Cediendo a las presiones, internas y externas, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha postergado por tercera vez las elecciones hasta el 18 de octubre.
La decisión ha sido asumida en la Sala Plena de la corte electoral (TSE) y, según su presidente Salvador Romero “esta resolución no requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional [ALP]. En dos oportunidades el TSE remitió a consideración de la ALP proyectos de ley para modificar la fecha de las elecciones, se lo hizo buscando consenso entre las fuerzas políticas y que el mismo se reflejara en una ley”. Este consenso fue en realidad un pacto por las elecciones entre el MAS y su principal contrincante Carlos de Mesa. Cuando este último ha declarado de no quererse “emperrar” con una fecha, al TSE no quedaba otro escudo que el MAS ante el coro insistente de medios y demás partidos por posponer el voto, al que se han sumado varios vocales departamentales.
El TSE declara de haber fundamentado su decisión por un lado en estudios que colocarían el pico de contagios por coronavirus “en algún momento entre fines de julio y los primeros días de septiembre”, por el otro en la sentencia constitucional que avaló la transición de Añez estableciendo que “las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben asumir sus cargos en 2020”. El comunicado del TSE menciona también la necesidad de consolidar, mediante ley, el presupuesto de 35 millones de bolivianos para los comicios. De hecho, aunque Añez públicamente se comprometió a acatar la fecha electoral que establezcan el TSE y la ALP, ha promulgado recién el 24, después de la postergación del voto, la ley de asignación de los recursos para el TSE aprobada el 10 de julio en la ALP.
Por último, el TSE considera que esta nueva fecha serviría para facilitar la “llegada de misiones de observación internacional”. La primera reacción a la postergación del voto ha venido justamente de la legación de las Naciones Unidas, que ha pedido a todos los actores sociales y políticos respetar la decisión de un “órgano independiente del Estado” y evitar “presiones indebidas”. Como siempre ocurre en la democracia burguesa, la defensa de la independencia de los poderes del Estado sirve de fachada para ocultar las presiones económicas del gobierno y de organismos internacionales sobre el TSE.
¿Primero la vida?
Además de hipócrita, por pedir lo que evidentemente los organismos internacionales no hacen, el llamado de las Naciones Unidas a respetar la decisión del TSE no tendrá mucho impacto en un país profundamente dividido por efecto de la profunda crisis política que vivimos desde hace un año. Los Comités Cívicos al frente de las movilizaciones contra Evo que propiciaron el golpe del 10 de noviembre pasado, de manera hipócrita exigen que se suspenda todo el proceso electoral “hasta no tener garantías de que no habrá peligros de contagio”. Con ellos Camacho, candidato de Creemos, la fórmula más orgánicamente vinculada a este sector de derecha del movimiento cívico, y el mismo Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia con Añez. Dos empresarios, “casualmente”, a meterle más dobleceses a la doble moral que impera.
La suspensión de las elecciones para proteger la salud de los electores tendría sentido si los poderes del Estado y de la sociedad estuvieran realmente priorizando la vida. Los laboratorios están colapsando, los hospitales ya lo han hecho, el 80 por ciento de los centros médicos tienen bajas de entre el 20 al 60 por ciento de su personal, 420 cadáveres han sido levantados de calles y domicilios tan solo en la última semana, más de 3000 entre abril y junio. No es necesario repetir nuevamente las críticas a la gestión sanitaria de Añez que hemos estado reiterando desde el inicio de la pandemia o el programa que hemos planteado desde entonces y seguimos defendiendo. El hecho es que una cuarentena que era necesaria al principio ha sido completamente desaprovechada y ha sido levantada bajo la presión empresarial justo cuando la curva de contagios se aceleraba.
La clase trabajadora y el pueblo pobre han sido dejados a su destino y al azar sin los recursos ni para afrontar la crisis ni para exigir el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las empresas. Como escribimos tan solo hace unos días, no hay razón válida para postergar el voto si cada boliviana y boliviano se ve obligado cada día a concentrarse en oficinas, empresas, bancos y paradas de micros porque la economía capitalista no puede detenerse y no concede reparo a pobreza y desempleo.
De nuevo octubre
Trabajadores en salud, fabriles, maestros, vecinos y varios sectores de la clase trabajadora y del pueblo pobre están movilizados desde el mes de abril contra la crisis y la pandemia. Movilizaciones como la de la zona sur de Cochabamba han combinado reivindicaciones sociales con el reclamo de organizar de inmediato las elecciones. Esta es la respuesta de las bases presionadas por los efectos de la crisis ante el hecho que el MAS y la COB han enfocado toda su estrategia en las elecciones y tratado de canalizar la rabia creciente en la promesa del voto. Ninguna burocracia podría aceptar pasivamente la tercera postergación del voto mientras las condiciones de la población empeoran a diario, menos aún una burocracia que viene de una clamorosa derrota como el MAS.
