La democratización de la comunicación se logrará con los medios en manos de la mayoría trabajadora
Si bien apoyamos todo avance en la democratización de la comunicación social, esta propuesta del gobierno sólo intenta poner algunos límites a los grandes oligopolios, lo cual es un cambio de sentido en las medidas que se han venido tomando hace más de tres décadas pero no un salto hacia la necesaria apropiación social de los medios de comunicación.
La democratización de la comunicación se logrará con los medios en manos de la mayoría trabajadora
Con la presentación del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, el gobierno parece decidido a cambiar la vieja legislación heredada de la dictadura, que permitió el actual estado casi monopólico de los medios masivos de comunicación. Aunque también lo había anticipado la presidenta en el discurso de inicio de sesiones legislativas, hubo tantas marchas y contramarchas en esta iniciativa que su tratamiento no está garantizado. En anteriores oportunidades, como durante el conflicto sojero, negociaciones con el grupo Clarín lo pospusieron durante meses. La actual situación dificulta hasta las más tímidas iniciativas del gobierno que son atacadas ferozmente a través de los medios por los grandes intereses económicos.
Algunos aspectos positivos
Un elemento positivo de este anteproyecto es que recoge los 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática, formada por organizaciones comunitarias y trabajadores ligados al tema que vienen luchando desde hace muchos años por cambiar las reglas que llevaron a la actual concentración de los medios. Además, el anteproyecto ha comenzado a ser discutido en distintos foros abiertos, en numerosas ciudades del país, donde las diversas organizaciones pueden llevar sus acuerdos y críticas. Esto es muy importante porque permite una participación amplia, aunque los tiempos son muy reducidos y los foros están muy controlados por los funcionarios nacionales.
Ambigüedades y falencias del proyecto oficial
El anteproyecto propone el concepto de derecho a la información (contenidos, difusión, recepción, formatos, etc.) frente a la libertad de prensa (en realidad libertad de empresa) que bajo el capitalismo significa el dominio de las grandes empresas periodísticas y la subordinación de la comunicación social a los dictados y la manipulación de los grandes intereses económicos y políticos. Se determinan porcentajes mínimos de producción nacional y regionales en TV y radio. Pero también introduce cierta ambigüedad con la consideración de la comunicación como ¨servicio de interés público¨ y no directamente como ¨servicio público¨ por lo que anticipa el privilegio de la iniciativa privada. En el tema de la próxima digitalización, que tiende a unificar televisión, internet y telefonía, se deja abierta la participación de nuevas grandes corporaciones transnacionales.
Se reduciría la cantidad de medios que puede poseer un mismo grupo empresario (de 24 a 10) aunque siempre les es posible conseguir testaferros. Y se propone la coexistencia por tercios de tres formas de propiedad para que ninguna tenga el cincuenta por ciento de la oferta en cada región: la mencionada privada, la estatal y la de ¨personas jurídicas sin fines de lucro¨. Los medios comunitarios cuestionan esta tercera categoría donde podrían filtrarse ONG dudosas, organizaciones religiosas y otras formas enmascaradas de intereses particulares junto a expresiones auténticas de la comunidad.
Además, está el problema del sostenimiento económico de los medios estatales y comunitarios, ya que no queda garantizada ni mucho menos su supervivencia y asistencia técnica, al lado de los poderosos grupos privados.
El anteproyecto prevé un organismo regulador colegiado integrado por el ejecutivo y legisladores de las tres mayores bancadas y un consejo de especialistas, trabajadores y entidades sin fines de lucro. Y el control de los futuros cambios, licitaciones o mediante limitado a audiencias públicas
Un parche que no resuelve el problema
Se verá cómo termina saliendo el proyecto ya que habrá fuertes presiones de los multimedios, los empresarios, la iglesia, y las distintas burocracias estatales y sindicales. Recordemos también que el kirchnerismo prorrogó las licencias de los oligopolios actuales en 2005 (decreto 527/05).
Si bien apoyamos todo avance en la democratización de la comunicación social, esta propuesta del gobierno sólo intenta poner algunos límites a los grandes oligopolios, lo cual es un cambio de sentido en las medidas que se han venido tomando hace más de tres décadas pero no un salto hacia la necesaria apropiación social de los medios de comunicación. El anteproyecto se basa en experiencias de EEUU, Canadá, Europa, Australia y la India.
Nosotros estamos por un sistema estatal bajo control de los trabajadores y de la comunidad. En manos privadas la comunicación es una mercancía más al servicio de los poderes comerciales y políticos. En este sentido algunas experiencias realizadas en Venezuela son importantes para tener en cuenta. Allí existen medios sostenidos por el Estado pero bajo control de sus trabajadores y de la comunidad, con producción original propia, como Catia TV cuyo lema es ¨No vea televisión, hágala¨
Pero sabemos que este proceso de recuperación de los medios sólo se irá logrando paralelamente a la expropiación de las palancas fundamentales de la economía y la creación de órganos de poder obrero y popular.
