En este apartadona tratamos sobre las condiciones de vida de las masas trabajadoras y la situación del movimiento sindical. Se hace un énfasis especial en las perspectivas para el nuevo Pacto Social antiobrero que están preparando el gobierno, la patronal y la burocracia sindical de la CGT. Analizamos el papel del MIC y la necesidad de que éste dé pasos firmes para su conversión en una genuina corriente sindical clasista de oposición dentro de la CGT y la CTA.
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE OBRERA
En los últimos años se ha producido un cambio importante en las condiciones de vida de las masas, como consecuencia de un crecimiento económico que se ha mantenido ininterrumpidamente durante 5 años. No obstante, estos cambios favorables en el empleo, los salarios y las jubilaciones han generado condiciones de vida que aún están por debajo de las que disfrutaban los trabajadores a mediados de los años 90, por no hablar de épocas más distantes. Por eso los trabajadores miran el futuro con desconfianza e incertidumbre.
En materia de empleo, la desocupación descendió a su mínimo histórico desde 1993, en torno al 10%. Según el Ministerio de Trabajo a fines del 2006 había 1,2 millones más de trabajadores registrados que en el 2001. El empleo industrial aumentó un 30% desde el 2003, y ahora abarca a 1,1 millones de trabajadores.
Sin embargo, donde no se produjo una modificación significativa fue en la cantidad de trabajadores “en negro”. De los 11 millones de asalariados, 4,5 millones son trabajadores registrados en el sector privado, 2 millones son empleados públicos registrados, y 4,5 millones son trabajadores “en negro” (el 41% del total).
En este capitalismo débil, la división del trabajo de la economía capitalista coloca a las pequeñas empresas (lugar donde se concentra la mayor cantidad de empleo informal) en el papel de suministradoras de mercaderías y servicios de bajo costo para las medianas y grandes empresas.
La elevada tasa de empleo “informal” muestra la fragilidad del capitalismo argentino pero también la apuesta estratégica de la clase dominante, con la complicidad del gobierno, para mantener una bolsa importante de trabajadores precarios que actúe como un efecto disuasorio ante los reclamos laborales. Hay que tener en cuenta que los trabajadores “en negro” ganan la mitad que los registrados.
En la medida que los dirigentes sindicales se niegan sistemáticamente a organizar la lucha contra el empleo “en negro” en las empresas, la única manera efectiva de obtener avances en este terreno, tratan de concentrar su accionar en influir en el gobierno para que, a través del Parlamento, se sancionen decretos y leyes que mejoren la situación de los trabajadores. De esta manera profundizan su acercamiento al aparato del Estado.
Por el lado del “empleo en negro” no hubo ningún avance significativo. En otros temas, el gobierno aceptó algunos reclamos de los dirigentes de la CGT que intentan revertir algunas contrarreformas de los 90, pero que son de poca relevancia: que los despidos sean por escrito, el derecho del trabajador de pedir comprobantes de los aportes patronales a la Seguridad Social, que en los convenios colectivos de trabajo se fije duración y tiempo de los trabajadores contratados como temporales, y que éstos reciban un salario similar al resto, etc. Otros proyectos permanecen atascados en el Senado y no es probable que sean aprobados, como el que establece un subsidio de desempleo para los trabajadores “en negro”.
La contracara del “boom” económico es la sobreexplotación de los trabajadores que implica aumento de los ritmos de trabajo, el no pago de horas extras, etc. Existen 1,2 millones de trabajadores a tiempo parcial, el 20% de los trabajadores registrados, a quienes se les exige horas de trabajo adicional para completar un salario decente.
Todo esto está llevando a sus límites el aguante de los nervios y los músculos de los trabajadores. Entre los años 2003 y 2006 se triplicaron los juicios por estrés laboral, por acoso moral, jornada laboral extenuante, trabajo en negro, problemas de salud, etc., según la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés-SAMES, (Clarín, 13 octubre 2006). Las estadísticas de accidentes laborales señalan un agravamiento de la siniestralidad laboral año tras año. En el último año, las demandas por accidentes laborales se incrementaron un 24,3% (Clarín, 1 julio 2007).
Según las últimas estadísticas disponibles, en el 2006 se produjeron 636.000 accidentes laborales (un 6,7% más que en el 2005), lo que implica un accidente por cada 9,5 trabajadores. Estas estadísticas sólo computan a los trabajadores registrados. Imaginemos cuál será la tasa de siniestralidad de los trabajadores “en negro” (el 40% de la fuerza de trabajo), sin derechos laborales ni seguro de accidentes, trabajando en condiciones más precarias y sin representación sindical. En el 2006 fallecieron 995 trabajadores en accidentes laborales, un 13,5% más que en el 2005. Cerca de 40.000 trabajadores quedaron afectados con algún tipo de incapacidad laboral permanente, un 20% más que el año precedente. Los accidentes laborales causan cada año la pérdida de más de 14,7 millones de jornadas de trabajo, lo que equivale a declarar tres días feriados extras al calendario laboral del país.
Pese a que hace dos años que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Accidentes Laborales menemista, ésta continúa sin ser reformada. Concretamente, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la prohibición de que el trabajador accidentado inicie un juicio civil contra su empresa después de recibir la indemnización correspondiente de la ART (empresa aseguradora de accidentes laborales). En estos 2 años el gobierno elaboró innumerables borradores que no satisfacieron a la patronal ni a los sindicatos.
Por el lado de los ingresos familiares, hay que señalar que, en los últimos 15 años, hubo un trasvase fabuloso de ingresos desde los trabajadores (asalariados y cuentapropistas) a los empresarios. Así, mientras que el sector empresario se llevaba el 33,7% del ingreso nacional en 1993, en el 2006 se llevó el 47,4%, una diferencia a favor del 13,7%. Los asalariados pasaron de llevarse el 44,7% en 1993 al 38,6% en el 2006. Es decir, su participación en el Ingreso Nacional cayó un 6,1%. Los cuentapropistas (entre los que se cuentan muchos trabajadores obligados a trabajar con contratos individuales) pasaron de representar el 21,6% del Ingreso Nacional a sólo el 14%; es decir, perdieron un 7,6%. (Clarín, 29 octubre 2006).
