La presidencia para la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) hizo público, hace alrededor de un mes, un informe de la investigación, el cual contiene partes testadas. Estos testeos se entienden en el sentido que se busca no dificultar que avance el proceso judicial ni alertar a autores importantes que puedan ser procesados.
Dos días antes de que se cumplan 8 años de la trágica noche de Iguala la periodista del diario Reforma, Peniley Ramírez, a quién fue filtrado el informe de la CoVAJ sin testar, ha publicado un artículo con información sensible y en su Twitter imágenes de algunas partes antes ocultas. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿A quién sirve este tipo de notas? No sirve a que el proceso legal de justicia avance pues se pueden argumentar violaciones al debido proceso y alertar a testigos o implicados claves que pueden darse a la fuga (como antes pasó con Zerón de Lucio), no ayuda a que el actual gobierno avance en resolver el caso, además que revictimiza a los padres de los 43.
El Centro de Derechos Humanos ProDH lamentó esta filtración y pone el énfasis en que “ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.
Un periodista que en verdad está a favor de la justicia por el caso Ayotzinapa debe actuar en consecuencia, no como lo hizo Peniley y el diario Reforma. Ella señala que el gobierno defiende a Julian Assange, quien filtró información sensible, y a ella la crítica. La diferencia es que el primero desenmascaró el actuar hipócrita de los imperialistas y la nota de Reforma revictimiza a los padres y contribuye a dificultar el acceso a la justicia. Sin embargo, es verdad que el problema central está en la filtración que mismas estructuras del Estado hicieron.
Fue el Estado y el Estado sigue encubriendo
El propio informe público de la CoVAJ ha explicado cómo las estructuras del poder judicial han actuado con la intención de dificultar la justicia, nosotros diríamos con la intención de que no haya justicia. Esto lo hemos visto nuevamente con el juez Samuel Ventura Ramos (que pertenece a Matamoros, Tamaulipas, a más de mil kilómetros de distancia de Iguala) que hace unos días exoneró del delito de secuestro a José Luis Abarca, antiguo alcalde de Iguala y liberó a 24 encarcelados por el caso, sumando ya 120 presuntos implicados que ha liberado. La filtración de estos documentos sin testar es otra muestra clara de que el aparato Estatal mismo actúa para evitar verdadera justicia. La legalidad burguesa es como una telaraña, los poderosos la rompen y a los débiles atrapa.
¿Qué se dice que pasó?
La nota de Reforma señala que los estudiantes fueron en su mayoría ultimados esa misma noche del 26-27 de septiembre. Fue el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien ordenó que no quería a nadie vivo. Sin embargo, algunos estudiantes permanecieron vivos hasta 5 días después. Peña Nieto envió a Tomás Zerón para hablar con abarca, ofreciéndole que pidiera licencia y saliera del país. Luego vinieron medidas para encubrir los hechos y mover los cuerpos de lugar. Para ello intervino el ejército y se llevaron a los estudiantes al 27° batallón de infantería.
Esto no hace más que ratificar la implicación del Estado y del ejército en este crimen, su vínculo (o fusión) con el crimen organizado, el ocultamiento de la verdad y la protección de los criminales (protección de ellos mismos porque aunque hay nombres sigue quedando claro que es un crimen de Estado).
¿Qué queda por hacer?
Estos 8 años han sido una tortura para los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. No saber qué pasó ni donde están es una angustia permanente. Además, la justicia no llega. Dante Alighieri en La Divina Comedia decía que el camino al infierno está abonado de buenas intenciones. Incluso en el caso que el gobierno de AMLO y Alejandro Encinas quieran hacer justicia su estrategia está completamente errada. Se busca la justicia en el mismo Estado que cometió el crimen. Piensan que éste puede ser reformado, pero vemos que sigue actuando en contra de los pobres, de las familias campesinas, de los crímenes cometidos contra el pueblo trabajador. El gobierno de AMLO en vez de apoyarse en la organización y lucha de un pueblo que sigue clamando justicia y aspira a un cambio profundo, rescata a un Estado que estaba desacreditado y lo fortalece.
El 26 de septiembre de 2014 no se olvida y eso se debe a que desencadenó una de las más masivas, dignas e importantes luchas que ha dado este país. Todas las causas de la izquierda, todas las organizaciones de clase, el pueblo llano, los jóvenes naciendo a la política nos unimos al clamor de justicia para los 43. Frente a nosotros vimos la podredumbre del capitalismo que nos lleva a la barbarie y su estado que huele a putrefacción.
Los estudiantes caídos y desaparecidos en la noche de Iguala son semillas, que abonan a la lucha revolucionaria. 8 años después vemos que el problema es el sistema capitalista y su Estado. Cuando gritamos en las manifestaciones que el pueblo organizado es quien vengará estos crímenes no lo hacemos como una consigna vacía. La verdadera justicia vendrá de una lucha de los campesinos, los obreros y sus hijos por un cambio radical, socialista, de esta sociedad basado en la democracia de los trabajadores. Ahí si acabaremos con este Estado asesino y haremos justicia contra todos los criminales materiales que han actuado contra el pueblo y los 43 de Ayotzinapa.
¡Si quieres justicia para Ayotzinapa organízate y lucha contra el sistema capitalista y su Estado!
