En España, tras un mayo de frenéticos intentos por evitar el colapso del sistema bancario, lastrado por una gigantesca cantidad de préstamos tóxicos vinculados a la burbuja inmobiliaria, el Gobierno ha tratado de involucrar a la Unión Europea en el rescate de Bankia, mientras se rumoreaba sobre los planes del FMI para un rescate de España.
En este contexto, los mineros están inmersos en una huelga general en defensa de los puestos de trabajo, bloqueando carreteras en las comarcas mineras con barricadas en llamas. Diez mil de ellos se manifestaron en Madrid, advirtiendo que “la próxima visita será con dinamita”.
Ésta era la imagen gráfica de las enormes contradicciones y tensiones que se han acumulado en el estado español y que ahora alcanza el punto de ebullición. La clase capitalista quiere que los trabajadores paguen la crisis, pero la crisis es tan aguda que esto ya se está traduciendo en una explosión social masiva. Los “mercados” (es decir, los banqueros, inversores, especuladores), dudan de que España sea capaz de resolver su crisis, llevando la prima de riesgo de los bonos españoles a niveles insostenibles. El diferencial entre los bonos españoles y alemanes ha llegado a alcanzar un nivel récord, hasta más de los 540 puntos porcentuales, exigiéndose a España el pago de un 6,6% de interés sobre los Bonos del Estado, muy cerca del nivel del 7%, que provocó los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda.
Como hemos explicado anteriormente, los dos grandes líneas de fractura de la crisis del capitalismo en España son: por una parte las enormes deudas acumuladas en su sistema bancario, como resultado de la burbuja inmobiliaria que alimentó el ciclo de crecimiento anterior; y el déficit presupuestario acumulado por el Estado, como consecuencia de la crisis económica en sí y del rescate inicial de los bancos.
Los precios de la vivienda en España sólo han bajado en un 20% desde su pico máximo (mucho menor que la caída del 45 al 50% de Irlanda o de los EE.UU. por ejemplo). Algunos economistas calculan que tendría que caer por lo menos alrededor de otro 20 % antes de tocar fondo. Los bancos prestaron masivamente a las familias para comprar sus casas. Muchas de ellas no pueden pagar sus hipotecas ya que han perdido su empleo (el desempleo ha aumentado de 1,8 millones en 2007 a 5,6 millones en la actualidad). Los bancos también prestaron de forma masiva a las constructoras, muchas de las cuales han quebrado o acumulan una enorme cantidad de casas desocupadas o solares vacíos, que no se pueden vender en el mercado.
El importe total del crédito inmobiliario (a familias y constructoras) en los balances de los bancos españoles se acerca posiblemente al billón de euros. Difieren los cálculos acerca de la cuantía de los que son “de riesgo” o están en situación de impago. Las estimaciones varían entre 150.000 millones (el nivel de morosidad reconocido oficialmente) y 250.000 millones de euros, pero a medida que empeora la crisis (España está de nuevo en recesión), esta cifra es probable que crezca aún más.
Durante el período de expansión económica (en el caso de España se prolongó durante más de 14 años de crecimiento económico ininterrumpido), los bancos europeos se expusieron intensamente a la banca española, ya que con complacencia prestaban grandes cantidades de dinero a los bancos españoles. Tan solo los bancos alemanes poseen 180.000 millones de euros de la deuda privada española.
El gobierno español (que ya se ha visto obligado a nacionalizar ocho instituciones bancarias) ha aprobado una serie de reformas del sector financiero obligando a los bancos a recapitalizarse por valor de decenas de miles de millones de euros para resguardarse contra los impagos de préstamos relacionados con la vivienda.
La crisis bancaria alcanza un punto de inflexión con el colapso de Bankia; el cuarto mayor banco del país (que se creó mediante la fusión de una serie de cajas de ahorros que se encontraban en dificultades), al tiempo que recibían una inyección de 4.000 millones de euros del dinero del Estado. Ahora se ha tenido que nacionalizar con un bombeo adicional previsto de 19.000 millones de euros. La mayoría de los 340.000 pequeños inversores, engañados con la creencia de la solidez este nuevo banco que contaba con el respaldo del Estado, se exponen a perderlo todo.
