En el año de 1943 los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, junto con el agente del Departamento de Estado Norteamericano, Tom Wallace crearon la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización conformada por los propietarios de los principales medios de desinformación escrita latinoamericanos. En el año de 1943 los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, junto con el agente del Departamento de Estado Norteamericano, Tom Wallace crearon la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización conformada por los propietarios de los principales medios de desinformación escrita latinoamericanos.
Del 17 al 20 de marzo de 2006, 400 delegados de esta organización se reunirán en la ciudad de Quito “para analizar el avance o retroceso de la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el respeto a los medios de comunicación en los países de la región”, señala el periódico HOY de Ecuador.
En este cónclave, al que está invitado el connotado agente de la CIA y terrorista Carlos Alberto Montaner, una vez más la SIP lanzará sus ataques virulentos contra la supuesta falta de libertad de expresión en Cuba y la República Bolivariana de Venezuela.
El Director Ejecutivo de la SIP, el chileno Julio Muñoz expresó en entrevista sostenida con el diario HOY que en esta reunión pondrán “especial énfasis en lo que sucede en Cuba, en donde no hay libertad de prensa con el Gobierno comunista de Fidel Castro.” De igual manera señaló que se analizarán “las amenazas contra los medios de comunicación y los periodistas en Venezuela”.
El evento tendrá lugar en el Swissôtel. La inscripción para participar en los diferentes actos oscila entre los 75 y 1250 dólares. El precio de las habitaciones va desde 100 hasta 1200 dólares diarios, dependiendo del confort que deseen tener los participantes que se hospeden en este hotel cinco estrellas.
¿Será acaso que a esta reunión, con precios tan módicos, podrán asistir los verdaderos trabajadores de la prensa, los periodistas, los comunicadores sociales que en la mayoría de los casos reciben sueldos miserables por parte de los empresarios de los medios que forman parte de la SIP? ¿Irán como delegados a este acto los periodistas opuestos a las políticas de los empresarios mediáticos?
Lo cierto es que de esta reunión, lo único que se puede esperar, a más de las comidas, cenas, cócteles y paseos previstos para los participantes, es una nueva falsificación de los hechos y una manipulación tendenciosa sobre lo que efectivamente constituye la libertad de expresión.
Conocido es que para la SIP, libertad de expresión no es otra cosa que libertad de empresa. Por lo tanto, todo aquello que afecte a los intereses de los empresarios de la desinformación es catalogado como un ataque a la tan cacareada libertad de expresión que ellos dicen defender.
A los dueños de los medios les interesan principalmente sus ganancias. La violencia, el morbo, el sensacionalismo, lo espectacular es lo que más vende, dicen, por lo tanto nadie puede poner trabas, ni limitaciones de ninguna clase a este tipo de mensajes.
Esto es válido asimismo en lo que respecta a la publicidad. Poner restricciones a los mensajes publicitarios a través de los medios afectaría la economía de los propietarios de los mass media que se sostienen, en gran medida, gracias a los recursos provenientes de ésta actividad. Esto, a más de las consideraciones de carácter económico, tiene también implicaciones de carácter político e ideológico.
Los empresarios de la desinformación conocen la importancia que tienen los mass media en la conformación de las ideas de las personas respecto a diferentes temáticas. Para ello acuden a las instancias a-reflexivas y pre-reflexivas de los colectivos sociales con el propósito manifiesto de manipularlos a través de mensajes que apuntan a lo emocional. La historia nos da varios ejemplos. Solo basta recordar cómo el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goobbels utilizó los mass media para confundir a la población alemana y así lograr su apoyo para la guerra genocida. Asimismo se puede señalar el caso de la manipulación constante realizada por la administración del psicópata Bush para justificar su guerra contra el mundo, con el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional.
El rol de la SIP ha sido fundamental en este proceso de intoxicación mediática llevado a cabo por el imperialismo norteamericano. Para cumplir con sus protervos intereses, la SIP-CIA se presenta como la representante oficial de la prensa en América Latina, para lo cual ha asumido el papel de defensora de la libertad de expresión, de los periodistas y de los medios contra los abusos del poder.
La realidad es totalmente distinta. En la práctica, la SIP defiende los intereses económicos, políticos e ideológicos del imperialismo, de la burguesía y, como es lógico, de las corporaciones mediáticas latinoamericanas y sus propietarios. Para ello no ha escatimado en utilizar todo tipo de mecanismos, incluida la mentira, la desinformación y tergiversación de los hechos. Esto puede apreciarse en relación a los casos de Cuba y Venezuela.
Los argumentos dados por la SIP respecto a Cuba son totalmente falsos. Esta organización, puesta al servicio de la contrarrevolución cubana y de las mafias de la gusanera de Miami, ha señalado que el régimen de Castro mantiene un control absoluto sobre la prensa, impidiendo a la oposición y a los periodistas independientes expresar libremente sus ideas. Según los informes de la SIP, en Cuba estarían detenidos periodistas independientes por el único hecho de haber criticado a la “dictadura”.
