Primera crisis de gabinete
La situación generada a partir del intento de reforma del código de convivencia desembocó en la crisis que terminó con el alejamiento del ministro de seguridad. Como el mismo Béliz lo denunció, despechado, después de ser desplazado de su cargo, sectores mafiosos de las fuerzas de inteligencia y de seguridad sabotearon la cacareada política de no represión, infiltrando la protesta y generando la violencia que los medios multiplicaron durante horas de transmisión. Buscaban provocar a los manifestantesntes y presionar mediante la creación de un ambiente social favorable a la represión abierta de las protestas
Primera crisis de gabinete
Desde que asumió, el gobierno de Kirchner busca conservar una base de apoyo popular mediante un discurso y algunas actitudes cosméticas “progres”. Sin embargo su decisión de no afectar los intereses dominantes (de agroexportadores, privatizadas, bancos, organismos internacionales, empresariado “nacional”) y a la vez mantener aquella imagen, lo está enredando en contradicciones insalvables.
Aunque a esos sectores dominantes les hubiese gustado tener un gobierno más abiertamente favorable a sus intereses, como el de Menem, debieron conformarse con Kirchner luego de que el movimiento popular, que tuvo su pico máximo en el Argentinazo, hiciera tambalear su dominación. Ante la perspectiva de perderlo todo optaron por este gobierno que bajo una máscara peronista de “izquierda”, les garantizara la continuidad de las privatizaciones, el pago religioso de la “deuda” externa, la pesificación de las deudas de grandes empresas y las millonarias “compensaciones” a los bancos (que fugaron decenas de miles de millones de dólares y estafaron en cifras similares a los ahorristas). Mientras tanto, continúan los altísimos índices de desocupación, se les aseguran salarios bajísimos y la mayor desigualdad histórica en la distribución.
La inflación, el aumento de tarifas y los bajos salarios son necesarios para garantizar beneficios “razonables” a los empresarios. La cuestión de fondo es que no se puede contentar a obreros y a los patrones a la vez.
Kirchner ha intentado inteligentemente no tirar por demás de la cuerda, es decir contener la suba de precios, aumentar mínimamente los salarios, y no reprimir abiertamente la protesta social, al tiempo que garantizaba la normalización de los negocios capitalistas, con importantes ganancias incluidas. Sin embargo la presión de los grupos económicos, como del FMI o el Banco Mundial, y de las patronales del país, acompañada con una feroz campaña contra la protesta social van llevando al gobierno a un terreno difícil, como es el de tener que ceder y perder su base de sustentación.
Mientras se hace presente el fantasma de una fuerte crisis económica y social, debido al constante aumento de precios, los bajos salarios, la fuerte desocupación que no disminuye de manera importante, y el descontrol impune que parecen tener ciertos sectores de las fuerzas policiales y de inteligencia, se pretende que la población soporte las graves consecuencias de miseria y hambre sin protestar y que los jóvenes sin ninguna perspectiva de futuro no caigan en la marginalidad y el raterismo. Los empresarios, utilizando a los medios de comunicación, reclaman que se restablezca el orden burgués que necesitan para continuar con la explotación, el saqueo y la fuga de capitales. Los piquetes, cortes de rutas y huelgas son un obstáculo y por eso reclaman represión.
Por su parte, la protesta social continúa, sumándose a los piqueteros la creciente movilización de los trabajadores ocupados. También han sido notables las manifestaciones masivas contra las fuerzas represivas y sus crímenes. Recordemos las protestas frente a comisarías en Palermo, Villa Tesei, Isidro Casanova, La Boca, Tres Arroyos, y también los cuestionamientos al poder judicial como en el ultimo caso mencionado o en la ocupación del edificio de la corte por parte de los ahorristas.
El gobierno también ha mostrado su doble juego en el tema de seguridad. Por un lado manifiesta que no apelará a la represión de la protesta social, y realiza algunos cambios en el aparato represivo estatal. Por supuesto que bajo el capitalismo nunca se limpiará de elementos criminales a las fuerzas policiales y al aparato judicial porque los necesitan para la represión “legal” o abiertamente ilegal (llegado el caso) de la protesta popular. Recordemos los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki y el más reciente de Martín Oso Cisneros.
Y por otro lado, avala la aprobación de leyes cada vez más represivas y el recorte de los derechos democráticos, como los contenidos en el petitorio de Blumberg o en la reforma del código de convivencia porteño. Y con la presión sobre el aparato judicial para la persecución de los luchadores sociales y trabajadores. Existen unos cuatro mil procesados por participar en manifestaciones y protestas laborales y sociales.
La situación generada a partir del intento de reforma del código de convivencia desembocó en la crisis que terminó con el alejamiento del ministro de seguridad. Como el mismo Béliz lo denunció, despechado, después de ser desplazado de su cargo, sectores mafiosos de las fuerzas de inteligencia y de seguridad sabotearon la cacareada política de no represión, infiltrando la protesta y generando la violencia que los medios multiplicaron durante horas de transmisión. Buscaban provocar a los manifestantes y presionar mediante la creación de un ambiente social favorable a la represión abierta de las protestas.
