El pedido de prisión de 12 años y la inhabilitación a cargos públicos por la causa Vialidad a manos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aceleró la crisis del régimen político que apenas había sido “cerrada” con el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, poniendo al kirchnerismo a la defensiva, y arrastrando al Frente de Todos.
Un sector del establishment, principalmente agrupado en la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos), vio la oportunidad para avanzar a fondo junto al llamado “Partido Judicial” y poner en el banquillo de acusados a la ex Presidente CFK.
El alegato de CFK no dejó dudas en cuanto puso sobre el tapete la gran podredumbre del sistema capitalista y su Estado, no solo en la obra pública, dado que las coimas de José López (secretario de obras públicas en el gobierno de Néstor Kirchner y CFK) son una práctica común de los empresarios capitalistas.
Pareciera que para un sector de la burguesía el trabajo sucio del ministro Massa no alcanza con los recortes en los presupuestos de industria, salud, transporte y educación, y la quita de subsidios en las eléctricas, gas y agua, sino se juegan a condicionar a fondo al Frente de Todos, intentando sacar a Cristina Fernández como reservorio último de la gobernabilidad.
El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley declaró recientemente ante Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta: “hagan una coalición ahora y no esperen la elección 2023”.
Son los sectores de poder más rancios los que se juegan a tomar nuevamente el timón del Estado para avanzar sin más y doblegar a la clase obrera y sectores populares.
En el contexto de un país hambreado, en el que las condiciones de vida de los y las trabajadoras vienen siendo atacadas de modo constante, en el escenario de un ajuste en curso para brindar el tributo del pago de una deuda leonina y fraudulenta al FMI, se ha instrumentado un proceso judicial teñido de parcialidad, manipulación de pruebas y privación de derechos de defensa básicos, contra Cristina Fernández de Kirchner. Fue la propia Cristina Fernández la que salió en su “defensa” presentando tan solo dos pruebas, la de los mensajes entre José López -funcionario de su propio gobierno- y Nicki Caputo -empresario argentino vinculado a la obra publica- hermano del alma del ex presidente Mauricio Macri y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, licitación ganada por Ángelo Calcaterra y Odebrecht. Dejando al descubierto, de esta manera, la podredumbre y la corrupción del régimen político con el cual la clase dominante gobierna el país.
Poniendo en escena una operación político-mediática-judicial, como mecanismo de eliminación de los adversarios políticos, los personeros de la burguesía, los dueños del país, están llevando adelante medidas de disciplinamiento político por la vía judicial.
Si los poderes del Estado están lejos de situarse del lado de los explotados, y se ocupan de gestionar los intereses del gran capital, en su intento reformista de controlar al capitalismo, sin dudas el Poder Judicial es el más retrógrado y funcional a la burguesía y sus intereses nacionales e internacionales.
No es posible confiar en este Poder Judicial para impartir justicia de ningún tipo, corrompido desde las entrañas, y solamente una justicia construida desde abajo, en tribunales populares libremente elegidos en el marco de un gobierno de trabajadores, podría enfrentar la podredumbre capitalista.
Es preciso advertir, en el marco de un sistema que consagra sus afanes al aumento de la ganancia y al lucro sin ningún límite, que la denominada “corrupción”, o la rapiña de los fondos estatales en propio beneficio, es absolutamente estructural al Estado que defiende los intereses de la burguesía y se encarga de garantizar la impunidad de este sistema de explotación. Vemos así que el papel del poder judicial es crear una legalidad que oculte que las ganancias de los capitalistas provienen del trabajo no pagado al trabajador, es decir del robo de una parte de lo producido.
De ningún modo es posible admitir que el poder judicial títere y parte inmanente de los poderosos tenga la capacidad de juzgarlos, como tampoco podemos ignorar que el proceso en la causa Vialidad que se le sigue a la actual vicepresidenta no busca indagar ni dictaminar respecto de los asuntos que supuestamente allí se ventilan, sino aleccionar judicialmente a una líder política, confiando a la camarilla reaccionaria judicial la tarea de escarmentar y disciplinar a los sectores populares en sus luchas presentes, y en los escenarios de conflicto que muy posiblemente se abran en el futuro inmediato.
La disputa de distintas facciones de empresarios y funcionarios que quieren continuar lucrando con la corrupción de la obra pública es parte de este entramado. Por ello mismo es necesario desnudar la hipocresía y el dardo envenenado de la mafia judicial, la oligarquía y la burguesía corrupta que busca manipular una causa judicial para allanar el camino hacia una profundización del ataque a las condiciones de vida de la clase obrera.
A la descomposición del Estado Burgués debemos oponerle una nueva legalidad de la mano de un Estado de los y las trabajadoras, que a través del control obrero y la democracia obrera sienten las bases para una sociedad distinta de raíz.
