La caída del reaccionario gobierno de Rajoy, tan repentina e inesperada, es un acontecimiento que muestra el carácter tremendamente inestable y turbulento de la situación española e internacional. Pedro Sánchez, aupado al gobierno por la moción de censura en el Congreso, se enfrenta ahora al desafío de satisfacer, o de frustrar, las expectativas que ha despertado en millones de trabajadores, mujeres, jóvenes, desempleados y jubilados.
Contra lo que pudiera parecer, la razón última de la presentación y triunfo de la moción de censura, no ha descansado en las negociaciones, sutilezas y habilidades parlamentarias desplegadas por el PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos en la semana anterior, sino en el ambiente de contestación y malestar social que ha dejado sin otro margen de actuación a las fuerzas opositoras al gobierno de PP-Ciudadanos. El PSOE pudo huir de sus responsabilidades parlamentarias hace un año, cuando Unidos Podemos presentó su moción de censura, apoyándose en el ambiente de fatalismo y desmovilización social que aún predominaba en el ambiente. Pero no podía hacerlo ahora, cuando ese ambiente social ha experimentado un cambio radical.
De igual manera, la decisión de la Audiencia Nacional de condenar a exdirigentes del PP y al propio partido con su sentencia, hay que enmarcarla en este ambiente social y no en el supuesto carácter imparcial y “justo” del aparato judicial. Ante las pruebas abrumadoras sobre la financiación ilegal del PP, una sentencia benévola habría reducido a cero la autoridad moral de este tribunal caracterizado por su perfil reaccionario.
Sin duda, la reacción ha sufrido un golpe muy duro, y ahora las expectativas en un cambio sustancial en las condiciones de vida de millones de trabajadores y en limpiar la atmósfera represiva que ha caracterizado al gobierno del PP en estos años, serán muy fuertes.
No obstante, el nuevo gobierno de Sánchez está sustentado en un apoyo parlamentario directo muy frágil, 85 diputados, y la convocatoria de elecciones anticipadas va a estar rondando permanentemente a lo largo de su andadura, de duración indeterminada. El propio Pedro Sánchez ha establecido un objetivo limitado a su acción de gobierno: “Propongo un gobierno socialista, paritario y europeísta que cumplirá con la UE y la Constitución. Su hoja de ruta: estabilizar, atender las urgencias sociales y convocar elecciones”. Pedro Sánchez también señaló que abrirá un proceso de diálogo con el Govern catalán de Quim Torra “en el marco de la Constitución y el Estatuto [de autonomía]”. Qué entiende Pedro Sánchez por estabilizar y atender las urgencias sociales, y qué alcance tendrá el diálogo con el gobierno catalán, es lo que está por ver.
Los planes de la burguesía han estallado por los aires
La burguesía española no ha ocultado su desazón y disconformidad con el cambio de gobierno, de “su” gobierno. Se preparaba para el agotamiento de la legislatura en 2020 o, al menos, hasta las elecciones regionales y municipales de 2019, para dar tiempo a la consolidación de Ciudadanos como su partido de recambio frente a un PP carente de autoridad y en declive imparable.
Una vez puesta en juego la moción de censura del PSOE, los jefes de los bancos y las grandes empresas presionaron implacablemente a Rajoy hasta el último minuto para que dimitiera y desactivara automáticamente la moción, y así dar paso a la convocatoria inmediata de elecciones generales. Se trataba de aprovechar el primer lugar que las encuestas otorgaban todavía a Ciudadanos para asegurarse que resultara el partido más votado. Pero Rajoy, como Pedro Sánchez, es más sensible a los intereses del aparato de su partido, que a los intereses inmediatos de la clase dominante. Una victoria de Ciudadanos habría conducido al estallido del PP, desgarrado por su crisis interna con Rajoy fuera de juego. En cambio, Rajoy alberga ahora la esperanza de que un eventual fracaso del gobierno de Sánchez a lo largo de los próximos meses, podría otorgarle una oportunidad de revivir, con el PP como principal partido del parlamento, y manteniendo todavía un control amplio del aparato del Estado.
