Esta es una respuesta al Juez Oziel Francisco de Sousa, que decidió la invasión de Cipla por 150 policías armados con objeto de cerrarla. Luego de terminar la redacción de este artículo nos han llegado noticias de que el nuevo administrador de la fábrica, nombrado por el Jez, ha abolido la semana laboral de 30 hs, reintroduciendo la de 40 hs, una clara indicación de la intención de los patrones
Fuera la policía de la fábrica CIPLA (Brasil)
Respuesta al Juez Oziel Francisco de Sousa, que decidió la invasión de Cipla por 150 policías armados con objeto de cerrarla.
Día 31 de mayo, a las 07:00hs de la mañana, 150 policías armados hasta los dientes invadieron Cipla, fábrica controlada por los trabajadores, e "instalaron" un interventor nombrado por un juez federal a petición del INSS (Seguridad Social). La dirección elegida por los trabajadores y otros trabajadores escogidos a dedo fueron expulsados o se les impidió la entrada. El terror armado se impone en la fábrica. Una de las primeras medidas del interventor fue cubrir con una lona negra la enorme placa a la entrada de la fábrica que decía: "CIPLA, empresa controlada por los trabajadores".
Una extraordinaria campaña nacional e internacional exigiendo el fin de la intervención en Cipla se desarrolló desde pocas horas después de la operación de guerra llevada a cabo por la Policía Federal. Empezaron a llegar mensajes al Gobierno Lula y sus Ministros: al de Justicia, Tarso Genro, responsable de la Policía Federal, a Luis Marinho, de la Seguridad Social, de cuyo ministerio salió la petición de intervención de Cipla, así como al Ministro de Trabajo y Empleo, Carlos Lupi. La reacción inmediata y tan fuerte nos dio aliento y fuerza para organizar la resistencia contra este hecho absurdo.
Horas después de la invasión, el día 31/05/07, en contacto con el Ministro de Trabajo, Carlos Lupi, nos comunicaba su posición contraria a la intervención y que su ministerio trabajaría para que la policía fuera retirada y el INSS retirase la petición de intervención. Hoy, 05/06/07, aún no ha habido ninguna actitud concreta del Gobierno Lula para que esto suceda y la intervención continúa, ahora con decenas de hombres armados contratados controlándolo todo dentro de la fábrica.
Se estableció un clima de terror. Y como en los tiempos de la dictadura, se elaboró una "lista negra" desencadenando una persecución política contra los principales activistas. Todo ello con la presencia y apoyo activo del presidente/gangster del sindicato de plásticos de Joinville, que abandonó la CUT y es conocido como agente patronal y enemigo de la ocupación de fábricas desde hace años. Este falso sindicalista se dedicó a la caza de activistas dentro de la fábrica junto a la policía ayudando a elaborar la "lista negra".
Ahora, se lleva a cabo una campaña infame de calumnias contra los miembros de la Comisión de Fábrica por parte del interventor y sus subordinados para desmoralizar e impedir la resistencia. El interventor pidió al juez procesar a más de 40 trabajadores por "formación de cuadrilla", "impedir el cumplimiento de la orden judicial", "perturbación del orden y la paz social", entre otras barbaridades. Y el juez lo admitió a trámite en la ola imperante hoy en Brasil de criminalizar los movimientos sociales.
Pero, menos de 24 horas después de la invasión, un pleno con más de 100 asistentes constituyó un Comité por el Fin de la Intervención en CIPLA formado por la CUT (Central Única de Trabajadores), MST (Movimiento Sin Tierra), CDH (Centro de Derechos Humanos), diputados, concejales, partidos y decenas de asociaciones y organizaciones políticas y populares. El MST, aliado hace largo tiempo, nos invitó a hablar en su Congreso Nacional que reunirá más de 16.000 delegados del 12 al 15 de junio en Brasilia. La CUT publica nuestros comunicados en su web. La Confederación Nacional de Química (CNQ) de la CUT, que reúne los sectores plásticos, petrolero, químicos, papel, goma, etc., ya nos invitó a hablar en su congreso garantizando su apoyo. Diputados federales se pronuncian. Fábricas recuperadas por trabajadores nos llaman y organizan la campaña en Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países.
La campaña de apoyo se ha extendido por el mundo con presión sobre las Embajadas en numerosos países (esto es muy importante) y con miles de mensajes a los ministros del Gobierno Lula y al juez federal responsable de la intervención policial/militar en Cipla.
