El pasado 17 de febrero se anunciaba el ingreso del fiscal en el Alto Mando de las FFAA para investigar los archivos secretos de la dictadura. Se trataba de la aplicación de una resolución ministerial (0316 del 2009) que tiene como objetivo facilitar el acceso a familiares de las víctimas, autoridades que investigan el caso y personas que demuestren su interés legítimo para acceder a la información militar. Poco después la noticia es que el Comandante en Jefe del Alto Mando Militar ha negado el acceso al fiscal y a la Defensora del Pueblo y que ellos mismos entregarán la información. Hoy la noticia es que los archivos serán filtrados y no serán hechos públicos. Un balde de agua fría para los familiares de la victimas y el pueblo boliviano que espera justicia desde hace 40 años.
A las 8 de la mañana del pasado miércoles 17 de febrero agencias de prensa bolivianas como la Red ERBOL anunciaban el ingreso del fiscal en el Alto Mando de las FFAA para investigar los archivos secretos de la dictadura. Se trataba de la aplicación de una resolución ministerial (0316 del 2009) que tiene como objetivo facilitar el acceso a familiares de las víctimas, autoridades que investigan el caso y personas que demuestren su interés legítimo para acceder a la información militar. Una hora y media después la noticia que el Comandante en Jefe del Alto Mando Militar ha negado el acceso al fiscal y a la Defensora del Pueblo. Anuncian que ellos mismos, los mandos militares, entregaran la información. Hoy (23/2) la noticia que los archivos serán filtrados y no serán hechos públicos. Un balde de agua fría para los familiares de la victimas y el pueblo boliviano que espera desde hace 40 años justicia.
Las víctimas de las dictaduras
La Asociación de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) calcula que existan todavía 110 desaparecidos de las dictaduras desde 1964 hasta 1982. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia tiene registrados más de 10.000 casos de violación de los derechos humanos entre 1970 y 2005. La sola dictadura de Banzer dejó un saldo de 2000 muertos durante el Golpe de Estado, 468 muertos en el periodo sucesivo, 70 desaparecidos, 14.000 confinados y 6.000 exiliados. Hasta hoy no se conoce todavía el paradero de los restos de desaparecidos como Marcelo Quiroga Santa Cruz, el joven universitario orureño Renato Ticona Estrada y docenas de otros luchadores sociales. Solo García Mesa y Luis Arce Gómez están pagando por estos crímenes, mientras otros corresponsables como el propio Manfred Reyes Villa han tenido la oportunidad de candidatear para la Presidencia y huirse del país.
Pero el saldo de las dictaduras militares no es solo penal es también político. Las dictaduras sofocaron la lucha de liberación de nuestros trabajadores y campesinos, de la cual la Asamblea Popular que fue una de las más altas expresiones. La Ley de Inversión promulgada por Banzer revertió el camino de lucha por la recuperación de nuestros recursos que llevó a la Asamblea Popular y nos hizo retroceder al trueque de marfiles por espejos como sarcásticamente escribió Marcelo Quiroga Santa Cruz en El Saqueo de Bolivia. Todo el pueblo es víctima de la desnacionalización de la economía llevada a cabo por las dictaduras y completada por una serie de gobiernos “democráticos” que abrigaban en sus filas y protegían a los gorilas.
La actitud hacia las FFAA
El Ministro de Defensa Saavedra declaraba que la disponibilidad a desclasificar los archivos secretos de las dictaduras representaría la prueba definitiva del carácter democrático de la institución militar. Luego el mismo tuvo que recordar que en base al artículo 98 de la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas la “información debe continuar teniendo la condición de reserva, eso implica que no hay propiamente una desclasificación”. La Ley Orgánica de Fuerzas Armadas fue promulgada el año 1992, Presidente Jaime Paz Zamora en alianza con la ADN de Banzer. El artículo en cuestión que obliga a mantener reservada cualquier información referida al escalafón militar no tiene otra justificación que la de cubrir responsabilidades hasta cuando los responsables no estarán ya fuera de peligro.