La derecha del PSOE, el agente directo del Ibex35 en el partido, defendía la misma posición que sus amos. Los “susanistas”, en privado, y Felipe González y José Bono en público, se mostraban a favor de un acuerdo PSOE-Ciudadanos para convocar elecciones inmediatas y preparar un futuro gobierno entre ambos partidos, o de un gobierno minoritario de Ciudadanos con el apoyo exterior o la oposición “leal” de PSOE y PP, como mal menor ante la situación creada. González, que por alguna razón se considera el dueño del cortijo, tuvo hasta la arrogancia de proponer la fecha de un eventual adelanto electoral, el 30 de septiembre o el 7 de octubre.
Ahora, todos estos planes han saltado por los aires y la clase dominante ve con zozobra cómo su régimen se adentra en las aguas turbulentas de un mar desconocido. Y esto es así porque, de golpe y porrazo, la burguesía española ha visto cómo todos sus adversarios y enemigos políticos se han crecido y fortalecido políticamente con el triunfo de la moción de censura. En primer lugar, Pedro Sánchez y su entorno, al que desprecian sin disimulos, y en particular Unidos Podemos y los partidos catalanes independentistas.
En realidad, Pedro Sánchez no es un adversario serio ni un peligro para la clase dominante. En última instancia, tras algunos cambios de menor calado necesarios para subir en las encuestas y disputarle la primera plaza a Ciudadanos, Sánchez pretende aplicar la política que convenga a los intereses de la burguesía. Ya declaró en el debate de la moción de censura que aplicará los presupuestos del Estado propuestos por la derecha y que se votarán a fines de junio, y que se mantendrá dentro de los límites presupuestarios y de déficit público que marca la Unión Europea. No adquirió ningún compromiso para derogar la reforma laboral del PP ni anunció ninguna medida progresista relevante, salvo la de derogar algunos artículos de la Ley Mordaza, no la ley en su conjunto, y restablecer el derecho a la sanidad pública para los inmigrantes sin papeles. También mencionó frases generales contra la brecha salarial de género. Y avisó a Pablo Iglesias de que sería engañar a la gente despertar excesivas expectativas en la acción de su gobierno.
Sí, esto es muy cierto. Pero la burguesía no perdona a Sánchez haber exorcizado dos de los principales fantasmas de la clase dominante, en su afán de alcanzar el gobierno. El primero es que, por muy poco que se lo haya propuesto, Sánchez ha despertado unas expectativas en capas muy amplias de la población sobre un cambio real en sus condiciones de vida, en un contexto de ascenso de la movilización social, y esa es una presión de la que no le resultará fácil zafarse. Esto podría tener un efecto en movilizar al electorado de izquierda en unas próximas elecciones y alcanzar la fuerza suficiente para impedir la vuelta de la derecha al gobierno. El segundo, haber desgarrado el velo de “apestados” y de “enemigos del pueblo” con que el régimen del 78 había cubierto al independentismo catalán, al apelar Sánchez a ERC y el PDeCat a que apoyaran su investidura, y al haber respondido éstos favorablemente. Sin duda, millones de trabajadores, amas de casa y jubilados, envenenados con la propaganda chovinista española durante meses, mirarán ahora con otros ojos, más favorables y comprensivos, los derechos democrático-nacionales del pueblo catalán y la situación de sus presos políticos y exiliados. Este es un aspecto central para la clase dominante. La cuestión catalana era el lazo que aseguraba tener firmemente atado al PSOE al carro de la derecha, la existencia de un “Frente Nacional” contra el independentismo ante el cual los problemas sociales deberían esperar y ante el que se justificaba el fortalecimiento del aparato represivo y los ataques continuos contra los derechos democráticos en todo el Estado.
Unidos Podemos y el gobierno de Pedro Sánchez
Sin duda, uno de los protagonistas indiscutibles de esta moción de censura y de la caída del gobierno Rajoy ha sido Unidos Podemos. Fue Unidos Podemos quien emplazó públicamente al PSOE a presentar la moción de censura, tras conocerse la sentencia de la primera pieza del “caso Gürtel”, el que juzgó las correrías del PP desde 1999 a 2005. El PSOE, atrapado entre la espada y la pared, estancado en las encuestas y con miedo a quedar en evidencia como una fuerza sin iniciativa política alguna, no tuvo más remedio que aceptar el envite.