La pregunta clave es, ¿Dónde van a encontrar los bancos el dinero necesario (más de 80.000 millones de euros) para cumplir con el nuevo reglamento del gobierno? Está claro que no pueden recurrir a los mercados para conseguir el dinero, pero el Estado tampoco puede conseguir la cantidad necesaria para rescatarlos. Estamos hablando de una estimación a la baja de 100.000 millones de euros. Solo por comparar, los recortes presupuestarios aprobados para este año son de alrededor de 30.000 millones de euros.
España quiere que el Banco Central Europeo (es decir, Alemania) intervenga de una u otra manera. El BCE se resiste. Los EE.UU. han dicho que respaldan la posición de España… que es que ¡Alemania debería pagar! Por supuesto, resulta fácil ser generoso con el dinero ajeno. El Gobierno español se queja de que ya ha hecho todo lo posible para poner la casa en orden con los recortes masivos del gasto público, una brutal reforma de la legislación laboral, etc. Todo esto es cierto. Sin embargo, no es suficiente para que “los mercados” recuperen la “confianza” en España, y la prima de riesgo de los bonos españoles sigue en aumento. Ningún inversor sensato quiere confiar en un gobierno que acumula un déficit presupuestario cercano al 9% del PIB en 2011. La respuesta de la Unión Europea es que esto no es suficiente, que los recortes y ajustes se debe implementar más rápido (por ejemplo, adelantando la suba de la edad de jubilación), pero que está dispuesta a dar a España un año adicional para cumplir con el objetivo de llevar el déficit presupuestario al 3% del PIB (un objetivo que es totalmente imposible de cumplir de todos modos).
Como hemos explicado antes, el problema de España (y también de Italia) es que las economías de estos dos países, a diferencia de Irlanda, Portugal y Grecia, son demasiado grandes para ser rescatadas. España es la cuarta economía de la zona euro. El costo sería insoportable para la economía europea en su conjunto. Sin embargo, también es demasiado grande para permitir su colapso. Esta es la contradicción que enfrenta a los capitalistas españoles con el resto de los capitalistas europeos (principalmente alemanes).
Con el fin de tratar de resolverlo, o retrasar la hora de la verdad, tratan de encontrar todo tipo de parches y medidas paliativas. El Gobierno español propuso que los bancos deben recapitalizarse, dándoles bonos del Estado que se podrían utilizar como garantía para obtener dinero en efectivo por parte del BCE. Cualquiera puede ver que esto es un truco, en efecto, sería una forma indirecta de conseguir que el BCE inyectase dinero directamente en el sistema bancario español, algo que no quiere hacer.
La profundidad de la crisis y el malestar social creado produce una presión masiva de la clase dominante en favor de la unidad nacional. El Congreso español aprobó una resolución votada por la derecha del PP y el socialdemócrata PSOE, argumentando que España debe tener una voz común en Europa y dando a entender que los eurobonos son el camino a seguir. Los únicos votos en contra fueron de Izquierda Unida, y los pequeños partidos de izquierda nacionalistas de Catalunya, el País Vasco y Galicia.
Ha habido una serie de reuniones, secretas y públicas, entre el líder del PP Rajoy y el líder del PSOE Rubalcaba para encontrar un posición común. Como siempre, cuando el destino del sistema capitalista está en juego, se puede contar con que los dirigentes socialdemócratas se comporten como ¨estadistas responsables y serios¨. El “interés nacional” (léase “los intereses de la clase dominante”) debe estar por encima de los partidos políticos.
Un creciente movimiento de la clase obrera y la juventud
Al mismo tiempo, los intentos de descargar el peso de la crisis sobre la clase obrera han provocado una enorme oposición y toda una serie de movimientos de masas durante el último año. La explosión espontánea del movimiento de los indignados, a partir del 15 de mayo de 2011, refleja un cambio profundo en la conciencia entre las capas más amplias de las masas.
