Hacemos un llamado a las organizaciones, trabajadores y jóvenes a nivel nacional e internacional a enviar a las autoridades de la Ciudad de México esta resolución en solidaridad con la compañera Stephanie Arriaga Casillas (Fanny) y su familia, que están siendo víctimas de extorsiones y amenazas de muerte.
La compañera Fanny es una luchadora social que ha defendido los derechos de los estudiantes y trabajadores, de forma particularmente destacada dentro del Instituto Politécnico Nacional. Es militante de la Corriente Marxista Internacional en México. Las autoridades de la Ciudad de México están haciendo caso omiso de las denuncias que la familia ha presentado y por otro lado el crimen organizado sigue vigilando la casa de la compañera y amedrentándolos, incluso están agrediendo a los vecinos amenazándolos con armas de fuego. Tememos por su seguridad de nuestra compañera, de su familia y vecinos, no queremos más casos de activistas víctimas de la violencia, ni más feminicidios, ni más casos omisión y complicidad del Estado con el crimen organizado. Pedimos enviar la resolución abajo presentada o sus propias resoluciones de solidaridad a los siguientes correos poniendo: nombre, país, organización y cargo. jefaturadegobierno@df.gob.mx(link sends e-mail), vhlobo@hotmail.com(link sends e-mail) Con copia para: procurador@pgjdf.gob.mx(link sends e-mail), correo@cndh.org.mx(link sends e-mail), cdhdf@cdhdf.org.mx(link sends e-mail), tinchaustegui@df.gob.mx(link sends e-mail),laizquierdasocialista.org@gmail.com(link sends e-mail)
Propuesta de resolución
Al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Al jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo
Los abajo firmantes estamos muy preocupados por la situación de violencia que existe en México. Hay estimaciones que hablan de 27 mil desaparecidos en este país incluyendo casos como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Las cifras de homicidios dolosos son aún más preocupantes, en los 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto han sumado más de 54 mil; dentro de ellos, el caso de normalistas de Ayotzinapa como Julio Cesar Mondragón; el del foto periodista Rubén Espinosa, quien junto con la activista Nadia Vera, Yesica Quiróz y Mile Virginia Martín fueron asesinados –y las mujeres mencionadas violadas y torturadas– el 31 de julio pasado en la Ciudad de México o el caso de la periodista Anabel Flores, asesinada el 10 de febrero de este año. Los feminicidios, secuestros y extorsiones son el pan de cada día en un ambiente que se vuelve intolerable, sobre todo para las familias humildes de México.
Es también preocupante que el Estado Mexicano, corrupto, no actúe protegiendo a las víctimas de la violencia sino por el contrario proteja al crimen organizado e incluso sea parte de los ataques a la población, periodistas y activistas sociales. El caso de Ayotzinapa mostró a los ojos del mundo esa innegable realidad.
En la Ciudad de México no ha llegado la violencia, hasta ahora, a niveles tan altos como en otras partes de México. Eso se debe, en parte, a que hay una población más crítica y consiente que en años de lucha ha conseguido también avances sociales que se manifiestan aun dentro del gobierno de la capital del país. Pero el actuar de la administración en turno nos preocupa y nos deja serias dudas sobre si su actuar es a favor de la población trabajadora de la Ciudad de México.
Nos alarma en particular el caso de la compañera Stephanie Arriaga Casillas y su familia, habitantes de la Ciudad de México, en su frontera con el Estado de México, que están siendo víctimas de extorsión y amenazas de muerte. El 16 de febrero de 2016, alrededor de las 19:30 horas, llegaron, en un automóvil gris sin placas identificables y vidrios polarizados, 6 hombres, todos armados, que entraron a su casa, ubicada en la colonia Providencia de la delegación Gustavo A. Madero. Hablaron con su tío, que tiene un negocio de comida en dicha casa, y le pidieron que les diera 100 mil pesos (aprox. US$5,600) “de renta”. Esta es una cantidad enorme para una familia trabajadora, la compañera Stephanie –en particular– es una profesora con condiciones laborales y trabajo precario. Los sujetos armados dijeron que sabían de Stephanie, su hermano y las hermanas de su tío, dando nombres y datos precisos, lo cual es una amenaza evidente a su seguridad y sus vidas. Los criminales añadieron que era inútil dar aviso a la policía pues colaboraban con ellos. Le dejaron un teléfono celular a su tío al cual dijeron que llamarían para darle instrucciones.
Se levantó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) [Indagatoria Numero FAS//T1/00139/16-02], donde se ha tenido una atención burocrática, se ha minusvalorado el caso y no se han tomado medidas reales para atender este caso: no se hizo la petición para ver las video-grabaciones que tiene la policía, se han dado largas al proceso, ni siquiera se han enviado patrullas para vigilar la casa e incluso devolvieron al tío el teléfono celular que los criminales le dieron para extorsionarlo. Por tal motivo se ha levantado una denuncia en Derechos Humanos del DF con número de expdiente: 1260-16.
Stephanie Arriaga Casillas, conocida como Fanny, es una destacada activista, estudió en la Escuela Superior de Economía y ahora está en proceso de titulación dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha participado en el movimiento #YoSoy132, fue vocera por su escuela en la Asamblea Estudiantil Politécnica durante la masiva huelga del 2014 y defendió su pliego petitorio en el dialogo público transmitido en TV frente a las autoridades del IPN. Es miembro del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico y de la Corriente Marxista Internacional en México.
Tememos por la seguridad y la vida de la compañera Stephaniey su familia. No queremos ver otro caso de feminicidio, de extorsión o secuestro hacia un activista social y su familia. Hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera y al de Víctor Hugo Lobo, de la delegación Gustavo A. Madero, de la seguridad de esta familia y de la compañera Fanny. Esperamos que el gobierno de la Ciudad de México, una ciudad con importantes avances, no esté corroído por la corrupción y coludido con el crimen organizado, y tome cartas en el asunto. Dejamos en claro que denunciaremos nacional e internacionalmente cualquier agresión en contra de Fanny y su familia. Por tanto, los abajo firmantes:
- Exigimos se tomen todas las medidas y protocolos para resguardar la seguridad de Stephanie, su familia y sus vecinos.
- Se tome éste caso como prioritario y urgente.
- Se combata de manera real a los criminales y se proteja a la población trabajadora.
Con copia para:
Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos del DF
Teresa Incháustegui Romero, Directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México Corriente Marxista Internacional, México