Lo que no dice la SIP es que los llamados periodistas independientes, no son ni periodistas, ni independientes, sino que son mercenarios al servicio del imperialismo norteamericano que en el interior de Cuba, con los dineros que les entregan la NED y la USAID, principalmente, se dedican a difundir y publicar, tanto interna como externamente, un sinnúmero de libelos e informaciones falsas sobre la situación de los derechos humanos en la Isla, así como a escribir articulillos en defensa del bloqueo económico y de las medidas crueles aplicadas por las administraciones gringas para derrotar a la Revolución Cubana.
Lo que tampoco señala la SIP es que en Cuba, las distintas organizaciones sociales de masas tienen la libertad de expresar sus planteamientos a través de sus diversos órganos y publicaciones de prensa. De igual manera la SIP oculta que en Cuba los medios están al servicio del pueblo, preocupados de velar por los intereses de la población, para lo cual se ha establecido una programación cultural, educativa que permite a las y los cubanos formarse integral y humanamente.
En lo que respecta al caso de Venezuela, la conducta de la SIP es abierta y totalmente cínica, descarada e hipócrita.
Han sido los medios privados venezolanos (Venevisión, Globovisión, RCTV, El Nacional, El Universal) los que desde la elección del presidente Hugo Chávez han lanzado sus furibundos ataques contra el régimen constitucional. Habría que recordarle al señor Julio Muñoz, por si lo ha olvidado, que los mass media privados en Venezuela fomentaron, auspiciaron y participaron activamente en el golpe fascista del 11 de abril de 2002. Uno de los personajes implicados en esta acción golpista fue Marcel Granier, quien participará como panelista en la reunión de la SIP en Quito. Asimismo hay que señalar que esos medios del engaño, cuando el pueblo bolivariano se levantó para denunciar al mundo que en Venezuela se había dado un golpe fascista, que Chávez no había renunciado y que lo tenían secuestrado, callaron y no informaron al mundo sobre lo que realmente estaba sucediendo.
Del mismo modo los mass media venezolanos han pretendido silenciar y minimizar el caso del asesinato del Fiscal Danilo Anderson, valiente joven que murió el pasado 18 de noviembre de 2004 producto de la explosión de una bomba colocada en su vehículo; hecho en el cual están involucrados el FBI y la gusanera contrarrevolucionaria de Miami. Hay que recordar que Danilo Anderson estaba tras la pista de quienes participaron en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Las “pirañas informativas” en Venezuela, calificadas así por la sabiduría popular, no han cesado sus agresiones cobardes contra el gobierno bolivariano. Hoy sostienen que Chávez ha lanzado una ola de ataques represivos contra periodistas opositores y que ha establecido un cuerpo legal para impedir el ejercicio de la libertad de expresión.
Falsimedia una vez más entra en acción, manipulando la información. Los casos a los cuales hacen referencia los medios privados venezolanos y la SIP son los de Ibéyise Pacheco, Marianella Salazar y Gustavo Azócar.
La periodista opositora Ibéyise Pacheco estuvo involucrada en un caso de difamación contra el Coronel Ángel Bellorín, por lo cual tuvo que presentar disculpas públicas y retractarse de lo dicho, con lo cual pretendía eludir una demanda penal.
Marianela Salazar enfrenta un juicio por el delito de calumnia contra el actual Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel y el gobernador del Estado Miranda, Diosdado Cabello, los mismos que según un escrito realizado en el año 2003 por esta periodista, habrían cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, acusándolos de realizar ciertas negociaciones en la compra de radares.
Gustavo Azócar enfrenta un proceso legal por un presunto delito de estafa. También se lo acusa de obstruir la administración de justicia y de lucro ilegal en la administración pública.
En ninguno de estos casos se puede argumentar que el gobierno de Chávez los ha perseguido por cuestiones de carácter político. Las razones por las cuales estas tres personas se hallan sometidas a la justicia son distintas. Pero la SIP no puede dejar de mentir en su defensa de los golpistas venezolanos.
La SIP-CIA además ha manifestado su rechazo tajante a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), decretada por la Asamblea Nacional Venezolana en el año 2005. Este cuerpo legal establece, entre otras cosas, restricciones para la difusión de la publicidad y de programas que atenten contra la formación psicológica, afectiva y educativa de la niñez y de la juventud. De igual manera, la ley RESORTE señala en varios de sus artículos la obligación de las emisoras radiales y televisivas de ofrecer una programación cultural, donde se resalten los valores propios de la nación venezolana. Esto es lo que les no gusta a los empresarios de los medios privados venezolanos y a la SIP.
Los comunicadores sociales debemos rechazar frontalmente a estos mentirosos adalides de la libertad de expresión. Solo si se los desenmascara y se afecta sus interés económico, entregando al pueblo el control efectivo de los medios, podremos construir una comunicación objetiva, veraz y responsable, comprometida con las causas sociales.