La solidaridad que recibimos de la población de Joinville es también impresionante y reconfortante. En este momento estamos preparando un Acto Nacional frente a Cipla el 13/06/07 exigiendo el fin de la intervención. También se preparan actos en diversos países frente a las embajadas brasileñas el 12/06/07.
Contra esta inmensa campaña, el juez Oziel ha emitido una respuesta automática en su correo electrónico intentando justificar sus actos injustificables.
El objetivo de esta intervención judicial/policial/militar es cerrar Cipla y liquidar el movimiento nacional de fábricas ocupadas que está tan unido a todo el movimiento de la clase trabajadora. Nuestra reivindicación central siempre fue "Nacionalización de las Fábricas Ocupadas" (función pública y social de las fábricas) con control democrático de los trabajadores. Pero, para los patronos y sus lacayos es insoportable la demostración práctica de que los capitalistas son innecesarios y que los trabajadores pueden administrar y controlar las fábricas sin estos parásitos. ¡¿Si pueden hacer esto en las fábricas por qué no en toda la sociedad?!
Es para acabar con esto por lo que han intervenido. Como dice el juez Oziel en su decisión:
"Quinto, y tal vez el más importante reflejo negativo del coste social de la actitud de la ejecutada (Cipla): al acogerse al argumento de que se puede hacer todo para mantener mil puestos de trabajo, se está legitimando la odiosa falta de respeto a las leyes y tirando por tierra al Estado Democrático de Derecho. ¿Imaginese si se pone de moda?".
Desde nuestro punto de vista, lo que es odioso es no respetar a los trabajadores y tratarlos como esclavos del capital. Odioso es ver hombres y mujeres humillados por la fuerza de los intereses de los poderosos de la clase dominante. Odioso es ver gente trabajadora desesperada por no tener cómo alimentar a su familia mientras los ricos se hacen más ricos. Odioso es ver a los jueces y a otros actuando al servicio de las clases propietarias y usando todas las fuerzas policiales/militares de que pueden disponer para invadir una fábrica y aterrorizar a los trabajadores y trabajadoras.
Por eso más abajo respondemos a esta odiosa respuesta automática del correo electrónico del juez Oziel. Tampoco es posible olvidar que la petición de intervención fue realizada por el INSS, Ministerio de la Seguridad Social del gobierno Lula, que nosotros y todos los trabajadores de Cipla ayudamos a elegir dos veces. Eso también es odioso e indigno.
Sobre las calumnias transformadas en decisión judicial con el objetivo de cerrar Cipla
El 31 de mayo de 2007, en Joinville, estado de Santa Catarina, Cipla, pionera y la mayor empresa del movimiento de fábricas ocupadas, fue invadida por decisión de la Justicia Federal, y 150 hombres armados impusieron la intervención judicial de la empresa.
Como se sabe, desde octubre de 2002 los trabajadores de Cipla ocuparon y asumieron la gestión de la empresa, como única forma de garantizar los puestos de trabajo de manera duradera y para efectuar los pagos de los derechos debidos.
Desde entonces, el movimiento de las Fábricas Ocupadas, especialmente Cipla, sufre diariamente las amenazas de cierre de la empresa, que dejaría desempleados a sus 800 trabajadores. Tales amenazas, como embargo de la facturación y presiones sobre la Comité de Fábrica, suceden porque los antiguos propietarios durante más de 15 años no pagaron impuestos, derechos laborales, cargas sociales, proveedores, etc. Este pasivo pasa de los 600 millones de reales y con intereses y multas puede ascender a 1.000 millones de reales (500 millones de dólares americanos).
Este pasivo está en su práctica totalidad con la Unión y el Estado, haciendo necesaria sin duda la negociación y la prevalencia del buen sentido, con objeto de mantener la fábrica abierta garantizando sus casi mil empleos. Inclusive para que un día el Estado pueda recibir parte de lo que nunca reclamó durante casi dos décadas a sus ex-propietarios.
Cuando fue ocupada, Cipla estaba quebrada y en proceso de cierre. Esto es de conocimiento público y de las autoridades que firmaron el Acuerdo Laboral entregando el control a los trabajadores. Nos ofrecieron las acciones de la empresa y rehusamos. Somos trabajadores y hermanos de toda nuestra clase, y no propietarios de una empresa quebrada.
