El pasado jueves, 1 de julio, el juez André Gonçalves Fernandes, de la 2ª Corte Civil de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil, decretó la quiebra de Flaskô. Se trata de un grave ataque a los trabajadores de Flaskô, que puede resultar, de hecho, en el cierre de la fábrica. Hacemos un llamamiento a nuestros contactos y seguidores, activistas de las distintas luchas sociales y corrientes políticas, a estar alertas para cualquier emergencia
El pasado jueves, 1 de julio, el juez André Gonçalves Fernandes, de la 2ª Corte Civil de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil, decretó la quiebra de Flaskô. Se trata de un grave ataque a los trabajadores de Flaskô, que puede resultar, de hecho, en el cierre de la fábrica. Hacemos un llamamiento a nuestros contactos y seguidores, activistas de las distintas luchas sociales y corrientes políticas, a estar alertas para cualquier emergencia.
El juez decreta: “Es necesario que [Flaskô] cese sus actividades”, y, “decreta la quiebra de la empresa Flaskô”. El pasado jueves, 1 de julio, el juez André Gonçalves Fernandes, de la 2ª Corte Civil de Sumaré, estado de São Paulo, Brasil, decretó la quiebra de Flaskô. Se trata de un grave ataque a los trabajadores de Flaskô, que puede resultar, de hecho, en el cierre de la fábrica, con el consiguiente desempleo de todos los trabajadores, con el fin de las actividades sociales de la Fábrica de Cultura y Deportes y amenaza el propio futuro del “Pueblo obrero” (Vila Operária), además de ser el fin de la lucha histórica de los trabajadores de Flaskô.
Como se sabe, en 12 de junio de 2003 los trabajadores de Flaskô ocuparon la fábrica como única forma de garantizar sus puestos de trabajo. Desde entonces, es de conocimiento público la lucha del Movimiento de las Fábricas Ocupadas. Para los capitalistas es inaceptable una gestión democrática de los trabajadores, en la cual el énfasis es el de implementar las conquistas históricas de la clase obrera, tales como la reducción de la jornada de trabajo a 30 horas semanales (sin reducción de salarios) y solidaridad con todos los movimientos sociales y sindicales, cuestionando la propiedad privada de los medios de producción y luchando abiertamente por la estatización bajo control obrero.
La decisión de este juez está basada en la misma “lógica” de la decisión judicial que decretó la intervención en las fábricas Cipla e Interfibra, en Joinville, en Sata Catarina, el 31 de mayo de 2005. Allá, el juez dijo que “no sería un bien social el mantenimiento de las fábricas”, concluyendo con la pregunta que explica toda la preocupación de los capitalistas: “¿se imagina si esta moda se extiende?” Aquí la situación es muy parecida. Expresa claramente el papel de clase que ejerce el Poder Judicial. Pero, como siempre, aún en los marcos jurídicos burgueses, vemos el desmantelamiento de los derechos históricamente conquistados por los trabajadores, especialmente los garantizados en la Constitución Federal.
Este ataque frontal está dirigido contra las organizaciones de la clase trabajadora, tanto es así que el año pasado, al tratar de una ocupación de viviendas del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) en Sumaré, este mismo Juez dijo que el MTST, junto con el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra) y la FARC, “forman parte de la Vía Campesina, una organización terrorista internacional”. Esto pone de manifiesto que aquí se trata de un conflicto de clase entre trabajadores y propietarios y el Juez, como representante del Estado burgués, ha tomado una postura clara.
El proceso de suspensión de pagos que originó esta decisión está basado en una deuda de materia prima con la empresa Fortymil (una sucuersal de Braskem), en 2007, y, por lo tanto, bajo la gestión de los trabajadores. Dicha deuda fue acumulada debido al corte ilegal de energía promovido por el interventor estatal en la fábrica Cipla. Los trabajadores siempre se propusieron pagar la deuda, que era de R$ 37.000 (unos 17.000 euros) en aquel entonces. Sin embargo, los dueños de Fortymil nunca tuvieron ningún interés en resolver el pago, porque estaban en colusión con el interventor estatal de Joinville. Por eso, siempre rechazaron nuestras propuestas, y presentaron la suspensión de pagos, en lugar de un proceso de cobro. Los trabajadores de Flaskô estaban pidiendo constantemente al juez que aceptara el pago. Sin embargo, éste siempre lo rechazó, porque no reconocía la gestión de los trabajadores, y declaraba que sólo aceptaría el pago si venía de la propietaria oficial de Flaskô que consta en el contrato social de la fábrica, desconsiderando la administración obrera existente. Cristiane de Marcello, propietaria de Flaskô “sobre el papel” no fue localizada (se encuentra fugitiva de la policía y nunca pisó en la fábrica), y el Juez tomó la decisión de decretar la suspensión de pagos sin posibilidad de ninguna defensa de los trabajadores de Flaskô, sin reconocer siquiera que se habían hecho varios intentos de pagar, y que estos se habían presentado en las diligencias judiciales.
