El aumento salarial del 5% decretado el 2 de mayo, considerado realísta por el gobierno, es rechazado rotundamente por distintos sectores de trabajadores, principalmente fabriles, magisterio, sector público y también por los policías de bajo rango. Este rechazo se concretó el día de ayer [4 de mayo] en multitudinaria marchas en todo el país y en una huelga general de 24 horas que mete a nudo las contradicciones del camino al socialismo proclamado por el gobierno, reflejadas en su política económica, y a las que dividen al movimiento obrero organizado.
El aumento salarial del 5% decretado el 2 de mayo, considerado realísta por el gobierno, es rechazado rotundamente por distintos sectores de trabajadores, principalmente fabriles, magisterio, sector público y también por los policías de bajo rango. Este rechazo se concretó el día de ayer [4 de mayo] en multitudinaria marchas en todo el país y en una huelga general de 24 horas que mete a nudo las contradicciones del camino al socialismo proclamado por el gobierno, reflejadas en su política económica, y a las que dividen al movimiento obrero organizado.
Las movilizaciones en el país
Las movilizaciones comenzaron ni bien filtró la noticia que el gobierno tenía la intención de limitar al 5% el aumento del salario mínimo, frente a un 12% del año pasado. Desde hace más de una semana 27 dirigentes de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) mantienen un piquete de huelga de hambre en La Paz, mientras que el Magisterio paró las actividades educativas en los días anteriores al 1º de Mayo, cuando la clase trabajadora esperaba el tradicional anuncio del aumento salarial, que en años anteriores había dado el propio Evo Morales participando a las celebraciones del Día Internacional del Trabajador. En cambio el decreto fue promulgado el domingo 2 de mayo ratificando el aumento del 5% del salario mínimo, 3% para los uniformados.
El anuncio – dado en rueda de prensa por el Ministro de la Presidencia, Oscar Coca, y la Ministra de Trabajo, Carmen Trujillo – ha provocado la inmediata convocación de la COB a un paro de 24 horas en todo el país. En La Paz algunos trabajadores de base de la sede administrativa y de El Alto se han sumado a la huelga de hambre, mientras los dirigentes fabriles de Potosí y Cochabamba entraban en huelga de hambre al anuncio mismo del decreto. Otro piquete de huelga de hambre ha sido instalado en La Paz por cónyuges de policías de bajo rango, amenazados de baja por el Viceministro de Gobierno Torrico.
El paro ha sido acatado principalmente por los mineros, que protagonizaron multitudinaria y combativas marchas en Oruro y Potosí, por los fabriles particularmente de Cochabamba y La Paz, donde los obreros industriales bloquearon la autopista en solidaridad con sus compañeros en huelga de hambre, por el Magisterio que paró las actividades en casi todo el país, petroleros y trabajadores del sector público (salud, agua y luz y varios municipios). Siempre en La Paz los fabriles intentaron tomar el Ministerio de Trabajo donde se produjeron varios enfrentamientos con un saldo final de 17 trabajadores detenidos. En Santa Cruz el paro fue acatado principalmente magisterio rural y salud, con la mayoría de los hospitales que atendían solo emergencias.
Los mineros, particularmente en Potosí, criticaban de manera a nuestro parecer correcta, el recurso a la huelga de hambre que ha caracterizado la movilización fabril en el país, con la excepción de Cochabamba y La Paz. Sin dar vuelta de palabras un dirigente minero entrevistado a la prensa afirmaba que la lucha salarial se defiende con el paro de actividades que dañe al patrón, no con huelgas de hambre de dirigentes que sacan protagonismo mientras la base trabaja. De toda manera y aunque vocales del gobierno traten minimizar la contundencia del paro afirmando que transporte público, bancos y otras instituciones hayan funcionado regularmente, es evidente que entró en huelga la mayoría absoluta de los mineros asalariados, del magisterio, de salud y una parte importante de fabriles y petroleros, los cuales todos representan el principal sostén económico y los servicios básicos del país.
