Durante meses, activistas indígenas, sindicatos y organizaciones juveniles en Panamá han estado en las calles, manifestándose contra la ampliación de una enorme mina canadiense en medio de una selva tropical.
Este levantamiento debe ser apoyado y amplificado por la clase obrera de Canadá contra nuestro enemigo común: la clase dominante canadiense.
El ‘levantamiento social’ de Panamá
La compañía minera Quantum Minerals, con sede en Toronto, ha estado luchando por mantener su control sobre la riqueza de Panamá, específicamente en la enorme mina Cobre Panamá.
Desde su creación a mediados de los años noventa, la mina Cobre Panamá ha sido increíblemente impopular. Ha sido, de hecho, objeto de décadas de protestas e impugnaciones constitucionales.
Elaborada mientras el país permanecía ocupado por el ejército estadounidense tras la Operación “Promover la Libertad”, el acuerdo se impulsó sin ningún estudio de impacto ambiental ni consulta indígena.
La mina a cielo abierto, situada en una región indígena de la selva tropical, es la mayor de su clase. Su historial medioambiental es, predeciblemente, espantoso: amenaza casi 500 ríos y docenas de especies de plantas, reptiles y aves tropicales en peligro de extinción.
En 2011, esta ira estalló en una marcha masiva de manifestantes indígenas ngäbe-buglé por todo el país en contra de la minería en su territorio.
Aquella marcha fue brutalmente reprimida. Como observó una ONG en aquel momento, la policía abrió fuego contra las multitudes, matando al menos a dos personas e hiriendo a docenas más. Cuando los ngäbe-buglé volvieron a sublevarse al año siguiente, bloqueando la mina y la carretera de San Félix, se enfrentaron a la policía antidisturbios.
Pero esta vez las protestas han sido mayores.
El gobierno de Laurentino Cortizo ya era impopular antes de este otoño. En 2022, una huelga nacional sacudió el país, en oposición a las medidas de austeridad del gobierno, que incluían un recorte salarial del 10% para sus trabajadores.
Este año, esa rabia alcanzó nuevos niveles.
Bajo la presión de sus acreedores, Quantum Minerals, y del gobierno canadiense, el gobierno de Cortizo aceptó ampliar la mina por 2.000 acres y extender su licencia por al menos 20 años. Una vez más, los jóvenes, los sindicatos y los grupos indígenas del país se echaron a la calle.
Como observó Foreign Policy, el acuerdo “sumió a Panamá en protestas, desencadenando su episodio más significativo de convulsión social en décadas”.
‘Esta lucha es de todos’
Lo que empezó con protestas y bloqueos por el grupo indígena Ngäbe-Buglé, se extendió a un movimiento de protesta más amplio en las ciudades y los puertos.
A las protestas indígenas se sumaron protestas masivas en todo el país, en las que participaron jóvenes, grupos educativos y la principal federación sindical del país, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
Pronto recibieron la ayuda de una “flotilla” de 16 barcos pesqueros que detuvieron todos los movimientos de entrada y salida del puerto más cercano a la mina, obligando a la empresa a detener sus operaciones.
Como SUNTRACS dijo en un comunicado: “Esta es la entrega de nuestra tierra y nuestro país a una empresa multinacional. Estaremos aquí, hasta que el pueblo que aprobó esta ley, la haga retroceder. Porque sin lucha no hay victoria. Luchar. ¡Luchar! ¡Esta no es la lucha de una persona! Es la lucha de todos”.
Durante años, los acreedores del país han dicho a los trabajadores y a los jóvenes que no hay dinero para trabajo, salarios y servicios decentes. Mientras tanto, First Quantum y gigantes mineros como ella se han llenado los bolsillos con la riqueza del país.
Sólo el año pasado, Cobre Panamá produjo 776 kilotoneladas de cobre, lo que representa alrededor del 40% de los ingresos de First Quantum. Según sus propios informes, First Quantum extrajo el material a sólo 1,76 dólares la libra -incluidos salarios, maquinaria y otros costes- para venderlo entre 4 y 5 dólares la libra.
El contrato de concesión de la empresa es aún más regresivo. Cada año, la empresa obtiene más de 2.500 millones de dólares de ganancias, mientras que sólo le devuelve a Panamá 35 millones de dólares. Mientras tanto, este año, la empresa acordó pagar 375 millones de dólares más para prorrogar este acuerdo, una ínfima parte de sus beneficios y de ningún modo suficiente para hacer frente a los 47.000 millones de dólares que exigen los acreedores de Panamá.
Como dijo uno de los manifestantes: “Los políticos están peor que nunca, corruptos en todos los sentidos… Venden nuestra tierra por nada. Pero lo que me hace sentir esperanzado es que estamos empezando a despertar”.
El 12 de noviembre, según Associated Press, las manifestaciones y los bloqueos habían “paralizado” el país. Y el 29 de noviembre, incluso después de que 1.157 personas hubieran sido detenidas, 151 de ellas menores de edad, el movimiento continuaba.
First Quantum lleva a Panamá ante los tribunales
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia cedió ante el movimiento y, una vez más, dictaminó que la mina es inconstitucional.
