La práctica del denominado Gatillo fácil es un mecanismo de amedrentamiento que utiliza la policía y otras fuerzas de seguridad para mantener disciplinados a los jóvenes de origen popular o trabajador.
Ciertamente dicha práctica no solo tiene un enfoque etario debido a que generalmente se realiza sobre los jóvenes. Sino que centralmente tiene un contenido de clase, ya que sus víctimas siempre son de sectores humildes.
Consiste en disparar a quemarropa y sin razones sobre la integridad física de sus víctimas mostrándolo como un enfrentamiento equilibrado entre personas armadas. Sin embargo en la casi generalidad de los episodios se produce entre efectivos armados y agrupados contra una sola persona en situación de vulnerabilidad e indefensión.
Desde 1983, la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) lleva contados 6.564 casos de gatillo fácil. Unas 1.300 personas (casi el 20% del total) fueron asesinadas durante los últimos tres años, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.
Según el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, de CORREPI, en los últimos tres años hubo un caso cada 21 horas. Incluye muertes en comisarías, en cárceles, en enfrentamientos donde hay exceso de la legítima defensa e incluso en el ámbito privado de los funcionarios de las fuerzas de seguridad.
Durante la pandemia provocada por el Covid 19 las prácticas de gatillo fácil se incrementaron debido a la militarización de los barrios y pueblos de las provincias argentinas. Se estima que la policía actuó con total impunidad acompañada y avalada por una decisión política del Presidente Alberto Fernández y los gobernadores quienes quisieron asegurar el control del territorio.
Es hartamente conocido que la policía utiliza y emprende grandes negocios en los barrios, como por ejemplo la venta de drogas y su distribución. Para ello utiliza la violencia desmedida como una manera de amedrentamiento y amenaza hacia aquellos jóvenes que se niegan a integrar su mano de obra barata. El caso emblemático fue el de Luciano Arruga quien fue asesinado en 2009. Su cuerpo estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre de 2014. El joven había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Sus familiares sostuvieron la hipótesis de que fue asesinado por no querer colaborar en las prácticas ilegales de la policía bonaerense.
Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) se llegó a condecorar a un policía que asesino por la espalda a un joven, Juan Pablo Kukoc. Fue el denominado Caso Chocobar.
El caso cobró gran relevancia, ya que tanto Mauricio Macri (presidente) y Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad), lo usaron como ejemplo para desplegar su política de estado. De esta manera pusieron en práctica, la doctrina Chocobar durante su gestión, lo que permitía a las fuerzas poder disparar sin dar siquiera la voz de alto. Así, la gestión macrista, se convirtió en una de las más asesinas de la historia de la vuelta a la democracia.
Nunca antes, en democracia formal, un gobierno argentino había asumido públicamente la promoción del fusilamiento a punta de reglamentarla como su política de Estado. Menos aún lo había legitimado con una norma, que incluso intentaron luego incorporar al Código Penal. Con total acierto, esa resolución pasó a ser conocida popularmente como el “Protocolo Chocobar”, y la exigencia de su derogación, como de otros protocolos represivos dictado a lo largo del gobierno macrista, se convirtió en bandera de lucha por organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas.
El gatillo fácil es una expresión de desintegración política del sistema capitalista. La evidencia se encuentra en que a menos oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes se produce un incremento de los asesinatos y el amedrentamiento represivo hacia ellos. Si bien dicha metodología es inherente al sistema y al Estado burgués, que garantiza la ganancia y la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Es el mismo sistema que también se encarga de mantener una progresiva tasa del llamado ejército industrial de reserva (desocupados) para seguir obteniendo ganancias de la explotación de la clase trabajadora.
La pretenciosa y falaz idea de eliminar el narcotráfico promueve la militarización de las ciudades y los barrios. Dicha situación está sucediendo en Rosario y en algunos barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, también en muchos barrios de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los jóvenes saben bien que no se emprende ninguna batalla contra el narcotráfico porque en los hechos la droga esta manejada por la policía y sectores del poder político para generar sus propias ganancias. Dicha presencia cada vez mayor es la razón que provoca mayor tasa de asesinatos por la violencia policial.
El narcotráfico es usado además como una herramienta para doblegarnos a través de los estupefacientes, doblegarnos para adormecer nuestra respuesta colectiva a lo que padecemos. La historia reciente en manos de Eduardo Duhalde cuando diseminó a precio de regalo, en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia, el paco (residuos de cocaína procesada con ácido sulfúrico y querosén) para aplacar las ondas largas de la rebelión popular de 2001 es más que elocuente.
Como jóvenes, nuestra perspectiva es que nos organicemos en los barrios, en las fábricas y en las escuelas y comencemos a discutir una salida a nuestros problemas; la desocupación, la imposibilidad de estudiar, la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, la falta de oportunidades para realizar deportes y actividades recreativas que bajo el capitalismo están teñidas de un manto de mercantilismo, lo cual las hace inaccesibles para la gran mayoría de ellos.
Es necesario que nos organicemos colectivamente desde una perspectiva revolucionaria. Lo cual implica participar, discutir y votar medidas concretas para avanzar en un horizonte socialista.
Teniendo en cuenta que el gran responsable de todos nuestros penares y padecimientos es el sistema capitalista. La única manera de salir de esta barbarie es planteando una salida revolucionaria.
