El martes 10 de junio, la Corte Suprema de la Nación, con una integración reducida a tres miembros —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, resolvió dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad. Dos de esos jueces, Rosatti y Rosenkrantz, habían aceptado ser nombrados por decreto durante el gobierno de Macri. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y su detención. Como consecuencia, no podrá ser candidata por la tercera sección electoral en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, tal como había anunciado a principios de este mes.
A la luz del desarrollo del juicio y las maniobras que lo rodearon antes y después, queda claro que un sector de la clase dominante, utilizando al Poder Judicial como ariete, busca la inhabilitación de Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista, como candidata.
La causa contra CFK, iniciada en 2016, tuvo como pretexto determinar si el empresario Lázaro Báez fue favorecido con la asignación de obras viales financiadas con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Vale aclarar que los casos de corrupción vinculados a la obra pública son una constante en todos los gobiernos, donde funcionarios y empresarios obtienen ganancias mediante sobreprecios, aprovechando la corrupción estructural que caracteriza al Estado bajo el régimen capitalista. Pero en este caso el Poder Judicial, con vínculos familiares y económicos con grandes empresarios, terratenientes y banqueros, utilizó una causa con fines estrictamente políticos ya que, más allá de las irregularidades en la obra pública y los casos de corrupción ligados a funcionarios del gobierno kirchnerista, no lograron probar la existencia de una relación fraudulenta entre CFK y Lázaro Báez. Igualmente la Corte, dejó firme la sentencia. Lo que configura un caso de proscripción política.
La Corte Suprema no tiene plazos obligatorios para dictar sentencia en los casos que analiza. Sin embargo, en este caso aceleró la resolución de recursos y decisiones para que la sentencia o definiciones se conocieran en momentos políticamente estratégicos. Esta repentina celeridad no es casual: responde a la fuerte presión ejercida por el poder económico y el establishment mediático.
Esta rapidez contrasta con el retraso crónico de causas similares que permanecen estancadas años sin resolución en la maraña de la mafia judicial. Macri tiene causas abiertas por la deuda del Correo Argentino con el Estado, la concesión de los peajes y por licitaciones de parques eólicos.
El proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner estuvo atravesado por vínculos escandalosos entre jueces, fiscales, empresarios y el macrismo.
Julián Ercolini, quien dictó la condena en primera instancia, integró el viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín, junto a Carlos y Juan Bautista Mahiques, padre y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal acusador en la causa. La segunda instancia quedó en manos de Leopoldo Bruglia, designado a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, tal como establece la Constitución, durante el gobierno de Macri. En la Cámara de Casación actuaron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con numerosas visitas a la Quinta de Olivos en esa misma gestión, que intentaron justificar ¡alegando que jugaban al paddle! Por último, en el juicio oral intervinieron el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, quienes compartían equipo de fútbol con Macri y jugaban en su quinta privada, Los Abrojos.
La caída a principios de mayo del proyecto Ficha Limpia, impulsado por el Poder Ejecutivo, que establecía que ninguna persona condenada por un tribunal en segunda instancia, como Cristina Kirchner, pueda ser candidata a cargos electivos, provocó que las principales cámaras patronales del país y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) advirtieran públicamente que, con este “paso atrás”, “no hay clima posible para la inversión” y comenzaran a presionar para que se haga efectiva la condena antes de que se oficializara la candidatura de CFK.
Previamente Marco Rubio, el secretario de Estado, y Donald Trump habían prohibido el ingreso de Cristina Kirchner a Estados Unidos por corrupción.
Por su parte “la casta libertaria” en el gobierno mostraba silencio y prudencia ante la condena, la idea de un ex presidente preso no sienta un buen precedente para el futuro de Milei y su camarilla, “bajo investigación penal” por la estafa de Libra.
Este entramado que vemos detrás de la condena a Cristina Fernández saca a la luz las pretensiones de un sector significativo de la clase dominante y del imperialismo de blindar el brutal ajuste, que avanzó a fondo en la destrucción de la salud, el empleo y la educación, en beneficio del capital financiero, que transfiere el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de la clase trabajadora mientras garantiza astronómicas ganancias para unos pocos.
Este blindaje demuestra el temor a que la candidatura de CFK debilite electoralmente a La Libertad Avanza en la madre de todas las batallas: la provincia de Buenos Aires. El oficialismo enfrenta una situación precaria de cara a las elecciones nacionales de octubre, en el marco de una situación económica cada vez más dura para las familias obreras, atravesada por luchas, movilizaciones callejeras, una alta abstención electoral y una economía atada a la especulación financiera, en un escenario extremadamente frágil y volátil ante la falta de dólares y un mundo patas arriba.