De inmediato las Seis Federaciones del Trópico, las organizaciones de los cocaleros, y los llamados “autoconvocados” de la zona sur de Cochabamba han dado un plazo de 72 horas al TSE para retractarse. La COB, por su parte, ha convocado a una marcha en El Alto para el día martes. A menos que haya un compromiso de último momento, bastante difícil de alcanzar sin una capitulación que podría sacar al MAS de la carrera electoral, el escenario que se prepara es la misma polarización que vivimos en las semanas previas al golpe del 10 de noviembre. Esto de por sí ya marca el fracaso de la línea conciliadora y reformista del MAS. La crisis política que vive el país no será resuelta en las urnas, aunque se llegue, y veremos en qué condiciones, al voto.
La encrucijada para el MAS
Los candidatos del MAS a presidente y vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, han sido los últimos en pronunciarse sobre la decisión del TSE. Lo han hecho recién hoy, 24 de julio, dos días después de la rueda de prensa de Romero. Choquehuanca ha anunciado la realización de un cabildo para el martes, pero Arce ha deslindado responsabilidades de la organización de las protestas que se susciten en adelante. Esto es del todo inútil y contraproducente. La derecha no pedirá permiso al MAS para acusarlo de la conflictividad en el país y un llamado claro a la lucha habría, en cambio, dado ánimo a los sectores de las bases que ya han tomado este camino. Arce está siendo arrastrado por circunstancias y presiones que lo rebasan, lo cual no es de buen presagio.
La línea defendida por la bancada del MAS en la ALP y por los propios candidatos de este partido, además del mismo Evo desde Argentina, es que el TSE no tendría potestad constitucional para diferir el voto con una resolución administrativa. Esta facultad, sostienen, corresponde a la ALP. Abrir un nuevo frente y ensanchar otra grieta entre las instituciones del Estado puede ser útil, si se utiliza para organizar las fuerzas detrás de las trincheras. Pero claramente no es reafirmando el papel de la ALP como se va a ganar esta guerra.
La amenaza de proscripción
Si mañana con un acto de desagravio, los dos tercios del MAS convocaran a una sesión de la ALP sobre la fecha de las elecciones ¿qué podrían hacer? Ratificar la fecha del 6 de septiembre sería como plantar palos en una cancha de fútbol y esperarse que jueguen. El MAS ya no controla el TSE ni otros órganos del Estado, ni las FFAA. ¿Podría imponer su decisión en estas condiciones? La verdad es que, como ya ocurrido muchas veces en el pasado, empezando por los negociados parlamentarios de 2008 por la aprobación de la nueva Constitución, lo más probable es que Arce y Choquehuanca esperen una masiva respuesta popular contra el diferimiento de los comicios para negociar su realización y asegurarse de poder participar en los mismos. Esta línea conciliadora distancia Arce del movimiento que lo sostiene. Es la misma que ha llevado Evo al exilio y ha provocado los golpes de esta década o la destitución de Dilma en Brasil.
De hecho, el MAS está bajo la amenaza concreta de ser proscrito. Esto es lo que claramente quiere el sector más reaccionario de la burguesía boliviana, los terratenientes y ganaderos del Oriente que se hicieron con el control del Estado. Arce, de manera desprevenida, mencionó públicamente los resultados de una encuesta interna del MAS que le otorga la posibilidad de triunfo en el primer turno con un 40 por ciento de votos. Para la ley electoral boliviana esta difusión de encuestas por los candidatos es un delito electoral sancionado con la ilegalización del partido. Es una norma oprobiosa, introducida en la época neoliberal para expulsar a la izquierda del parlamento. Los marxistas siempre consideramos necesario reformar este régimen electoral antidemocrático.
El MAS en cambio, ratificó esta norma y la usó para ganar en mesa las elecciones en el Beni de 2015. Esto hace objetivamente complicada su defensa legal, que por el momento se basa, por un lado, en negar la comisión del delito electoral bajo el argumento que Arce respondió, fuera del periodo oficial de apertura de la campaña electoral, a una pregunta periodística sin divulgar intencionalmente ninguna encuesta; por el otro en la presentación de un amparo constitucional para suspender cualquier decisión del TSE hasta una determinación del Tribunal Constitucional. Una estrategia para ganar tiempo que evidentemente pierde cualquier eficacia si las propias elecciones son postergadas.
La encrucijada de la COB
Estos son los motivos por los cuales es inevitable que en las próximas semanas el país se vea nuevamente envuelto en el conflicto social. La burocracia sindical llega a este momento cargando sus errores del año pasado y el peso de su objetiva complicidad con Añez, además de la desconfianza y el desprestigio entre las bases por su actuar en esta crisis. Huarachi, el ejecutivo de la Central Obrera, apareció la mañana del 10 de noviembre a lado de Evo; en la tarde le pedía la renuncia; al día siguiente se prestaba a la “pacificación” impuesta con balas en Senkata y Sacaba y a la semana sucesiva participaba de los ampliados del MAS para nombrar a los candidatos.
