Sabemos que la crisis habitacional es un problema que devasta a la Argentina desde hace tiempo. Las tomas de tierra se desarrollan desde fines de 2019, pero ahora en 2020 empezaron a desplegarse aún más. En el contexto de la crisis del sistema capitalista, muchas familias ya no pueden permitirse mantener una casa y pagar el alquiler y ante la desesperación de quedar viviendo en las calles, terminan optando por las tomas de tierra como una salida ante la crisis habitacional.
La ocupación en Guernica en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello, se estima que unas 1400 familias decidieron ocupar las tierras desde el pasado mes de julio, la mayoría de estos ocupantes son familias y jóvenes que vieron en la ocupación de las tierras su última opción.
Se estima que en todo el territorio argentino se están desarrollando más de 1800 tomas de tierra, no sólo en la provincia de Buenos Aires sino también en las provincias de Chaco, Corrientes y Córdoba. La crisis habitacional que atraviesa la Argentina es un producto directo de la crisis estructural del sistema capitalista mundial, que está provocando que las condiciones de vida de miles de trabajadores se deterioren cada vez más. Pero no deja de ser más cierto que las políticas de los diferentes gobiernos no resuelven de manera satisfactoria y definitiva esta crisis histórica ante la demanda de los millones de familias obreras de viviendas dignas. Hubo ciertos desarrollos inmobiliarios estatales como el Procrear pero resultaron insuficientes, y vasta cuatro años de gobiernos con políticas monetaristas como Juntos por el Cambio, para que quede al desnudo la crisis estructural, que sí tienen relación directa con el carácter parasitario y rentista de las clases dominantes, que solo buscan el blanqueo de dinero y el negocio inmobiliario atado a la soja. Solo debemos tener en cuenta que, en la provincia de Buenos Aires, según los datos del propio Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el déficit actual de la jurisdicción es de 900.000 viviendas. Es decir, 900.000 familias que no tienen acceso a un techo bajo el cual vivir.
Ya sabemos que los ocupantes de tierras han sido condenados por los sectores de la derecha, e incluso por sectores del gobierno, como el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires Sergio Berni, que hizo la siguiente declaración: “Si ocupar tierras no es delito, entonces tenemos un código penal mentiroso”. Mostrando su claro desacuerdo con las tomas de tierras que vienen ocurriendo en la provincia.
En el día 29 de octubre, ante la orden firmada por el Juez de Cañuelas, Martín Rizzo ocurrió el desalojo de las más de 1400 familias que ocupan un predio en Guernica la evacuación se produjo de forma violenta y fue ejecutada por más de 4000 efectivos bonaerenses, más 20 cuatriciclos, policía montada a caballo y el destacamento de motos que llegaron a primera hora de la mañana, incendiando las casillas y reprimiendo fuertemente a los habitantes, hombres, mujeres e incluso niños. Después de casi 100 días de intentos de negociación entre la justicia, los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y los ocupantes, la única respuesta que ofreció el gobierno provincial fue la represión, dejando entre los ocupantes 30 detenidos y 25 heridos. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “cuervo” Larroque, dijera públicamente que “no tenía sentido seguir con las negociaciones”, muestra como el gobierno cedió a las presiones no solo de la justicia, sino de los Intendentes del tercer anillo y los grupos inmobiliarios.
Hay denuncias de que las organizaciones políticas que participaron en la toma de Guernica, se negaron a negociar con el gobierno provincial y crearon un clima de conflicto social, y esta acusación sólo se dirige a las organizaciones de izquierda que participaron en la misma. El desalojo en Guernica ha servido de ejemplo y disciplinamiento para las miles de tomas que se están desarrollando en el país, y también muestra una clara posición del gobierno que consiste en reprimir a los que tienen menos medios para defenderse.