Sin capital, sin ayuda del gobierno, arrancamos casi desde cero y llegamos hoy a una facturación en Cipla de más de 3 millones mensuales de reales (US$1,5 millones). Con ello conseguimos pagar los salarios, comprar materia prima y rescatar más del 90% de los salarios atrasados e impagados por los ex-patronos.
Además, llegamos a un acuerdo con la justicia laboral y ya pagamos la deuda con antiguos trabajadores dejada por los ex-patronos, cerca de 2 millones de reales. Depositamos la parte del trabajador del INSS y del Impuesto de la Renta, declarando la imposibilidad de depositar la parte empresarial. Esto siempre lo hicimos público y lo comunicamos a los ministros de la Seguridad Social, de Trabajo, de Hacienda e incluso al presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva, en más de una ocasión desde 2003.
Desde la ocupación intentamos un acuerdo con el INSS sobre la deuda dejada por los ex-patronos pero siempre encontramos un rechazo injustificado e inexplicable. Y que ahora se entiende. Los actuales dirigentes del INSS no tienen interés en cobrar la deuda, pero sí en cerrar la fábrica y liquidar el movimiento político de las fábricas ocupadas, pues todos saben que la venta de todo el patrimonio de la empresa no llega al 10% de la deuda.
Por ello, una Comisión creada por la Presidencia de la República con técnicos del BNDES, BRDE y BADESC (bancos estatales de desarrollo) llegó a la conclusión de que:
"Las empresas [Cipla e Interfibra, nota mía – SG] son viables y están muy bien administradas. El problema es el pasivo impagable… La solución recomendada para salvar estos mil empleos es que su pasivo, casi todo con el gobierno federal y estatal, se transforme en acciones asumidas por el BNDES, BRDE y BADESC, resolviendo así este problema social y viabilizando estas empresas". (Informe dirigido al Presidente de la República por el Superintendente del BRDE en nombre de la Comisión).
En 2004, conseguimos establecer el sábado libre, reduciendo la jornada de trabajo a 40 horas semanales, y en diciembre de 2006 redujimos la jornada a 30 horas semanales. Todo ello sin reducción salarial y sin disminuir la facturación.
Todas las principales decisiones se toman en asambleas y la fábrica es administrada por una Comisión y un Consejo, elegidos por los trabajadores. Las decisiones administrativas y financieras se toman diariamente por un Comité Administrativo y Financiero (CAF), de unos 10 miembros, designado por este Consejo. Los diferentes turnos de trabajo eligen representantes que participan en el CAF. Estas elecciones son anuales, siempre en el mes en que se ocupó la fábrica, y todos votan nombres o listas, según decisión de la Asamblea Soberana.
Y ahora el Estado, mediante el INSS (Poder Ejecutivo) pide una intervención a través de la Justicia Federal. Estas son las instituciones que durante tantos años negligentemente no actuaron, controlaron ni penalizaron a los responsables de más de 20 años de fraude fiscal, los cuales se apropiaron indebidamente de las prestaciones sociales y continúan impunes y millonarios.
La "Justicia" hasta ahora no busca los bienes personales de los ex-patronos. El Juez Oziel sabe que podría llegar a los bienes personales de los socios, mediante la responsabilidad solidaria. Sin embargo, se percibe que tal prerrogativa legal no le interesa.
El Juez Oziel no hace "Justicia", sino el papel de patrón, poniendo el valor de la propiedad privada por encima de cualquier otro valor social, y alega estar respetando el "Estado Democrático de Derecho". Reproduzco una parte del mensaje enviado desde São Paulo a los ministros y al presidente por un conocido intelectual:
"…La acción judicial y policial no es sólo injusta y moralmente insostenible: es también ilegal. La Constitución brasileña protege la propiedad privada, pero destaca que esa propiedad sólo se legitima al ejercer una función social. En manos de los antiguos propietarios, Cipla e Interfibra cumplían funciones antisociales, pues servían de instrumento para los crímenes de sus dirigentes, haciendo inviable el continuar generando riqueza y empleos. Bajo control de los trabajadores, Cipla e Interfibra cumplen funciones sociales insustituibles en el contexto de la ciudad de Joinville".
Después el juez dice que:
"…puede defenderse que la sociedad brasileña, en general, y la joinvillense en particular, no pueden ser obligadas a soportar este alto coste social, basado única y exclusivamente en los argumentos del comité de trabajadores, desprovisto de cualquier base empírica, de que no hay otra solución para la salvaguardia de estos empleos que no sea la estafa general del impago de los tributos".
