Contra la incompetencia, el saqueo, el derroche y la codicia de los grandes empresarios
El escándalo del coste de la factura de la electricidad para las familias obreras es uno de los problemas más sangrantes que estamos padeciendo, junto con los del empleo y la vivienda, entre otros. Desde que comenzó la crisis en 2008, el recibo de la luz se ha incrementado un 60%. Y lo peor es que nos aseguran que seguirá subiendo.
El Estado español tiene la electricidad más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Chipre, países insulares de escasos recursos hidráulicos que tienen que importar una parte sustancial de la energía que consumen. En España, el precio de la unidad de potencia de la electricidad, el Kwh, es un 27,6% más caro que la media de la UE, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat.
Alguien podría pensar que el sector eléctrico es un negocio ruinoso donde todos perdemos: los consumidores que pagamos facturas caras y las compañías eléctricas que tienen pérdidas o beneficios escuálidos. Nada de eso. Mientras que nuestras facturas crecen bimestre a bimestre, los beneficios de las 5 compañías que monopolizan el mercado eléctrico español – Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa y Endesa (controlada por la italiana ENEL), la portuguesa EDP (con participación mayoritaria china y de Iberdrola), y la alemana E.On – tienen beneficios anuales que oscilan entre los 8.000 y 10.000 millones de euros.
Iberdrola y Endesa son la 2ª y 3ª compañía eléctrica, respectivamente, con más beneficios de Europa, sólo por detrás de E.On. El margen de beneficios de las eléctricas que operan en España casi duplica la media del sector en Europa: 6,48% contra 3,6%.
José Ignacio Sánchez-Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, gana 6,3 millones de euros anuales (1.048 millones de las antiguas pesetas), más 3,2 millones de euros en acciones de la compañía. El presidente de ENDESA, Borja Prado, gana 2,24 millones de euros; y Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural-Unión Fenosa, 1,1 millones de euros. En el otro lado, según las organizaciones de usuarios, 4 millones de españoles no pueden asumir el coste energético necesario para asegurar unas condiciones aceptables de habitabilidad de sus viviendas. “Las dificultades (o imposibilidad) de pagar la luz y el gas estarían detrás, según algunos expertos, de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año” (Expansión, 19/04/2013). ¿Quién gana y quién pierde, entonces, con la propiedad privada del sistema eléctrico?
Propiedad privada y sobrecapacidad
El sistema eléctrico español está completamente tomado por grandes compañías multinacionales, españolas y extranjeras, que controlan la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Y esto no solo respecto a la producción eléctrica tradicional (energía hidráulica, ciclo combinado de gas y vapor de agua, nuclear y carbón) sino también, y en contra de lo que popularmente se cree, respecto a las energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica y biocombustibles).
El problema más reciente del sistema eléctrico arranca en el año 2003, cuando culmina la llamada “liberación” del sistema energético, que completa la privatización de la compañía estatal ENDESA, principal empresa eléctrica española, iniciada varios años antes; y habilita la operación en el país de multinacionales extranjeras. También incluía la fijación de una parte del precio de la electricidad por las propias compañías, cuando antes era potestad exclusiva del gobierno.
Al orientar la producción eléctrica a la obtención de beneficios para los dueños privados de estas compañías – que, como todo beneficio capitalista, desconoce límites en su satisfacción – se sembraron las semillas del desastre actual. Se dejaron a un lado las necesidades reales de la sociedad y se violentaron las relaciones y equilibrios complejos que vinculan la producción de energía eléctrica al resto del sistema productivo.
Ocurre con la industria eléctrica lo mismo que con cualquier sector de la gran producción capitalista: que tiende inevitablemente a la sobreproducción, al operar en manos privadas.
La anarquía de la producción capitalista, atizada por la codicia empresarial, condujo a una sobre inversión en el sistema eléctrico en los últimos 15 años que trajo como consecuencia una enorme sobrecapacidad productiva instalada, que permanece sin operar por falta de utilidad. Así, se pasó de una capacidad de generación eléctrica instalada de 55.562 megavatios (MW) de potencia en el año 2000 a 108.148 MW en 2013, prácticamente el doble.
