Chile vive una nueva jornada de huelga general, como parte del levantamiento contra el régimen que ya cumple casi 40 días de lucha. El gobierno sigue intensificando la represión (denunciada por organismos internacionales) e incluso modifica la legislación otorgándose más poderes para usar al ejército “en el resguardo de edificios públicos” sin necesidad de decretar el estado de emergencia, al tiempo que trata de desmovilizar mediante “acuerdos” y promesas de negociación. Las condiciones están dadas para tumbar a Piñera, pero ¿qué es lo que falta?
El intento del gobierno de Piñera de desactivar el levantamiento con el “Acuerdo de Paz y Nueva Constitución”, en el que participaron todos los partidos del arco parlamentario (con la excepción del PCCh), además de ser una trampa en los términos en que se planteó, fue rechazado por el movimiento de manera frontal. La Unión Portuaria y el Colegio de Profesores fueron los primeros en oponerse, y les siguió, el 16 de Noviembre, una declaración conjunta de la Mesa de Unidad Social. La firma del acuerdo por parte del dirigente del Frente Amplio Boric ha generado también un amplio rechazo, con cientos de militantes firmando declaraciones críticas, exigiendo su renuncia como diputado y abandonando la militancia en CS, incluyendo entre ellos el alcalde de Valparaíso y dirigente nacional del FA Jorge Sharp.
La idea del débil gobierno de Piñera era fortalecer su base de apoyo implicando a la oposición, pero en realidad lo que logró fue aumentar el rechazo general a todo el régimen, incluyendo a los partidos de la antigua Concertación.
La reciente encuesta del Barómetro del Trabajo (https://fielchile.cl/v2/barometro-del-trabajo/) demuestra la amplitud y profundidad de la falta de legitimidad de las instituciones del parlamentarismo burgués. Un 90% de los encuestados dicen no estar satisfechos con la democracia (un 47% no está nada satisfecho) y un 89% de los encuestados “señaló que se gobierna en beneficio de los grupos poderosos”. Un 83% desaprueba la gestión del gobierno, pero todos los partidos sufren niveles de desaprobación generalizados, desde el 77% del gobernante UDI, hasta el 70% del propio Frente Amplio. En una escala del 1 al 100, solamente aprueban los movimientos sociales (58), mientras que los partidos políticos y el parlamento obtienen apenas un 4 cada uno. Un 85% se muestra de acuerdo con las movilizaciones, a pesar de la campaña constante de criminalización y manipulación de la información por parte de los grandes medios y del propio gobierno. De lo que estamos hablando en realidad, si cabía alguna duda, es de una profunda crisis de régimen.
Un aspecto muy interesante de esta encuesta es el hecho de que aunque cuando se pregunta directamente, un 82% afirma que Chile necesita una nueva constitución (y un 58% cree que debe ser elaborada por una Asamblea Constituyente, no por un grupo de expertos), en realidad cuando se hace una pregunta abierta sobre cuáles son las demandas de la protesta, un 51% menciona mejoras salariales, un 44% la cuantía de las pensiones, un 38% la abrogación de las AFP, 37% más presupuesto para salud, un 27% la gratuidad de la educación, y sólo un 10% una nueva constitución.
Esto ratifica lo que ya explicamos, para las masas implicadas en el levantamiento la cuestión de la Constitución es vista como un medio para llevar adelante un cambio radical de todo el sistema, lo que las empuja es la acumulación de agravios salariales, de pensiones, salud, educación, etc. Sin embargo, esas reivindicaciones, no se consiguen simplemente escribiendo una nueva Constitución. El obstáculo es el sistema capitalista en crisis, y solo mediante la expropiación de los grandes medios de producción, las minas, los bancos, la gran patronal y las multinacionales, se puede garantizar un salario digno, una pensión digna, salud y educación gratuitas.
De ahí que la clase dominante, aunque teme las implicaciones de una Asamblea Constituyente en un contexto de un cuestionamiento del régimen tan fuerte, podría en un momento dado, ante el temor de enfrentarse a un derrocamiento revolucionario, llegar a convocar una Constituyente. Su preferencia, como se plantea en el “Acuerdo por la Paz”, una Convención Constituyente encorsetada y bajo control. Pero incluso no se puede descartar que para poner fin al levantamiento pueden llegar a hacer más concesiones democráticas en los términos de la misma.
El paro nacional progresivo que ha convocado la Unidad Social, aunque tiene un amplio apoyo, adolece de dos limitaciones. La primera el carácter un poco confuso de la convocatoria. En un primer momento se anunció paro de algunos sectores para el 25 de noviembre (portuarios y otros) y huelga general para el 26 y 27 de noviembre. Pero en las comunicaciones más recientes de la MUS se insiste en la huelga general del 26, sin mención alguna del 27. Para avanzar, el movimiento necesita una dirección clara y con una actitud decidida.