El ambiente entre los trabajadores
La prensa – escrita y radiotelevisiva – especula sobre lo que define “el fin del romance gobierno-sindicatos” y la derecha
intenta capitalizar políticamente este descontento. El cuestionado dirigente fabril de la COD cruceña, Edwin Fernández, totalmente ausente de las más importantes luchas fabriles que se están dando en el país – como la de la Hilandería Santa Mónica – busca nueva legitimación tras esta huelga. Los fabriles cruceños, de Santa Mónica como de San Aurelio, conocen muy bien la actitud politiquera y pro-empresarial de esta clase de dirigentes que callaron siempre frente a los misérrimos aumentos que decretaban los gobiernos neoliberales y actúan como espías y títeres del Comité Cívico pro-golpista y de las logias capitalistas cruceñas. Por esto, los fabriles de Santa Cruz no se han movilizado todavía, aunque, como el mismo caso de Santa Mónica atestigua, no estén totalmente conformes con la política del gobierno.
Esta clase de móviles políticos se han dado también en Tarija donde – según informes – las marchas han sido a la cabeza de empleados de la alcaldía que responden a la oposición derechista. Por otro lado en la propia La Paz, escenario de los más radicales enfrentamientos, en el mismo piquete de huelga de hambre, se podían leer en varios carteles llamamientos a Evo. En la combativa marcha minera de Potosí vimos muchos trabajadores del subsuelo con estickers de Evo Morales pegados en su casco. Resumiendo se puede afirmar que el ambiente entre la mayoría de lo que entraron en huelga fue de incredulidad y rabia porque sienten que le está faltando el apoyo de su gobierno al que masivamente respaldaron con el voto.
¿Un reclamo injustificado?
Según el Ministro de Hacienda, Luis Arce, la huelga no tendría justificación porque el aumento del 5% es ya superior a la inflación del 0,26% registrada en 2009. De hecho cada una de las distintas federaciones agrupadas en la COB proponía 
un diferente aumento, los fabriles el 12%, como los mineros, el magisterio el 20%, los uniformados el 15% etc., lo cual en criterio del Ministro demuestra que los trabajadores manejan números a su antojo sin un parámetro objetivo.
En realidad, razones para el descontentos de los trabajadores hay de sobra, así como hay varios parámetros a los cuales poder referirse. Los trabajadores han esperado pacientemente que el gobierno atienda sus principales reclamos, la Ley de Pensiones, el problema de las viviendas que deja a los trabajadores presa del antojo de los propietarios, una reforma laboral que le permita defender eficazmente sus derecho al contrario del Anteproyecto de nuevo Código del Trabajo que analizamos en el editorial de nuestra revista.
Que sea necesario un reajuste salarial superior al 5% decretado por el gobierno es fácilmente demostrable. En primer lugar, el tema de la inflación. Nadie objeta que el aumento de los precios se haya enfriado tras el disparate del 2007/2008, sin embargo no hay que olvidar que esto no es solo consecuencia de la política gubernamental de control de las exportaciones a favor del mercado interno, sino también de la caída de las exportaciones y de algunos trucos de contabilidad pública y cálculo de la tasa de inflación. En 2008 el Ministerio de Hacienda decidió unilateralmente que el Índice de los Precios al Consumidor se calculase sobre la base de los precios del 2007 y no del 1991. Obviamente, esto reducía de manera ficticia la inflación. De la misma manera se calculó que el gasto alimentar tuviese una incidencia del 39% sobre la inflación, siendo este en cambio el gasto principal de las familias obreras.