Según el Ministerio de Trabajo la brecha entre los salarios más altos y bajos se redujo desde 20 veces en el año 2000, a 12 en el 2006. Este achatamiento de la pirámide salarial se debe a que los salarios más bajos han crecido algo más deprisa que los salarios más altos. Esto es debido a la demanda mayor de trabajadores poco calificados, al “blanqueo” del empleo de una parte de los trabajadores anteriormente “en negro” y a la recategorización de los trabajadores peor pagos. Esto demuestra que los empresarios han utilizado a los trabajadores precarizados como un ariete para moderar las subas de los trabajadores mejor retribuidos.
En la industria, pese a los aumentos salariales habidos, el costo salarial cayó un 20,3% respecto de 1997, debido al mayor aumento de los precios respecto de los salarios y al incremento de la productividad por obrero ocupado, que lo hizo un 23% (un 27% si tenemos en cuenta la mayor carga horaria). Actualmente, hay un 40% más de producción con sólo un 13% más de obreros que en el 2001.
Los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía afirman que el salario promedio de los trabajadores registrados era de $1.892 en enero de este año (Clarín 6 de mayo 2007), un 127% más que en diciembre del 2001, mientras que los trabajadores “en negro” sólo cobran un 63% más y los públicos un 47,6%. Pese a todo, lo relevante es que el 66% de los trabajadores registrados cobra menos de $1.500. Y cerca de 1,5 millones de trabajadores todavía gana menos de $800, que deben completar con horas extras la posibilidad de alcanzar un salario que les permita sobrevivir. Pero si tomamos el salario promedio, incluyendo a los trabajadores “en negro”, el promedio desciende a los $975. No olvidemos que la CTA fija en $2.800 el costo de la canasta familiar, que se corresponde, en poder adquisitivo, con el salario promedio que recibían los trabajadores argentinos ¡en 1975!
Por las características del gobierno de Kirchner, que hemos analizado en muchas ocasiones y que volveremos a tratar en un apartado posterior, éste se ha propuesto como el intermediario entre las clases, balanceándose a izquierda y derecha para intentar amortiguar los choques entre las mismas y asegurar la mayor estabilidad social posible. Por esa razón, aun al precio de disgustar a la propia burguesía, el gobierno de Kirchner ha tenido una política consciente de otorgar concesiones a la clase obrera para anticiparse a los reclamos de ésta, o cuando aquéllos superaban determinados límites.
Así, tras década y media de congelamiento, el salario mínimo aumentó de $200 en el 2003 a $980 en diciembre de este año. Pese a la espectacularidad de este aumento, sólo es efectivo para los trabajadores registrados, no así para los millones de trabajadores “en negro”, por lo que su incidencia real es limitada, habida cuenta de que el salario promedio de los trabajadores registrados queda muy por encima de ese salario mínimo.
En el impuesto a las ganancias, que afecta a las capas más elevadas de los asalariados, el mínimo imponible a partir del cual se paga este impuesto subió de los $2.500 en el 2006 hasta los $3.500 este año para los solteros, y de $3.000 hasta los $4.500 en el caso de los trabajadores casados con hijos, medida que afectó a unos 800.000 trabajadores, que dejarán de pagar en impuestos unos $120 al mes, en promedio
El incremento del 40% en el salario familiar no tendrá tanta incidencia porque sólo supone unas monedas de aumento (entre $20 y $30 al mes) y no afecta a los empleados públicos de las provincias y de la Capital que se rigen por asignaciones propias. También hubo leves mejoras en los planes sociales para los desocupados, donde todavía permanecen inscritos 1,2 millones de desocupados.
En lo que se refiere al incremento habido en las jubilaciones y pensiones mínimas, que pasaron de $200 en el 2003 a los $650 a partir del mes de octubre, éste ha sido importante teniendo en cuenta el nivel miserable en que estaban situadas. No obstante, el gasto del conjunto de las jubilaciones y pensiones sólo equivalen al 4% del PBI, cuando en el 2001 equivalían al 5,7%; es decir, han disminuido su peso relativo dentro de la riqueza general. Y si le añadimos a este gasto las asignaciones familiares y los subsidios por desempleo, sólo representaría el 4,6% del PBI frente al 6,6% que todos estos gastos representaban en el 2001.
Los cambios introducidos por el gobierno de Kirchner en el sistema jubilatorio representan un avance con respecto a la situación anterior, al permitir la vuelta de los trabajadores al sistema jubilatorio público, aunque se mantiene la privatización del sistema jubilatorio, con un esquema mixto controlado aún mayoritariamente por las AFJP. Pero esta reforma no contempla la movilidad automática de las jubilaciones con la suba de precios ni con los aumentos salariales, ni recupera el histórico 82% del salario (salvo para el sector docente universitario).
Es verdad que hubo un incremento sensible, del 0,85% al 1,5%, en el porcentaje del salario que, multiplicado por los años cotizados, será lo percibido como jubilación mensual. Con todo, el haber medio alcanzado con las últimas subas está fijado en $742, muy por debajo de la línea de la pobreza, establecida en $930. Incluso así, la mayoría de los jubilados, el 64%, percibe el haber mínimo de $650.
Las AFJP son un negocio fabuloso para los bancos. Administran $79.000 millones (equivalente al 12% PBI). El 60% de este dinero está invertido en fondos públicos: deuda pública y fondos públicos de inversión (fideocomisos); el 10,1% en inversiones en el exterior, y el 15% en acciones y títulos privados; todo lo cual le rinde importantes ganancias a estos parásitos con dinero procedente de los trabajadores.
El sistema previsional no puede ser un negocio privado en manos de los bancos que lucran con una plata que no les pertenece, y que corre un grave riesgo ante la posibilidad de su colocación en negocios especulativos y ruinosos, y en fraudes y corruptelas de todo tipo, con el peligro de que los jubilados pierdan sus fondos acumulados, como vemos ahora con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (que ha hecho “desaparecer” de la noche a la mañana decenas de miles de millones de dólares) o como aconteció en los EEUU con los fondos privados de pensiones de multinacionales como Enron, IBM, General Motors, y otras.