La locura de esta política se muestra en que el año que registró el mayor consumo de energía eléctrica en la historia de nuestro país fue 2007, en el pico del boom económico, cuando se utilizaron apenas 45.450 MW de potencia.
Los gobiernos de Aznar y de Zapatero, así como los dueños de las compañías eléctricas, emborrachados por la marcha ascendente de la economía a mediados de la década pasada, creían que el consumo eléctrico se incrementaría aritméticamente, año tras año. Tenían perspectivas fantásticas sobre la utilización creciente de la potencia eléctrica instalada de 50.000 MW, 60.000 MW, 70.000 MW, y más, en los años y décadas venideras.
La sobrecapacidad del sistema eléctrico se agravó con la profunda recesión económica que vivimos desde hace 5 años, al desplomarse la actividad económica y disminuir por consiguiente el consumo de electricidad. Actualmente se utiliza poco más de 40.000 MW.
Otro elemento que agravó la sobrecapacidad energética, vinculado a la codicia capitalista, ha sido la prolongación del funcionamiento de centrales nucleares y estaciones hidroeléctricas que ya cumplieron su ciclo de vida útil, y cuyo uso continuado más allá de ciertos límites puede tener consecuencias muy graves para la seguridad de la población. Es el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debía haberse clausurado hace 6 años. Para Iberdrola y Endesa es un negocio mantener abierta esta central. Hace años que su inversión está amortizada, de manera que todo lo que ingresan va a beneficios. Además, como luego veremos, el precio de generación del megavatio (Mwh) nuclear es de 20 euros, pero la ley les autoriza a cobrar el precio de generación del Mwh de la energía más cara del sistema, la de las centrales térmicas alimentadas con carbón, que sale a 50€ el Mwh. De manera, que sólo esta central nuclear deja a sus propietarios un beneficio de 150 millones de euros anuales.
Otro elemento que actuó como acicate en el afán sobreinversor en este sector, fue la perspectiva de exportar una parte sustancial de la producción eléctrica excedente al resto de Europa, gracias al mercado único liberalizado que ofrecía la Unión Europea. Fue este elemento lo que impulsó las inversiones en las energías renovables, y no las preocupaciones por la contaminación, aprovechando las circunstancias naturales (vientos y sol) que colocaban a la península ibérica en condiciones de ventaja sobre gran parte de la Europa continental. Esto también fue estimulado por la propia UE, que fijó para el 2020 un 40% de la producción eléctrica en la región procedente de las energías renovables, para disminuir su dependencia del petróleo.
La sobrecapacidad instalada, consecuentemente vinculada a la propiedad privada de este recurso tan vital para la sociedad en manos de un oligopolio, es lo que está detrás de los problemas del sector eléctrico español y del encarecimiento escandaloso de la factura de los hogares.
Y esto nos lleva al famoso “déficit de tarifa”.
El “déficit de tarifa”
El “déficit de tarifa” es la excusa que esgrimen el gobierno y las compañías eléctricas para justificar el encarecimiento de la electricidad.
Se habla de que el “déficit de tarifa” en 2013 fue de más de 4.000 millones de euros; es decir, que el coste de producción de la energía eléctrica excedió el año pasado en más de 4.000 millones de euros lo que las compañías ingresaron por el cobro de las facturas. Se nos dice que el “déficit de tarifa” acumulado desde el año 2000 supera los 30.000 millones de euros.
Lo escandaloso del tema es que no existe un estudio ni un control rigurosos del verdadero costo del sistema eléctrico. El gobierno da por buenas los datos que suministran las propias compañías sin una investigación a auditoría seria que confirme o desmienta sus cifras.
De todas maneras, esta situación podría resolverse fácilmente. Las compañías eléctricas consiguieron en los últimos años beneficios anuales estimados entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Son sus negocios privados, para bien y para mal. Bastaría con que estas compañías redujeran un 30% ó un 40% sus abultados beneficios para que no hubiera déficit alguno cada año. Este modesto “sacrificio” de las compañías eléctricas implicaría además una reducción inmediata del monto de nuestras facturas, porque dicho “déficit” lo estamos pagando los usuarios.