A pesar de los consistentes aumentos salariales de los años pasados la brecha entre el salario mínimo nacional (que queda uno de los más bajo del mundo) y la Canasta Básica Familiar, se ha profundizado. Según el Instituto Nacional de Estadística lo básico para mantener una familia en Bolivia es 3.578,46 Bs; aquí está el parámetro objetivo que busca el gobierno. Otro se deduce de la tabla que publicamos a continuación (que se analiza en nuestra revista ) sobre la base de datos del INE y del Banco Central de Bolivia, donde se ve claramente como la cuota de la riqueza nacional que va a los trabajadores – que son los que la producen – se haya reducido de 10 puntos porcentaje entre 1999 y 2008, mientras el Excedente bruto de explotación, que representa las utilidades empresariales inclusive las que se reinvierten en la producción, se ha incrementado, prueba fehaciente que son los trabajadores que están pagando las políticas de redistribución del rédito nacional. Es sobre la base de este parámetro objetivo y políticamente significativo que la Corriente Marxista Internacional apoyamos el reclamo del 12% mínimo y generalizado de aumento salarial.
El no del gobierno
Los Ministros Oscar Coca y Carmen Trujillo han manifestado que un aumento superior al 5% equivaldría a udepizar a 
Bolivia, haciendo referencia a la espiral de hiperinflación que caracterizó el gobierno de la UDP entre 1982 y 1985. Esto porque – en palabras del Ministro Coca – el 5% de aumento sería lo que realmente puede dar, no el Gobierno, sino la capacidad productiva del país. Trujillo y Coca hacían hincapié sobre el sentido de responsabilidad de los trabajadores, que ahora deben permitir priorizar las inversiones, cuidar la economía y entender que incrementar esta cifra (salarial) provocaría hiperinflación.
Estas recomendaciones y explicaciones de corte monetarista (liberal) con las cuales estarían sin duda de acuerdo el FMI, la embajada y toda la derecha planetaria son entre las cosas peores de todo el conflicto. Una relación directa entre aumento salarial y aumento de la inflación no existe, caso contrario el gobierno debería explicar porque al 12% de aumento del 2009, el más alto desde hace décadas, ha correspondido una inflación del 0,26%, la más baja de siempre.
La espiral hiperinflacionaria que determinó la caída del gobierno de la Unión Democrático Popular no fue por las legítimas aspiraciones de los trabajadores, cuyos salarios estaban congelados desde la época de la dictadura. Fue, entre otras causas, por la acción de los bancos privados que sabotearon las medidas de desdolarización de la economía fomentando la huida de capitales y por el peso de la deuda exterior que se hizo insostenible con la política de Reagan de fortalecimiento del dólar. Y por los temores de la propia UDP cuya mano tembló frente a los órdenes del FMI y a los acreedores de Bolivia quienes se habían adueñado de la economía nacional con las deudas contraídas por las dictaduras.
Lo que el gobierno quiere manifestar es que los trabajadores deben apretar el cinturón y permitir a los capitalistas invertir y enriquecerse para desarrollar el país. El fondo político de la cuestión es que en la perspectiva del gobierno el socialismo es un objetivo de largo plazo, mientras tanto la gradualidad que nos debe acercar a este objetivo es un capitalismo en que el Estado se hace cargo de invertir en los sectores en que la burguesía no invierte (servicios, infraestructuras etc.), para incentivar la inversión privada, la misma que sería desalentada por un aumento salarial como el que piden los trabajadores. Esta es la contradicción todavía sin solución de la política del gobierno.
En primer lugar, cabe destacar como cualquier estadística demuestre que la inversión privada, nacional y multinacional, ha caído de manera abrupta en los últimos años, a pesar del auge de la economía que se justificó principalmente por las inversiones públicas y el arranque de algunos proyectos mineros (San Cristóbal) que aprovecharon con mayores volúmenes producidos el alza de los precios de minerales como el zinc. Clara muestra de aquello son los problemas que se tiene con multinacionales como Glencore, Jindal Steel, Atlas, Pan American Energy, que están manifiestamente saboteando la economía.
Por otro lado, esta política de contención salarial y del conflicto social logra exactamente el objetivo de desincentivar las inversiones productivas. El aparato productivo boliviano se caracteriza por un nivel muy bajo de tecnología – menos en los sectores extractivos donde intervienen las multinacionales – y una alta tasa de explotación de la mano de obra. Un trabajador de las 50 empresas, principalmente multinacionales, que son responsables del 80% de todas las exportaciones bolivianas, produce un valor de aproximadamente 40 mil dólares por año, cifra que se reduce a 1500 para los demás y 600 dólares para los trabajadores agrícolas. Mantener los salarios bajos manda este mensaje a los empresarios “sigan explotando la mano de obra barata que tienen en Bolivia, no es necesario que inviertan en mejoras tecnológicas que los hagan más competitivos en el mercado interno e internacional”.