La relación del actual gobierno con las FFAA ha sido menos idílica de cuanto las declaraciones oficiales quieran hacernos creer. En 2008 la oligarquía oriental armó un intento de Golpe de Estado con tomas de instituciones públicas, gasoductos y aeropuertos. El objetivo claro era generar un clima de confusión e inestabilidad que obligase o favoreciese la intervención de las FFAA. El ambiente general iba hacia esta posibilidad concreta. Frente a la toma de los gasoductos en Tarija el Canciller de Brasil Celso Armorin se declaraba dispuesto a negociar la venta de gas directamente con los prefectos opositores. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez informó que las FFAA de Bolivia se habían rehusado a salir en defensa de las personas y de las instituciones públicas saqueadas por las bandas fascistas con ingentes daños al erario nacional. El entonces general Trigo ordenó a los militares de quedar acuartelados por la supuesta poca claridad en las reglas de enfrentamiento, que determinan en qué circunstancias las FFAA pueden hacer uso de la fuerza. Solo la masiva movilización popular, espontanea y organizada, desde El Alto hasta Santa Cruz pudo impedir que el Golpe avance.
Los militares no necesitaron reglas de enfrentamientos para disparar en Warisata y El Alto en el 2003. Ni las masacres del Octubre Negro tienen todavía responsables, más bien sus responsables, altos oficiales, siguen amparados en el actual escalafón militar. De hecho a pesar de las declaraciones públicas el gobierno del compañero Evo es el que más frecuentemente ha realizado cambios en el alto mando de las FFAA. El general Trigo ha sido removido de su cargo de Comandante en Jefe de las FFAA y es ahora el responsable nacional de la Aviación Civil.
La cuestión del Estado
A pesar de estas contradicciones, estos vacios y reclamos de justicia sin atención desde la masacre de San Juan hasta el Octubre Negro que fue solo hace unos años, muchos en las filas del MAS o del propio gobierno siguen tranquilizándonos sobre el carácter democrático de las FFAA. Indudablemente en las filas del ejército, en su base y entre los oficiales que salen de las filas del pueblo trabajador y campesino esta vocación nacionalista y democrática existe, hemos tenido prueba de aquello en el transcurso de nuestra historia nacional. Nos referimos a los gobiernos del socialismo militar, en alguna medida los militares del Mandato Revolucionario de las FFAA, entre ellos Torres, y sobre todo a experiencias como la de la Vanguardia Militar del Pueblo (VMP) quienes en los días anteriores al golpe del 1971 sacaron un pronunciamiento radical contra el anunciado levantamiento del regimiento de Santa Cruz de la Sierra.
Aquí no se trata de juzgar personas sino de entender concretamente cual es la función del aparato militar dentro del Estado burgués. El Estado es una institución que nace cuando la sociedad ha evolucionado a tal punto que ya no puede ser reglamentada por la vieja organización por clanes y comunidades donde el papel de la autodefensa pertenece a todo el pueblo, las decisiones son tomadas en asambleas y los cargos dirigentes son rotatorios y revocables, como en muchas nuestras comunidades originarias. Una sociedad organizada bajo un Estado es una que ya conoce la propiedad privada y la necesidad de defenderla, por lo cual crea un aparato militar, un ejército de funcionarios que hagan respetar las leyes de la propiedad privada, un sistema fiscal para que una parte de la riqueza producida por los trabajadores sea destinada a mantener todo esto que es el Estado.
El Estado, desde su aparición, se eleva por encima de las clases sociales y de “su” misma clase social. Este Estado puede dirigirse en contra de la misma clase de la cual emana, pero en fin solo para defender las relaciones de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Hay muchos ejemplos concretos en nuestra historia nacional al respeto. En 1952 frente al pedido del movimiento obrero revolucionario de disolver el ejército profesional sustituyéndolo con un “ejército en overol” según la famosa expresión de Lechín, Paz se declaraba convencido que el ejército había sido liberado de sus viejas actitudes y volcado hacia nuevos conceptos productivos. Reabrió el Colegio Militar, del cual salió aquel Barrientos quienes con un Golpe quitó el poder a Paz y al MNR. Como se ve en la foto del acto oficial de la firma de la nacionalización de la Gulf detrás de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Ovando se puede reconocer en la fila de militares que componían el gobierno aquel Luis Arce Gómez quienes años después hizo asesinar a Marcelo. Por esto el líder socialista hablaba de un carácter incidentalmente antiimperialista de las fuerzas armadas.