Por eso exigimos la estatización de los fondos de las AFJP y un sistema provisional 100% público, con la reintroducción inmediata del 82% del salario móvil para todos los jubilados y que ninguno perciba un monto por debajo de la línea de la pobreza.
En el conjunto de la sociedad, la desigualdad no ha bajado sensiblemente. Hasta fines del año pasado, la brecha entre los ingresos del 10% más rica y el 10% más pobre era de 31 veces. Según el INDEC, el 20% de la población más rico tiene el 53,1% de los ingresos, y el 20% de la población más pobre el 13,4%.
Pese a la arbitrariedad con que está establecida la línea de la pobreza en Argentina (sobre la base de una canasta básica de alimentos cuyo valor fija el gobierno a voluntad) y la manipulación descarada de los índices de precios, todavía las cifras oficiales indican una tasa de pobreza elevada: el 27% de la población (10 millones de personas), para familias con ingresos por debajo de $930 y una tasa de indigencia del 8,7% (3,3 millones), para familias con ingresos de hasta $430.
La miseria social no está circunscrita sólo a los niveles de ingresos, sino también a la calidad de vida y los derechos sociales. Así, por ejemplo, todavía hay 12 millones de personas en nuestro país sin cloacas, el 33% de la población; que demuestra el nivel de abandono y despreocupación de los políticos burgueses hacia las infraestructuras básicas. Lo mismo se observa en el elevado nivel existente de industrias contaminantes y sus efectos en los ríos y acuíferos.
EL MOVIMIENTO OBRERO
Es indudable que el auge económico que transitamos desde hace 5 años ha tenido un efecto muy favorable en la clase obrera. Tras las duras derrotas de los años 80 y 90, el boom actual está fortaleciendo numérica y psicológicamente a los trabajadores. El aumento del empleo y de las ganancias empresariales actuaron como un estímulo poderoso para la lucha sindical. En los años 2005 y 2006 tuvimos el mayor número de conflictos laborales en 15 años (824 y 510, respectivamente). Indudablemente, la suba de los precios, en este contexto de auge económico, también actúa como un fuelle que aviva el fuego de la lucha sindical. Para el 2007 se espera un número de conflictos similar al del año asado.
Este incremento de luchas y las conquistas alcanzadas nos revelan un buen estado de ánimo de los trabajadores, que se lanzan a luchar con confianza en sus propias fuerzas. Este es el hecho más relevante a señalar, y del que debemos partir para tener una caracterización correcta de la coyuntura actual.
Con la irrupción de las luchas a fines del 2004 y el 2005, la burocracia sindical buscó reacomodarse a la nueva situación. El sector más podrido de la CGT fue apartado de la conducción de la central y el ala más “combativa” dirigida por Hugo Moyano se alzó con su control. El objetivo marcado por Moyano fue anticiparse a las luchas y forzar a la patronal a comprar la paz social. La burocracia necesitaba recuperar autoridad ante los trabajadores y conjurar la aparición de conducciones combativas de base que estaban emergiendo en telefónicos, subte, ferroviarios, hospitales, etc.
El colofón de esta táctica fue el “pacto social” del año pasado, acordado entre la patronal, el gobierno y la CGT, que fijaba como techo de aumento salarial el 19% y que también quedó establecido como piso en las mayoría de los convenios de trabajo y en las luchas de las empresas.
Esto tuvo un efecto en frenar las luchas. Los trabajadores no necesitaban declarar la huelga para conseguir aumentos salariales. De ahí el descenso en la cantidad de conflictos.
Este año, la patronal, el gobierno y los dirigentes de la CGT repitieron el “pacto social”, fijando un techo salarial del 16,5% que, como ocurrió el año anterior, también quedó fijado como piso en la mayoría de los convenios de trabajo. Aunque esta nueva edición del pacto social también ayudó a contener las luchas, esta vez hubo un aumento significativo de la indisciplina sindical, dándose una gran cantidad de conflictos con el disgusto de la burocracia sindical, o con su oposición expresa. Entre ellos podemos citar los del Subte, telefónicos, la empresa de neumáticos FATE, Correo Argentino, la empresa de aluminio Aluar, Banco de la Nación, ferroviarios, petroleros, judiciales, el cordón petroquímico de Zárate-Campana con sus 26 empresas, en la industria del pescado de Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado, etc. Y en el sector público debemos destacar las luchas en el sector salud en las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Neuquén; y las extraordinarias y heroicas luchas docentes de Santa Cruz, Neuquén y Salta. Por su parte, ATE convocó tres paros nacionales en demanda de un aumento del 20%, en mayo, agosto y octubre.
Otro hecho significativo es que, en muchos conflictos, los trabajadores rompieron la legalidad burguesa negándose a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que demuestra un malestar muy profundo capaz de vencer el miedo al despido. Así ocurrió con los docentes de Santa Cruz, en la empresa Aluar, en la empresa FATE, o en el polo petroquímico de Zárate-Campana. Gobierno y patronal debieron aceptar impotentes este desafío y los trabajadores consiguieron salir de estos conflictos sin despidos ni sanciones.
Hay un malestar profundo en las masas de la clase obrera. Sin duda, esto tiene que ver en primer lugar con sus condiciones de trabajo y el nivel de vida, fustigado por la imparable suba de precios. Pero también está relacionado con la situación general: por el estado pésimo del transporte, por los cortes de energía, por la falta de vivienda, y allá donde se produce, por la actitud represiva y arrogante hacia los conflictos salariales y sociales que desbordan al gobierno y a las patronales.
Este malestar sacude también a las capas más explotadas que, normalmente tienen más dificultades en expresar sus reivindicaciones, como son los trabajadores “en negro” o los sectores “en blanco” más precarizados. Capas importantes de estos sectores han protagonizado luchas y reclamos importantes por la estabilidad en el empleo y salarios. Lo vimos en las subcontratistas tercerizadas de muchas empresas en sectores como: telefónicos, subte, ferroviarios, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la industria del pescado, etc. y en muchas empresas pequeñas.
