La oligarquía venezolana y el imperialismo utilizan el estado de Salud del Presidente Hugo Chávez para renovar su campaña de desestabilización contra la Revolución Bolivariana. Corren el riesgo de desatar la furia de los trabajadores y de los pobres.
Pueblo Pa’ la Asamblea. Concentración 5 enero Foto: TeleSurTV
El 10 de Enero es la fecha en la Chávez debe jurar como Presidente re-electo de Venezuela. Sin embargo, con la proximidad de ese día y las complicaciones que ha sufrido en su recuperación de la cirugía que le han realizado en Cuba, ello parece improbable. Desde el comienzo del año, e incluso antes, la derecha venezolana ha desatado una campaña sañuda y repugnante de rumores y mentiras acerca del auténtico estado de salud del presidente Chávez con el objetivo de sacarlo de la presidencia.
El periódico español ABC ha jugado un papel particularmente prominente en esta campaña, anunciando en sus titulares que Chávez se encuentra “en coma inducido” y sus días están contados. De acuerdo con las supuestas “fuentes de inteligencia” del periódico, Chávez será desconectado próximamente de los aparatos que lo mantienen con vida. Lo anterior fue combinado con un aluvión de propaganda y mentiras en las redes sociales, en una campaña organizada directamente por miembros destacados de la mal llamada oposición “democrática”.
El objetivo de esta campaña es lograr lo que la oligarquía no pudo conseguir a través de las urnas (ni previamente a través de golpes de Estado, conspiraciones, cierres patronales, etc.): el fin de la presidencia de Chávez, que supondría un duro golpe a la revolución bolivariana.
La hipocresía de estas damas y caballeros “demócratas” no tiene límites. Ellos insisten ahora en que hay que respetar la Constitución y que si Chávez no está en condiciones para prestar juramento el 10 de enero, entonces ya no es Presidente y hay que convocar nuevas elecciones de manera automática. Estas son las mismas personas que primero se opusieron a la Constitución Bolivariana de 1999, movilizándose contra ella, quemando copias de la misma en sus manifestaciones, y luego, en la primera oportunidad que tuvieron durante el breve golpe de estado en abril de 2002, la abolieron. Ahora, su única preocupación es que la Constitución Bolivariana “debe ser respetada”. A ellos se une, en este coro de hienas, la Conferencia Episcopal Venezolana -que también desempeñó un papel clave en el apoyo al golpe de abril 2002.
Incluso desde un estrecho punto de vista constitucional están equivocados. La Constitución es clara al decir (art. 231) que si “por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia” (sin fecha especificada).
Éste es precisamente el mecanismo legal que se activó ayer, 8 de enero, cuando el Vicepresidente Maduro informó a la Asamblea Nacional que, por consejo médico, el presidente Chávez no se iba a juramentar el 10 de enero y que por lo tanto se transfería la formalidad al TSJ.
Desde el punto de vista legal, el presidente Chávez pidió permiso a la Asamblea Nacional para salir del país para someterse a tratamiento quirúrgico en Cuba, en diciembre, el cual fue concedido.
Sólo en el caso de una “falta absoluta del Presidente” (art. 233), habría que convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días. La falta absoluta del Presidente es considerada como tal en caso de “su muerte, su renuncia” o “su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional”.
Evidentemente, ninguno de estos casos se aplica ahora mismo.
Esto, por supuesto, no detendrá la campaña histérica de calumnias y desinformación de la oposición. Dirigentes de la oposición han declarado que tienen el “derecho a saber” cuál es el “verdadero estado de salud” del Presidente y han organizado una comisión de “hombres de probada reputación” para ir a Cuba para investigar directamente. También afirmaron que iban a hacer un llamamiento a la “comunidad internacional” (al imperialismo, para decirlo en términos simples). Todos los que han sido designados para esta comisión estuvieron directamente involucrados en el golpe de abril 2002 y realmente deberían estar en la cárcel y no en libertad vociferando contra el presidente elegido por el pueblo.