O, de otra manera, si las eléctricas españolas adecuaran sus márgenes de beneficio (6,48%) al margen medio europeo (3,6%) eso generaría un saldo adicional de 4.000 millones anuales, más que suficientes para enjugar el supuesto déficit tarifario.
El tema es que estos parásitos no quieren reducir sus cuentas de resultados por debajo de los 8 ó 10.000 millones de euros anuales y obligan al conjunto de la sociedad a pagar ese sobreprecio. Ellos responden afirmando que, como multinacionales que son, de estos 8.000 ó 10.000 millones de euros de beneficios, sólo el 32% (según la patronal del sector, UNESA) provienen de sus negocios en España, así que no les alcanza para absorber este “déficit” generado solamente por su actividad en el Estado español.
Pero ¿Cuál es la verdadera causa de este “déficit de tarifa”? La causa es que al mantener inactivo el 40%-50% de la capacidad energética instalada, debido a la sobre capacidad del sector, las compañías pretenden que los usuarios y el Estado paguemos el costo de mantener operativas dichas instalaciones que están en desuso, aunque los ciudadanos no consumamos ni un solo kwh de dichas instalaciones. Pero ¡un momento!, estas compañías no se encomendaron ni a Dios ni al Diablo a la hora de acometer sus inversiones, sólo les movió la codicia por acrecentar sus ganancias. Ellos afirman que es “su” propiedad privada, por lo tanto deben arrostrar las consecuencias de sus acciones. Si ellos se embarcaron en un negocio ruinoso, es de su exclusiva responsabilidad, y las familias obreras no debemos pagar el derroche y la irresponsabilidad de estos señores. Si es vuestra propiedad privada, es asunto vuestro asumir las pérdidas de vuestros negocios, señores capitalistas.
La realidad sangrante es que los usuarios estamos pagando 144 millones anuales a cuenta de dicho “déficit” ¿De qué manera? El gobierno, en común acuerdo con las compañías, ha convertido este “déficit” en bonos de deuda que se venden en el mercado bursátil, y lo han llamado “Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico” (FADE), donde el Estado ejerce de avalista. Es decir, como pagador en última instancia. Lo que se ingresa por la venta de esos bonos va directamente a las compañías eléctricas que, de esa manera enjugan su “déficit”, y los usuarios pagamos los intereses que rinden beneficios a quienes compran esos bonos, vía factura de la luz o presupuestos del Estado. Al término del vencimiento de esos bonos (entre 3 y 7 años) es el Estado quien debe devolver el dinero a los acreedores. En definitiva, que se computa el “déficit tarifario” – generado por el derroche de las compañías eléctricas – como deuda pública a efectos prácticos. Así, sus beneficios son privados, pero sus pérdidas son nuestras.
Precio de la electricidad
No es sólo a través del fraude del “déficit tarifario” como les pagamos a las eléctricas los platos rotos de su incompetencia.
Por un lado, como decíamos al principio, está el precio de la energía eléctrica, que es la tercera más cara de Europa. El fraude es escandaloso. Cada modo de generar electricidad (nuclear, hidroeléctrica, eólico, fotovoltaico, plantas de ciclo combinado a gas y vapor de agua, centrales térmicas alimentadas con carbón) tiene un coste diferente. El más barato (con la desaprovechada tecnología actual) es la nuclear, que se estima en 20€ el Mwh, y el más caro es la generada por el carbón, alrededor de 50€ el Mwh, según la oferta y la demanda del mercado eléctrico. Pues bien, el gobierno para “ayudar” al negocio eléctrico ha decidido que el precio que se toma como base reguladora de la electricidad sea el precio de la electricidad generada por la tecnología más cara, el carbón. Así, pese a que el carbón sólo fue responsable del 14,6% de la energía consumida en España en el 2013, según Red Eléctrica Española, fija el precio del 100% de la energía eléctrica, tirándolo para arriba y creándole un negocio fabuloso a los piratas de las compañías eléctricas.
