El 6 de marzo pasado cientos de miles de personas se movilizaron en 24 lugares del país en la jornada solidaria convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. El mismo día se realizaron actos de solidaridad en 74 ciudades del mundo. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser “convocada por las Farc”. Luego se ha desatado una ola de asesinatos. El 6 de marzo pasado cientos de miles de personas se movilizaron en 24 lugares del país en la jornada solidaria convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. El mismo día se realizaron actos de solidaridad en 74 ciudades del mundo. Desde el momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada, la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar. Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser "convocada por las Farc". El 12 de febrero se difundieron por correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de la marcha. Luego se ha desatado una ola de asesinatos.
Entre los asesinados están los sindicalistas Leonidas Gómez, dirigente de los trabajadores del Citibank, Carlos Burbano, trabajador de la salud, la maestra carmen Cecilia Carvajal y el también educador Gildardo Gómez; además de otros tres líderes sociales. El 29 de febrero dispararon contra el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora de la marcha. El 7 de marzo, el Presidente de la UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Iván Cepeda, del Comité de Impulso del MOVICE, recibió en su correo electrónico varias amenazas. Entre otros 27 dirigentes y activistas amenazados, están Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados; Mauricio Cubides y Guillermo Castaño, dirigentes de Fensuagro; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE y Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras. Entre los destinatarios de la amenaza están Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Reiniciar y otros organizadores y participantes en la marcha. El 15 de marzo la amenaza fue subida a indymedia.
Estos hechos, además de demostrar que el paramilitarismo sigue actuando, constituyen una un intento por evitar que la causa de las víctimas de crímenes de estado sigan ganando masivo respaldo y que logre verdad, justicia y reparación. Es hora de parar los asesinatos y amenazas contra los organizadores del 6 de marzo.
