Finalmente, después de 8 horas de deliberaciones, el Consejo de estado de Portugal retrocedió. Este órgano consultivo convocado por el Gobierno portugués en un palacio de Belem, rodeado por miles de manifestantes, en una decisión sin precedentes anuló la suba impositiva a los asalariados que, combinada con una rebaja de impuestos a los empresarios, desató la ira de jóvenes y trabajadores el sábado 15 de septiembre.
La mayor manifestación en la historia de Portugal o, según otras estimaciones, la más grande desde la histórica manifestación de un millón de personas del Primero de mayo de 1974 que siguió a la Revolución de los Claveles. [I] Una inmensa marea humana de cientos de miles de personas, 1 millón en total, salió a las calles de 40 ciudades y pueblos de todo el país y territorios de ultramar el pasado sábado 15 de septiembre. Esta fue la respuesta de los portugueses al último plan de austeridad anunciado por el Gobierno de derechas de Passos Coelho el 7 de septiembre.
La manifestación fue convocada desde abajo, a través de una iniciativa lanzada en las redes sociales, inmediatamente después de que el primer Ministro anunciara un aumento en las contribuciones de los empleados a la Seguridad Social (TSU, en portugués: “Taxa Social Única”) del 11 al 18%.
Al mismo tiempo, se reducían las contribuciones de los empresarios del 23,75% al 18%. En efecto, todos los trabajadores perderían el equivalente a un mes de salario por año, y los jubilados y funcionarios que ganan más de 1.100 euros también perderían una de sus dos primas anuales equivalentes a otro salario mensual.
Con el anuncio de este aumento simultáneo de las contribuciones de los trabajadores y el recorte en las contribuciones de los empresarios, el Gobierno iba a transferir 2,30 billones de euros directamente de los bolsillos de los trabajadores a las cuentas bancarias de sus jefes. Era, de nuevo, otro ataque brutal a las condiciones de los trabajadores, después de casi 18 meses de recortes, tras el rescate de Portugal en abril de 2011. El pueblo portugués ya ha sufrido un aumento del IVA (23%), un aumento del impuesto sobre la renta, nuevas tarifas en los servicios de atención médica (5 euros por una consulta, 20 euros por las urgencias), un aumento del precio del transporte público, recortes en los gastos de sanidad y educación, etc.
Estas medidas no han logrado aún sus objetivos: reducir el déficit presupuestario. Como era de esperar y, como ha ocurrido en Grecia, estos planes de austeridad impuestos por la troika a cambio de un préstamo de 78 billones de euros, han empeorado la recesión económica, el desempleo ha aumentado, se ha reducido el consumo privado (-6%) y la inversión, lo que hace físicamente imposible el logro de los objetivos de reducción del déficit. De hecho, este año se espera una contracción de la economía portuguesa del 3% (después de una caída de 1,6% en 2011) y un 1% en 2013. Las cifras oficiales de desempleo casi se han duplicado pasando del 8,2% en abril de 2008 al 15,7% en julio y se espera que lleguen al 17% el año próximo.
El gobierno derechista de Passos Coelho intentó superar a la troika en su aplicación de recortes y ajustes y quiso aparecer como el alumno obediente de las autoridades europeas, distanciándose de los “poco fiables” griegos. Nada de esto ha funcionado, sin embargo. Ahora ha tenido que reconocer que es imposible lograr el objetivo de llevar el déficit hasta el 4,5% en 2012 (el déficit alcanzará casi el 6% del PIB a finales de año) y tendrá que ser retrasado hasta 2013, mientras el objetivo final de alcanzar el 3% de déficit queda aplazado a un lejano 2014.
La combinación de todos estos factores, los recortes masivos, la toma de conciencia de que son los trabajadores y los pobres los que están pagando la crisis, y el hecho de que la gente puede ver claramente que no hay una solución a la vista a este agujero negro de recortes y recesión, han provocado la explosión social.