Los “peajes”
La otra parte que pagamos en la factura eléctrica es lo que se llama la parte regulada del precio de la electricidad y que fija el gobierno, no las empresas. Esta parte, que es el costo fijo de la factura de la luz, aunque no se consuma un solo Kwh, es lo que se llama “Peaje”.
El peaje incluye el pago por la distribución y comercialización de la energía, operada por las mismas empresas generadoras de electricidad, las primas a las energías renovables (una subvención a los productores de este tipo de energía para bajar sus costes de producción), el alquiler de los contadores eléctricos, impuestos varios, el IVA (que aumentó estos años del 16% al 21% para pagar la deuda pública), un impuesto especial para reducir el coste extra del suministro de energía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por ser territorios extrapeninsulares; y lo que se llama el Servicio de Interrumpibilidad, que él solo nos cuesta 750 millones de euros anuales.
Si sangrantes son las injusticias derivadas del alto coste del kwh y del llamado “déficit de tarifa” no menos sangrantes son algunos de los conceptos incluidos en los “peajes”.
Lo primero, es que las grandes compañías no se lucran sólo cobrando el precio de la luz, sino distribuyéndola y comercializándola, así que tienen un triple negocio en esto. De hecho, sacan más beneficios en España de la distribución y comercialización de la electricidad que de su generación, el 80% del total de sus beneficios (datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Y esto no es por casualidad. Según la Comisión Europea, España es el país de la UE con mayores precios vinculados a la transmisión y distribución de electricidad que se aplican a los hogares, 9,6 céntimos de euro por kwh en el 2012; mientras que en otros países como Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña no llega ni a 4 céntimos por kwh.
Las energías renovables
Las energías renovables, impulsadas por la política de la UE en años pasados, han conquistado una parte sustancial del negocio eléctrico. En 2013, según Red Eléctrica Española, las renovables representaron el 42,4% de la demanda eléctrica del país. Concretamente, la energía eólica ha contribuido a la demanda total con el 21,1%, por encima de la nuclear (un 21%). Es un hecho que con la actual potencia instalada, podrían cerrarse las 8 centrales nucleares y todas las centrales térmicas alimentadas con carbón – las que son potencialmente más contaminantes y peligrosas – y aún sobraría capacidad de generación eléctrica instalada.
Uno de los temas más polémicos son las primas a las energías renovables; principalmente, eólica y fotovoltaica – las plantas de placas solares para producir electricidad -, que se estiman en 9.000 millones de euros anuales. No osbtante, el gobierno las ha reducido por la abultada deuda pública y por presiones de las eléctricas que ven cómo las renovables van arrebatándoles una parte del mercado.
Se suele presentar a las compañías de energía renovable como pequeñas compañías familiares, simpáticas y modestas que, como pequeños David pelean en condiciones difíciles contra los grandes Goliath de las compañías eléctricas. La realidad es que el mercado de las energías renovables no sólo está dominado por grandes compañías, sino que algunas de ellas son las mismas eléctricas. Así, Iberdrola controla el 20% de la producción eólica del país y una gran Constructora, Acciona, controla otro 23%. La producción fotovoltaica está dominada por las Constructoras (FCC, Sacyr, ACS, etc.) y fondos de inversiones privados que manejan miles de millones de dólares. Y la producción de paneles termosolares (paneles solares para calentar agua a domicilio) está hegemonizada por la multinacional española Abengoa.
De manera que son estas grandes compañías las que se llevan la parte del león de las primas a las renovables. Por supuesto, que en este sector hay muchas pequeñas empresas familiares y cooperativas que merecen ser apoyadas, pero suponen un porcentaje muy pequeño del negocio de las renovables.