El malestar de la clase obrera ha sido canalizado por sus organizaciones tradicionales, los sindicatos, como siempre hemos explicado, pese a la degeneración extrema de sus dirigentes, particularmente los de la CGT. El papel central de los sindicatos ha vuelto a ponerse de manifiesto en la negociación de los convenios colectivos de trabajo. Los últimos años han conocido un incremento sostenido en la cantidad de convenios negociados, así como en la cantidad de trabajadores afectados por los mismos.
Hasta el mes de agosto de este año se firmaron 607 convenios colectivos (un 9% más que en el mismo período del 2006) que abarcan a 3,6 millones de trabajadores. Esta cantidad de convenios firmados duplica los promedios anuales de los años 90. 212 convenios lo fueron por rama de actividad y 395 fueron convenios de empresa, que afecta fundamentalmente a trabajadores de grandes empresas. Aunque el 65% de los convenios lo son de empresa, sólo afectan al 7% de los trabajadores registrados. El 93% de los trabajadores están afectos a convenios por rama de actividad.
Las subas salariales pactadas oscilaron entre el 14% y el 23%. Pero si se añaden las subas de salario no remunerativas (las que no cotizan para la jubilación, desempleo y antigüedad) y los adicionales “en negro”, por antigüedad o categoría, superan en promedio el 16,5% acordado en el “pacto social”.
La parte débil de los convenios es la dispersión en sumas fijas y en porcentaje: hay aumentos porcentuales por la remuneración efectiva, por salario bruto o por el básico. Hay subas no remunerativas, o graduales en el tiempo que “reducen así el costo laboral que debe afrontar el empleador”, en palabras de un representante del Ministerio de Trabajo (Clarín, 10 julio 2007). Esto es un fraude porque las subas graduales a lo largo de un año hacen perder poder de compra al trabajador ya que, simultáneamente, siguen subiendo los precios. Al subir los precios, los empresarios no ven mermadas sus ganancias, mientras que el obrero sí pierde poder adquisitivo.
Este tipo de componendas de los dirigentes sindicales es visto con malestar por los trabajadores. Lo aceptan a regañadientes y porque no ven una alternativa más combativa dentro de los sindicatos. Pero la experiencia ha demostrado que allá donde los trabajadores encuentran una alternativa en la lucha éstos están dispuestos a ir hasta el final. Las luchas docentes de Santa Cruz, Neuquén y Salta lo demuestran, así como la última lucha de los telefónicos pese a la tibieza y falta de confianza en los trabajadores que mostraron sus dirigentes.
Perspectivas para un nuevo pacto social
La debilidad económica y social del capitalismo argentino lo impele necesariamente a atar estrechamente a los dirigentes sindicales a la política de pactos y consensos. Ya analizamos que la falta de inversiones y el faltante de bienes en el mercado local, empujan los precios al alza. Eso estimula la lucha salarial y recorta las ganancias empresariales. Al mismo tiempo, el capitalismo argentino compite actualmente en los mercados nacional e internacional con salarios bajos y condiciones de trabajo precarias. De ahí que el pacto social sea una necesidad estratégica para los empresarios. Necesitan atar con cadenas a los dirigentes sindicales para esta política. Con la CGT es más fácil pero no con la CTA. Por eso el gobierno parece dispuesto a conceder la personería gremial a la CTA para construir una base de apoyo en un sector de la conducción de esta Central y minar, de paso, la posición del sector mayoritario, controlado por Víctor De Gennaro, quien pasó abiertamente a la oposición política al gobierno.
En la prensa burguesa ya se anunció el inicio de reuniones entre la cúpula empresarial y de la CGT para perfilar un nuevo acuerdo el año que viene. Aunque en el capítulo siguiente trataremos en detalle las perspectivas políticas para el país y para el gobierno de Cristina Kirchner, ésta tratará de aprovechar el impulso de su triunfo en las elecciones presidenciales para convencer a la opinión pública de la necesidad de “unir esfuerzos” para “sacar el país adelante”.
Pero ante la continuidad del “boom” económico, de la suba de precios, y de las condiciones de trabajo precarias, con una autoridad política y moral muy mermadas, la burocracia sindical lo va a tener más difícil que en los dos años anteriores para imponer este pacto social. Ya vimos desarrollarse un movimiento importante de indisciplina sindical a lo largo de este año y, lo más probable es que este movimiento se extienda el año que viene.
Lo importante es que el malestar de los trabajadores ante un nuevo pacto social, que limitará las subas salariales y dejará casi intactas las condiciones de trabajo, va a suministrar al activismo clasista nuevas oportunidades para incrementar sus puntos de apoyo en los sindicatos y las empresas, como ocurrió a lo largo de este año en docentes (Santa Cruz, Neuquén y Salta), neumáticos (FATE), petroleros (Santa Cruz), metalúrgicos (UOM de Tierra del Fuego), etc.
Sin duda, las luchas más emblemáticas que tuvieron lugar este año fueron las movilizaciones docentes de Neuquén primero y, posteriormente, de Santa Cruz. También en Salta se desarrolló una lucha extraordinaria que pasó por encima de la burocracia sindical. Lo característico de estas luchas es que su dirección estuvo en manos del activismo combativo: en Salta a través de comités de lucha de base y de delegados combativos, en Neuquén a través de delegados de base y del sindicato de la capital provincial; y en Santa Cruz bajo la conducción del sindicato provincial. Por eso se prolongaron durante semanas y terminaron en victorias resonantes o parciales. La clave estuvo en que el activismo se basó en la capacidad de lucha de los docentes de base y todo se resolvió en asambleas democráticas.
En Neuquén, se le dobló el brazo al reaccionario ex-gobernador Sobisch, un agente descarado de las multinacionales petroleras. Tras varias semanas de lucha, el asesinato del docente Carlos Fuentealba fue recibido como una descarga eléctrica en el movimiento, extendiendo la indignación por todas partes. Durante una semana, la Casa de Gobierno de Neuquén estuvo sitiada. El gobierno neuquino concedió casi todos los reclamos docentes, llevando sueldo docente inicial a $1.240 (uno de los más elevados del país) y subió los salarios un 17,5% para los docentes con una antigüedad a partir de 5 años. Hasta los jubilados docentes vieron aumentados su haberes un 8%.
