes y mujeres necesitan una dirección revolucionaria decidida y lúcida, no parlamentarios “responsables” que anden a la siga de las comisiones del gobierno y ofreciendo garantías democráticas a los defensores de los criminales de la dictadura. La irrupción electoral del Frente Amplio representa una aspiración de acabar con el sistema heredado después de la dictadura, no para repetir los vicios de la Concertación, las “cocinas” parlamentarias, la lógica de los acuerdos, y disputas egocéntricas.
La batalla por la memoria
Es urgente realizar un balance político y estratégico de la “transición democrática”, de cara a la juventud y los trabajadores. No es posible entender el presente sin comprender la historia de la lucha de clases del siglo pasado en nuestro continente, donde se demostró el carácter antidemocrático de las burguesías criollas, como en el proceso revolucionario chileno de los 60s y principio de los 70s.
Ha sido la derrota histórica de la clase obrera chilena en 1973, abandonada por su dirección casi sin librar combate, la que ha pesado durante décadas sobre la conciencia del pueblo y permitido que las viejas oligarquías se mantengan en el poder. Las organizaciones obreras fueron diezmadas de tal manera, así como el mundo del arte y la cultura, que estas condiciones subjetivas se vuelven un factor de gran importancia para quienes buscan recomponer una fuerza revolucionaria y anticapitalista que dispute el poder.
Hoy en día, los pilares ideológicos y económicos del modelo están haciendo aguas. La Iglesia está desmoronada luego de numerosos escándalos de abuso sexual de menores que salieron a la luz. Las policías y el ejército han protagonizado casos multimillonarios de fraude y corrupción. El modelo educativo y el sistema privatizado de pensiones ha provocado movilizaciones históricas. El movimiento feminista estudiantil de mayo pasado ha mostrado la profunda desafección hacia los valores tradicionales y cientos de miles de jóvenes se movilizaron contra el abuso y la violencia sexual. Esta experiencia acumulada en los ciclos de movilizaciones y los avances en materia programática que apuntan al sistema capitalista, han valido mucho más que cualquier reforma. Ante todo esto la derecha ha maniobrado y cree que puede tener todo bajo control. Pero bajo la superficie todo su legado está amenazado de muerte, y lo saben.
Los presentes debates ideológicos en los movimientos y organizaciones de izquierda son un paso necesario para desmarcarse de aquellos elementos ajenos a los intereses históricos de la clase trabajadora, hacia la construcción de una dirección revolucionaria que recupere las tradiciones combativas del proletariado chileno. La disputa por la memoria es más que un tema provocativo de tesis, es una batalla viva por el balance de las últimas décadas y la perspectiva revolucionaria abierta para esta generación. Esta debe ser la generación que termine la tarea revolucionaria por la que miles de hombres y mujeres han dado sus vidas.
