El caso Bárcenas es el último eslabón de una cadena de escándalos que confirman de manera descarnada el carácter reaccionario del Gobierno PP. Los datos que se están publicando ratifican lo que apuntaba el caso Gürtel. Durante años, grandes empresarios han financiado con dinero negro al PP. Con esos recursos, sus dirigentes han sumado ingentes cantidades a sus sueldos astronómicos.
Los presuntos pagos delictivos en negro del vicepresidente de la CEOE a sus empleados, están en la línea del hoy encausado Gerardo Díaz Ferrán, el anterior “patrón de patrones”. La derecha política española es una fiel representante de la degenerada clase social a la que defiende.
Lo que ha hecho especial este caso de corrupción no es su excepcionalidad, sino la cada vez mayor degradación del contexto social.
Riqueza y privilegios para unos pocos. Recortes y miseria para la mayoría
La cruda realidad es que mientras unos pocos se enriquecen escandalosamente, el cataclismo social del paro alcanza ya al 26% de la población activa, 6 millones de desempleados. El fatídico índice se dispara hasta el 55% entre los jóvenes. Mientras, son ya 3,5 millones los parados de larga duración, de los que muchos están a punto de perder la prestación económica y el 10% de las familias españolas (1,8 millones de hogares) tienen a todos sus miembros en el desempleo.
Esta contradicción sangrante, entre el aumento de la miseria y la incertidumbre para millones, junto con los privilegios para unos pocos, es lo que explica que los beneficios ilegales (corrupción) o legales del capital, que en años de bonanza se podían “soportar”, hoy sean totalmente inaceptables. Como demuestran todas las encuestas, cada vez somos más los que cuestionamos esta situación y el sistema que la provoca, el capitalismo.
Desde el inicio de la crisis, en 2008, lo que ha estado encima de la mesa es dilucidar: “quiénes deben pagar la cuenta”. Los Consejos de Administración de la banca y grandes monopolios del IBEX 35 lo han tenido muy claro: desde el primer momento han impuesto a los gobiernos la defensa incondicional de sus intereses.
El gobierno PSOE fue quien inauguró la política anti obrera descarnada que ahora está profundizando el gobierno del PP. Como reconoció el ex presidente Zapatero en un ataque de sinceridad: “creíamos que íbamos a cambiar a los mercados y han sido ellos los que nos han cambiado a nosotros”.
Al igual que, con esa política, el PSOE provocó la oposición masiva de los trabajadores y su posterior debacle electoral, desde la constitución del gobierno del PP, éste se ha enfrentado a una contestación social sin precedentes. Durante 2012 ha habido más de 100 actos de protesta diarios a lo largo y ancho del Estado español.
Por ello, y a pesar del poder institucional sin precedentes que acumula el PP, son cada vez más los sectores de la burguesía que albergan serias dudas sobre que el Gobierno Rajoy sea hoy un instrumento suficiente para llevar adelante sus planes ante la más grave crisis del régimen actual, instaurado en este país desde la Transición.
Los Planes del Capital
Los estrategas del capital son conscientes de que la situación del gobierno es crecientemente insostenible.
Por ahora, insistimos, por ahora, están divididos. Mientras que algunos piensan como el presidente del Banco Popular, “aprovechar la ventaja que supone mantener un gobierno con una mayoría fuerte, a diferencia de lo que sucede en otros países en crisis”; cada vez es mayor el coro de “voces autorizadas” que en todos los medios de comunicación defienden la urgente necesidad de un “Gran Pacto Nacional” para lograr una “Regeneración Democrática”.
Como primer cortafuegos están presionando al PP para que adopte alguna medida ejemplarizante. El hecho de que El País, en su editorial del 4 de febrero, con el expresivo título Corleone paga las fiestas, abogara por la dimisión de la ministra de Sanidad, y que su propuesta rápidamente fuera secundada por Esperanza Aguirre en la reunión de la dirección del PP madrileño del día 6, apuntan en esa dirección.
A pesar de la demanda formal de Rubalcaba de dimisión de Rajoy, la dirección del PSOE no busca otra cosa que coadyudar a los objetivos de la burguesía apuntados más arriba, que se reflejan en las declaraciones del propio Rubalcaba: “Esta es una situación crítica y tenemos que ser conscientes de que con la crisis económica esto es insoportable. Para poder pedir esfuerzos a un país, uno tiene que ser transparente”.
El Pacto de Estado que se busca tratará de implicar a los dirigentes sindicales y al máximo de organizaciones que les sea posible. El objetivo último (con la presión simultánea de los capitalistas europeos) será el de lograr un gobierno estable que pueda apuntalar las contrarreformas que hagan posible los ajustes sociales y la devolución de la deuda contraída por la política practicada por los capitalistas de este país. Los trabajadores no podemos tener ningún interés en esto.
Frente Único de la Izquierda para forzar la dimisión del Gobierno y exigir elecciones anticipadas ya
La exigencia de dimisión del Gobierno y de la convocatoria urgente de elecciones anticipadas solicitada por los compañeros de la dirección federal de IU es 100% correcta y conecta con el sentir mayoritario, tanto de nuestra base social como de la mayoría de los trabajadores.
En la última encuesta de Demoscopia-El País, el 54% de todos los encuestados defendían esta opción (el 72% en el caso de los votantes de la izquierda).
Tenemos que tomar la iniciativa urgentemente y pasar de las palabras a los hechos. Sólo con declaraciones este gobierno no va a dimitir. Es necesario y urgente que los compañeros de la Dirección Federal de IU hagan un llamamiento para la gestación de un Frente Único de todas las organizaciones de la izquierda, sindicatos, Mareas, PAH, y todos los movimientos sociales contra los recortes, convocando de manera inmediata una Gran Cumbre Social con dos objetivos prioritarios:
- Organizar una campaña sostenida de movilizaciones en todo el Estado para acabar con este Gobierno.
- Un programa de gobierno que utilice los recursos fundamentales del país, empezando por los de las empresas del IBEX-35, para, bajo control democrático de los trabajadores, empezar a planificar un plan de salvamento al servicio de la clase trabajadora e inmensa mayoría de la sociedad.