Los mismos capitalistas, terratenientes, dueños de medios de comunicación y cardenales que organizaron el golpe antidemocrático que destituyó al Presidente democráticamente electo de su cargo en 2002, ahora están levantando un revuelo acerca de un “golpe de Estado”, supuestamente organizado por los dirigentes bolivarianos. Insisten en que, a menos que Chávez jure el cargo el 10 de enero, entonces ya no sería el Presidente de la República.
En realidad, dejando a un lado los detalles constitucionales (un campo en el que no tienen autoridad moral y en la que están equivocados de cualquier manera), el hecho central que la oposición quiere hacer olvidar a los trabajadores es el siguiente: El Presidente Chávez fue reelegido el 7 de octubre recibiendo 8,1 millones de votos (el 55%) en una elección con una participación sorprendentemente alta de 80%. La oposición fue derrotada y el pueblo votó una vez más para ratificar el proyecto de la Revolución Bolivariana, liderado por Chávez. La oligarquía ahora quiere darle la vuelta a su derrota en las urnas, dejando al descubierto, una vez más, su auténtico carácter anti-democrático y reaccionario.
Por si acaso alguien piensa que los dirigentes de la oposición están realmente preocupados por el derecho constitucional, su campaña ha estado acompañada por llamamientos a un “paro cívico nacional” (es decir, un paro patronal como el de diciembre de 2002 – enero 2003) y por una campaña sistemática de acaparamiento y especulación de los alimentos básicos.
Esta campaña despreciable ha modificado el ambiente entre las masas revolucionarias de uno lleno de preocupación, tristeza y oraciones por la recuperación de Chávez, prevaleciente durante la Navidad y Año Nuevo, a uno de ira y combatividad. Una vez más, el látigo de la contrarrevolución ha impulsado la revolución.
El 5 de enero, día en que la Asamblea Nacional eligió a su presidencia, miles de trabajadores y pobres se reunieron en el centro de Caracas para mostrar su apoyo a Chávez y la Revolución Bolivariana. Esa movilización vino desde abajo y fue convocada inicialmente por los activistas revolucionarios. Las milicias populares estuvieron presentes.
Ese día, tanto el Vicepresidente Maduro como el Presidente de la Asamblea Nacional Cabello dieron discursos radicales y emitieron duras advertencias a la oposición. A las masas reunidas Cabello declaró: “con tristeza pero firmemente les decimos, señores de la burguesía, no se equivoquen, lo pagarían muy caro.” Y el Vicepresidente Maduro agregó: “aquí sólo hay una transición, del capitalismo al socialismo, con el presidente Chávez a la cabeza, elegido, reelegido y ratificado”.
Hubo incluso una declaración clara en el sentido de que las bases serían consultadas en la selección de candidatos para las próximas elecciones municipales. Esto es significativo ya que la designación de candidatos desde arriba fue la principal fuente de críticas de la base revolucionaria en las elecciones regionales de diciembre.
En los días siguientes, los diferentes organismos oficiales, en parte en conjunción con la inteligencia suministrada por las organizaciones revolucionarias de base, llevaron a cabo una serie de operaciones contra el acaparamiento y la especulación, que Maduro advirtió serían tratadas “con puño de hierro”.
En Carabobo, 494 toneladas de harina de maíz pre-procesado (un producto clave en la dieta básica de Venezuela) fueron incautadas en un almacén en La Yaguara perteneciente al monopolio privado de comida Polar. Del mismo modo, 237 toneladas de harina de maíz se encontraron en una planta de Polar en Cumaná, Sucre. En Nueva Esparta, 26 toneladas del mismo producto se incautaron de un almacén de Polar, cuando el producto había desaparecido de las tiendas privadas en la Isla de Margarita durante semanas. En La Victoria, Aragua, 8.000 toneladas de azúcar refinado fueron encontradas en una redada en un almacén privado. Se han dado operativos similares en Táchira, Bolivar, Anzoátegui, Zulia, etc. Estos son sólo algunos ejemplos que muestran la existencia de una campaña orquestada para crear artificialmente el desabastecimiento de productos alimenticios básicos con el fin de provocar malestar y descontento entre la gente.