En última instancia, la clase dominante, alineada con Milei, utiliza al Poder Judicial para avanzar en su intento de doblegar a la clase trabajadora y profundizar el programa de ajuste que exige el imperialismo a través de su brazo económico, el FMI. Esto expresa el fondo de la cuestión. Por esto mismo, es un error negarse a combatir las intrigas antidemocráticas del establishment burgués bajo la idea de que estamos ante una “pelea interburguesa”. La neutralidad es un espejismo.
Los Comunistas ante la condena a CFK tenemos una posición clara, ya que no tenemos intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado: Denunciamos la podredumbre del Estado capitalista y todo el régimen antidemocrático que lo sostiene, sus instituciones y su sistema político. Solo podemos derrotar esta ofensiva con huelgas, marchas, ocupaciones de fábricas, asambleas, comités y coordinadoras que pueden golpear y poner en cuestión el poder de los capitalistas. Llevamos este planteo a las fábricas, barrios, sindicatos, escuelas y universidades, donde se ha abierto un espacio de deliberación y acción en torno a enfrentar las maniobras de la Corte y todo el andamiaje que hay detrás.
No se trata de “defender la democracia” o los “derechos democráticos” de manera formalista, sino de defender las necesidades de la clase trabajadora: de trabajo, comida, salud, educación y vivienda que la propia democracia burguesa ha demostrado, desde hace décadas, no puede satisfacer.
La dirigencia del peronismo apela a un sentido de unidad por arriba, donde confluyan todos los sectores, buscando rearmarse tras el declive electoral que arrastra desde hace años y que se profundizó en las últimas elecciones provinciales. Bajo la consigna “Argentina con Cristina” intenta capitalizar la rabia contra los jueces. En este abrazo de oso se sumaron los principales referentes del FITU, en particular del PTS, MST e Izquierda Socialista, que fueron a la casa de CFK, mantuvieron una reunión con ella y se presentaron en la sede del PJ. También se sumó el Nuevo MAS.
La preocupación de estos dirigentes no está determinada por ser el sector más resuelto para conectar con el sentimiento de miles de hombres y mujeres, trabajadores de a pie, y miles de jóvenes que ven con bronca e indignación el fallo de la Corte. Responde, más bien, a la necesidad de conseguir votos para las próximas elecciones, mostrando apoyo a la dirigencia peronista. La presencia de referentes del PTS en una reunión en la sede del Partido Justicialista, junto a figuras como Mayra Mendoza, Teresa García y Gabriel Katopodis para “intercambiar sobre los pasos a seguir”, deja en evidencia la búsqueda de un “frente único” por arriba.
Aunque esos dirigentes buscan un atajo electoral, sus acciones terminarán teniendo el efecto contrario. Al borrar las distinciones de clase que los separan del peronismo, perderán legitimidad como alternativa frente al ajuste que la dirigencia peronista deberá aplicar a la clase trabajadora si asume como recambio. Ese mismo ajuste ya está siendo llevado adelante por gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo en Tucumán o Raúl Jalil en Catamarca.
La dirigencia del PO planteó una maraña confusa. Gabriel Solano declaró: “El mal menor para Argentina es que se presente como candidata una persona que es corrupta. El mal mayor es que se avance en un régimen de persecución y proscripción.” Solano plantea que técnicamente está de acuerdo con los fundamentos de la corte para condenar a Cristina, pero rechaza el fallo, porque esto representa un mal mayor.
Posteriormente el MST e Izquierda Socialista dieron una pirueta para anunciar que no participaran de las marchas anunciadas.
Desde la Organización Comunista Militante entendemos que no se pueden defender con coherencia los derechos democráticos sin luchar contra el Estado burgués y sus instituciones. Enfrentar el peligro que representan los sectores reaccionarios de la derecha y el aparato estatal exige levantar una perspectiva de organización y lucha por la expropiación de los grandes capitalistas que están detrás. Un gobierno de trabajadores es la única forma de construir una democracia genuina y de extenderla desde la política hacia lo económico, el trabajo y todos los ámbitos de la vida, avanzando de la democracia burguesa a la democracia obrera.
Frente a la crisis del régimen político, la única forma de detener el avance proscriptivo es uniendo la lucha contra la mafia judicial con las demandas urgentes de la clase trabajadora, en una perspectiva de poder obrero. Tenemos que salir a las calles con nuestras propias demandas y consignas.
¡Abajo la proscripción!
¡Por una política independiente de los patrones, los partidos y el Estado!
¡Por un Gobierno de Trabajadores!