Los ultraizquierdistas se quedaron solos proponiendo continuar el paro indefinido hasta forzar la dimisión de Sobisch. Esto era un despropósito. Sobisch contó con el apoyo de Kirchner, que no quería ver repetido el precedente de un gobernante desalojado por la movilización popular. La burocracia sindical de la CGT y la CTA en la provincia hicieron lo propio. En ese contexto, tras otorgar concesiones importantes y relevar al responsable policial de la provincia, Sobisch pudo maniobrar y conseguir algo de oxígeno. Negarse a aceptar estas concesiones y continuar con el paro indefinido cuando la ola de indignación en la población neuquina ya había comenzado a diluirse hubiera sido una estupidez. Sin un movimiento poderoso de la mayoría decisiva de la población, y sin el apoyo activo de los sindicatos, era imposible forzar la dimisión de Sobisch, firmemente sostenido por las petroleras y los empresarios locales. La continuidad del paro indefinido docente habría terminado aislado, e inevitablemente dividido, tras semanas incesantes de lucha, llevando al movimiento a una retirada desordenada y a la desmoralización. En cambio, los docentes volvieron a las clases con una moral de lucha alta, pese al sentimiento amargo por la muerte de su compañero.
En repudio al asesinato de Fuentealba, Kirchner recibió en pleno mes de abril el primer paro general de su mandato. La CTA decretó un paro de 24 horas con movilizaciones y la CGT adhirió con un paro de dos horas. En medio de la puja salarial en muchas zonas del país y en muchas empresas, la organización del paro por los dirigentes sindicales fue pésima, temerosos de que el mismo pudiera desatar una ola de reclamos salariales. No obstante, decenas de miles de trabajadores salieron a las calles en marchas muy concurridas.
En Santa Cruz, tras 15 años de soportar la prepotencia del kirchnerismo, los empleados públicos encabezados por los docentes llevaron a cabo una lucha ejemplar. Los acontecimientos de Neuquén dieron nuevos bríos a la lucha santacruceña que ya mostraba signos de desgaste y, como en Neuquén, fue la represión policial y los insultos más zafios lanzados por Kirchner y sus agentes locales los que actuaron de resorte para impulsar la lucha mucho más lejos de lo que nadie había previsto. Hubo marchas de 15.000 personas, las más grandes en la historia de Santa Cruz. Kirchner no pudo impedir la dimisión de su marioneta, el gobernador Sancho. Su reemplazante, Peralta, debió hacer concesiones importantes. El salario básico fue elevado de $161 (el básico docente más bajo del país) a $500, en primera instancia. También los demás empleados públicos tuvieron aumentos salariales. La lucha docente en Santa Cruz consiguió que se convocaran a Paritarias por primera vez en 16 años a todos los empleados públicos de la provincia.
La táctica de la dirección del sindicato docente provincial, ADOSAC, se demostró 100% correcta, proponiendo una retirada ordenada de la lucha para volver más adelante a pelear por los reclamos pendientes. Como en Neuquén, los ultraizquierdistas querían mantener el paro indefinido en un momento donde Peralta había tomado la iniciativa, ofreciendo concesiones importantes, y donde el cansancio entre los docentes estaba muy presente. Tres meses más tarde, en agosto, docentes y estatales volvieron a la lucha con más vigor aún; gracias a que habían mantenido el grueso de sus fuerzas casi intactas tras las luchas de abril y mayo. Una nueva estupidez de un funcionario kirchnerista, desató la ira popular (con el atropellamiento de 17 trabajadores que bloqueaban su vehículo) con nuevos paros y protestas que se prolongaron hasta principios del mes de octubre. Finalmente, el gobernador Peralta, además de relevar al jefe policial de la provincia (uno de los reclamos políticos más sentidos), tuvo que otorgar casi todas las concesiones que quedaron pendientes en mayo: subir el salario básico docente a $821 (el más alto del país), incrementar un 22% los sueldos de los empleados estatales de la provincia, eliminar todas las sumas en negro y el presentismo, y dejar el salario inicial docente en $2.300, también el más elevado del país.
No obstante, debemos señalar algunas falencias de la dirección de ADOSAC que, aunque está constituida por luchadores honestos y simpatizantes de izquierda, adolece de cierta confusión política. Así, impulsaron la formación de un frente político-social “en defensa de la democracia y contra la represión social”, la Multisectorial, de la que formaron parte, además de los sindicatos docentes y estatales, partidos y agrupaciones burguesas como la UCR, el ARI y desprendimientos críticos del kirchnerismo, junto con la Iglesia. Todos ellos se sumaron demagógicamente al reclamo salarial de los trabajadores en un claro oportunismo político. Es un principio que los trabajadores debemos defender la independencia de clase con respecto a los partidos burgueses y la Iglesia. El objetivo de estos sectores era explotar, para sus intereses políticos, el justo odio de los trabajadores contra la prepotencia kirchnerista. En lugar de formar un bloque con estos grupos, hay que denunciarlos como representantes políticos del enemigo de clase. Igualmente de equivocada fue la posición del MST en Santa Cruz quien también adhirió a este bloque interclasista.
Otra lucha que pudo convertirse en emblemática fue la de los telefónicos, que se extendió durante 4 meses. Desde el comienzo, la dirección de FOETRA careció de confianza en la capacidad de lucha de los trabajadores. No se esperaban la dureza de la posición patronal y comenzaron a recular casi desde el principio. Los trabajadores respondieron como un solo hombre cada medida de lucha y esperaban la misma disposición de sus dirigentes. Éstos, no hicieron ningún esfuerzo para coordinar la lucha con otros sectores, como el subte. Sólo hicieron una movilización en la calle, bastante exitosa que congregó a miles de trabajadores telefónicos. Tampoco probaron a ocupar los edificios, salvo como iniciativa de activistas y delegados de base. Liquidaron la lucha dividiendo a los trabajadores de Telecom y Telefónica. A los primeros no les dejaron otra opción que firmar un acuerdo por separado, dejando que la lucha de Telefónica se agotara aislada. Finamente, el reclamo de aumento del 25% quedó reducido al 16,5% distribuido en 3 cuotas a lo largo de este año y comienzos del que viene.