El movimiento sin precedentes del 15 de septiembre, bajo el lema muy revelador de “Abajo la troika, queremos nuestras vidas”, no fue convocado por los partidos de izquierda o los sindicatos, sino que fue un movimiento semi-espontáneo, desde abajo, un auténtico levantamiento popular que puso al Primer ministro contra las cuerdas.
Así es como el periódico español El País describía la manifestación en Lisboa, con más de medio millón de personas: “Pero, sobre todo, la marcha fue una auténtica marea de jubilados, desempleados, madres, funcionarios, familias, policías de paisano, carteros, médicos, pequeños comerciantes, jóvenes melenudos, neo-hippies, empresarios, viejos luchadores contra la dictadura de Salazar y jóvenes que abandonaron su casa por la tarde y que se pusieron a gritar juntos que no aguantan más, que tienen la sensación de que se les está expulsando de su propio país..».
Otras 100.000 personas marcharon por las calles de Porto y otras muchas manifestaciones, las más grandes desde 1974, también tuvieron lugar en otras 40 ciudades y pueblos. Como ya sucedió en Grecia, desde el anuncio de las últimas medidas el 7 de septiembre, muchos ciudadanos indignados han arrojado huevos y tomates al Primer ministro y miembros del gobierno en cada una de sus apariciones públicas, empujando los coches oficiales y gritando “gafunos” (ladrones), insulto cada vez más popular.
La ola de indignación ha sido tan potente y generalizada que ha provocado divisiones dentro de la coalición gobernante de los dos partidos de extrema derecha, PSD y PP. Incluso el Partido Socialista, que firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) con la Troika, antes de perder las elecciones en 2011, y es también, por lo tanto, co-responsable de estas medidas, se ha visto obligado a anunciar que se opondrá al presupuesto de 2013.
La Troika ha respondido a la ola de oposición a los cambios en la TSU con una severa declaración en el sentido de que la entrega del próximo tramo del rescate depende de la aplicación de estas medidas, que forman parte de la última revisión del Memorando de Entendimiento y recordó a los portugueses que, de hecho, esta medida fue propuesta por el Gobierno portugués para sustituir algunos otros recortes que el Tribunal Constitucional había rechazado.
Claramente, la clase gobernante portuguesa y la UE están preocupados por el potencial revolucionario de este movimiento, José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea y ex Primer ministro de Portugal, ha advertido contra una posible política de “ruptura o polarización”.
La pregunta que ahora está en la mente de todos es: ¿cuál es el siguiente paso para el movimiento? La demostración de fuerza del 15 de septiembre revela que hay una abrumadora oposición a este Gobierno y muchos ya están pidiendo acabar con él. Las declaraciones que se hicieron al final de la manifestación en Lisboa aciertan en describir que el movimiento logró “algo extraordinario”. Estas declaraciones explican cómo la gente ya no acepta que los recortes son inevitables: “no aceptamos la situación de miseria en la que quieren que vivamos, vivir en la miseria de la falta de pan, la miseria de perder la vivienda, la miseria de la precariedad laboral, del trabajo que nos roban, que nos nieguen el derecho a un trabajo decente, la miseria del aumento de los precios del transporte, de los boletos que ya no podemos permitirnos y que necesitábamos para ir a la escuela o al trabajo, de la educación pública que quieren destruir, como quieren robarnos el derecho a caer enfermo y recibir un trato decente en un servicio de salud que nos pertenece a todos”.
