¿Por qué ahora, cuando la Revolución Bolivariana se enfrenta a la posibilidad de una derrota ante las fuerzas de la contrarrevolución, y cuando el estado de ánimo de las masas se encuentra en su punto más bajo en los últimos 16 años, y no antes, cuando el ánimo y la combatividad de las masas era mucho mayor, y por lo tanto la fortaleza de la revolución era claramente superior, es cuando nuestros dirigentes deciden purgar el aparato de estado y de gobierno de elementos contrarrevolucionarios que detentan cargos de dirección?
El pasado día lunes 22 de Agosto el dirigente nacional del PSUV Jorge Rodríguez, anunció públicamente que por orden del presidente Maduro, fueron citados los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas y despacho de la Presidencia, a fin de entregarles una lista con los nombres de funcionarios en cargos de libre remoción (los llamados cargos 99), que firmaron contra el presidente Maduro con el objetivo de activar el referendo revocatorio, a fin de que estos fuesen removidos de sus cargos en un lapso de 48 horas.
Este anuncio se produjo después de las declaraciones emitidas el pasado 11 de Agosto, por el también dirigente nacional del PSUV Diosdado Cabello, quien denunció que de 13 mil funcionarios de libre remoción que existen en el estado venezolano, aproximadamente 4 mil firmaron contra el presidente Maduro y/o contra el presidente Chávez:
“Desde aquí hago la misma denuncia, no puede haber escuálidos dirigiendo ninguna institución del Estado (…) ¿Por qué no debe haber escuálidos? Porque usted pone un escuálido al frente y va a hacerle la vida imposible a los chavistas, va a sabotear la revolución, a torpedear la revolución, va a favorecer a sus compañeros de partido de la derecha”.
La verdad, es que tanto las denuncias de Diosdado como las medidas anunciadas por Jorge Rodríguez llegan a la escena política con un enorme retraso histórico, aún y cuando no es la primera vez que durante los últimos meses Diosdado hace denuncias de tal naturaleza. ¿Desde hace cuántos años los trabajadores y trabajadoras de vanguardia de las intituciones públicas no han denunciado a un sin número de funcionarios contrarrevolucionarios, burócratas y reformistas en cargos de dirección, sin que ningún tipo de medida fuese tomada en respuesta, o sin que al menos dichas denuncias hayan sido tomadas en cuenta por nuestra dirigencia?
¿Por qué ahora, cuando la Revolución Bolivariana se enfrenta a la posibilidad de una derrota ante las fuerzas de la contrarrevolución, y cuando el estado de ánimo de las masas se encuentra en su punto más bajo en los últimos 16 años, y no antes, cuando el ánimo y la combatividad de las masas era mucho mayor, y por lo tanto la fortaleza de la revolución era claramente superior, es cuando nuestros dirigentes deciden purgar el aparato de estado y de gobierno de elementos contrarrevolucionarios que detentan cargos de dirección?
Como ya hemos mencionado, cuando Diosdado denuncia a los funcionarios contrarrevolucionarios en cargos de dirección, no se refiere sólo a aquellos que firmaron contra el presidente Maduro recientemente, sino también a aquellos que firmaron contra Chávez en el año 2004: “…hemos encontrado, de 13 mil y pico de funcionarios grado 99, más de 4 mil han firmado contra el presidente Chávez o contra el compañero Nicolás Maduro, esto da vergüenza decirlo ¿es eso justo?…”. ¿Por qué entonces, en el caso de los que firmaron contra el presidente Chávez, hubo que esperar más de una década para enfrentar a estos elementos derechistas que han venido torpedeando las políticas revolucionarias desde el aparato de estado burgués y desde el gobierno mismo?
Obviamente, ello demuestra una falta absoluta de voluntad política por parte de nuestra dirigencia, ante la necesidad histórica de profundizar la revolución hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando no radicalizar la revolución significa permitir que la contrarrevolución nos infiltre y nos embista desde adentro.