Cualquier intento de lucha a la corrupción es destinado a fracasar si no se entiende primeramente que el Estado es un instrumento de dominación de clase y que la republica democrática es la mejor envoltura política de la cual puede revestirse el capitalismo1. La corrupción como escribía Engels2 es la expresión de que la riqueza ejerce su poder… mediante la corrupción de los funcionarios.
En el Estado moderno todas las posiciones clave están en manos de gente que está bajo el control de la clase dominante: han sido seleccionados especialmente por educación, puntos de vista, y condiciones de vida, para servir a los intereses de la burguesía. Las ideas y puntos de vista de los oficiales del ejército, especialmente los de mayor graduación, los altos funcionarios del Estado, y los técnicos más importantes, son moldeadas para servir a los intereses de la clase capitalista… Por ese motivo, los marxistas insisten en el control de las masas, para asegurar que el Estado no se desarrolla como una fuerza independiente3.
¡Democratizar las FFAA! ¡Acabar con el Estado burgués!
Las tanto tranquilizadoras como irreales declaraciones sobre el carácter democrático de las FFAA y los continuos casos de corrupción que llegan hasta los máximos niveles de la dirección del MAS y de las organizaciones sociales nacen de una concepción totalmente equivocada de lo que representa el Estado burgués y de la ilusión de que simplemente ocupando este Estado podamos meterlo al servicio de nuestra construcción del socialismo comunitario.
El concepto de Estado Integral presentado por el compañero Álvaro García Linera alude a la posibilidad de que el Estado pueda ser un instrumento de conciliación entre las clases sociales. Casos como este del deniego a desclasificar los archivos de las dictaduras no son el único que demuestran cuanto sea ilusoria esta concepción. Los empresarios que se pretende sumar al proceso de cambio exigen frente a la crisis dispensa temporal de los cargos sociales4 es decir más trabajo inestable y precario, todo lo contrario de lo que exigen las masas trabajadoras que apoyan disciplinadamente el proceso de cambio. No se pueden conciliar estas exigencias así como no se puede pedir a un tigre (el empresariado) que se convierta en vegetariano. El Estado no es el lugar de la conciliación entre clases sociales es la razón de su pugna que tiene el fin de decidir si la sociedad es dirigida por la mayoría explotada o la minoría explotadora.
En nuestro proceso de construcción del socialismo comunitario no podemos limitarnos a ocupar el Estado burgués porque este se levantará contra nosotros, debemos transformarlo imponiendo a todos niveles la autentica participación de las masas, inclusive en la institución castrense, frente a la cual nuestro programa es:
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Reforma de la Ley General de Fuerzas Armadas abrogando el artículo 98, porque el pueblo victimado tiene derecho a conocer sus carnífices y juzgarlos. Porque se incluya explícitamente el derecho de oficiales y soldados a rehusarse a acatar órdenes que atenten en contra de la voluntad democrática del pueblo;
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Derechos políticos para los soldados; derechos democráticos y políticos como el derecho de Asamblea, sindicato, asociación, prensa;
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Permisos inmediatos para los soldados que lo necesiten, domingos libres;
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Reducción salarial para los altos oficiales que ahora son los mejores pagados de Bolivia y reajuste salarial para la tropa y los oficiales de rango inferior;
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Posibilidad de impugnar las sanciones antes de que estas sean cumplidas;
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Que los oficiales sean elegidos y revocables mediante asambleas.
[1] Lenin, El Estado y la revolución
[2] En “El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado”
[3] Ted Grant, Rusia, de la Revolución a la Contrarrevolución
[4] Agenda económica 2010 de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
Fuente: El Militante, Bolivia
