El acuerdo que pone temporalmente fin al conflicto en Colquiri representa en realidad solo el principio de la lucha por la nacionalización total de este yacimiento y de la minería, como ha recordado el propio compañero Estallani, dirigente de los trabajadores de la nacionalizada Empresa Minera Colquiri (EMC).
La recuperación de la empresa estatal de los ramales Rosario “N” y parte del Rosario “D” es una victoria parcial para los trabajadores, que no pacificará definitivamente Colquiri ni acaba con las tensiones entre asalariados y cooperativistas. La división de la veta Rosario es, para los cooperativistas, sujeta a revisión frente a una ampliación de la Cooperativa 26 de Febrero con la contratación de nuevos peones. El levantamiento de la reserva fiscal de COMIBOL prepara nuevos conflictos, que ya hay o se avizoran en distritos como Himalaya, Porco, Chiquitania etc.
El cooperativismo no es, ni puede ser considerado, el problema principal de la minería. Sin embargo en la medida en que los eslabones de la cadena productiva minera son controlados por las multinacionales y no por el Estado y se permite que las cooperativas sigan exentas de impuestos y del respeto de derechos laborales, el cooperativismo se convierte naturalmente en aliado y punta de lanza de las multinacionales, a las cuales permite la externalización del trabajo.
El conflicto en Colquiri se originó a partir de la decisión de la multinacional Glencore (SINCHI WAYRA) de subarrendar a la Cooperativa 26 de Febrero la veta Rosario, con el compromiso de vender a la multinacional todo el mineral. Es una señal importante para los trabajadores y el gobierno: mientras la minería necesitaría inversiones en productividad para enfrentar las fluctuaciones de precios, las multinacionales recurren a la terciarización del trabajo para reducir costos, ganar apoyo social y maximizar ganancias.
El acuerdo es el resultado de la determinación del sindicato de Colquiri y de una movilización de la clase trabajadora que no tuvo la misma contundencia del bloqueo cooperativista. En realidad en Oruro y Potosí, departamentos con la mayor presencia e influencia del sindicalismo minero, la huelga fue masiva y contundente. Huanuni paralizó actividades y a la marcha en la Villa Imperial llegaron sindicatos mineros de los sectores más alejados, como Tres Amigos y Andacaba, donde en los meses pasados se vivieron radicales luchas contra el trabajo precario y la violación de derechos laborales.
Lo que ha debilitado la movilización obrera ha sido permitir que el tema se cerrase a una disputa intersectorial por ramales, lo cual ha convertido el instintivo apoyo de la opinión pública a la nacionalización en cansancio por huelgas y bloqueos. Lo que ha sido utilizado por el gobierno como elemento de presión hacia los asalariados. Significativamente el magisterio cruceño y tarijeño han marchado por demandas propias, exigiendo ítems y reposición de salario descontado, sin que fuese claro el nexo entre estas reivindicaciones y el apoyo a los mineros de Colquiri. Solo transformando la lucha en defensa de Colquiri en lucha por la nacionalización de toda la minería en manos de multinacionales, se pueden revelar estos nexos, conectar la lucha de los mineros a la lucha del pueblo por educación, trabajo, vivienda, salud, etc. y revitalizar la movilización.
Si existe un retraso en la consciencia de algunos sectores obreros, la clave para afrontar esta situación no se encuentra en tratados sociológicos. Toda vez que los trabajadores tuvieron la posibilidad de hacerlo, demostraron una enorme tensión acumulada bajo la superficie. Pensamos a la agresión de los fabriles al Ministerio de Trabajo o a los recientes casos de sindicalización en Petrobras, extremos que son también responsabilidad de dirigentes dedicados al “trabajo de oficina” e incapaces de dar alternativas programáticas de organización y lucha.
Para movilizar realmente a las bases es necesario construir desde las bases un programa que, articulándose alrededor de la reivindicación de la nacionalización y el control obrero, abarque los temas más considerados, como la violación de derechos laborales, la precariedad y la cuestión salarial en una situación donde el lucro empresarial se ha elevado a un 55% de la riqueza nacional mientras la cuota de la misma utilizada para los salarios se ha reducido de un 30 a un 20 por ciento.
Después de Colquiri estas exigencias se hacen más “concretas”. El resultado más evidente de este conflicto ha sido expresar el proceso de radicalización en uno de los sectores decisivos de la lucha de clase en Bolivia, el proletariado minero. Aunque existan todavía resistencias entre algunos dirigentes del sindicalismo minero, este proceso está en marcha: tendrá un peso enorme en las próximas luchas y permite mirar con optimismo al futuro.