Durante estos meses en que en Bolivia se han perdido 122.000 empleos formales y la pobreza ha vuelto a abarcar a aproximadamente el 40 por ciento de la población, la burocracia sindical ha actuado como un freno a las luchas. En mayo, con un video publicado en nuestra página Facebook en apoyo a la lucha de los trabajadores de Altifibers, argumentamos la necesidad y la posibilidad de ir a una huelga general en defensa del empleo y contra el gobierno. A principio de junio un ampliado de la COB resolvía movilizarse por la estabilidad laboral, el trabajo, la educación. Este era el reflejo de la urgencia de las protestas de salubristas, fabriles y maestros cuyas luchas empezaban a expandirse como una mancha de aceite. Sin embargo, la COB convocó apenas hace dos semanas a una marcha simbólica, sin dar ninguna respuesta, sin convocar ni siquiera a una huelga general y vinculando todos los reclamos a la defensa de la fecha electoral del 6 de septiembre.
Divisiones en el sindicato
Los marxistas pensamos que a los trabajadores sacrificados a diario en el altar del lucro, no se le puede negar el derecho democrático a votar. Quien piensa diferente es evidentemente la misma burocracia sindical, por un lado porque se mantiene prorrogada en el cargo gracias a una resolución del gobierno de Añez para recompensarlos del papel desempeñado en la “pacificación”. Por el otro porque nuevamente disimulan sus verdaderas intenciones. La convocatoria a la marcha del martes es contra “la aplicación de mala política de gobierno, tanto en salud, la educación, la economía, los despidos masivos y rebajas salariales así como a la violación constante de las leyes nacionales que van en desmedro de la democracia”. Pero la clase trabajadora ya no muerde este anzuelo.
La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, el sector más numeroso de los afiliados a la COB después del magisterio, ha emitido otro comunicado instruyendo a todos sus sindicatos de base a no salir a marchar en defensa de la vida y por la gran difusión de lutos y contagios en el sector fabril. La burocracia sindical fabril ha capitulado ante la patronal en todas las luchas más significativas en Cochabamba y Santa Cruz. De hecho, probablemente sindicatos como el de ALTIFIBERS sí marcharán. En su instructivo, sin embargo, ni esta burocracia pro patronal puede evitar de expresar “la necesidad de manifestar nuestro descontento” con el gobierno, señal clara de las presiones de las bases en fermento. Solo si las elecciones son parte de en un programa de defensa real de sus condiciones de vida y trabajo, se podrá movilizar a la clase trabajadora por este objetivo y vencer las resistencias en las filas del movimiento sindical.
Qué deberían hacer el MAS y la COB
El MAS y la COB no han hecho un balance verdadero ni de los sucesos de octubre-noviembre, ni de la situación de crisis que vive el país en un mundo en crisis. Nuestra organización el año pasado ha defendido que la única manera de impedir que las FFAA resolvieran la crisis política en favor de la clase dominante, era pasar de manera resuelta al contraataque, desarmando la burguesía golpista, las multinacionales y el imperialismo. Así es como se podía separar el descontento de las bases populares del movimiento contra Evo de la dirección golpista y conectar con las movilizaciones en curso entonces en Chile o Ecuador, para evitar maniobras del imperialismo a través de la OEA.
El MAS hizo todo lo contrario y sabemos con qué resultados. Confiaron en Almagro y anularon a un día del pronunciamiento militar, cuando era demasiado tarde, el contrato de concesión del litio a una multinacional alemana, recibido como una provocación por la clase trabajadora de uno de los departamentos más pobres del país como es Potosí. Se apoyaron en el Estado burgués a lo largo de todo su gobierno y fueron derrocados por este. Hoy tienen una segunda oportunidad que contadas veces la historia suele conceder.
Si la bancada masista en la ALP lleva a sus extremas consecuencias el conflicto institucional que protagoniza, debe plantearse su proclamación como gobierno legítimo. Si en vez de limitarse a ser la sombra de Añez, con iniciativas legislativas como la suspensión temporal de los despidos o del pago de préstamos hechas para ganar apoyo popular sin perder crédito entre la burguesía y las multinacionales, se declaran en sesión permanente para legislar la prohibición de cualquier despido, ahora y después de la pandemia, la nacionalización de las empresas que cierran, del sistema privado de salud y de las multinacionales que siguen extrayendo recursos del país – es decir nada más que las medidas urgentes para afrontar la pandemia y la crisis – podrían fácilmente convocar el pueblo a defender su obrar. La COB tendría con qué convocar la huelga general en apoyo a las medidas promulgadas por la ALP que benefician a los trabajadores y el pueblo.
Si no hacen esto, están entregando a sus verdugos la soga con la cual querrán colgarlos. Incluso si lograran movilizar a su base, pero sin llegar al grueso de la clase trabajadora, no harían más que generar las condiciones de un nuevo golpe. Las próximas semanas serán decisivas para dirimir este nuevo capítulo que puede definir la crisis política en el país. Ahora como en octubre nuestra organización plantea al MAS y a la COB de luchar con el conjunto de la clase trabajadora, de manera resuelta y revolucionaria contra el golpismo.
