Lo que empezó con protestas de docentes por el aumento salarial se amplió a un motín policial que dura ya una semana y la rebelión de las bases autoconvocadas de maestros, trabajadores de la sanidad, de la energía y otros estatales en la provincia de Misiones, en el extremo noreste del país, a unos 1000 km de la capital Buenos Aires.
Los docentes de Misiones, entre los peor pagados del país, llevaban ya casi un mes de protestas, exigiendo un 100% de aumento salarial. Desde la llegada de Milei al poder ellos cuantifican que el poder adquisitivo de sus salarios se ha reducido a la mitad.
No se trata solamente de los salarios. Un periodista local describe la situación: “escuelas que no tienen baños ni ventiladores, han dejado de servir desayunos [para los estudiantes necesitados] o de pagar a los conserjes”. Un colapso total del sistema educativo como resultado directo de la inflación y los recortes brutales al presupuesto del gobierno de Milei.
El jueves 16 de mayo un numeroso grupo de docentes en lucha entró en el edificio de la legislatura provincial. En la madrugada del viernes 17, unos 600 efectivos policiales rodearon el Comando Radioeléctrico, la central de comando de la policía en la capital provincial Posadas, con llantas ardiendo, y organizaron un campamento. La protesta se componía de policías en retiro, policías en activo fuera de servicio y sus familiares. Los policías también exigían el mismo aumento que los docentes, del 100%.
El plantón de protesta, que se fue ampliando a unas 1000 personas, continuó todo el fin de semana, a pesar de las amenazas del gobierno nacional de sanciones y de enviar a la gendarmería contra los policías amotinados.
La respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, en manos de Patricia Bullrich, fue conformar el “Comité de Crisis” que está integrado por Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal. “La sublevación de la Policía es algo inadmisible, algo total y absolutamente fuera de la ley”, sentenció Bullrich.
Los policías respondieron formando un “Comité de Crisis del Pueblo” conjunto con los docentes. Cuando las fuerzas federales se toparon con los policías amotinados, rápidamente se vieron obligadas a retroceder, por miedo a provocar un enfrentamiento armado sangriento. Ramón Amarilla, vocero policial misionero, aseguró que “en Misiones hay una dictadura disfrazada de democracia”.
El martes se produjo una situación inédita. Los docentes rechazaron el acuerdo alcanzado por sus direcciones sindicales afiliadas a la CTA de un aumento salarial del 30%, que consideraban totalmente insuficiente. En respuesta, y autoconvocados, decidieron cortar la Ruta 12 a la altura del Puente Garupá. Allí fue donde recibieron una llamada telefónica del representante de los policías en lucha para que se unieran a su campamento. Los docentes lo sometieron a asamblea y decidieron trasladarse 20 kilómetros hasta el Comando Radioeléctrico e instalar su campamento a unas tres cuadras del de los policías. Hubo, claro, recriminaciones, cuando los maestros se quejaron de que todas las ocasiones en las que los policías les habían reprimido.
Después de algunas discusiones hubo cánticos comunes de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode” (¡!). Lógicamente no podemos confiar en aquellos que meses atrás reprimían a los trabajadores, pero el motín policial revela la podredumbre del estado, la corrupción y sobre todo la profunda crisis económica que empuja al conjunto de los trabajadores estatales a la lucha. El ajuste brutal recargado sobre los hombros de la clase obrera y en particular de los empleados del sector público ha terminado por quebrar, aunque sea de manera temporal, el propio aparato del estado, en este caso, las fuerzas represivas. Es un síntoma insurreccional.
“Esta gente es trabajadora como nosotros y todos tenemos los mismos problemas”, declaró el representante de los policías amotinados, Ramón Amarilla. “Escuché a una docente decir que nosotros nos enfrentamos muchas veces con ellos. Yo les pido disculpas en nombre de autoridades que nos envían a hacer cosas que no corresponden. Nos hacen pelear a pobres contra pobres”.
El miércoles 23 de mayo, fue el turno de los trabajadores de la salud, también autoconvocados y saltando por encima de sus dirigentes sindicales, que se unieron a la lucha tomando las instalaciones provinciales de su Ministerio. Los sindicatos, tanto de la CTA como la CGT habían aceptado un aumento salarial ridículo del 28% que los trabajadores no podían aceptar. Otros trabajadores de la salud se sumaron con su propio acampe a la protesta de docentes y policías.
El jueves 24 se sumaron a la protesta un grupo de cientos de yerbateros (productores de yerba mate) que llegaron a la capital a protestar contra las medidas de Milei que liberalizan la entrada de productos de importación y elimina los precios mínimos fijados por el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate).
El mismo día, miles de trabajadores en lucha marcharon al edificio de la legislatura provincial y fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales que defendían el edificio.
El estallido social en Misiones, que amenaza con extenderse a otras regiones, es el resultado directo de las medidas de shock ultraliberales que Mieli ha venido aplicando desde que llegó al poder hace apenas seis meses. En particular el recorte de transferencias a las provincias, incluyendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el brutal ajuste fiscal, la liberalización de todos los aspectos de la economía, el despido masivo de empleados públicos, la liberalización de las tarifas de servicios como el agua, la electricidad, el recorte de las pensiones, etc.