El Servicio de Interrumpibilidad
Un aspecto especialmente sangrante del gasto eléctrico son los 750 millones que pagamos por el Servicio de Interrumpibilidad, y que supone un 2% de la factura eléctrica de los hogares. Este es un acuerdo entre el Estado y 140 empresas industriales (como Alcoa, Arcelor Mittal o Asturiana de Zinc) que son los mayores consumidores de electricidad del país. Según este acuerdo, cuando hay escasez de energía por un acontecimiento fortuito, estas grandes empresas industriales acceden a paralizar sus actividades para priorizar el consumo eléctrico a favor de los servicios esenciales que considere el Estado. A cambio, reciben una compensación anual por 750 millones de euros
¡Pero, cuándo hemos visto en estos años situaciones límites en el sistema eléctrico como las que describen! Nunca. Accidentes fortuitos o catástrofes naturales que expusieran un escenario como ese se producen, en el mejor de los casos, cada 20 ó 30 años, si es que llegan a ocurrir. Eso podría justificarse todavía si el sistema de generación eléctrica español estuviera trabajando habitualmente al límite de su capacidad, pero llevamos años con una actividad ociosa del 50% en la capacidad de producción eléctrica. Bastaría con poner en condiciones de operatividad la parte inactiva del sistema para hacer frente a cualquier eventualidad de esas características. El Servicio de Interrumpibilidad supone, por tanto, un trasvase descarado de dinero público al engorde de los beneficios de grandes compañías que no reportan a cambio de ese dinero ni un átomo de riqueza al conjunto de la sociedad.
El lío de las facturas, más injusticias
Como decíamos al principio, en estos 5 años la factura de la luz ha crecido un 60% para los hogares. El gobierno está atrapado entre el malestar social por estas subidas que amenaza con estallar en cualquier momento, y las presiones implacables de las grandes compañías que no quieren ceder ni un céntimo de sus beneficios. Eso explica las vacilaciones y vaivenes del gobierno que, en solo un mes, ha cambiado hasta tres veces la metodología para confeccionar la factura de la electricidad.
Consciente de la impopularidad de nuevas subidas en el precio de la energía, el gobierno realizó una sucia maniobra el mes pasado para tratar de hacer pasar como más aceptable lo que no es sino otra subida descarada de la luz para contentar a las eléctricas. Y lo hizo, incrementando la parte fija de la factura un 18% y reduciendo un 7% la parta variable, la energía realmente consumida. El tema es que la parte fija supone ya un 60% del coste total, de manera que la subida de la parte fija excede en mucho la reducción efectuada en el precio del Kwh.
La última medida aprobada para reformar el sistema tarifario es un completo galimatías. A partir de abril, el precio de referencia para determinar el precio del kwh para los hogares será el precio mayorista (el que las compañías ofertan a las grandes empresas y a las distribuidoras y comercializadoras de electricidad; o sea, a ellas mismas), frente al precio minorista (el que las distribuidoras y comercializadoras ofrecían hasta ahora a los hogares), y que queda suprimido. Esto, en teoría, supondría una reducción estimada en 300 millones de euros anuales para el gasto eléctrico de las familias, apenas un miserable 0,4% de rebaja.
Lo complicado viene a partir de aquí. Según el tipo de contador de luz que cada familia tenga (digital, más moderno; o convencional, más antiguo) se pagará un precio diferente.
A quienes tengan ya instalado el contador digital (lo cual depende de la compañía distribuidora, responsable de llevar la instalación eléctrica a las viviendas) se les anotará un precio de consumo eléctrico diferente ¡cada día! siguiendo la evolución del precio mayorista diario. De manera que la confección de una factura bimensual, para un usuario que disponga de un contador digital, implicará cientos de operaciones aritméticas en las oficinas de las empresas comercializadoras, no sujetas a ningún tipo de supervisión ni control por parte de los usuarios, que no tienen el tiempo ni la disposición para estar cada día vigilando qué precio marca el mercado eléctrico en su contador, ni tampoco para comprobar en detalle el montante final cuando le llegue la factura a su casa. El peligro de un fraude tarifario y de una confección arbitraria de las facturas por parte de las empresas comercializadores es, por tanto, muy grande.