Antes la gente no estaba satisfecha con los recortes, pero había un cierto sentimiento de que nada se podía hacer. Los líderes de los sindicatos (que habían firmado algunas de las medidas de austeridad en el marco del anterior gobierno de Zapatero), y las organizaciones de izquierda no ofrecían inguna alternativa. El movimiento de los indignados por lo menos dio un canal de expresión a toda esa rabia.
Después de una serie de movilizaciones de masas que involucraron a millones en toda España, en mayo, junio y octubre, el movimiento se transfirió al terreno de la lucha contra los recortes. Hemos sido testigos de huelgas masivas en la educación en Madrid, un movimiento de masas de los estudiantes en Valencia, etc. La enorme huelga general del 29 de marzo en oposición a la contra-reforma laboral mostró el potencial para una movilización sostenida contra el conjunto de las medidas de austeridad.
Una vez más, los dirigentes sindicales no pusieron la huelga general de un día en el contexto de un plan sostenido y creciente de luchas. Ahora se propone que el siguiente paso debe ser…. un referéndum popular pueblo… ¡En algún momento del otoño!
Cualesquiera que sean las intenciones de los dirigentes sindicales, ante su falta de toda estrategia, los jóvenes y trabajadores no tienen otra alternativa que salir a la lucha. El 22 de mayo hubo una huelga masiva de la totalidad de la comunidad educativa, desde primaria hasta la educación superior, por primera vez en 30 años, que fue acompañada por grandes manifestaciones en todas las ciudades principales.
La huelga indefinida de la minería a partir del 1 de junio, trae otro elemento a la ecuación. Hasta ahora, fueron los trabajadores del sector público (educación, salud) y los jóvenes los que estaban en la vanguardia del movimiento. Ahora, los batallones pesados de la clase obrera se ven obligados (literalmente, pues los recortes en los subsidios a la minería del carbón significan la muerte de las comarcas mineras) a entrar en la batalla.
El mismo día, los trabajadores de los astilleros también levantaron barricadas ardiendo en Cádiz y se manifestaron en Ferrol, Galicia. La manifestación en Ferrol fue significativa. El ambiente era muy radical. Los trabajadores, en particular los de las empresas auxiliares, no tenía tiempo para los discursos pacíficadores de los dirigentes sindicales, los sobrepasaron y forzaron la entrada en el ayuntamiento y a un edificio de Bankia (el banco que acaba de ser sacado de apuros) con el lema “el dinero de los banqueros para los trabajadores de los astilleros”.
La cuestión del “rescate” de Bankia ha llevado el tema de las prioridades a las mentes de millones de personas. Se recorta la sanidad y la educación por valor de 10.000 millones de euros. A Bankia se le dan 19.000 millones. Los recortes del 63% en las subvenciones a la minería suponen una cantidad menor a 500 millones de euros. Claramente algo va mal. A los trabajadores se le pide que paguen por las pérdidas de los bancos, mientras que los miembros de las juntas directivas de estos mismos bancos se fugan con millones de euros de indemnización.
El crecimiento de Izquierda Unida y sus limitaciones
La principal fuerza política que se ha beneficiado de esta situación ha sido Izquierda Unida. Ya se anotó un crecimiento hasta el 12% en una encuesta reciente (desde el 6,9% en las elecciones de noviembre de 2011). El gobierno del PP está cayendo de manera significativa en las encuestas de opinión (entre 4 y 7 puntos porcentuales menos), mientras que el PSOE apenas se beneficia de esta caída o, en algunas de las encuestas, también pierde votos.
La situación está hecha a medida para Izquierda Unida. Muchos, y los activistas de izquierda y sindicales en España, están siguiendo lo que pasa en Francia y Grecia, con los éxitos del Front de Gauche de Mélenchon y el SYRIZA, con la esperanza de que Izquierda Unida pueda igualar esos resultados.