La experiencia de la lucha de Telefónicos y docentes es una prueba palpable del papel central que juega la dirección en los conflictos sindicales. Una dirección luchadora, que confía en los trabajadores, difícilmente cosechará derrotas. Como en Neuquén y Santa Cruz, la clave está en escapar al aislamiento y extenderse a otros sectores para conseguir el objetivo esencial: ganar el apoyo decisivo y la simpatía de la llamada “opinión pública”; es decir, de las familias trabajadoras. Pero las direcciones vacilantes o capituladoras transmiten su indecisión a los trabajadores y las luchas terminan en derrotas o en conquistas muy endebles con efectos desmoralizadores en los trabajadores.
La CGT y la CTA
La CGT está desgarrada en luchas intestinas por el control del aparato, entre los moyanistas y los “gordos”. Aquí se cruzan intereses de aparato y políticos. Moyano, aunque se empeña en mostrar cierta independencia lo que genera algunas desconfianzas en el kirchnerismo, aparece más alineado con el gobierno, mientras que sus oponentes, entre quienes se destacan Barrionuevo o Cavallieri, tienen vínculos estrechos con la derecha peronista y, por lo tanto, con la clase dominante.
No obstante, a todos ellos los une su oposición a la posibilidad de que le sea otorgada la personería gremial de la CTA, como ha insinuado el kirchnerismo. La oposición de la burocracia de la CGT tiene motivos obvios. Compartir la legalidad burguesa con la CTA amenaza sus intereses de aparato, porque ésta tendría más facilidades para crear gremios nuevos y participar en las mesas de negociación con los empresarios y el gobierno. La burocracia cegetista también teme la posibilidad de que algunos gremios o sectores puedan abandonar la CGT e incorporarse a la CTA, si tomaran el control de los mismos sectores combativos o alas burocráticas “de izquierda”. La CTA, en mejores condiciones para competir con la CGT en esta nueva situación, estaría obligada a desempeñar un papel más “combativo” para diferenciarse de la CGT e incrementar sus puntos de apoyo dentro de esta central sindical. Por estas mismas razones, la burguesía tampoco mira con buenos ojos esta iniciativa, más interesada en una sola central legal, hiperburocratizada y enemiga mortal de todo aquello que huela a izquierda o clasismo.
Nosotros apoyamos el reconocimiento de la personería gremial de la CTA como un derecho democrático elemental. Como marxistas estamos a favor de utilizar todas las instancias legales que nos permita el sistema para llegar con más facilidad al conjunto de la clase obrera y denunciar la explotación de clase. La CTA es una organización de masas con cerca de 2 millones de afiliados, y es hegemónica o tiene una presencia importante en sectores como la educación, empleados públicos, aeronáuticos, neumáticos, prensa, etc.
Sin embargo, estamos en contra de promover escisiones en la CGT para incorporar sus gremios a la CTA, pese las mejores condiciones que existen en esta central para el desenvolvimiento del activismo antiburocrático. La CGT encolumna a los sectores fundamentales de la clase obrera argentina: la industria, la mayoría del transporte, los bancos, el comercio, etc. Separar a los obreros de estos sectores en gremios enfrentados en la CGT y la CTA atenta contra la unidad del movimiento obrero en cada sector. Y forzar escisiones de un puñado de activistas que no serán seguidas por el grueso de los trabajadores es el mayor favor que se le podría hacer a la burocracia cegetista, que se desembarazaría de los elementos más luchadores, fortaleciendo su posición en el gremio en lugar de debilitarla.
Lo que se necesita, tanto en los gremios de la CGT como de la CTA, es promover corrientes sindicales opositoras y aprovechar la inevitabilidad de la crisis que estas organizaciones experimentarán en el futuro, como consecuencia de la política de conciliación de clases de la dirección y del agotamiento de la paciencia de las bases, para fortalecer los puntos de apoyo del sindicalismo clasista.
Dentro de la CGT hay que defender el derecho de la CTA a la legalidad y promover un frente único entre ambas organizaciones en cada empresa donde coexistan, y en cada sector.
Y en la CTA debe criticarse el sectarismo burocrático de la conducción que ningunea estúpidamente a la CGT. Así, debe insistirse que en los paros de ATE, la conducción emplace a los dirigentes burocráticos de UPCN a que se sumen a las medidas de fuerza. Y la CTA también debe emplazar públicamente a la CGT a acciones comunes en paros generales o parciales, proponerle que asuma sus reclamos, etc. Sólo de esta manera la CTA podría encontrar un eco y una simpatía en la base de la CGT; en lugar de intentar competir por los afiliados de CGT ignorando a esta central, lo que no ha hecho avanzar prácticamente a la CTA en fuerza sindical desde su fundación, manteniendo los mismos gremios y sectores que cuando fue creada.
A largo plazo, el objetivo debe ser la unidad sindical, ya sea como resultado de una fusión de ambas centrales, aun con direcciones burocráticas en un primer momento, o con el surgimiento de una central obrera hegemónica dirigida por el activismo clasista. Pero esta última eventualidad debe presuponer la conquista previa por el activismo clasista de una posición dirigente en los sectores decisivos de la clase obrera argentina.
El Movimiento Intersindical Clasista
El Movimiento Intersindical Clasista (MIC) cumple cerca de dos años de existencia. Aunque debemos destacar como un logro que haya podido mantenerse este espacio de activistas sindicales combativos y de izquierda, también es verdad que ha quedado reducido, por el momento, a un mero encuentro de intercambio de experiencias y de debate, fundamentalmente en el núcleo reducido de activistas y corrientes que conforman su Mesa Nacional. Nosotros defendemos, en cambio, que el MIC sea una herramienta lo más masiva posible, que intervenga en las luchas y organice una oposición consistente en el seno de los sindicatos.