Los que tengan un contador convencional, la mayoría de los usuarios actualmente, pagarán el precio medio del Kwh del bimestre, lo que implica igualmente que habrá que fiarse de las buenas cuentas que hagan las empresas comercializadoras en la confección de dichas facturas.
Para tranquilizar los ánimos, el gobierno dice ahora que cada usuario puede pactar un precio anual fijo con las empresas eléctricas, lo que no elimina la arbitrariedad del montante que fijen las empresas a su voluntad y que, con toda probabilidad, será más caro que el precio real del Kwh del día a día.
Las desavenencias entre el gobierno del PP y las eléctricas por este tema son meras disputas por qué parte del pastel se llevan éstas y con qué rapidez. Las compañías eléctricas están impacientes por cobrar íntegra y rápidamente el “déficit de tarifa” y otros beneficios, y quieren traspasar el sobrecoste del sistema eléctrico de las facturas a los presupuestos del Estado, ya que la venta de los bonos FADE en el mercado es lenta y está sometida a vaivenes. Que eso implique incrementar la deuda pública o más recortes sociales, qué les importa a ellos. Somos nosotros quienes lo pagamos. Mientras que el gobierno, apurado por el déficit público, quiere hacer recaer gran parte de estos costes directamente en los usuarios y pedirle paciencia a las compañías en lo referente a la devolución del “déficit tarifario”.
Por la nacionalización integral, sin indemnización, y bajo control obrero del sistema eléctrico
Se mire como se mire, no hay alternativa para una solución favorable en este tema para las familias trabajadoras y demás sectores populares empobrecidos, mientras que un puñado de grandes empresarios y multinacionales parásitos dominen con puño de hierro el sistema energético del país.
Cuenta la leyenda que existía un rey en una ciudad de la antigua Grecia, llamado Gordio, que, como ofrenda a los dioses, ató su lanza y su escudo con un nudo que nadie era capaz de desatar, el nudo gordiano. Se decía que quien desatara ese nudo conquistaría el mundo. La misma leyenda cuenta que cuando Alejandro Magno llegó a esa ciudad y trató de desatar el nudo con sus manos, fracasó en la tentativa. La reacción de Alejandro Magno fue tomar su espada y cortar el nudo de un solo tajo. La historia posterior es bien conocida, y fue real: Alejandro Magno conquistó el mundo conocido por los antiguos griegos de esa época.
El gobierno del PP ha dado muestras suficientes de no poder, ni querer, desatar el nudo gordiano del sistema eléctrico español. Pese a sus quejas lastimeras e hipócritas, tampoco los dirigentes del PSOE dan muestras de saber ni querer hacerlo. Ellos tienen también una gran responsabilidad en la situación actual. Más aún, tanto el PP como los dirigentes del PSOE han dado sobradas muestras de sentarse en la misma mesa que nuestros explotadores.
Es un escándalo y una vergüenza que gran parte de exdirigentes, exministros y expresidentes del gobierno del PP y del PSOE pasaran a ocupar un sillón en los consejos de administración de esas compañías eléctricas que exprimen y oprimen a las familias obreras. Felipe González, cobra 126.000 euros como consejero de Gas Natural. José María Aznar, es asesor para asuntos internacionales de Endesa con una nómina igualmente de 6 cifras. Elena Salgado, exministra de Economía del gobierno de Zapatero, trabaja ahora para la filial chilena de ENDESA. La exministra de Aznar, Ana Palacio, trabajo hoy para HC Energía. Los burgueses nacionalistas también están en la nómina de estas compañías. Mario Fernández y Josu Jon Imaz, del PNV, trabajan para Repsol. Miquel Roca, “padre de la Constitución” y ex diputado de CiU trabaja hoy para Endesa y, eventualmente, también para la Casa Real. Por nombrar sólo a unos pocos. Hay más.
¿Cómo va esta gente a actuar y legislar a favor de las familias obreras y de los usuarios en general?