Es en este momento crucial en el que un sector de la dirección de Izquierda Unida ha apoyado en los gobiernos regionales acuerdos con el PSOE en Andalucía y Asturias. Se trata de un suicidio político. En el contexto de la profunda crisis del capitalismo español y cuando el gobierno de Madrid ha impuesto límites severos a los déficits presupuestarios regionales (1,5% del PIB), esto significa convertirse en co-responsables de una política de recortes y austeridad,
Aunque es correcto votar por un gobierno regional del PSOE en aquellos casos en que los votos de Izquierda Unida son necesarios para para evitar que la derecha del PP pueda asumir el control (como era el caso tanto en Andalucía como en Asturias), es un error muy grave unirse a un gobierno de recortes del PSOE.
La falsedad de esta política ha quedado muy rápidamente expuesta en la práctica. En Andalucía, el nuevo gobierno conjunto del PSOE y de Izquierda Unida acaba de anunciar su presupuesto, que incluye todo tipo de recortes, sobre todo en los salarios y las condiciones para los trabajadores del sector público. Los sindicatos, correctamente, se han levantado en armas contra las mismas. Esto ha llevado a un movimiento de oposición desde dentro de las filas de Izquierda Unida (IU) y del Partido Comunista de Andalucía (principal componente de IU). La Juventud Comunista de Andalucía, los comités locales del Partido Comunista en Sevilla y Málaga, y toda una serie de asambleas locales de IU, han aprobado resoluciones en contra, en un grado u otro. Algunos están pidiendo a los diputados regionales de IU votar en contra de los recortes, otros están exigiendo que los consejeros regionales de IU deben abandonar el Gobierno.
El 27 de mayo se celebró una segunda reunión regional de representantes de asambleas locales de oposición reuniendo una amplia capa de gente, más allá de la tradicional oposición de izquierda dentro de IU en Andalucía.
Como resultado de lo que ha sucedido en Andalucía, un referéndum de las bases de Izquierda Unida en Asturias rechazó por estrecho margen una propuesta similar, fomentada por la dirección regional de IU, para unirse a un gobierno de coalición regional con el PSOE.
A través de su propia experiencia, pero también observando la experiencia de otros países, sobre todo Grecia, las diferentes capas de las masas y de los activistas están sacando conclusiones.
La intensificación de la represión de la clase dominante
La clase dominante es plenamente consciente de que está jugando con fuego. En el último año, frente a una creciente ola de protestas, huelgas y manifestaciones, ha tratado de perfeccionar y afinar los instrumentos de represión a su disposición. Hemos visto un aumento en el uso de agentes provocadores en contra de las manifestaciones de los indignados; la aprobación de nuevas leyes que hacen que la desobediencia civil, resistencia pacífica, e incluso la defensa de tales métodos en las redes sociales, sean un delito penal; la brutal represión contra estudiantes de instituto en Valencia, etc. Todos estos son signos de que la clase dominante es consciente del hecho de que sus políticas están creando una enorme cantidad de presión que pueden dar lugar a una explosión social.
La represión policial a raíz de la huelga general del 29 de marzo es un caso concreto. En todo el estado, activistas sindicales y juveniles, entre ellos delegados sindicales y otros representantes sindicales, han sido detenidos por la policía, en la mayoría de los casos semanas y hasta dos meses después de los hechos, acusados de todo tipo de cargos y en algunos casos, se les ha dictado prisión incondicional.
En Valencia, por ejemplo, los secretarios generales de las secciones sindicales de UGT, CGT y CCOO, así como el presidente del comité de empresa en la fábrica de Vossloh, fueron detenidos el 23 de abril acusados de “desobediencia y violación del derecho a trabajar “. También en Valencia, otros cuatro sindicalistas, fueron detenidos en abril acusados de “grupo delictivo organizado” por su participación en los piquetes durante la huelga general.