Estas medidas han tenido nefastas consecuencias económicas que han recaído sobre la clase trabajadora y los sectores más pobres. La motosierra que Milei prometió, no ha recortado a la casta política como dijo, sino a la mayoría trabajadora. La inflación se mantiene en el 280% anual, el peso ha sufrido una devaluación masiva (del 15% en la última semana), cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos en el sector público y privado, la tasa de pobreza ha pasado del 47 al 55% de la población y la actividad económica ha colapsado. El salario promedio de los trabajadores del sector formal está ahora por debajo del nivel de la pobreza.
El Banco Central (BCRA) dio a conocer que apenas en el primer trimestre del año, se cerraron alrededor 275.000 cuentas sueldo, una cifra que representa entre el 2% y el 3% del total de cuentas bancarias destinadas a la acreditación de salarios, revelando que en tan solo 3 meses se despidieron a 275.000 trabajadores.
En marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 8,4%, y las cifras para la construcción (-29,9%) e industria manufacturera (-19,6%) son aún peores. La utilización de la capacidad productiva instalada en el sector industrial fue de apenas un 53,4% en marzo, una caída de 13,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado.
El impacto de la brutal recesión se hace sentir en la industria pesada. Las plantas siderúrgicas Acindar Acerlor Mittal, con 3000 trabajadores, estuvieron cerradas durante un mes, ante la caída abrupta de las ventas, del 35-40%, afectadas por el impacto de la recesión y la alta inflación, además del efecto dominó de la paralización de la construcción y obra pública. Está también el paro patronal de General Motors de la planta de Alvear, con 1100 trabajadores, cerrando la producción por las inundaciones de Brasil. Toyota va a despedir a 400 trabajadores, y Renault ha anunciado otros 270 despidos.
El Índice Banco Provincia de Consumo que registra el consumo de los hogares en tarjetas de crédito y débito, registró en abril una caída del 35% respecto al año anterior. En la zona sur del conurbano bonaerense la cifra fue del 43%.
Mientras el FMI y los comentaristas económicos internacionales aplauden a Milei por haber logrado un superávit fiscal primario, la clase obrera y el pueblo trabajador que pagan la factura no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos.
Era inevitable un estallido social, que ha empezado en Misiones, pero muy fácilmente se podría extender por todo el país, donde los trabajadores están en condiciones parecidas, o peores. En la vecina provincia de Corrientes, también los policías han salido a exigir aumento salarial.
En apenas seis meses hemos visto ya dos huelgas generales de 24h convocadas, a regañadientes, por los sindicatos, y una movilización masiva en defensa de la universidad pública con la participación de casi un millón sólo en Buenos Aires.
Sin embargo, lo que estamos presenciando en la última semana en Misiones va más allá. Direcciones sindicales rebasadas por las bases autoconvocadas, un motín policial que la represión no puede controlar.
Hay otros síntomas. En Catamarca, al noreste del país, 140 trabajadoras de la fábrica Textilcom han ocupado las instalaciones de la empresa para impedir su cierre, bajo la consigna “las máquinas son nuestras”. Vuelven las ocupaciones de fábricas que vimos después del argentinazo en 2001.
Más importante todavía, porque se trata de los batallones pesados de la clase obrera, los trabajadores siderúrgicos han rechazado en referéndum un aumento salarial por debajo de la inflación que había propuesto su sindicato UOM.
Hay indicios de que la lucha se extiende a Rosario, Mendoza, y Buenos Aires.
La presión por abajo provoca fisuras por arriba. Los planes de Milei son derrotados en el Senado, el Pacto de Bases que quería firmar con los gobernadores regionales para el 25 de mayo como forma de dar legitimidad duradera a su programa, hace aguas y la derecha tradicional de Macri y el PRO empieza a tomar alguna distancia del presidente ultra-liberal.
Estas divisiones también reflejan los intereses de algunos sectores de la burguesía nacional que se han visto golpeados por las políticas de Milei.
La burguesía está discutiendo abiertamente que la economía se encuentra en una depresión severa, agravada por la apertura a las importaciones que implica un duro golpe a las medianas y pequeñas industrias y comercios. Sin olvidar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un paquete de beneficios fiscales y cambiarios a la inversión extranjera que les da potestad a las industrias extranjeras a invertir y transferir sus ganancias a sus casas matrices, sin cobrarles ningún tipo de impuestos o regalías. Esta es la política dictada directamente bajo la tutela del embajador estadounidense Marc Stanley, y la cámara de empresarios estadounidenses AmCham.
Milei no parece dispuesto a retroceder, emborrachado de éxito por el acto de masas de la extrema derecha europea en Madrid que le aclamó. Llegado a cierto punto, un sector de la clase dirigente argentina puede llegar a la conclusión de que hay que sacar al pirómano de la casa Rosada por miedo a que el incendio se los lleve a todos por delante.
En estas condiciones, un plan nacional de lucha que incluya una huelga general activa, con movilizaciones de masas, pondría al gobierno contra las cuerdas y podría preparar las condiciones para su caída. La burocracia sindical de las CGTs y la CTA solo convoca lo mínimo para soltar presión. La huelga general del 9 de mayo fue sin movilización ninguna. Es necesario que la propia clase obrera y sus representantes de base se pongan al frente, sobre la base de comités de lucha democráticos, autoconvocados y coordinados en cada sector, en cada provincia y a nivel nacional.
Ante la aguda crisis a la que se enfrenta Argentina, lo que está a la orden del día es una insurrección nacional, que el país entero se levante como Misiones, y que el pueblo trabajador tome las riendas del país.