Sin duda, Pablo Iglesias hizo un buen discurso en el debate. Exhibió una actitud muy firme y combativa contra Rajoy y Rivera, y reprochó a Sánchez su timidez y falta de propuestas programáticas progresistas de gobierno. Hizo suyo por fin el objetivo de la lucha por la república, denunció el “centralismo monárquico”, y apeló a un entendimiento con las fuerzas independentistas en Catalunya y Euskadi para resolver la llamada “cuestión territorial”. No obstante, volvió a mostrar limitaciones oportunistas, como la reivindicación recurrente del término “patria” que a la luz de la cuestión catalana ha vuelto a dejar claro su contenido reaccionario, como el disfraz que le gusta usar a la clase dominante para ocultar los intereses de clase irreconciliables entre opresores y oprimidos, entre la clase trabajadora y la burguesía española. Tampoco compartimos su elogio de la “Transición”, en su turno de réplica, argumentando que su limitado alcance se debió a la “debilidad” de las fuerzas antifranquistas, cuando lo que hubo en realidad fue una traición abierta a las aspiraciones populares por un cambio radical de sociedad por parte de las direcciones de entonces del PCE y del PSOE. Faltó un posicionamiento de clase, como señalar a PP y Ciudadanos como los agentes de los grandes empresarios y banqueros. En su lugar, utilizó el término amorfo y ambiguo de “oligarquías”.
Tampoco compartimos la propuesta de Unidos Podemos de integrarse en el gobierno de Sánchez. Este sería un regalo envenenado. Pese a que la actual dirección del PSOE ha escapado al control directo de la burguesía española tras la victoria de Sánchez en las elecciones internas para Secretario General y en el congreso posterior del partido hace un año, su horizonte ideológico y programático no ha cambiado sustancialmente respecto a la dirección anterior. Es suficiente para ello ver la timidez de las propuestas que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura, su aceptación sin cambios de los presupuestos del PP para 2018 y su genuflexión ante los poderes económicos de la UE. Una eventual entrada de UP en el gobierno de Sánchez le haría corresponsable de las políticas de ajuste que inevitablemente se verá obligado a mantener Sánchez, y lo obligaría a justificar ante millones de trabajadores y jóvenes el limitado alcance de su política. La insatisfacción con la política del gobierno PSOE-UP y su inevitable desprestigio prepararía el retorno para un gobierno de la derecha. Es por eso que no son en absoluto tranquilizadoras las declaraciones de Pablo Iglesias, tras la elección de Sánchez como presidente del gobierno, diciendo:
“Yo espero que Sánchez comprenda que es casi imposible gobernar con 84 diputados y que España necesita un gobierno fuerte y estable que transmita garantías a la Unión Europea de que pueda aplicar un programa de gobierno progresista con una mayoría parlamentaria de 156 diputados”.
¿”Transmitir garantías a la UE”? Las únicas garantías que entiende la UE son el ajuste, la austeridad, acatar el objetivo restrictivo de déficit público y mantener la reforma laboral del PP. Pretender hacer creer lo contrario es vender humo y engañar a la clase trabajadora, o engañarse a sí mismo.
En todo caso, ya Sánchez se ha encargado de enfriar las expectativas de los dirigentes de UP, declarando enfáticamente que será un gobierno “socialista” monocolor.
La tarea de UP no es gestionar la crisis del sistema y las migajas insuficientes destinadas a millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y jubilados, sino ofrecer un programa acabado de transformación social, agitándolo audazmente en la calle y en los centros de trabajo, y proponerse nuclear y organizar a los cientos de miles que andan en deseos de pelear por una sociedad digna, sin injusticias ni explotación.UP debe alzarse como el luchador más comprometido y consecuente contra la derecha, como bien hizo Pablo Iglesias en su discurso parlamentario, denunciando las injusticias sociales y el dominio asfixiante de los grandes empresarios y banqueros sobre la economía del país y la vida de millones de personas.
