El FMI y el gobierno argentino acordaron retrasar la aprobación de las cuentas públicas del gobierno argentino en relación al pago de la deuda externa, a pesar de que en los primeros 6 meses del año Argentina ya había superado el objetivo de superávit fiscal para todo el 2004 fijado en el 3% del PBI. Las consecuencias inmediatas de esta decisión es que Argentina deberá pagar hasta final de año un mínimo de 1.500 millones de dólares al FMI a cuenta de la deuda externa
Argentina pagará 1.500 millones de dólares netos más hasta fin de año
El FMI y el gobierno argentino acordaron retrasar la aprobación de las cuentas públicas del gobierno argentino en relación al pago de la deuda externa, a pesar de que en los primeros 6 meses del año Argentina ya había superado el objetivo de superávit fiscal para todo el 2004 fijado en el 3% del PBI. Las consecuencias inmediatas de esta decisión es que Argentina deberá pagar hasta final de año un mínimo de 1.500 millones de dólares al FMI a cuenta de la deuda externa, pagos que no serán devueltos por el FMI al Estado argentino bajo la forma de deuda nueva, como venía sucediendo hasta ahora en virtud de los acuerdos firmados hace un año. De esta manera, Argentina efectuará este año pagos netos al FMI de 2.300 millones de dólares (otros 800 millones ya se pagaron y tampoco fueron devueltos), salidos del superávit fiscal.
Los bancos y las multinacionales ganan
El FMI justificó su actitud con argumentos que desnudan sus verdaderos intereses, criticando al gobierno de Kirchner por no haber avanzado lo suficiente como para compensar a los bancos con 9.000 millones de pesos por las devoluciones en dólares de los créditos pesificados a los ahorristas que se beneficiaron de los amparos judiciales, por no haber cerrado la renovación de los acuerdos con todas las privatizadas y aceptado sus reclamos de subas de tarifas, y como advertencia para que acepte el próximo año un superávit fiscal mínimo equivalente al 4% del PBI para dedicar al pago de la deuda. Como vemos, la aceptación de todas estas medidas supone la transferencia de miles de millones de dólares de los trabajadores, los desocupados, los jubilados, los pobres y los enfermos a los bolsillos de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras que lucran con el negocio bancario, con de la deuda pública y con las empresas de servicios públicos privatizadas.
Sin embargo, el gobierno de Kirchner no cuestiona el "derecho" de todos estos parásitos a recibir este dinero, solamente discrepa en los montos que deben percibir.
Así, mientras las privatizadas exigen subas inmediatas en las tarifas del 30%-40%, el gobierno "solamente" aceptaría subas del 15%. Mientras que el FMI exige un superávit fiscal mínimo para el 2005 del 4% del PBI, el gobierno admite en privado que sólo sea del 3,6%. Ante las pretensiones de los bancos de ser "compensados" con otros $9.000 millones, el gobierno dice que acatará lo que dictaminen los tribunales, no obstante haber pagado ya $16.000 millones a los bancos en los últimos dos años, en efectivo y en bonos a medio plazo, en "compensaciones" e "indemnizaciones" por la pesificación.
Miseria y penurias para las familias trabajadoras
Otro de los escollos es la negociación con los poseedores (acreedores) de la parte de la deuda pública que no se está pagando (deuda "en default"), el 56,3% del total de la deuda. Si bien hace un año, el gobierno anunció que sólo pagaría el 25% de esta deuda, ahora acepta pagar el 40%. Pero para el FMI y los especuladores financieros que poseen la mayor parte de esta deuda es insuficiente, quieren un pago mayor.
El FMI exige que el acuerdo debe ser aceptado por, al menos, el 80% de los acreedores de la deuda "en default", el gobierno argentino exige que sólo sea necesario el 60%. Para asegurarse el apoyo de los acreedores locales, el gobierno negocia con las AFJP, las compañías privadas que gestionan el 80% de las pensiones y que poseen el 20% de la deuda "en default", para que acepten la quita del gobierno lo que va a significar una reducción de hasta un 20% en los haberes de las jubilaciones futuras.
No obstante, el gobierno reconoce que dispone de un fondo de 2.000 millones de dólares para ofrecer en efectivo a los acreedores al final de la negociación para que finalmente acepten su oferta, lo que significa pagar un 5% más de deuda.
Siguiendo los dictados del FMI el Congreso sacó adelante la Ley de Responsabilidad Fiscal que limita los gastos y el endeudamiento de las provincias. En los primeros 6 meses del 2004, las provincias tuvieron un superávit fiscal equivalente al 1,4% del PBI, unos 6.000 millones de pesos, a costa por supuesto de los salarios de los empleados públicos, y de limitar los recursos para hospitales y escuelas.
Sea cual sea el acuerdo que finalmente se alcance los beneficios que obtenemos por pagar esa infame lacra llamada "deuda externa" se concretan en: pensiones disminuidas, congelamiento o subas insuficientes de salarios para los empleados públicos, jubilaciones por debajo del nivel de la pobreza, escasez permanente de recursos para nuestros hospitales y escuelas, y subsidios y migajas para los desocupados y familias pobres en lugar de trabajo digno.
