Por su nacionalización bajo control obrero
Por su nacionalización bajo control obrero
La actual crisis económica está resultando fatal para la clase trabajadora, en cuanto a los empleos formales se reconocen oficialmente el despido de aproximadamente 600 mil trabajadores desde octubre del año pasado a la fecha. Este es el resultado de medidas implementadas por la burguesía consistente en reducir costos de producción recortando la plantilla laboral o como consecuencia del cierre de empresas y fábricas que sucumben ante las actuales circunstancias.
De acuerdo al IMSS, y como lo diera a conocer en Radio Trece Noticias el pasado 5 de diciembre, Gerardo Flores, director de la edición en línea del periódico El Financiero, tan sólo en el año pasado la crisis provocó la quiebra de 11 mil empresas en México. Este dato por sí mismo es aterrador por lo que implica para la clase trabajadora, pero lo es más aun si consideramos que la crisis está aún lejos de tocar fondo. La cuestión aquí es que, sea lo que sea, los trabajadores siempre terminamos pagando los platos rotos, pues el Estado, en este caso el Gobierno de Calderón, cada que interviene para tratar de poner alguna clase de remedio siempre lo hace en beneficio de los patrones.
Para las dificultades económicas de los burgueses, que son siempre y sin excepción los responsables de las crisis, el gobierno siempre tiene dinero. Caso distinto es el de los trabajadores para los cuales sus demandas por más esuelas y hospitales públicos, por ejemplo, nunca son oídas bajo el argumento de que no hay presupuesto suficiente.
La forma en que el gobierno le da dinero a los patrones para sus negocios tiene diferentes cauces, algunos de ellos son indirectos como los son las llamadas "devoluciones fiscales", mecanismo que le permite a la Secretaría de Hacienda (SH) trasladar cuantiosas sumas de dinero de las arcas públicas a las cuentas bancarias de los empresarios. Así pues, por ejemplo, durante 2006 se hicieron devoluciones fiscales a favor de los grandes empresarios por 140 mil millones de pesos por concepto de IVA. Y en 2007, primer año de gobierno de Calderón, esta clase de devoluciones para los grandes consorcios ascendió a los 133 mil millones de pesos.
Pero como este mecanismo de saqueo de los dineros públicos en beneficio de los empresarios y banqueros, no les resulta suficiente, en Abril del 2007 Calderón promovió una reforma que fue aprobada por la cámara de diputados en la que se le autorizó a la SH condonar (perdonar) y cancelar el cobro de 161 mil millones de pesos en créditos fiscales considerados "de imposibilidad práctica de cobro". Entre esta condonación fiscal y la devolución fiscal antes mencionada, Calderón les regaló a los empresarios fondos públicos por 294 mil millones de pesos en 2007.
Pero entro los mecanismos directos están los llamados "rescates", es decir la intervención de Estado con dinero publico para sacar de apuros económicos a ciertas empresas. Un caso ha sido el "rescate carretero": el gobierno de Salinas privatizó las 52 autopistas más rentables, sin embargo, como una secuela de la crisis económica que estalló a finales de 1994, decenas de ellas quebraron en 1997 acumulando perdidas por 23 mil millones de pesos. Ante este fenómeno el entonces gobierno de Zedillo lanzó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FAEAC) o "rescate carretero", con el objetivo de salvar a ese sector de empresarios destinando en un principio 57 mil 316 millones de pesos. Al concluir el gobierno de Fox el rescate carretero ya ascendía a los 167 mil 316 millones de pesos. Las carreteras fueron saneadas por el Estado con fondos públicos y después devueltas a sus antiguos dueños.
Otro ejemplo de lo mismo es el "rescate azucarero": ante la riuna de los empresarios del azúcar, en 2001 Fox decidió "expropiar" 27 ingenios empleando 46 mil millones de pesos del Estado. Dichos ingenios, al igual que las carreteras, fueron saneados (es decir, pagadas sus deudas crediticias y de proveedores, además de inversión en mas materia prima y maquinaria) con dineros públicos para después ser devueltos a los empresarios. Además como esa cantidad no ha sido suficiente, en diciembre pasado, los diputados locales de Veracruz aprobaron un nuevo rescate para la industria azucarera de esa entidad por 320 millones de pesos.