En Barcelona, el 25 de abril, la policía fue a la fábrica de SEAT, en Martorell, y detuvo a dos delegados sindicales de CCOO y UGT, los esposaron y se los llevaron para interrogarlos en relación a los incidentes con la seguridad privada de la fábrica en el día de la huelga, casi un mes antes. Esto es una provocación muy grave. La policía no se había atrevido a entrar en la SEAT desde hace mucho tiempo, y mucho menos con el fin de detener a delegados sindicales.
En Barcelona, también tuvimos el caso de tres activistas estudiantiles, miembros de la Asociación de Estudiantes Progresistas, que pasaron cinco semanas en la prisión preventiva sin fianza por su participación en cortes de calles durante la huelga general. Han sido puestos en libertad bajo fianza de entre 4 y 6.000 euros, pendientes de juicio.
Quizás el caso más grave es el de Laura Gómez, la secretaria de organización local del sindicato CGT en Barcelona, que fue detenida también el 25 de abril y estuvo durante cuatro semanas en prisión preventiva sin fianza por su participación en una protesta frente a la Bolsa de Barcelona el día de la huelga, donde hubo una quema simbólica de billetes de banco. Ahora ha sido puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros pendiente de juicio, con la prohibición por parte del juez de participar en protestas. La fiscalía pide una pena de 36 años de cárcel.
También hay que reseñar dos casos en Málaga por su participación en los piquetes de la huelga general. A un activista conocido de IU se le pide cárcel en un próximo juicio; otro ya fue condenado a un año de cárcel por un juez.
La clase dominante está claramente adoptando medidas para tratar de intimidar el creciente movimiento de los trabajadores y la juventud. Por desgracia, el movimiento aún no está completamente armado para responder, sobre todo, no está armado con un programa claro en contra de la crisis del capitalismo.
La necesidad de un programa socialista
No ha habido en España un terreno más fértil para la explicación de un programa anticapitalista en las últimas décadas, y probablemente nos tendríamos que remontar para ello a la revolución española de los años 30.
No existen soluciones “realistas” dentro de los límites del sistema. La idea de una política diferente, basada en la “promoción del crecimiento”, de los eurobonos para compartir la carga de la crisis entre los diferentes países europeos, la idea de la necesidad de gravar a los ricos con el fin de financiar la inversión en el sector productivo de la economía o la pequeña y mediana empresa, etc. Todas estas propuestas, que son avanzadas por algunos economistas de izquierda y por los dirigentes de Izquierda Unida se basan en la premisa de que, de alguna manera, la actual ola de medidas de austeridad es el resultado del “fundamentalismo ideológico de mercado”, de Angela Merkel. Se argumenta que si sólo hubiera un cambio de política, si se pasara “de la austeridad al crecimiento” entonces todo estaría resuelto. Asistiríamos a la recuperación de inversión productiva, la creación de puestos de trabajo, la expansión del mercado, etc.
Esta premisa no tiene en cuenta la verdadera crisis a la que el capitalismo se enfrenta. La razón por la cual los capitalistas no invierten es porque ya hay un exceso de capacidad productiva no utilizada, sobre la base de un mercado capitalista que todavía está pagando un alto precio por los excesos del pasado. La expansión masiva del crédito (a empresas y familias), que artificialmente prolongó el boom anterior, ahora se toma su venganza en forma de un endeudamiento masivo de los bancos, empresas privadas y familias, que hace que sea extremadamente difícil una recuperación significativa por un largo período de tiempo.
La masiva deuda privada amenaza con llevar a la bancarrota a todo el sistema bancario español y el intento de salvarlo con una inyección masiva de dinero público está dando lugar a recortes brutales y medidas de austeridad. Estos recortes son pagados por la clase obrera en forma de salarios más bajos y peores condiciones laborales, el aumento de los impuestos y peores servicios sociales. A su vez, esto conduce a una disminución aún mayor del mercado de consumo (las ventas minoristas cayeron casi un 10% en abril), lo que empeora la recesión.