El jefe de la policía federal adhirió a esas posiciones solicitando autorización para el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Y ante la negativa del gobierno, renunció incrementando la presión por derecha hacia la política oficial. Esa presión hizo que el secretario Quantin y el ministro Béliz trataran de salvarse tomando distancia del presidente y manifestando las contradicciones del gobierno que por un lado los obligaba a llevar una política no represiva y por otro no atacaba a fondo a las mafias judiciales, policiales y de inteligencia. Y poniendo el acento en el oscuro poder de la SIDE cuyo presupuesto se ha incrementado escandalosamente sin contar los fabulosos “fondos reservados” que recibe adicionalmente.
Béliz no descubre nada, hasta el mismo gobierno ya ha denunciado muchas veces presiones mafiosas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo aunque hubo algunas purgas y descabezamientos de jefaturas, la corrupción y la impunidad de amplios sectores ligados al aparato represivo del Estado parece no tener fin.
Si el gobierno quisiera acabar de verdad con este panorama sombrío, debería abrir los archivos de la SIDE, de la policía federal, del ministerio de seguridad y justicia, etc. No lo hace ni lo hará porque se vería seriamente comprometida toda la casta política, y la "seriedad y legitimidad" de las instituciones del Estado.
Al no oponerse al endurecimiento de la legislación penal ni al reaccionario nuevo código de convivencia urbano de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno se convierte en el principal saboteador de la política de "no reprimir". Cacarear que no se reprimirá la protesta social sirve de poco, si no hay intención de acabar con los privilegios de las patronales, la superexplotación, la impunidad de las fuerzas de seguridad ni con las leyes que avalan la pauperización de miles de trabajadores argentinos y la creciente persecución policial y judicial a los luchadores.
Por ahora el presidente, y los sectores más astutos de la burguesía, no pueden ceder ante las presiones de los que piden la represión abierta. Eso le significaría acelerar drásticamente la pérdida de la popularidad necesaria para mantener la dominación. El relevo de los encargados del ministerio de seguridad se hizo inevitable por el grado de enfrentamiento que se había generado manifestando las graves contradicciones de base existentes. También le puede dar un respiro al gobierno al presentar algunas caras distintas. Aunque no son nuevas ya que los designados han colaborado en los anteriores gobiernos de Menem y Duhalde.
De todas maneras es inevitable que las crisis se sucedan mientras el gobierno siga intentando balancearse entre su política pro empresarial y el intento de mantener su base social. Máxime cuando los nuevos funcionarios avalaron por un lado el accionar de los servicios de inteligencia y por otro ratificaron la pretensión de seguir equilibrándose en la cuerda floja de “ni represión ni inacción” frente a la protesta social.
Es de prever que la dirigencia de la CGT unificada se transformará en un aliado importante del gobierno en este contexto, en el que está urgido de socios de peso, especialmente de cara al movimiento obrero crecientemente movilizado. Desde que se reunificaron, no han hecho más que alguna defensa retórica de los trabajadores pero nada por apoyar las luchas que se suceden a lo largo y ancho de todo el país. No hablaron de paros ni de medidas de fuerza en caso de no conseguir mejoras para los trabajadores.
Sin embargo esta reunificación no fue un acto de fortaleza. Todo lo contrario, es un intento de concentración de fuerzas ante la pérdida de control del movimiento obrero que venían sufriendo y que les resulta indispensable para negociar con el poder. Por lo que creemos que son permeables a las presiones que los trabajadores podamos hacer de manera organizada. Hay que tratar de empujar a la dirigencia para que se ponga a la cabeza de un aumento general de salarios, por la reducción de la jornada laboral, un seguro universal de desempleo, etc. Particularmente en el caso de la CTA, hay emplazarla a que abandone su política conciliadora con el gobierno y se ponga al servicio de los reclamos de los trabajadores.
Y a los burócratas que no lo hagan debemos desplazarlos de la conducción. Este es un trabajo que podemos impulsar desde la izquierda, si presentamos listas únicas antiburocráticas, si conformamos una Corriente Sindical Unificada con los trabajadores más activos y luchadores.
También deberíamos abordar ese trabajo unitario en las demás organizaciones de masas como movimientos de desocupados, territoriales y en las coordinadoras contra la represión y contra la persecución judicial de los trabajadores y luchadores sociales.
El aislamiento de los luchadores y de la izquierda puede ser mortal para el movimiento, sobre todo si en un próximo periodo se avanza hacia políticas más represivas. La forma de evitarlo es con acciones de masas, unitarias (que vayan superando la dispersión existente), y organizadas, donde no se permitan infiltraciones ni provocaciones. Existe para eso una larga tradición de organización, disciplina y lucha de los trabajadores argentinos.