Avanzar en la construcción del socialismo
El conflicto mete a nudo no solo las contradicciones del gobierno sino también las del movimiento obrero organizado. Es evidente que el ambiente entre los trabajadores llama al dialogo con el gobierno y que hay el temor que una agudización del conflicto representaría una ruptura entre gobierno y clase obrera que algunos dirigentes campesino y diputados del MAS han ya, de manera muy irresponsable, proclamado. Esto porque entre los trabajadores todavía no se ha hallado el camino de una participación activa y consciente al proceso político que vive el país, camino que solo puede dar la lucha política diaria sin oportunismo ni sectarismo, ni atajos para combatir aquellas ideas que quieren postergar la avanzada hacia el socialismo en nombre de un esquema formal que lleva al desastre; primero capitalismo apoyando los sectores productivos de la burguesía nacional, luego y muy después socialismo.
Sobre la mesa del dialogo los trabajadores deben colocar no solo la cuestión salarial y fiscal, reivindicando que la redistribución de la riqueza se haga tomando el dinero del bolsillo de los empresarios explotadores, sino también el tema de un Código del Trabajo que los meta en condición de defender sus derechos, es decir donde no sea contemplado el cierre patronal que debilita al sindicato y se reconozca pleno derecho de huelga sin que el Estado se interponga a limitar el conflicto social, que en los hechos quiere decir fortalecer la posición empresarial.
La fundamental cuestión del Contracto Nacional Colectivo obligatorio por categoría. Sin este los salarios tenderán siempre a uniformarse al nivel más bajo y los trabajadores estarán divididos. Contracto Nacional Colectivo obligatorio por categoría quiere decir en cambio que a partir de sus vanguardias más fuertes y organizadas (mineros asalariados, sectores fabriles, petroleros etc.) el conjunto de la clase trabajadora podrá fortalecerse y arrebatar conquistas directamente de las manos de la patronal. Un plan de viviendas públicos y una Ley del Inquilinato que establezca un máximo del 30% del Salario Medio Real nacional para los alquileres y de tal manera aumente indirectamente los ingresos laborales.
Este conflicto demuestra que la victoria del 6 de diciembre, como pronosticamos, no fue reconocimiento de lo que el gobierno hizo en pasado. Era la expresión de un mandato claro de trabajadores y campesinos; “fortalecer el gobierno para avanzar decididamente al socialismo”. Hay que ser muy claros al respeto; no es la lucha de los trabajadores la que alegra a la derecha, es más bien el intento de sacrificarlos sobre el altar de la conciliación de clase la que hace un flaco favor a la oposición. Los trabajadores luchan para que el gobierno rectifique su actual posición y sea hoy – no en un indistinto mañana – el instrumento de la construcción del socialismo.
Una última palabra sobre los 17 compañeros fabriles detenidos por el intento de toma del Ministerio del Trabajo. Señores del Ministerio de Gobierno les preguntamos: ¿Cuántos cooperativistas mineros (del lado empresarial) están en la cárcel por la devastación del edificio nuevo de Impuestos Nacionales en Potosí (ubicado a 20 metros de la FELCC)? ¿Cuántos mercenarios de la Unión Juvenil Cruceñista están en la cárcel por la toma y saqueo de instituciones en el intento de golpe de Estado en Santa Cruz? Los “radicales”, los “infiltrados” que ustedes del Ministerio de Gobierno afirman estarían detrás de los fabriles de La Paz tendrán vida fácil si podrán demostrar que solo la clase obrera paga por sus acciones. Liberarlos, ahora, para tender la mano y abrir los espacio de dialogo en que la clase obrera discuta con su gobierno de cómo avanzar hacia el socialismo.