Ahora bien, es muy importante señalar que quienes torpedean a la revolución desde el aparato de estado y desde el gobierno, no son sólo los escuálidos en cargos de dirección, sino también, todos aquellos reformistas y burócratas que, aunque se reivindican chavistas, socialistas y revolucionarios, sólo se preocupan por defender los privilegios y el poder que han obtenido gracias a la revolución, con lo cual terminan por convertirse en verdaderos obstáculos para el avance y la profundización de ésta, y por lo tanto, terminan convirtiéndose en la práctica en elementos contrarrevolucionarios.
¿Cuántos gobernadores, alcaldes, diputados y ministros del PSUV no han torpedeado las políticas revolucionarias desde sus instancias de poder en la última década? ¿Cuántos de estos dirigentes no han saboteado la organización de los trabajadores y de las comunidades, y han utilizado las palancas del poder estatal para debilitar al poder popular, y por lo tanto a la revolución? Cuantos gerentes y directivos de empresas nacionalizadas no han aplicado políticas antiobreras, han golpeado las conquistas y la organización de los trabajadores incluso peor que como lo hacían los antiguos capitalistas propietarios de dichas empresas?
Por lo tanto, aunque se definan como socialistas y revolucionarios, y aunque no hayan firmado contra el presidente Chávez o contra el presidente Maduro, todos estos elementos constituyen un enorme freno para la revolución, e ineludiblemente deben ser también purgados de las instituciones estatales y del gobierno.
La revolución socialista significa de forma inmanente la toma de las palancas del poder político y económico del país por parte de la clase obrera y el pueblo trabajador en su conjunto. Si la clase obrera no controla de forma colectiva y democrática el proceso de producción en las empresas, así como las decisiones fundamentales en el estado revolucionario, entonces no podrá hablarse de socialismo. Por lo tanto, no hay revolución socialista si las decisiones políticas fundamentales en nuestra sociedad, continúan secuestradas por un puñado de burócratas que controlan las palancas del poder político en benficio propio mientras se hacen llamar revolucionarios.
En ése sentido, la tarea que tiene la Revolución Bolivariana por delante no es sólo la separación del cargo de los 4 mil y tantos 
funcionarios contrarrevolucionarios que hoy detentan cargos de dirección, sino la purga inmediata de todos los burócratas que también detentan cargos de dirección, hayan firmado o no, y que durante su gestión han saboteado las políticas revolucionarias, han obstaculizado la organización de la clase trabajadora, han atropellado los derechos de la clase, han cometido actos de corrupción y en fin, han torpeadeado la revolución a la vez que se disfrazaban de revolucionarios.
Más aún, por sí sola, la purga de los elementos burócraticos y reformistas al frente del estado no lograría tampoco resolver el problema totalmente, ya que las causas del fenómeno de la burocratización de nuestros dirigentes en cargos de dirección, y de la connivencia de éstos con contrarrevolucionarios en cargos de dirección, radican en última instancia en las relaciones sociales que estructuran el aparato de estado burgués por un lado, y por el otro en la carencia de un partido revolucionario.
En el aparato de estado burgués, el poder para la toma de decisiones fundamentales está monopolizado por los jefes, y por el contrario los trabajadores y trabajadoras somos como peones que debemos cumplir con los mandatos y dictámenes impuestos por nuestros jefes en el proceso de trabajo, a la vez que no tenemos ninguna facultad ni derecho de participar directamente en la toma de decisiones dentro de nuestros centros de trabajo.
En particular, la designación o remoción de un funcionario con cargo de dirección depende únicamente de los jefes de jerarquía superior, y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras revolucionarias, aún y cuando sabemos y conocemos cuáles directores, supervisores y gerentes son contrarrevolucionarios, o, cuáles se definen chavistas y revolucionarios, pero son corruptos, obstaculizan la organización de la clase trabajadora o simplemente sabotean las políticas revolucionarias, no tenemos facultad alguna para removerlos de sus cargos.