UP debe apoyar cada medida progresista del gobierno de Sánchez, por pequeña que sea, mientras que deja claro la insuficiencia de las mismas y demuestra con datos, cifras y argumentos cómo se podría avanzar más a fondo, sacando los recursos de los que más tienen.
La derecha inicia “la reconquista” ¿cómo responder?
La derecha, y la clase dominantes detrás de ella, nunca se reconciliarán con el gobierno de Sánchez y tratarán de hacer todo lo posible por acelerar su caída. La presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, ha declarado: “el PP nunca se rinde y está a pie de calle para iniciar la reconquista”. Así pues, veremos una campaña despiadada en los medios de comunicación explotando la menor debilidad del gobierno, los cuales lanzarán aullidos de furia contra cualquier medida de distensión con el gobierno de Torra en Catalunya. Los empresarios pronosticarán el apocalipsis ante la más mínima sugerencia de revisar las leyes laborales del PP. Éste, ha estado jactándose estos días sobre su control de la mesa del Congreso y de su mayoría absoluta en el Senado para bloquear las medidas del nuevo gobierno del PSOE. Recuperada de la conmoción actual la reacción tratará de movilizar su base social contra cualquier intento de limitar los privilegios de la Iglesia o de acercar a los presos de ETA y catalanes a Euskadi y Catalunya. El grueso del aparato del Estado sigue en manos de jueces, fiscales y mandos policiales y militares filofranquistas y actuará en consecuencia.
Estas fuerzas reaccionarias, que aparentemente parecen formidables, en realidad podrían quedar completamente arrinconadas si se pone en pie un movimiento de millones para defender al gobierno contra la embestida de la derecha mientras que exige la satisfacción de todas las necesidades sociales pendientes: subida de las jubilaciones, derogar la reforma laboral, terminar con la precariedad laboral, vivienda asequible para todos, terminar con la austeridad y las políticas de ajuste, gratuidad de la universidad, etc. Unidos Podemos debe avanzar sus propias consignas y demandas, como terminar con los privilegios de la Iglesia y asegurar su completa separación del Estado, limpiar el aparato del Estado de franquistas y reaccionarios, derogar íntegramente la Ley Mordaza, liberación de los presos políticos catalanes y derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskadi y Galicia, entre otras.
Que esa base social de la izquierda existe y está movilizada, ya la hemos visto en los millones que salieron a las calles el día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo, en las incontables y masivas movilizaciones de los pensionistas, y en el incremento de las luchas obreras.
Desafíos para Unidos Podemos
Unidos Podemos puede explotar hábilmente a su favor la contradicción entre las expectativas despertadas en el gobierno del PSOE y el limitado alcance de sus políticas, y emerger como el luchador más comprometido contra la derecha para dar un avance sustancial en su apoyo social. Tiene que denunciar el chantaje de los grandes empresarios y banqueros de que la economía colapsará si un gobierno de izquierdas acomete un programa amplio de reformas progresistas a favor de la clase trabajadora y el resto de capas oprimidas de la sociedad. Debe explicar que es intolerable que 200 familias de súper-ricos utilicen su poder económico para decidir el destino y la vida de millones de trabajadores y personas comunes.
La conclusión de esto que deberían sacar los dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida –aprendiendo de la trágica experiencia de Tsipras y Syriza en Grecia– es que la única alternativa es nacionalizar las palancas fundamentales de la economía –bancos, grandes empresas y latifundios– bajo el control y la gestión democráticas de los trabajadores. Esta medida no sólo es necesaria para romper el poder de una oligarquía de banqueros y empresarios parásitos confabulada contra las familias trabajadoras, sino para tener acceso a los recursos indispensables para planificar la economía en beneficio de la inmensa mayoría.
Celebramos como un paso delante de los dirigentes de Unidos Podemos la reclamación de una república, pero esto debe completarse con la lucha declarada por la transformación socialista de la sociedad, única manera de poner fin al caos y a la barbarie del sistema capitalista, y hacer que se extienda más allá de las fronteras del Estado español.