Pero la debilidad principal es justamente la que ya señalamos anteriormente. Se convoca a una huelga general por un pliego petitorio y por una Asamblea Constituyente, pero las organizaciones convocantes rehúyen deliberadamente la palabra de orden que domina la calle: “Fuera Piñera”. Es más, la Mesa de Unidad ha aceptado reunirse con Piñera a partir del 27 de noviembre para discutir el pliego petitorio. El gobierno, contra las cuerdas y sin poder controlar la situación a más de un mes del inicio del levantamiento, no solo utiliza la represión, sino que también trata de enredar al movimiento en todo tipo de trampas de negociaciones y acuerdos.
El gobierno está a la defensiva. Varios organismos internacionales de derechos humanos (no conocidos por sus simpatías revolucionarias, sino al contrario) han denunciado públicamente los abusos de la represión. Son ya casi 2000 heridos y más de 7000 detenidos documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile desde que inició el levantamiento, de ellos 437 heridos por arma de fuego, y 1180 por disparos de perdigones, más de 200 personas con daños oculares, además de un sinfín de denuncias por torturas y vejaciones sexuales a detenidos. En realidad, sino fuera porque no tiene un recambio claro, la burguesía ya hubiera reemplazado a Piñera por otro gobierno más “a la izquierda”, con un contenido “más social”. En lugar de eso ha tratado de jugar la carta de la “unidad nacional” a la que se han prestado todos los partidos parlamentarios (menos el PCCh).
El levantamiento popular ha dado muestras de una enorme vitalidad, resiliencia y valentía. La juventud de la primera línea ha organizado la defensa de las marchas contra la brutalidad policial. Las movilizaciones siguen siendo masivas y hay reuniones amplias de asambleas y coordinadoras territoriales, cabildos autoconvocados, etc. En las últimas jornadas hemos visto un aumento de los ataques a cuarteles policiales (cinco el mismo lunes 25), la respuesta más organizada a la brutalidad policial, se nota que el pueblo en las calles no sólo está harto de la violencia de carabineros sino que empieza a perder el miedo.
Pero inevitablemente la pregunta surge ¿porque no ha caído todavía Piñera? ¿Qué falta? En primer lugar se requiere una estrategia ofensiva. La continuación de manifestaciones diarias y barricadas y enfrentamientos con la policía, de huelgas generales parciales y limitadas en el tiempo, corre el riesgo de producir desgaste y cansancio ante la ausencia de una perspectiva clara de cómo avanzar. Lo que puede dar al levantamiento un nuevo aire es la incorporación de los sectores decisivos de la clase obrera. Solamente de esa manera se puede paralizar el país y poner en jaque al gobierno patronal. Se requiere un plan de lucha que culmine en una huelga general indefinida con el objetivo claro de tumbar al gobierno y todo el régimen.
Para eso es necesario que el movimiento se dote de una estructura democrática. La Mesa de Unidad Social se ha puesto a la cabeza del movimiento, pero hasta el momento se compone solamente de representantes de las diferentes organizaciones y no hay ningún mecanismo que la haga responsable ante el propio movimiento. Hay que avanzar en la coordinación de los cabildos y asambleas, en cabildos regionales mediante voceros electos y revocables en todo momento. Se debe convocar una gran asamblea nacional de cabildos y asambleas.
Al mismo tiempo es necesario organizar la autodefensa del movimiento. Se han dado ya varios casos de personas vinculadas al movimiento (la mimo Daniela Carrasco y una periodista comunitaria en Santiago y un activista social en Antofagasta) que han aparecido muertas en circunstancias sospechosas. El 25 de noviembre carabineros allanó el local del PC en el comunal de Calama, Antofagasta y se llevaron preso al secretario del partido. La juventud de la Primera Línea se ha dado a la tarea de defender las marchas contra la represión. Hay que ampliar esa organización, aunando la juventud al movimiento obrero organizado, los portuarios, mineros, etc, mediante comisiones de seguridad y resguardo como la que ya existe en Antofagasta.
Como muy bien lo ha planteado Gustavo Burgos en un artículo en El Porteño: “Si las asambleas y cabildos se unifican nacionalmente, estarán echadas las bases no sólo de una nueva forma de Gobierno y Constitución. Tal unificación dará en realidad cuerpo a un gobierno de los explotados, abriendo las puertas de la revolución que se ha iniciado en Chile desde el 18 de octubre . Con esta unificación del movimiento se crearán las herramientas para cambiar desde la base bases la totalidad de la estructura social. Tal cambio pondrá fin al orden capitalista, pondrá el poder en manos de los trabajadores y explotados y será el Chile nuevo, la República de los Cabildos y Asambleas, el rojo amanecer y la liberación popular cuyas banderas enarbolan millones hoy día en las calles. Tal es la tarea, tal es la revolución, en esta lucha desde las bases, habremos de vencer.” (LA SOLUCIÓN A LA CRISIS: QUE GOBIERNEN CABILDOS Y ASAMBLEAS http://elporteno.cl/2019/11/25/la-solucion-a-la-crisis-que-gobiernen-cabildos-y-asambleas/)
Una victoria revolucionaria, posible, en Chile, tendría un impacto en todo el continente, ya sacudido por levantamientos revolucionarios y movilizaciones de masas en Haití, Ecuador, Colombia, etc. Para eso es también urgente forjar una dirección revolucionaria que esté a la altura de las tareas a las que se enfrenta el levantamiento.