Más que nada hubo un acuerdo político por parte de Alberto Fernández, Axel Kiciloff, Sergio Berni y el juez Martín Rizzo, que consiste en disciplinar la toma de Guernica y cerrar así un acuerdo tácito con sectores de la derecha y de Juntos por el Cambio, que se manifestaron desde el principio en contra de la toma de Guernica y de las demás tomas de tierras que se están produciendo en la provincia de Buenos Aires. La hipocresía y el cinismo del gobierno provincial son tan grandes que Sergio Berni, Ministro de Seguridad llegó a culpar los grupos “radicalizados” de la izquierda por lanzar gas lacrimógeno contra los residentes de la toma, además de hablar de “grupos armados de la izquierda” como parte de un ataque macartista descarado y sistemático al que se sumaron varios integrantes del Frente de Todos, entre ellos el propio Gobernador de Buenos Aires, con el fin de justificar la represión sobre las familias pobres.
Por su parte los responsables del mazazo social que significo la gestión de Vidal para la clase trabajadora bonaerense intentaban cabalgar sobre las problemáticas que ellos mismos agravaron exponencialmente. Agitando un discurso en “defensa de la propiedad privada” se dedicaron a pedir la represión desde el primer día.
El problema de la vivienda es un síntoma más de la profunda crisis social y económica que afecta a la Argentina, se estima que el 40,9% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza, esto se traduce en 18,5 millones de argentinos que no tienen las condiciones básicas para vivir dignamente, además se estima que 3,5 millones de familias (según el CIPPEC), cerca de un tercio de la población no tiene acceso a una vivienda adecuada, también en la provincia de Buenos Aires, según datos del instituto de la vivienda de la ciudad cerca del 35% de la población vive de alquilar una vivienda ya que no cuenta con residencia propia. Muchas de estas personas que viven de alquiler no pueden permitirse renovar su contrato de alquiler gracias a los valores altísimos que se cobran por la renovación de contrato, y ante estas dificultades muchas familias terminan quedándose en condición de calle y optando por ocupar tierras.
El desalojo en Guernica causó una innegable crisis en la base social que apoya al gobierno de Fernández, incluyendo a Juan Grabois, que salió a criticar la decisión de la justicia de llevar adelante el desalojo, Juan Grabois afirma: “un estado pusilánime que nunca se anima a las elites, pero que no duda en reprimir a los pobres”. Además, criticó las posiciones del gobierno en relación con la situación: “que quieren políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular”.
A pesar de su cara aparentemente progresista son los imites de clase los que se imponen, está más que claro que el gobierno de Alberto Fernández encuentra cada vez mas dificultades para manejar la creciente crisis económica y social que acomete a Argentina en los días de hoy. La crisis habitacional, así como el desempleo, la suba en los precios de la canasta de alimentos y los servicios, solo son consecuencias de esa crisis que es una crisis mundial. Es derecho de toda la persona tener un techo para vivir, y un salario que cubra sus necesidades materiales resulta algo por demás de elemental y el estado debe garantizar esos derechos, cosa que no ocurre en estos tiempos, el desalojo de Guernica solo muestra el costado reaccionario y violento de la gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires.
En un país donde hay millones de personas en condiciones de extrema precariedad en el plano habitacional, salarial y del empleo es descarnadamente cruel llevar adelante un desalojo como el que ocurrió en Guernica, ya que muchas de esas familias que vivían en el predio tomado, ahora quedaron en la calle y totalmente desamparadas.
Argentina está llena de predios y construcciones vacías, departamentos y casas contrastan con los millares de familias viviendo en la calle. Necesitamos un relevamiento de todos estos predios y vivienda vacíos, para que sean abiertos y destinados a personas que no tiene un techo para vivir.
También es necesaria la municipalización del suelo urbano, expropiación de los monopolios de la construcción, reforma impositiva y progresiva y el desconocimiento de la deuda externa para financiar la solución al problema de la vivienda.
Por fin, necesitamos una salida realista, se trata de plantear una salida integral al problema de la vivienda y esa salida debe partir de la reorientación y de la planificación de la economía a favor de los trabajadores. Para resolver el problema de la vivienda y otros problemas materiales que sufre la clase obrera y la juventud, resulta urgente construir un partido de los trabajadores, estructurado en torno a un programa revolucionario, para poder ligar nuestros problemas y poner fin a un sistema que no puede resolver ni mejorar las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Solo se podrá materializar este programa con la movilización revolucionaria de los de abajo y para que triunfe debemos organizarnos en nuestro propio partido revolucionario.
¡Manos en la obra!