Una de las mayores injusticias es que la columna vertebral del sistema eléctrico español fue construida y sufragada con el esfuerzo y el sudor del pueblo durante generaciones. Desdr su creación y durante más de medio siglo, la principal eléctrica del país, ENDESA, fue una empresa pública, de cuyos recursos e instalaciones se han sido apropiado un puñado de burgueses que nadan en oro. Una empresa que hasta el día de su privatización era de las más rentables del país.
La mayoría de las presas hidroeléctricas fueron construidas, a lo largo de las décadas, por el Estado, y han sido transferidas a estas compañías que se lucran con su explotación.
El tendido de cables de alta tensión, generadoras, etc. también fueron levantados por el Estado o con su participación.
La producción de energía es la base sobre la que se sustenta cualquier sociedad y la vida elemental de las personas. No es como fabricar lata de sardinas, como dice cínicamente el presidente de la patronal eléctrica UNESA, Pascual Sala. No puede estar sometida al interés privado de un puñado de ricos multimillonarios para enriquecerse y empobrecer a la mayoría de la sociedad.
La única solución real al problema del sector eléctrico español, la manera de desatar su nudo gordiano, es con la nacionalización de las grandes compañías eléctricas, y del sistema energético en su conjunto, sin indemnización – que ya bastantes millones se metió esta gente en sus bolsillos – y bajo el control de los trabajadores del sector, con la participación de las organizaciones de usuarios y de los sindicatos.
En este sentido, reconocemos como un gran paso adelante que Izquierda Unida se haya manifestado inequívocamente a favor de la nacionalización del sistema energético, y emplazamos a su dirección a que impulse una campaña pública amplia y audaz en el conjunto del Estado para popularizar esa consigna en la clase trabajadora y en el conjunto de la población.
Liberado del grillete empresarial privado, sería posible reducir drásticamente el coste del suministro eléctrico, amputando de raíz las millonarias ganancias que se apropian estos parásitos. Eso permitiría reducir drásticamente el precio de las facturas al coste exacto del suministro, y volcar al sistema las inversiones necesarias para modernizar, abaratar y adecuar la producción y el funcionamiento a las necesidades reales de la producción global y de la sociedad.
Sería perfectamente posible organizar la parada y eliminación progresiva de la bomba de tiempo que suponen las centrales nucleares de fisión y de los demás sistemas contaminantes, como centrales térmicas de carbón, etc. Los recursos liberados permitirían distribuir a los trabajadores de las centrales nucleares y del carbón en otras actividades productivas y avanzar con pasos de gigante en el desarrollo y abaratamiento de las energías renovables, las actuales y otras que están sofocadas por el boicot de las grandes compañías privadas.
Desde luego, que el pleno aprovechamiento de un sistema energético estatal, controlado y gestionado democráticamente sin una burocracia ineficaz y despilfarradora, sólo puede alcanzar su desarrollo más óptimo y completo vinculado a un plan estatal de producción que contemple la nacionalización de los demás monopolios, de la banca y de los latifundios, sin indemnización salvo a pequeños accionistas y ahorradores, y en otros casos de necesidad comprobada, y bajo el control democrático de los trabajadores y del conjunto de la sociedad.
Mientras tanto, debemos exigir:
- No reconocer ningún “Déficit de tarifa”. Supresión de todos los sobrecostes, abusos y despilfarros ya detectados por los usuarios, organizaciones de consumidores, y trabajadores.
- Nombrar un comité auditor en todas las compañías eléctricas, formada por los trabajadores de esas empresas, sindicatos y organizaciones de usuarios representativas, con plenos derechos para acceder a los datos de las empresas con el fin de exponer las cuentas reales de las compañías, investigar sus inversiones y despilfarros, y estimar el verdadero coste de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
- Instituir el control obrero en las empresas de energía
- Plan progresivo de eliminación de las energías contaminantes y su sustitución paulatina por energías renovables y limpias, hasta donde lo permita el desarrollo tecnológico y científico en cada momento.
- Nacionalización del sistema energético: eléctricas y compañías de hidrocarburos.