La declaración también aborda las perspectivas para el movimiento: “este es el comienzo de muchas otras cosas… es urgente que tomemos el cambio en nuestras propias manos… vamos a mostrar de una vez por todas que somos capaces de unirnos…” Se pide también claramente la caída del Gobierno: “seamos claros acerca de nuestra protesta y pidamos la dimisión de este Gobierno de la troika –un Gobierno que es más pro-Troika que la troika en sí!” Y añade: “pero no es suficiente. No queremos cambiar este Gobierno de la troika por otro Gobierno “light” de la Troika. La Troika y sus medidas de austeridad no funcionan… Esta manifestación está sacando la tarjeta roja a todas las políticas de austeridad del Gobierno, pero también a las de cualquier otro Gobierno que intente cambiar los nombres de las cosas, pero implemente las mismas medidas”. En el debate sobre qué hacer a continuación, la declaración identifica correctamente la “importancia de una huelga general en esta fase de la lucha” y agrega que debería ser “una huelga general popular” en la que participen todos los sectores de la sociedad, convocada por los sindicatos pero que implique un apoyo generalizado de la población en su conjunto, “capaz de paralizar todo el país, al unísono, contra el desastre que se impone ante nosotros”.
La declaración termina con un llamamiento a otra manifestación en la tarde del 21 de septiembre, cuando el Consejo de Estado se reúna para discutir estas medidas, y reconoce también el carácter internacional de la lucha: “Es importante que esta lucha ignore las fronteras y se convierta, como hoy, en Ibérica, Europea e internacional”.
Los dirigentes de la CGTP han pedido ya públicamente la caída del Gobierno y todo el mundo está esperando que los sindicatos se vean obligados a convocar otra huelga general. Hasta ahora, la CGTP ha convocado una marcha nacional en Lisboa para el 29 de septiembre, pero se ha resistido a fijar una fecha para una huelga general. Esta vez, incluso el Partido Socialista alineado a la UGT, se vería obligado a unirse, rompiendo el acuerdo que firmaron con el Gobierno a principios de año. La experiencia de Grecia, sin embargo, muestra que en el actual contexto de extrema crisis capitalista, incluso la más militante de las huelgas generales puede ser insuficiente para obligar la retirada del Gobierno. Es necesario que el movimiento obrero y sus organizaciones sean capaces de plantear la pregunta de cuál es la alternativa a la austeridad capitalista y también ofrecer una alternativa política clara. La pregunta es: Si cae este Gobierno (y eso es una posibilidad clara), ¿qué debería ponerse en su lugar y qué políticas deberían aplicarse?
En los medios de comunicación burgueses de Portugal se rumorea y discute sobre la posibilidad de un gobierno tecnocrático que podría reemplazar al actual. Los dirigentes del Partido Socialista han afirmado claramente que esta sería su opción preferida puesto que les permitiría evitarse ser los únicos responsables de medidas extremadamente impopulares. No están ni preparados ni dispuestos a asumirlas en este momento. Por otro lado, el gobernante PSD, ante el desprestigio masivo y las divisiones internas como resultado de la presión de las masas contra sus políticas, podría preferir también la dimisión y dejar que un gobierno ‘tecnócrata’ se hiciera cargo de las medidas.
En las últimas encuestas de opinión, después del anuncio del 7 de septiembre, la coalición de Gobierno desciende con una caída para el PSD hasta el 33% (obtuvo un 38,7% en las elecciones de junio de 2011) y el PP desciende ligeramente hasta el 10% (tenía un 11.7% en las elecciones). El Partido Socialista crece del 28.1% al 35,4% y también suben algo los dos partidos a su izquierda, los comunistas del 7,9% al 9,3% y el Bloco del 5.2 al 7%. Claramente, estas encuestas no reflejan la magnitud de la oposición popular al Gobierno actual y la profundidad de la ira acumulada.
Es crucial para ambas organizaciones, el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda, aprobar un programa claro que parta de la premisa de que la crisis del capitalismo es la raíz de las medidas impuestas y, que de ahí se desarrollen una serie de reivindicaciones transitorias, que vinculen la lucha concreta contra las diferentes medidas de austeridad con la perspectiva general de la expropiación de los capitalistas y la planificación democrática de la economía bajo control obrero.
[I] El 1º de mayo de 1974 salieron unos 3 millones de personas en manifestaciones por todo Portugal (en torno a la mitad en Lisboa), que entonces tenía unos 7 millones de habitantes (nota del editor).
Traducción: Lucha de Clases (Estado Español)