El juez de Sumaré afirma que “no se entiende, por lo tanto, como el demandado ha estado argumentando todo este tiempo, y que ahora ha venido al tribunal a seguir manteniendo, que hay razones legales relevantes para no pagar la deuda, basado en la alegación de otras innumerables deudas”. Este es básicamente un rechazo de la argumentación de los trabajadores, que explicaron detalladamente, por un lado, la situación actual de Flaskô, después de décadas de impagos por parte de la gestión patronal y, por otro, la relevancia social y política de la gestión democrática de los trabajadores de Flaskô. El juez también añadió que “si es verdad que se debe salvar la empresa, también es verdad que no se puede salvar una en detrimento de la otra, por cuanto que si se mantiene esta argumentación, provocaría la quiebra de muchas otras empresas, dado el efecto dominó que generaría, algo que no puede ser aceptado por este tribunal”. O sea, la preocupación es con el patrimonio, con la empresa, y no con los puestos de trabajo. Más aún, hay que admitir que esta deuda no quebrará a Fortymil, una empresa conectada al grupo económico de la Braskem, que después de unirse a la empresa Quattor tiene un monopolio del sector de plásticos en Brasil. Y si esto no bastara, el Juez también ha ignorado el hecho de que es completamente desproporcionado decretar la suspensión de pagos de una fábrica por una deuda de un valor pequeño (pensando en términos de una fábrica), y más aún cuando se compara con la deuda total dejada por los empresarios de Flaskô, a las que inclusive él no hace ninguna referencia concreta en el proceso. Así, el juez concluye, de forma simple e irresponsable, en sólo siete páginas, y sin fundamento en las propias leyes burguesas, que es “necesario que [Flaskô] cese sus actividades” y, por eso “decreta la quiebra de la empresa Flaskô”.
Para concluir, después de la declaración de quiebra, hemos tomado todas las medidas legales razonables, de la misma manera que habíamos acordado pagar la deuda a Fortymil. El tribunal, ahora que la quiebra ha sido decretada, “no tendría problema” en recibir la cantidad adeudada. Para nosotros, esto sería una forma de demostrarle al Juez nuestra intención y buena fe de cumplir siempre lo que habíamos acordado. Así, junto con Fortymil, estamos presentando una petición diciendo que hemos llegado a un acuerdo entre las partes y que el Juez debería revertir la decisión. Aguardaremos las diligencias judiciales de los próximos días.
Sabemos que las dificultades del Movimiento de las Fábricas Ocupadas aumentarían con el rechazo del gobierno de Lula a estatizar la fábrica, que ha sido nuestra reivindicación desde el comienzo de nuestra lucha, y también después de la intervención criminal contra las fábricas de Joinville. Sabemos que si Bacchim (alcalde de Sumaré) y los concejales de Sumaré no declaran a Flaskô como de interés social, y no se hace nada contra las decisiones del interventor en Cipla e Interfibra, nuestra situación se volverá cada vez más complicada. Más aún, como clase trabajadora sabemos que los ataques e intentos de criminalización han aumentado en la actual situación económica internacional. La acumulación de beneficios exige un enfrentamiento con los trabajadores, pero, justamente por eso, la unidad y solidaridad de clase tienen que darse como respuesta a los capitalistas, y debemos demostrar que nosotros somos la “locomotora” que echa todo a andar. ¡Nada se produce sin la fuerza de trabajo del obrero!
Considerando todo esto y todas las medidas judiciales de emergencia que se han adoptado, hacemos un llamamiento a todos nuestros seguidores y contactos, activistas de distintas luchas sociales y corrientes políticas, para que estén alerta para cualquier emergencia, para que sigan nuestra página web (www.fabricasocupadas.org.br) y durante la próxima semana informaremos de la situación y de las actividades públicas necesarias, así como la continuación de la campaña de resoluciones.
Contamos con la presencia y solidaridad de todos para reafirmar lo siguiente:
- ¡Ninguna amenaza de cierre de Flaskô!
- ¡Estatización bajo control obrero!
- ¡Por la declaración de interés social de Flaskô!
- ¡Contra la criminalización de los Movimientos Sociales!
- ¡Viva la solidaridad de la clase trabajadora!
- ¡Viva la lucha por el socialismo!
Consejo de Fábrica de Flaskô
Sumaré, São Paulo, Brasil, 06 de julio de 2010
mobilizacaoflasko@yahoo.com.br – juridicoflasko@yahoo.com.br
55-19-3854-7798/55-11-9930-6383/55-19-8129-6637
Página web del Movimiento de las Fábricas Ocupadas de los trabajadores brasileños