¡¿Estafa?! El deseo de los trabajadores es honorar todos los pagos debidos, siempre dentro de la realidad de la empresa, y que se busquen los bienes personales de los antiguos administradores, los verdaderos estafadores. Es imposible cumplir con todos los pagos de una empresa quebrada.
¿Coste social? ¿Qué entiende el juez por ello?
"Uno, el precio por esos mil puestos de trabajo es, en última instancia, la exención total, amplia y sin restricciones del pago de las obligaciones tributarias y cargas sociales de la empresa, lo que no puede ser tolerado por una sociedad honesta, cuyos miembros pagan al día sus impuestos y contribuciones".
Pero, ¿de qué exención habla este juez? Nosotros recogemos todo lo que podemos y cumplimos los acuerdos hechos con la justicia laboral, con Hacienda y con el gobierno estatal. ¿Y qué impuestos ayudará a recaudar el cierre de la empresa?
Y el juez prosigue su delirio:
"Dos, al dejar de recoger para los fondos públicos los millones de reales que debe en impuestos federales, la ejecutada y las empresas del Grupo impiden que estos recursos vuelvan en forma de servicios y beneficios esenciales a la comunidad joinvillense. De hecho, es con el recibo de ingresos tributarios que el Estado cumple su función de garantizar los derechos más básicos de los ciudadanos. Como el dinero del Grupo Cipla no entra en la cuenta de la Unión, los ciudadanos de Joinville, indirectamente, sufren, en la exacta medida en que tienen aún más reducidas sus oportunidades de obtener mayores inversiones en la red pública de enseñanza o de incrementar el número de camas ofrecidas por la red de salud pública, por ejemplo. Basta conectar la televisión y sintonizar las noticias de mediodía para ver cómo la comunidad de Joinville carece de inversiones en el área de salud. Faltan ambulancias, camas en los hospitales, medicinas, médicos…"
Entonces, ¿Cipla y sus trabajadores son responsables del caos en Salud, Educación y Vivienda que asola este país?
¡¿Por qué el juez no habla de los millones destinados a los sectores sociales que el Presupuesto Federal desvia a los banqueros, multinacionales y terratenientes?!
¡¿Por qué no habla de sus amigos patrones que deben millones a la seguridad social y siguen sueltos, ricos y bebiendo whisky escocés, vino francés, y viajando en jet privados?!
Los propios trabajadores son los que siempre denunciaron el desvío de impuestos, práctica rutinaria en el medio empresarial brasileño. Los trabajadores siempre defendieron que los tributos deben pagarse para invertirse en atender las reivindicaciones populares más sentidas.
Los trabajadores de las fábricas ocupadas no tienen exenciones fiscales, como tantas otras empresas que así defraudan y/o reciben recursos públicos. Esta falsa e hipócrita argumentación del juez no se sostiene.
Y el juez prosigue:
"Cuatro, es incalculable el coste social generado por la competencia desleal. Como no paga ningún tributo, la ejecutada consigue colocar sus productos en el mercado a un precio infinitamente menor, perjudicando a las sociedades empresariales que cumplen sus obligaciones sociales. Estas, sin la ilegal y desleal competencia de Cipla, podrían ciertamente crecer hasta conseguir absorber, con holgura, los mil puestos de trabajo de que tanto se vanagloria la deudora".
El juez habla de "competencia desleal". ¿De qué habla, sin ningún conocimiento de causa?
Nuestras tablas de precios son públicas y compiten, perdiendo la mayoría de las veces, con las competidoras. Estas sí, gigantes multinacionales como la TIGRE (1.300 millones de reales el año pasado), la AMANCO, suiza y la mayor del sector en el mundo, entre otras. Y es absurdo decir que sin Cipla estas empresas crecerían y contratarían a los mil trabajadores. Es ridículo.
Finalmente, el juez deja salir su visión conservadora, reaccionaria y criminal y muestra la ideología que le orienta:
"Quinto, y tal vez el más importante reflejo negativo del coste social de la actitud de la ejecutada: al acogerse al argumento de que se puede hacer todo para mantener mil puestos de trabajo, se está legitimando la odiosa falta de respeto a las leyes y tirando por tierra al Estado Democrático de Derecho. ¿Imaginese si se pone de moda?".