Ambos rescates son hijos menores de otra medida similar del Estado, la cual se tradujo en endeudar a los trabajadores y sus familias por varias décadas. Nos referimos al "rescate bancario" o Fobaproa (actualmente IPAV). Ante la banca rota del sistema financiero mexicano tras los llamados "errores de diciembre" de 1994, Zedillo decidió que el gobierno asumiría el quebranto bancario pagando la deuda de estas instituciones destinando la fabulosa cantidad de 552 mil millones de dólares de aquella época, representando esa cantidad el 20% del total de la riqueza nacional y creando para los banqueros uno de los negocios mas jugosos en toda la historia de México.
Pero la historia de los rescates ahí no termina, en el contexto de la actual crisis económica, ante la declaratoria de quiebra de la Comercial Mexicana el 9 de octubre del año pasado inmediatamente reaccionó Calderón, el día 28 de ese mismo mes, trasfiriendo dineros públicos por 3 mil millones de pesos a través de Nacional Financiera (Nafin) a la cuenta de ese consorcio para que haga frente a sus compromisos de deuda la cual asciende en total a los 2 mil millones de dólares.
En el caso de CEMEX, tercer monopolio del mundo mas importante en el mercado del cemento, ya desde el 9 de marzo pasado suena fuertemente el rumor de que Calderón terminará interviniendo para rescatar a esta empresa cuya deuda es de 14 mil 500 millones de dólares.
Pero la cuenta no para ahí, el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, presentado por Calderón el 8 de octubre el año pasado, incluye medidas como la de un programa extraordinario para supuestamente impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el que se canalizarán 2 mil millones de pesos adicionales, además de ofrecerse el financiamiento al llamado sector productivo hasta por 165 mil millones de pesos de crédito.
Este año, en enero, se repite la dosis por medio del lanzamiento del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo el cual incluye el Programa de Preservación del Empleo para el cual se destinan 2 mil millones de pesos del gobierno a empresas en paro técnico con el supuesto objetivo de impedir los despidos.
Todos esos recursos públicos al servicio de los empresarios, sin olvidar una forma indirecta de allegarse de esta clase de dineros que se ha trasformado en un jugoso negocio para los peses gordos de la burguesía: nos referimos a los más de 22 mil millones de dólares que han sido saqueados desde octubre a la fecha por esta calase de especuladores de entre las reservas internacionales de Estado que han sido subastadas por el Banco de México para, nuevamente, supuestamente defender el valor del peso frente al dólar. Una muestra palpable de que esas reservas internacionales sólo han servido para engrosar las fortunas de los barones del dinero y no para el objetivo por el que son subastadas, es el hecho de que de septiembre pasado a hoy día el valor del peso frente al dólar se ha depreciado en un 50%.
Debemos rechazar con energía el que el presupuesto público sea usado para el benéfico de los empresarios y banqueros.
Todo lo anterior demuestra que el Estado, si quiere, incluso endeudándose a sobre manera como en el caso de rescate bancario, tiene recursos para actuar rescatando empresas, pero mas que a las empresas a sus propietarios. Si hay dinero público para rescatar a los burgueses, no puede existir pretexto para que no se destine dinero para rescatar todas esas empresas cerradas por quiebra o porque ante la huelga obrera los patrones simplemente se desentendieron con la intención de ya no reabrir la empresa.
El Estado tiene capital para nacionalizar todas esas empresas y mantenerlas no sólo como factores de producción sino además como fuentes de trabajo. Sin embargo no nos estamos refiriendo a ninguna clase de nacionalización como fue el rescate carretero o el azucarero, en los cuales, tras ser saneadas las empresas estas fueron devuelta a sus anteriores dueños burgueses. Ni tampoco nos referimos a las nacionalizaciones del pasado y el establecimiento de empresas paraestatales las cuales, antes de ser privatizadas, fueron corroídas por la corrupción y el saque de los directivos designados por el gobierno, exactamente como sucede esto último en Pemex.
Nos referimos a la nacionalización bajo el control democrático de los trabajadores. Es decir, empresas que sean financiadas con dineros públicos pero que su administración quede directamente y bajo el control democrático de los trabajadores como garantía de su adecuado funcionamiento y de trabajos estables con salarios dignos. La toma de fabricas cerradas y la lucha por su nacionalización bajo control obrero, al lado de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias sin reducción de salarios, son banderas que debemos levantar muy en alto los proletarios en este contexto de crisis económica y despidos masivos.
Nuestros enemigos de clase, Calderón y los burgueses, siempre se opondrán a este tipo de demandas, es por ello que la lucha por nuestros intereses deber ir unida a la lucha por derrocar a esa bola de zánganos y estafadores, al mismo de eliminar la propiedad privada capitalista instaurando el socialismo.