Ahora, se ha convocado una manifestación nacional masiva para el 10 de enero, el día en que se supone que el Presidente debe realizar el juramento. Las bases ya se están movilizando para asistir a lo que podría ser otra gran demostración de fuerza en apoyo a la Revolución. Este es el paso correcto. Este problema no puede ser resuelto por abogados y expertos analizando con lupa la Constitución, sino mediante la movilización revolucionaria de los trabajadores y el pueblo pobre.
El ambiente entre las bases es claro: la oposición, una vez más, quieren robar sus votos con los que dieron a Chávez una clara victoria el 7 de octubre, y no van a permitir que lo hagan. Un activista revolucionario de los Consejos comunales del revolucionario barrio 23 de Enero lo expresaba de la siguiente manera al ser entrevistado durante la manifestación del 5 de enero: “El pueblo de Venezuela continuará marcando el ritmo de esta Revolución, incluso si se pierde el liderazgo “, y añadió que en este escenario “el pueblo, las clases oprimidas tomarían las riendas” para continuar adelante.
Es claro para todos que el estado de salud del Presidente es muy delicado. Esto ha planteado la cuestión de qué sigue, claramente en la mente de millones de bolivarianos. La respuesta que surge alto y claro es “nosotros somos el pueblo, esta es nuestra Revolución, y depende de nosotros llevarla adelante”.
Las fracciones más clarividentes de la oligarquía y el imperialismo son muy conscientes de esto y están tratando de desempeñar un papel más cauto. El diario español El País, así como publicó ataques virulentos contra Chávez y el pueblo venezolano, también señaló que la oposición había sido tomada por sorpresa por la situación y era impotente e incapaz de tomar la iniciativa. El candidato derrotado la pasada elección presidencial, Capriles, ha sido sorprendentemente silencioso en todo este asunto, no da apoyo público a las llamadas de los sectores más extremistas de la oposición para un “paro cívico”. Sin embargo, la derecha no está en control ni de sus propias filas.
Se está creando una dinámica que podría llevar a una situación en la que la Revolución podría ser completada. La ira provocada por el oportunismo craso de la oligarquía debe ser usada para asestar golpes decisivos contra la clase de los propietarios. Frente a la especulación y el acaparamiento, los trabajadores de las empresas Polar y otros, que monopolizan la producción y distribución de alimentos, deben organizar comités de control obrero en conjunto con los consejos comunales y exigir la expropiación de los saboteadores.
De hecho, es necesaria la expropiación de la familia Mendoza, propietaria del grupo Polar. Ellos jugaron un papel clave en el golpe de 2002, en el paro patronal de 2002-03, sus camiones fueron utilizados para bloquear las carreteras durante los disturbios de la guarimba de 2004, y han desempeñado un papel decisivo en todos los intentos de sabotear la distribución de alimentos en contra de la Revolución en los últimos 10 o 15 años. Muchos en Venezuela se preguntan ¿cuánto tiempo más se les permitirá continuar con sus acciones antidemocráticas en contra de la voluntad de la mayoría?
El Ministro de Comunicación también emitió una dura carta a Globovisión, exigiendo que debe dejar de referirse a Maduro como “presidente interino”, cuando en realidad es el Vicepresidente. Una vez más, los activistas revolucionarios están exigiendo que finalmente esto sea utilizado para revocar la licencia de transmisión de un canal que jugó un papel decisivo en el golpe de abril de 2002 y en todas las conspiraciones contrarrevolucionarias desde entonces.
Ante la amenaza de paro patronal (bajo el disfraz de un “paro cívico nacional”), se deben organizar comités de control obrero en todas las fábricas y puestos de trabajo para ejercer una vigilancia revolucionaria y actuar bajo la consigna de la lucha contra el sabotaje de 2002: “fábrica cerrada, fábrica tomada”.
Esta lucha sólo puede ser ganada, si la clase obrera revolucionaria se pone a la cabeza del pueblo Bolivariano, mostrando claramente el camino a seguir para poner en práctica lo que el pueblo votó el 7 de octubre: ¡Socialismo!