El juez sabe de lo que habla cuando dice: "Imaginese si se pone de moda". El juez entiende que "el reflejo negativo de la actitud de la ejecutada" es el ejemplo práctico que Cipla da a toda la clase trabajadora. Este es el gran problema.
Cipla es un ejemplo de lucha y conquista de los trabajadores, que asumieron el control y la administración de una empresa completamente en quiebra y mejoraron las condiciones de trabajo y de vida. Juntaron el coraje y adquirieron la conciencia necesaria para ocupar y recuperar la producción, invirtiendo el control de los medios de producción, "echando a patadas" a los patronos que habían perjudicado a la sociedad y a todos los trabajadores de Cipla durante más de 20 años.
Y el juez que habla de "Estado Democrático de Derecho" envía tropas a petición del INSS (el gobierno, por lo tanto) e implanta el terror.
Su objetivo es cerrar Cipla y ello está claro en la decisión del juez Oziel:
"En otras palabras, tal vez el momento sea propicio para que la sociedad joinvillense haga la siguiente reflexión: ¿realmente el mantenimiento del Grupo Cipla, en estas condiciones, genera, de hecho, un bien para la sociedad? ¿No será que, en estos términos, su existencia no sería más un mal que un bien social, ya que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría?".
Si Cipla es un mal, entonces hay que extirparlo. Y por el terror armado. Nada más claro.
Y para ello el juez preparó una conspiración judicial/policial en secreto, desde el 21 de mayo, fecha en que firmó la "Decisión Judicial". Y durante diez días organizó y reunió tropas federales para realizar la "operación". Y el juez hace todo eso asumiendo hipócritamente todas las calumnias del gángster político conocido como presidente del sindicato del plástico, aún habiendo sido rechazadas estas calumnias en la justicia teniendo el traidor diez procesos nuestros abiertos por difamación y calumnias. El juez basa su decisión en calumnias y difamaciones absurdas para justificar su posición real: la defensa de los patronos y el objetivo de cerrar las fábricas ocupadas.
Por ello estamos tomando, además de la movilización y la campaña nacional e internacional, todas las medidas judiciales exigiendo la inmediata revocación de la intervención en Cipla y la vuelta de la dirección de la fábrica elegida por los trabajadores.
Estamos también fundamentalmente pidiendo al Presidente Lula y al Ministro Luis Marinho, de la Seguridad Social, que determine la retirada inmediata de la petición de intervención hecha por el INSS.
Esperamos abrir así una nueva etapa de negociación para reestablecer las propuestas y acuerdos, no sólo con el INSS sino con los demás acreedores, debiendo asumir el Estado su parte de responsabilidad en todos los aspectos.
No tengáis dudas de que llevaremos la resistencia y la lucha hasta el final de nuestras fuerzas. Se trata de la clase trabajadora y de su derecho inalienable a luchar por el empleo y una vida digna. Nuestra concepción es socialista y los socialistas no tienen el derecho de abandonar la lucha para arrancar a la clase trabajadora de este mundo de la opresión y la explotación.
¡Viva la lucha de la clase trabajadora en brasil y el mundo entero!
¡Viva la lucha de las Fábricas Ocupadas por un futuro para la humanidad!
Joinville, 5 de junio de 2007
Serge Goulart
Coordinador (de Cipla) de los Consejos de Fábricas Ocupadas y en Lucha (Brasil)
Teléfono: +55 47 99 63 3015
Proponemos que se envíen mensajes de protesta y solidaridad con los trabajadores. El modelo de texto propuesto es el siguiente:
Los abajo firmantes exigimos que se paralice inmediatamente la persecución contra los trabajadores y la comisión de la fábrica CIPLA.
Exigimos que se le ordene a la Policía Federal que desocupe la fábrica y permita, sin amenazas de presión, la entrada de la comisión de fábrica de CIPLA, posibilitando a los trabajadores reunirse en asamblea y que puedan tomar decisiones libremente.
También exigimos la readmisión inmediata e incondicional de los 50 trabajadores despedidos y la anulación de las causas judiciales iniciadas contra ellos
La Policía Federal se debe emplear contra los corruptos y traficantes, no contra los trabajadores.
Firman:
Enviar a:
Juiz Federal Dr. Oziel Francisco de Sousa
E-mail: SCJOIEF01@jfsc.gov.br
Ministro da Justica, Tarso Genro
Presidencia da República
Copias para los trabajadores:
Serge Goulart, representante de la Coordinación de los Consejos de las Fábricas Ocupadas
