Desde hace meses se viene hablando de constituir el Consejo Económico y Social (CEyS), un organismo consultivo integrado por representantes del gobierno, de las distintas organizaciones empresariales y por dirigentes sindicales, donde se discutirían políticas económicas y sociales de mediano plazo. Se pinta a este organismo con los más bellos colores para establecer prioridades en un clima de consenso, etc.
Desde hace meses se viene hablando de constituir el Consejo Económico y Social (CEyS), un organismo consultivo integrado por representantes del gobierno, de las distintas organizaciones empresariales (industriales, agropecuarias, comerciales y bancarias) y por dirigentes sindicales, donde se discutirían políticas de mediano plazo. Seria convocado por decreto, aunque el recrudecimiento del conflicto con la patronal agropecuaria ha vuelto a postergar su conformación.
Se pinta a este organismo con los más bellos colores: un espacio abierto y sin limitaciones para el diálogo sobre los grandes temas, supuestamente democrático e imparcial, con el aura de autoridad moral dada por asesores ¨especialistas¨, para establecer prioridades en un clima de consenso, etc.
Sin embargo, es profundamente antidemocrático: unos pocos empresarios (los que dominan las cámaras de cada sector) tendrían un tercio del CEyS, la misma representación que tendrán el gobierno y los millones de trabajadores (que además estaremos ¨representados¨ por los dirigentes de las centrales sindicales).
Esto asegura que salgan aprobadas sólo las medidas acordadas entre el empresariado y el gobierno, y que puedan ser saboteados los acuerdos entre CGT y CTA con el poder ejecutivo. Ya vemos cómo la Mesa de Enlace de las entidades rurales, como forma de presión, boicotea la formación del CEyS.
Además, la esencia y composición del CEyS asegura una agenda de temas acorde a las exigencias del ¨mercado¨, o sea para asegurar las mayores ganancias posibles para empresarios, comerciantes, terratenientes y banqueros. Así se proponen discutir devaluaciones, ajustes en el gasto estatal, recortes presupuestarios, techos salariales, arreglar con los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial Club de Paris, etc.), seguridad jurídica, etc.
Todo lo cual sería legitimado ante la sociedad a través del CEyS para imponer esas medidas pro negocios. Detrás de todo esto está la lógica del derrame. Primero, quieren asegurar un ambiente propicio para los negocios. Y después, si tenemos suerte, si les sobra algo y tienen buena voluntad y si no hay crisis internacional ni local… entonces, tal vez, se derrame algo de esa riqueza para los millones de trabajadores. O sea, unas pocas migajas muy de vez en cuando, que no compensan ni por asomo los recortes concedidos para generar ese ambiente propicio de negocios.