El último Plenario de junio reflejó, no obstante, un avance en la maduración política del movimiento. Las posiciones más derechistas, que sustentan la pasividad del MIC ante los conflictos, su desconfianza hacia la clase obrera y acuerdos con la burocracia para alcanzar puntos de apoyo en los sindicatos, apenas hicieron acto de presencia, reflejando su aislamiento en el movimiento.
Pese a todas las debilidades que se le puedan señalar al MIC, y son muchas, debemos reconocer que se dieron modestos pasos adelante. Por la presión del ala izquierda del movimiento (donde se ubica el Encuentro Sindical de Base, agrupación que integramos) consiguió superarse el nefasto método del “consenso absoluto” para la toma de decisiones en los Plenarios y en la Mesa nacional, que tanto daño le hizo al MIC, como fue en las elecciones a cargos dirigentes de la CTA. Esta fue la razón de que el MIC no pudiera presentar públicamente como propia la Lista 2 en las elecciones de la CTA, pese a que esta lista fue impulsada por la mayoría de la Mesa Nacional, lo que fue aprovechado por el ala derecha del MIC para marchar junto a la lista oficial.
En el Plenario de Diciembre del 2006 se adoptó el método del “consenso mayoritario” que es un paso adelante porque permite tomar decisiones por mayoría, si bien reduce la toma de decisiones a las propuestas o debates que emanan de la Mesa Nacional, al no contemplar mecanismos de ida y vuelta para que propuestas de la base, o de una regional, puedan ser tomadas en consideración por la dirección. Al menos, en las elecciones en ATE, el MIC sí pudo mostrar un perfil propio abanderando públicamente la Lista Multicolor, que conquistó algunas seccionales importantes en la provincia de Buenos Aires y, en un frente común con otros sectores, formar parte de la conducción de ATE-Rosario.
En los últimos meses, la Mesa Nacional ha emitido algunos Comunicados de Prensa sobre temas de actualidad, lo que ha incrementado algo más la presencia pública del MIC. Sobre todo se avanzó en el sector docente, conformando una corriente estable de envergadura nacional (que debería ser el modelo para hacer lo mismo en los demás gremios donde existen activistas del MIC) que impulsó la presentación de La Lista Lila en las elecciones en CTERA, en un frente común con otras agrupaciones. Esta Lista tuvo un gran resultado, sacando más del 30 % de los votos en todo el país (el 22% según el oficialismo),y obtuvo dos cargos directivos por minoría. También se organizan Talleres de formación en algunas regionales, y ya se sacaron dos números del periódico del MIC (en mayo y julio), lo cual es un paso adelante a saludar, más allá del criterio restrictivo y arbitrario de la Mesa a la hora de admitir colaboraciones. En algunas regionales, como La Plata, hay una actividad constante y regular; pero es la excepción. Las demás regionales están muy apagadas o no funcionan, como es el caso de Rosario o de Capital.
Pero, en general, lo que caracteriza al MIC es su alarmante pasividad. Esto dificulta su aparición como una herramienta útil para el activismo y para los trabajadores que salen a luchar por salarios y contra la precariedad. El MIC, por ejemplo, no jugó ningún rol en la convocatoria a paritarias, donde podría haber impulsado una campaña contra los acuerdos firmados por la burocracia, y haber hecho agitación por la elección de delegados paritarios en asambleas de base, tratando de instalar la necesidad de un salario equivalente a la canasta familiar contra el techo impuesto por la patronal. De igual manera, la Mesa Nacional del MIC no editó volantes en el paro nacional del 9 de abril contra el asesinato de Fuentealba, para que fuera repartido masivamente en las marchas, dando su punto de vista sobre la situación y proponiendo una alternativa de lucha, no sólo al sector docente sino al conjunto de la clase trabajadora. Esto le habría permitido dar a conocer el movimiento a decenas de miles de trabajadores y captar la atención para el mismo de cientos de ellos. Lo mismo ocurrió en los paros nacionales de ATE de mayo, agosto y octubre, donde tampoco el MIC intervino con volantes; o en la jornada nacional de lucha convocada por la CTA a fines de agosto para protestar contra la represión de los docentes y estatales santacruceños.
Evidentemente, esta situación se debe a un problema político. El MIC nació a partir del acuerdo entre referentes importantes del activismo antiburocrático, no sólo de activistas de izquierda sino también de ex-militantes de izquierda, muchos de los cuales habían tenido amargas experiencias con las políticas sectarias y ultraizquierdistas de sus antiguas organizaciones. Desde el comienzo se conformaron varias alas que abarcaban desde sectores con tendencias oportunistas y burocráticas “de izquierda” hasta elementos ultraizquierdistas. Pero el tono principal lo dieron toda una serie de dirigentes y corrientes que, tomando como excusa el rechazo a las tácticas sectarias y aventureras de los grupos ultraizquierdistas, asumieron desde el principio posiciones muy conservadoras y defensivas.
Los sectores más moderados del MIC, muy minoritarios, reflejan las presiones de la aristocracia obrera y de la burocracia. Defienden la necesidad de tomar posiciones dirigentes en los sindicatos, no como resultado de su accionar sindical ni de la influencia del activismo en la base de los sindicatos, sino como consecuencia de acuerdos por arriba con la burocracia.
Otro ala, mayoritaria en la Mesa Nacional, si bien combate estos acuerdos por arriba con la burocracia y apuesta por una presencia pública mayor del MIC (con comunicados, volantes, periódico, etc), circunscribe el accionar del MIC a las reuniones de la Mesa Nacional, a organizar campañas de solidaridad ante la represión policial y estatal, o al armado de listas antiburocráticas.
En la práctica, ambos sectores pretenden mantener al MIC como un acuerdo entre agrupamientos, aferrados a sus pequeñas zonas de influencia por miedo a perderlas. Lo que los une es su concepción sobre la situación de la clase obrera y las perspectivas. Exageran la debilidad de la clase obrera, insistiendo continuamente en la “fragmentación” y “atomización” de los trabajadores lo que, según ellos, explica “su bajo nivel de conciencia” y la “fortaleza” de la burocracia sindical. Este análisis, más propio de un velatorio, nada tiene que ver con la situación y el ambiente real que se respira en la clase obrera.
