El 31 de enero del 2020, el compañero William Guzmán, delegado de prevención, y mi persona, William Prieto, Secretario General del sindicato SUTRABFOGADE, fuimos notificados de que las autoridades de FOGADE, de manera arbitraria, habían solicitado calificaciones de despido en nuestra contra. Esta acción fue el resultado de los crecientes choques que para entonces se venían acumulando entre el sector patronal de la institución financiera estatal y nosotros como representantes de los trabajadores, ante la vulneración sistemática de los beneficios laborales y ciertos casos de despidos injustificados.
Para ese momento, la presidenta de la institución era Arlen Piñate, hija del ex-Ministro del Trabajo y ahora Ministro de Educación, Eduardo Piñate, quien hace décadas y antes de entrar a ocupar posiciones de gobierno, luchaba por los derechos de sus compañeros docentes como dirigente sindical del magisterio venezolano. Hablamos del mismo personaje que en el tiempo reciente ha servido como ejecutor de las políticas anti-obreras más obcenas de la historia venezolana, como la pulverización de los salarios, las prestaciones, diversas primas, cajas de ahorro y HCM, además de participar por acción y omisión de miles de despidos patronales, impidiendo la renovación de sindicatos e impulsando el Memorando 2792.
Al resistirnos a ser desalojados de nuestros puestos de trabajo, desconociendo además los fueros de los cuales gozamos como representantes elegidos de los trabajadores, fuimos acusados y difamados de haber ejercido actos de violencia psicológica contra la Gerente de Finanzas, sin ninguna prueba. Las autoridades de FOGADE nos denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la que se nos citó y a la cual llevamos pruebas de video donde se evidenciaba lo contrario: la actitud violenta de la Gerente cuando irrumpió en las oficinas de nuestro sindicato, con personal ajeno a la institución y violando el “código de ética institucional” con el que recurrentemente la gerencia machacaba a los trabajadores.
Esta práctica, que consiste en el empleo de gerentes femeninas para promover falsas acusaciones de violencia machista contra dirigentes sindicales clasistas, no es nada nueva. Tratamos con una muestra más de la instrumentalización de las políticas de identidad por parte de la institucionalidad burguesa. Tal denuncia no pasó de la primera citación, tanto que desde este momento nunca más fuimos convocados por el fiscal designado. Pero sin embargo, el caso abierto se utilizó para promover la solicitud de calificación de despido en la Inspectoría del Trabajo, la cual fue entregada 2 días después de ser emitida, una agilidad procesal no vista desde hace muchos años por la Inspectoría en infinidad de casos. En la misma, se nos prohibió la entrada a la institución para la cual el compañero Guzmán laboró por 26 años y en mi caso 20 años.
Vale mencionar que bajo el alegato de vencimiento del sindicato, las autoridades de FOGADE no reconocían las acciones emprendidas por nuestra parte. Es cierto que SUTRABFOGADE está en mora electoral debido, como en infinidad de casos en Venezuela, a los impedimentos y trabas del Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional Electoral para que se efectúen nuevas elecciones sindicales, dándole de este modo alegatos al Estado en general y a los patrones sobre la ilegitimidad de los representantes obreros. Pero, el Código del Trabajo de Venezuela dice que un dirigente sindical que cuente con un periodo vencido no puede discutir contratos colectivos, más si seguir representando a los trabajadores sin peligro de ser despedido. De igual manera, en Venezuela desde hace más de 5 años rige un decreto de inamovilidad laboral y el Tribunal Supremo de Justicia, al comienzo de la pandemia, ratificó tal decreto, aunque solo en el papel, pues de manera cotidiana se ejecutan infinidad de despidos, avalados en buena medida por el Memorando 2792.
En las audiencias para procesar el caso por la Inspectoría, el sector patronal presentó amonestaciones forjadas, que no contaron con nuestras firmas, bajo el alegato de que nos ausentamos a nuestros trabajos de manera recurrente, algo que no es cierto y que queda en evidencia con el sistema electrónico que abre las puertas de la institución con nuestros carnets, cuyo historial no se nos entregó como prueba de descargo, así como los videos de las cámaras que prueban nuestras asistencias. Para validar las falsas acusaciones, la patronal llevó varios testigos: algunos trabajadores acudieron bajo la amenaza de despido y otros que acababan de ser ingresados a la nómina, con los que nunca tuvimos contacto ni interacción.
En los interrogatorios, al preguntar a los testigos claves de la patronal si tenían algún interés en la resulta, afirmaron que si lo tenían, lo que los habilitó a brindar testimonios cruciales para que la Inspectoría del trabajo –en toda la andanada de fallas procedimentales irresponsables e inaceptables– avalara nuestras calificaciones de despido. De igual manera, la ciudadana Inspectora en los interrogatorios, solía expresar por adelantado su creencia sobre nuestra culpabilidad y por consiguiente su parcialidad.
Cuando se inician las restricciones por la llegada del covid – 19 a Venezuela, el caso ciertamente se enfrió por unos meses. A raíz del surgimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria en el marco de la campaña para las elecciones parlamentarias, yo, Williams Prieto, que también formo parte de la Corriente Marxista Internacional en Venezuela, participé en actividades de agitación y de promoción de las candidaturas de esta alianza, tomando la palabra en intervenciones que tuvieron cierto rodaje en las redes sociales. Tal visibilidad, llevó a que la gerencia de FOGADE terminara de ejecutar los despidos injustificados en proceso. Este acto constituyó una acción de retaliación política. Hasta este momento, el compañero Guzmán y yo gozábamos de algunos beneficios de tipo remuneratorio, aunque se nos seguía prohibiendo la entrada a la institución, así como la asignación de bolsas de comida mensuales como compensación al salario.
Debo destacar que la calificación de despido se emitió días después de que la presidenta de la institución fuera removida de su cargo. Nos enteramos de la decisión al percatarnos de que no habíamos cobrado nuestra quincena y al acudir a FOGADE se nos notificó que habíamos sido removidos de nuestros puestos de trabajo. Acto seguido, nos entrevistamos con las nuevas autoridades, le presentamos nuestro caso y escuchando las palabras del actual presidente de la institución, Johann Márquez, nos enteramos que por orden del para entonces Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, nosotros no podíamos volver a la institución mientras él fuera ministro.
En la actualidad, William Guzmán y yo nos encontramos introduciendo una demanda ante los tribunales laborales, para solicitar la nulidad de las calificaciones de despidos por ser violatorias de todo principio legal. Tal situación ha sido muy dificultosa, dados los altos costos de una demanda en este país para un trabajador común, debido a los bajísimos ingresos y la hiperinflación. Gracias a la solidaridad de algunos compañeros, hemos podido juntar para imprimir documentos y copias, pero cubrir todo el proceso de demanda nos será cuesta arriba. El compañero Guzmán y mi persona hemos tratado de buscar empleo sin resultados favorables, dado a que, en buena medida, ambos contamos con edades avanzadas (Guzmán cuenta con 60 años y en mi caso tengo 53 años).
La lucha por nuestro reenganche es la misma lucha que encaran cientos de trabajadores por el respeto de sus derechos. Por esta razón, hoy, como luchadores obreros, apelamos a la solidaridad proletaria nacional e internacional, para cubrir con buena parte de los costos del juicio, ya sea mediante un aporte monetario, así como denunciando el atropello que se nos hizo como dirigentes de la clase trabajadora.
Si deseas ponerte en contacto con nosotros, para manifestar tu apoyo y solidaridad ya sea denunciando el caso o bien realizando un aporte monetario, escríbenos a los correos: wprietor@hotmail.com y ce.luchadeclasesvenezuela@gmail.com