Pero First Quantum no ha renegado.
First Quantum Minerals ya ha presentado formalmente una demanda de arbitraje contra el gobierno de Panamá, para presionarlo a desestimar la sentencia de su propio Tribunal Supremo.
Según la empresa, independientemente de la sentencia, “sigue comprometida a superar los retos operativos actuales en Cobre Panamá.”
Más allá de este desafío judicial inmediato, mientras empresas como First Quantumdominen la vida económica de países como Panamá, tendrán un enorme poder. La importancia económica de la mina es enorme: Cobre Panamá representa el 2% de todo el empleo del país, el 3% de su PIB y el 80% de las exportaciones. Ya desde la sentencia judicial, Panamá ha tenido que recortar sustancialmente sus perspectivas de crecimiento del PIB.
Hay que arrebatarle este poder si se quiere evitar una crisis social.
Los tentáculos del imperialismo canadiense
First Quantum y el Estado canadiense han trabajado diligentemente para garantizar que continúe el saqueo.
Además de trabajar para suprimir los salarios de sus propios trabajadores, forzándolos al borde de una huelga el año pasado, First Quantum también se ha apoyado en el Estado canadiense para presionar a Panamá a mantener sus impuestos ultra bajos.
Más allá de los intereses inmediatos de First Quantum, la empresa tiene vínculos clave con ScotiaBank y Barrick Gold. Además, sus activos están dominados por grandes inversores institucionales canadienses y estadounidenses como BlackRock, Fidelity, RBC Asset Management y Vanguard.
Más allá de estas empresas mineras, toda la industria manufacturera occidental refuerza sus beneficios con el cobre ultrabarato. Como explica Reuters, los precios del cobre, dado el uso generalizado del metal en procesos industriales que van desde la construcción a la energía y la manufactura, se consideran un indicador clave para el capitalismo en general, y Cobre Panamá contiene el 1,5% del cobre mundial.
Panamá y otros países de la región se consideran “países pobres”, pero su riqueza es esencial para mantener rica a la clase dominante canadiense.
Por lo tanto, cuando la empresa entabló conversaciones con el ministro de Industria panameño, Federico Alfaro, para renegociar su acuerdo de concesión, buscó la ayuda del gobierno de Canadá.
En una entrevista con Reuters, una persona no identificada confirmó que el gabinete de Canadá estaba en contacto con First Quantum para garantizar que sus beneficios recibieron “protección a la baja”.
“Obviamente, tenemos un gran interés en ver la resolución de esto”, dijeron. “También hemos tenido noticias [de la empresa] para asegurarnos de que el ministro Ng [Ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá] y nuestro equipo sigan comprometidos en mantener esto en primera línea”.
El Estado canadiense afirma que su política exterior pretende defender el “Estado de derecho” y promover la “democracia”. Pero aquí vemos a Canadá presionando a un gobierno para que reescriba sus propias leyes, anule decisiones del Tribunal Supremo y maltrate a los pueblos indígenas para proteger sus intereses mineros.
Combatir el imperialismo
Trudeau se jacta de la “larga y mutuamente beneficiosa relación del imperialismo canadiense con Panamá”. Pero, en realidad, esa relación, está marcada por la exportación de maquinaria y productos manufacturados canadienses y la importación de los minerales de Panamá a un costo ultra bajo, y empobrece a los trabajadores y jóvenes de todo Panamá, y sólo se ha mantenido mediante la represión.
Esta es la “relación” -la dominación de Panamá por el imperialismo canadiense- contra la que se han levantado la juventud, los trabajadores y los pueblos indígenas.
Pero ninguna otra “relación” es posible sobre la base del capitalismo. En el fondo, el capitalismo consiste en la transferencia neta de riqueza de los pobres a los ricos. Los Estados capitalistas existen para mantener esta transferencia.
Por eso toda la clase dominante canadiense derrama la sangre de los trabajadores y los oprimidos en su país y en el extranjero.
El mismo imperialismo canadiense que actúa en Panamá ha empujado a las autoridades mexicanas a aplastar las huelgas de los mineros en Durango para proteger las ganancias de otro gigante minero canadiense. En otros lugares, Canadá ha apoyado golpes e intentos de golpe en Brasil, Honduras, Bolivia, Perú y Venezuela para proteger los intereses de la clase dominante. En su propio país, el estado canadiense vigila y maltrata a los manifestantes indígenas para proteger los intereses de las empresas mineras y petroleras canadienses.
La “revuelta social” de Panamá es un modelo para los trabajadores de todo el mundo. En este caso, un levantamiento de los pueblos indígenas se combinó con el movimiento obrero contra su opresor común. Los trabajadores y los jóvenes de Canadá y Panamá se enfrentan a un enemigo común en la clase capitalista canadiense. Hay que combatirlo con un movimiento revolucionario, internacionalmente.
Un programa socialista de producción le arrebataría la riqueza de la sociedad a la clase dominante y la pondrá en manos de los trabajadores y los oprimidos. Permitiría trabajo decente, empleos, vivienda y medios de subsistencia para todos y la posibilidad de una auténtica liberación para los pueblos indígenas, sobre la base de la solidaridad y no del saqueo.