Por otro lado, los funcionarios que detentan cargos de dirección, tienen derecho a gozar de privilegios que en términos de sus condiciones materiales de vida, les colocan muy por encima de los trabajadores y trabajadoras de base. Ello es así para que estos funcionarios sean absolutamente serviles a sus superiores, y finalmente, a la clase que dirige este estado, es decir, a la burguesía.
En el caso de la Revolución Bolivariana, aunque no es directamente la clase capitalista la que dirige el estado, las relaciones sociales que lo estructuran siguen tenindo un carácter totalmente burgués, lo que implica que los ministros, directores y gerentes ganan muy por encima del salario percibido por los trabajadores de base, además de que tienen acceso a muchos otros privilegios y prebendas, que rápidamente van degenerando su consciencia política y la van transformando en una consciencia pequeño burguesa, burocrática y reformista.
Aunque una parte importante de la dirigencia revolucionaria proviene de las filas del proletariado, el campesinado y las demás capas oprimidas de nuestra sociedad, al insertarse y enquistarse en el aparato de estado, estos compañeros y compañeras han terminado por convertirse en verdaderos burócratas, que lejos de luchar por la radicalización socialista de la revolución, más bien luchan por defender sus propios intereses y privilegios, llegando incluso a poner en peligro a la propia Revolución Bolivariana.
Sobre esa base, la mayoría de estos dirigentes, debido a su ceguera política, originada en su grave estado de burocratización, permiten, consciente o inconscientemente, la infiltración de elementos contrarrevolucionarios, que terminan formando parte de sus trenes directivos en ministerios, instituciones, gobernaciones y alcaldías.
En la medida en que la política de estos dirigentes burocratizados no es una política consecuentemente revolucionaria, proletaria y socialista, sino simplemente una gestión socialdemócrata al frente de dichas instituciones y ministerios (y en algunos casos incluso se trata de gestiones abiertamente capitalistas), aunque sean disfrazadas de socialistas, entonces a nuestros burocratizados dirigentes al final no les importa trabajar con directores, gerentes y demás contrarrevolucionarios en cargos de dirección, siempre y cuando sean “eficientes” y “profesionales”.
En los peores casos, cuando se trata de dirigentes que aprovechan sus cargos de ministros, gobernadores o alcaldes para cometer actos de corrpución, incluso se alían con estos elementos de derecha para poder llevar a cabo el saqueo de las arcas públicas, o también, ocurre que se alían con éstos para golpear y aplastar a la vanguardia obrera, cuando ésta es combativa y lucha por la profundización revolucionaria dentro de la institución o empresa estatal en cuestión, ya que esta lucha atenta contra sus privilgios y prebendas.
Por lo tanto, desde la Corriente Marxista del PSUV – Lucha de Clases, consideramos que, a pesar de que la medida anunciada por Jorge Rodríguez está absolutamente retrasada, es totalmente necesaria y eso sí, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. No debe ocurrir como tantas otras denuncias y anuncios, que terminan siendo meras amenazas que al final no se concretan en acciones de ningún tipo, como ocurrió por ejemplo con las amenazas que profirió Diosdado hace algunas semanas contra Lorenzo Mendoza, asomando la posiblidad de la nacionalización de Empresas Polar, y una semana después el ministro Jesús Farías anunciaba la incorporación del monopolio Empresas Polar al Consejo de Economía Productiva, o como cuando el presidente Maduro anunció a mediados de 2014 aquel famoso “sacudón”, que sería llevado a cabo en el aparato de estado, para purgarlo de burócratas y contrarrevolucionarios, y al final nada ocurrió.
No se trata sólo de que convoquen a algunos ministros para tratar de limpiar tímidamente los ministerios que éstos dirigen, sino que debe haber una ofensiva revolucionaria general, pública, colectiva, democrática y transparente, basándose en la vanguardia trabajadora, en todo el aparato de estado, nacional, regional y local, para barrer absolutamente con todos los funcionarios contrarrevolucionarios en cargos de dirección que desde allí han venido torpedeando la Revolución Bolivariana durante los últimos 10 años.
