Editorial de Militante nro. 67
La característica de la apertura del nuevo período legislativo es que, pese a los numerosos frentes que encara el gobierno y al malestar popular con algunas de sus políticas (política salarial, megaminería, transporte ferroviario, aumento de tarifas, limitaciones a la adquisición de dólares, etc.) su base social de apoyo continúa siendo elevada; mientras que la oposición política permanece completamente anulada, incapaz de aprovechar las oportunidades que ofrece la situación.
La mayoría de los trabajadores y de los demás sectores populares mantienen su confianza en el gobierno porque lo siguen viendo como el mejor garante contra la “vuelta atrás” a la que asocian con la actual oposición política.
En realidad, la mayoría de las polémicas y fricciones que enfrenta el gobierno está dándose en el interior del propio movimiento kirchnerista y de su entorno, como su política salarial que lo enfrenta a la CGT y a la CTA oficialista; o su apuesta por expandir la producción sojera con la oposición de los movimientos campesinos agrupados en Vía Campesina; la pugna bonaerense que enfrenta a sectores de la izquierda kirchnerista con el gobernador Scioli; o el reclamo insistente de las bases kirchneristas de reestatizar YPF y el sistema ferroviario nacional, después de la tragedia de Once. También se frenó el proyecto de Ley de Servicios Financieros, impulsado por el diputado kirchnerista Carlos Heller, para no enemistar a la banca privada. Para compensar, se cambiará la Carta Orgánica del Banco Central, medida de contenido más limitado, para disponer de fondos que destinarán a otorgar créditos ante la inacción de los bancos.
La crisis internacional
Ante los efectos de la crisis capitalista mundial, el gobierno tuvo que encarar la manera de enfrentar la disminución de la actividad económica general y de los ingresos estatales. De ahí la quita de subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos que se traduce en una elevación de las facturas de los servicios.
El gobierno confía en que con pequeños retoques y con amables pedidos a los industriales para que inviertan podrá ir sorteando las dificultades. Pero es imposible conseguir estabilidad en un mundo donde, por la crisis y el creciente proteccionismo, el comercio disminuye, las exportaciones se dificultan, el crédito se limita y las empresas se vuelven más agresivas en la explotación y la competencia. En este contexto inevitablemente disminuye el crecimiento por menor inversión privada, interna y externa, pese a las sugerencias de proponer techos salariales y de compromisos inaceptables con organismos internacionales como la Ley Antiterrorista, que debería derogarse.
El conflicto con Moyano
La ruptura de Hugo Moyano con el gobierno no es accidental. Fue en respuesta a la marginación de la CGT en el movimiento kirchnerista, al veto a las leyes laborales propuestas (elevación del mínimo imponible de ganancias, eliminación del tope para recibir salario familiar, reparto de ganancias de grandes empresas, ley contra la tercerización) y a la deuda que mantiene el Estado con las obras sociales.
El aspecto débil de su política, que no acompañamos en absoluto, es cuando trata de apoyarse en la “corporación sindical” para reforzar su presión contra el gobierno, incluyendo a “gordos” como Zanola, exdirigente de La Bancaria, o a dirigentes sindicales de la derecha peronista, Venegas y Barrionuevo.
Hugo Moyano está sintiendo la presión desde distintos sectores y enfrenta una encrucijada. Moyano deberá optar: o adopta un perfil corporativo, apoyándose en la dirigencia burocrática para defender el aparato cegetista, en especial sus ingresos por obras sociales y espacios de poder; o se apoya en las bases trabajadoras y retoma la herencia histórica de lucha de la clase obrera argentina, con hitos fundamentales como el programa de La Falda, Huerta Grande, la CGT de los Argentinos, etc. La participación de los trabajadores, como clase, es imprescindible para presionar a favor de una profundización hacia la izquierda de la política del gobierno, y contrarrestar sus tendencias pro empresariales.
La historia pondrá a prueba a la dirección moyanista en los próximos meses. Si no está a la altura de las circunstancias el costo será alto para Hugo Moyano y quienes lo rodean, pero también lo será para los trabajadores que perderán un tiempo valioso en recomponer una dirección político-sindical acorde a las necesidades del momento.
En cualquier caso, desde los lugares de trabajo, los delegados, comisiones internas y activistas tenemos que seguir luchando por un modelo sindical democrático, que asegure la participación de las bases a través de asambleas, que los cargos sindicales sean revocables en cualquier momento y con rentas no mayores a los salarios de sus representados. Y con control de los libros de cuentas de los sindicatos por parte de esas bases.
Los desafíos del gobierno
Como planteamos desde el primer momento, el gobierno tiene el desafío de apoyarse en los reclamos de la clase trabajadora y demás sectores explotados, que son su base fundamental de apoyo. Pero esta perspectiva está puesta en cuestión permanentemente por la pretensión del gobierno de nadar entre dos aguas, cediendo a las presiones del empresariado.
Desde luego, declaraciones de la Presidenta y de otros funcionarios reprochando a los docentes trabajar 4 horas y tener vacaciones de 3 meses no ayudan, y tampoco menospreciar las movilizaciones populares contra la minería contaminante. Es cierto que el gobierno goza aún de mucho crédito popular y que el mantenimiento del auge económico diluye parcialmente aspectos regresivos de su política; pero este crédito popular no es ilimitado y, en determinado momento, sin depositar ninguna confianza en la oposición de derecha, será inevitable que sectores populares cada vez más numerosos pasen al frente para exigirle al gobierno que atienda sus reclamos y avance en la profundización de reformas sociales y económicas de mayor calado, siendo que los grandes empresarios y multinacionales acumulan las mayores ganancias de su historia.
Sindicatos, organizaciones populares y movimientos sociales deben avanzar en políticas de frente único para preparar un pliego de exigencias al gobierno, acompañado de presentaciones públicas con movilizaciones en las calles.
En nuestra opinión, estos reclamos deberían incluir, entre otros: una reforma impositiva progresiva que grave fuertemente a los grandes capitales (mineras, negocios financieros, exportadoras, monopolios); control obrero de las cuentas de las grandes empresas, bancos y latifundios para identificar la evasión fiscal, la suba de precios injustificada y el monto de sus ganancias; efectivización de todos los trabajadores “en negro”; contra el “déficit” de combustible, reestatización de YPF sin compensación y caída de las concesiones de explotación otorgadas a las multinacionales; reestatización del sistema ferroviario y del subte, bajo el control de los trabajadores y usuarios; y nacionalización del sistema bancario sin compensación, salvo a pequeños accionistas con escasos recursos.
No se trata de hacer “lo que se puede”, sino “lo que se necesita”, y el mandato claro del 54% a favor de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales demuestra que la mayoría de la sociedad argentina, encabezada por la clase trabajadora, respondería de manera entusiasta al llamado presidencial a profundizar los cambios para satisfacer las necesidades populares.