Los capitalistas españoles no invierten. La producción industrial cayó en un 8.3% adicional en abril, con una caída del 14% en la producción de bienes de equipo y del 16% de la producción de bienes de consumo duraderos. Los capitalistas extranjeros han retirado 97.000 millones de euros del país en el primer trimestre del 2012, lo que equivale al 10% del PIB.
En estas condiciones lo que hay que explicar es que esta es una crisis del capitalismo. En palabras de Marx:
“La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad.”
En el caso de España, el argumento es claro. Hay 5,6 millones de personas, con manos expertas y cerebro despierto, condenados a la inactividad. Todos ellos podrían ser puestos a trabajar para llevar a cabo tareas que serían útiles desde el punto de vista de las necesidades generales de la sociedad. Sin embargo, este no es el caso, mientras que miles de millones de euros de capital yacen ociosos en las cuentas de las empresas, los bancos están siendo rescatados por valor de miles de millones de euros y el 26% de la capacidad productiva instalada también yace ociosa.
El único obstáculo para que todos estos factores (el trabajo humano, el capital, el dinero y la maquinaria) se pongan a trabajar es el hecho de que la producción bajo el capitalismo sólo tiene lugar si hay una posibilidad de que los dueños del capital y los medios de producción obtengan un beneficio.
La conclusión es obvia. El lucro privado como fuerza motriz de la economía tiene que ser eliminado. Los medios de producción tienen que ser de propiedad pública, para que puedan ser aprovechados mediante plan democrático de producción en beneficio de la mayoría de la sociedad.
Esto significa un cambio radical en el enfoque. En lugar de tratar de regular el sistema capitalista (algo que no se puede hacer), lo que se requiere es una estrategia basada en su derrocamiento y su sustitución por un sistema racional y democrático de la producción: el socialismo.
Izquierda Unida ya se está beneficiando del creciente ambiente de cuestionamiento del sistema capitalista que existe, al menos en el terreno de las encuestas de opinión. Es necesario adoptar un programa socialista claro que una todas las diferentes luchas que se están produciendo (en contra de los recortes y las medidas de austeridad, en defensa de los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo y los servicios públicos, en contra de los desahucios, en protesta por los rescates de los bancos, etc) a la cuestión central de la propiedad de los medios de producción.
Un programa de ese tipo debería de incluir entre otras, medidas como el reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida de salario, la apertura de los libros de cuentas de las empresas que apliquen expedientes de regulación o despidan a trabajadores para que los trabajadores puedan ver a dónde fueron a parar los beneficios creados por su trabajo, la nacionalización bajo control obrero de todas las empresas que declaren bancarrota o despidan a trabajadores, la nacionalización y centralización de toda la banca y el sistema financiero para que sus recursos puedan ser usados en el sector productivo sobre la base de las necesidades sociales, el repudio de la deuda pública, la nacionalización de todas las viviendas vacías para alquilarlas como parte de un sector de vivienda social con alquileres no superiores al 10% de los salarios, etc.
Un programa de este tipo sería extremadamente atractivo para los millones de trabajadores y jóvenes que están despertando a la vida política por los golpes de la crisis del capitalismo. Izquierda Unida debería usar la tribuna parlamentaria como un altavoz de todas las luchas que se están dando y para popularizar una alternativa socialista a la crisis.
La tarea principal, por lo tanto, es reunir a los activistas más avanzados de la clase obrera y el movimiento juvenil, en torno a una comprensión clara de la necesidad de una explicación marxista de la crisis que estamos enfrentando y un programa socialista que ofrezca una alternativa. Este programa debe ser defendido dentro del movimiento en general, pero en particular dentro de las filas de Izquierda Unida.
Los acontecimientos convulsivos que se preparan en España serán de tal calibre que harán que las luchas del último año anterior parezcan un período de relativa calma. En el curso de estos acontecimientos, una capa cada vez mayor de trabajadores y jóvenes, sobre la base de su propia experiencia y la explicación paciente de los marxistas, asumirán la conclusión de que el capitalismo tiene que ser derrocado.
