Un dicho popular dice que la justicia si es lenta no es justicia. Y este es el caso de los Tribunales Laborales y, por ende, de los trabajadores en la Argentina, que se ven obligados a aguardar un promedio de 5 años para obtener una sentencia que reconozca el pago de una indemnización por despido o de una incapacidad producto de un accidente de trabajo.
Si ya de por sí el despido representa un golpe para el trabajador, la demora con la que se mueve la justicia se transforma en un calvario.
Claramente esta situación beneficia a las patronales que ven cómo los tiempos se dilatan en su favor.
La excusa con la que se justifica tal situación se relaciona con la falta de Jueces, falta de personal, deficiencia en infraestructura.
La Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires señala que “existen concursos interminables en el Consejo de la Magistratura; falta de elevación por parte del Poder Ejecutivo de las ternas al Senado de concursos ya concluidos” y que “se encuentran vacantes 29 Juzgados de Primera Instancia sobre un total de 80” “La Justicia del Trabajo está enferma” Página 12 09/06/2016
También informan que la falta de personal produce que el que se encuentra en funciones esté saturado y en condiciones de extrema presión debido a la enorme cantidad de expedientes que debe gestionar. A esto se suma, falta de luz, agua o servicios sanitarios que hace que los juzgados directamente no puedan operar por varios días.
Si bien estas falencias son reales y palpables, lo que es incorrecto es enfocar el problema como si fuera solamente un problema burocrático derivado de una gestión ineficiente.
Para enfocar correctamente la cuestión debemos basarnos en un análisis político. Lo que esta situación viene a mostrar es el claro carácter de clase de la justicia.
Es oportuno para esto repasar los orígenes del poder judicial para comprender a qué intereses responde históricamente y cuál es el rol de la casta judicial.
El poder Judicial de la Nación (PJN) no nació para impartir justicia, sino para darle forma a la superestructura jurídica que se deriva de las relaciones de clase y producción en el capitalismo.
No es casualidad que la conformación de la primera Corte Suprema de Justicia en 1863 se configure con miembros de un marcado corte liberal, conservador, europeísta y acérrimos defensores de la propiedad privada.
El Poder Judicial en Argentina se construyó a imagen y semejanza de las necesidades políticas y económicas de la oligarquía porteña, la burguesía comercial y estancieril de Buenos Aires quienes a sangre y fuego impusieron un modelo de país capitalista semicolonial, y sometido al capital comercial inglés.
En el sistema capitalista, con su inherente desigualdad social, los jueces no son seres de otro planeta bendecidos con el don de la imparcialidad. Sino que estos se reclutan, en su gran mayoría, en la clase alta y están vinculados por lazos familiares y económicos a los grandes empresarios, terratenientes y banqueros.
La situación nos muestra que debemos dar una lucha urgente por avanzar en la democratización del poder judicial. Como por ejemplo la elección y revocabilidad popular de jueces y funcionarios judiciales.
Pero no podemos quedarnos ahí, ya que la democratización del poder judicial, si bien es un avance importante, no soluciona la cuestión de fondo ya que el poder judicial y su justicia no son más que una parte integral del Estado Burgués, hoy bajo el control político del macrismo.
En una sociedad dividida en clases sociales que tienen intereses opuestos que no pueden ser conciliados, donde existen explotados y explotadores, la burguesía necesita del aparato estatal para mantener la dominación y la explotación.
Es para defender los intereses, privilegios y ganancias de la clase dominante que la burguesía utiliza al Estado burgués en sus diferentes estamentos. En esta maquinaria el papel del poder judicial es crear una legalidad que oculte que las ganancias de los capitalistas provienen del trabajo no pagado al trabajador, es decir del robo de una parte de lo producido.
Cualquiera sea la forma con que se disfrace a una República, por más democrática que ésta sea, si es una República Parlamentaria, es decir que el capital privado es el dueño de los medios de producción, el Estado no será otra cosa que una maquinaria para que los capitalistas repriman a los trabajadores y sectores populares.
Vemos así que el Estado no significa en absoluto la igualdad universal como proclama la teoría política burguesa.
Por lo tanto, nuestras tareas deben ser avanzar en la democratización de la justicia como una manera de mejorar nuestras condiciones al enfrentar a los patrones, pero no podemos perder de vista que la tarea de fondo es organizarnos políticamente para terminar con una sociedad que se basa en el robo y la explotación de una minoría de empresarios capitalistas, en perjuicio de la inmensa mayoría de la población como lo somos los trabajadores.
Sólo el avance hacia una sociedad igualitaria, el Socialismo, donde los medios de producción (empresas, fabricas, maquinas, herramientas, recursos naturales, redes de transporte y energía, tierras) sean propiedad de todos, puede terminar con las lacras de esta sociedad que necesita de la represión, legal e ilegal, para perpetuar la desigualdad.
Mientras exista explotación, no podrá existir igualdad, ni justicia, más allá de que esta sea lenta o rápida. El problema no es la velocidad de la justicia, sino el Capitalismo.