Ahora bien, no basta únicamente con sacar a estos funcionarios escuálidos, para que en reemplazo suyo sean colocados burócratas vestidos de rojo y reformistas, que, aunque no hayan firmado contra Chávez o contra Maduro, y aunque se definan como chavistas y socialistas, han ejercido ya y van a continuar ejerciendo desde estas nuevas instancias, una política antiobrera y por ende no verdaderamente revolucionaria.
Por ello es que sostenemos firmemente que el problema de fondo lo constituyen, tanto el propio carácter burgués del estado mismo, 
como la ausencia de un partido revolucionario.
Como hemos dicho, no hacemos nada con sacar a estos funcionarios escuálidos en cargos de dirección, si mantenemos intactas las relaciones sociales que estructuran al estado burgués. Al final, aunque purguemos el estado de directores y gerentes escuálidos, mientras los cargos de dirección no estén bajo el control colectivo de la base trabajadora, mientras la toma de las decisiones fundamentales no estén en manos de las asambleas de trabajadores, mientras los cargos de dirección no sean elegibles democráticamente por la base trabajadora, y revocables en cualquier momento, mientras los cargos directivos sigan ganando varias veces lo que gana un trabajador de base, y continúen teniendo libre aceso a toda una serie de lujos y privilegios, mientras los presupuestos de las instituciones y ministerios no estén bajo el control colectivo de las asambleas de trabajadoras y trabajadores, cualquier funcionario que sea designado en un cargo de dirección, por muy revolucionario que sea, terminará degenerándose y convirtiéndose en un refomista y en un burócrata, y por lo tanto en el fondo, en un contrarrevolucionario, aunque no haya firmado contra Chávez ni contra Maduro, y aunque se defina como socialista.
De lo anterior, se deduce claramente que el estado burgués no puede ser reformado, ni tampoco simplemente purgado. El estado burgués debe ser abolido de forma revolucionaria, y las relaciones sociales que lo estructuran deben ser barridas radicalmente.
En ése sentido, el presidente Maduro debe dar paso inmediatamente a los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, a los Sindicatos Revolucionarios y los Delegados y Delegadas de Prevención, para que organicen en los próximos días y semanas asambleas obreras revolucionarias en cada ministerio, en cada institución pública, en cada empresa nacionalizada, y en cada gobernación y alcaldía, a fin de que sean los trabajadores y trabajadoras revolucionarios, los que sobre la base de su instinto y consciencia de clase, designen democráticamente en asambleas, a los funcionarios directivos de cada institución y oficina pública, a fin de que éstos sean realmente revolucionarios comprometidos que empujen en dirección hacia la abolición definitiva del estado Burgués.
La coyuntura que se abre con la purga de contrarrevolucionarios que se ha iniciado, puede apalancar la tarea urgente de desmantelar el estado burgués y construir un estado basado en los Consejos Socialistas de Trabajadores, en las Comnuas y los Consejos Comunales, pero sólo si nuestros dirigentes están dispuestos a llevarlo a cabo. Por el contrario, hacer de la cuestión de los 4 mil funcionarios firmantes contra Maduro una pantomima para distraer la atención de las masas y de la vanguardia, como un medio para nuevamente evitar completar las tareas aún inconclusas de la revolución socialista en Venezuela, es un absoluto crimen contra el pueblo trabajador y contra el socialismo.
No aprovechar la actual coyuntura para desmantelar el estado burgués de una vez por todas, significará mantener intactas las relaciones sociales sobre las que se ha constituido la quinta columna que hoy golpea a la revolución desde adentro, debilitándola cada vez más y preparando las condiciones para una derrota definitiva de la Revolución Bolivariana a manos de la contrarrevolución burguesa e imperialista.
¡Radicalización de la revolución!
¡Fuera todo escuálido, burócrata o reformista de los cargos de dirección en el estado!
¡Todo el poder para los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, Sindicatos Revolucionarios y Delegados de Prevención!
¡Adelante hacia el Socialismo!