La clase obrera está haciendo el mayor número de huelgas en 15 años. El Argentinazo expresó un hartazgo con las políticas capitalistas de la década de los 90 y la indignación contra este sistema corrupto gestionado por políticos profesionales. La política “izquierdista” y demagógica de Kirchner, que ha contado con un apoyo de masas en la sociedad, no es más que un reflejo del ambiente que respiraba la sociedad recién salida del Argentinazo. Nadie puede dudar de que la burocracia sindical está muy desprestigiada ante los ojos de los trabajadores, y desde luego está mucho más debilitada que hace 15 años. En el fondo, la “fortaleza” actual de la burocracia no emana de su autoridad en el movimiento obrero sino de la ausencia de una oposición en su seno porque durante años el activismo sindical de izquierda no fijó en el trabajo sindical una prioridad en sus tareas y porque, con la excepción del MIC, nunca se planteó una política de frente único en este terreno.
Lo que es elemental es que la clase obrera no puede luchar sin ninguna dirección, y si el activismo de izquierda no hace sus tareas, los trabajadores deben tolerar y aceptar la dirección que tienen en cada momento, pese a su disgusto con ella. Pensar que los trabajadores pueden alcanzar una madurez política clasista desarrollada sin la intervención del factor subjetivo, sin la intervención de la vanguardia organizada, es una quimera. Nunca ocurrió tal cosa en la historia del movimiento obrero y nunca ocurrirá.
El papel de la vanguardia es esencial para acelerar el proceso de toma de conciencia de los trabajadores y ayudarlos a sacar todas las conclusiones de sus experiencias de lucha. La vanguardia está obligada a desplegar un enorme trabajo de agitación y de intervención en las luchas diarias de la clase para demostrar en la práctica la superioridad de sus métodos, propuestas y consignas, y de esta manera ganar el oído y la confianza de los sectores más avanzados de la clase y, por medio de éstos, llegar a las capas más profundas e inertes de los trabajadores. Durante años está obligada a nadar contra la corriente, tomando posiciones dentro de la clase y en sus organizaciones, para avanzar más rápidamente en una coyuntura más favorable para la lucha de clases, como la que atravesamos ahora.
En nuestra opinión, es evidente que estos compañeros reflejan el peso de las derrotas del pasado y la rutina de años remando a contracorriente y no han podido todavía adaptarse al ambiente real que respira hoy la clase.
No es la primera vez que sectores de vanguardia, ante un cambio en la coyuntura política y social, se convierten en los elementos más conservadores, contribuyendo a obstaculizar un avance mayor del movimiento. Es un error deducir el estado de ánimo real de la clase obrera midiendo el estado de ánimo de los activistas sindicales, que están acostumbrados a ir por delante de la clase, y durante años se desesperan porque la clase no responde a sus llamados. Esto los lleva a desarrollar cierta desconfianza de los trabajadores. No son capaces de detectar el proceso lento de acumulación de malestar, bronca e indignación que experimentan los trabajadores un día tras otro, hasta que finalmente, ante la menor humillación, los trabajadores dicen que ya es suficiente y todo el ambiente cambia radicalmente en 24 horas. Por eso la vanguardia normalmente es tomada desprevenida por los cambios bruscos de coyuntura.
No obstante, aunque mantenemos una actitud crítica con la dirección del MIC, seguimos apostando por la viabilidad de este frente único sindical, y nos oponemos a los intentos de los grupos sectarios de reproducir sus pequeños aparatos bajo la forma de "frentes" sindicales autoproclamados y aislados, que en todos estos años no han hecho dar ningún paso adelante al movimiento obrero de nuestro país.
Tenemos que advertir contra la impaciencia y contra cualquier deslizamiento hacia el ultraizquierdismo que trate de escindir el MIC. Debemos acostumbrarnos a compartir espacios de frente único con diferentes tendencias y dirigentes del movimiento obrero que, aun siendo confusos pero honestos, tienen una base de apoyo en los trabajadores. Nuestro objetivo no es “salvar nuestra alma” en frentes sindicales “puros” y “rrrrrevolucionarios”, sino acercar a nuestras posiciones sindicales y políticas a los trabajadores. La política de frente único es la única vía que nos puede conducir a ese objetivo, puesto que en este tipo de espacios comunes los trabajadores pueden someter a prueba a las diferentes tendencias y, en la práctica, encontrar el camino hacia las posiciones más correctas. Marginándonos del movimiento real de la clase nunca encontraremos el camino hacia ella.
Mientras tanto, la vida sigue. La clase obrera no va a dejar de luchar porque la dirección del MIC mantenga posiciones confusas o no estimule una presencia activa de este movimiento en la lucha. El malestar con los dirigentes se expresará de mil maneras: indisciplina sindical, listas opositoras, corrientes de oposición, rupturas en la burocracia con sectores girando la izquierda, etc.
Nos encontramos en una fase de transición, tanto en el movimiento obrero de nuestro país, como en el MIC. El corrimiento progresivo hacia la izquierda de los trabajadores y el aumento de indisciplina sindical ante los obstáculos que plantea la burocracia adecuará igualmente a la realidad, tarde o temprano, el accionar y la composición del MIC, tanto en sus bases como en sus organismos dirigentes.
El Encuentro Sindical de Base (ESB), que integramos, debe anclarse firmemente en el MIC. Con una táctica correcta puede actuar como un punto aglutinante de todas las fuerzas honestas que, dentro del MIC, luchan por un modelo sindical combativo y apuestan por la construcción de una corriente sindical clasista opositora en el seno de los sindicatos. Debemos felicitarlo por la iniciativa mostrada convocando encuentros abiertos con sectores clasistas de dentro y fuera del MIC. El ESB junto a estos sectores, y en la medida de sus fuerzas, debe hacer lo que el MIC no hace y comenzar a tallar en los sectores más avanzados de la clase.
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