Julian Assange ha sido arrestado hoy en Londres en la Embajada de Ecuador tras aceptar el gobierno de este país una orden de extradición de los Estados Unidos, como ha reconocido la primera ministra británica en su discurso en la Cámara de los Comunes. Consideramos este hecho un ataque fundamental al derecho de asilo y a la libertad de información. Rechazamos la extradición de Assange a los EEUU y exigimos su puesta en libertad sin cargos.
La Policía Metropolitana de Londres arrestó a Assange en línea con esta orden y por no presentarse ante un tribunal del Reino Unido en 2012 para pagar una fianza en relación a una acusación de la justicia sueca por presunta violación y abusos sexuales, que Assange denunció como un montaje del gobierno de los EEUU para forzar su extradición a aquel país por filtrar información sobre la CIA y la guerra de Irak.
El asunto del impago de aquella fianza, como razón para detenerlo, es sólo una excusa tecnicista ya que el Tribunal sueco cerró la investigación del caso de violación en 2017 sin cargos.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, retiró el asilo de Assange después de sus “repetidas violaciones a las convenciones internacionales”. Después de esto, la policía fue invitada a entrar en la embajada y se llevó a Assange a rastras, que fue introducido en una camioneta de la policía. El fundador de WikiLeaks permanecerá bajo custodia hasta que sea llevado al Tribunal de Magistrados de Westminster, que podría emitir una sentencia de 12 meses en la cárcel por evadir la fianza, un cargo que negamos.
En verdad, Moreno decidió expulsar a Assange para desviar la atención de un escándalo de corrupción en el que se encuentra actualmente involucrado, lo que ha llevado a una investigación en el Congreso que podría destituirlo. La correspondencia privada de la que Assange ha sido acusado de filtrar se relaciona con los papeles del INA, un expediente de archivos que documentan el depósito de 18 millones de dólares de la empresa china Sinohydro en una cuenta en el exterior conectada con el hermano del presidente: Edwin Moreno Garcés. Estos archivos implican a Moreno y a su familia en cargos de lavado de dinero, perjurio y corrupción. Sin embargo, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez, dice que “ni un solo documento, refiriéndose a los papeles del INA o a la familia del presidente, ha sido filtrado o publicado por WikiLeaks, y mucho menos por Julian Assange”. El abogado de Assange confirmó que su cliente ya no era responsable de las publicaciones ya que “WikiLeaks tiene una organización interna y el Sr. Assange ya no es el editor”.
Hay una razón más siniestra por la cual el primer ministro ecuatoriano ha decidido expulsar a su incómodo invitado de la embajada en Londres: Assange es un chivo expiatorio útil en la negociación de un acuerdo con los Estados Unidos para el alivio de la deuda ecuatoriana. En mayo de 2017, Paul Manafort (gerente de campaña de Trump) fue a Quito, aparentemente, para negociar un acuerdo entre las compañías energéticas chinas y la nación sudamericana. Sin embargo, durante las negociaciones, Manafort y Moreno también discutieron un acuerdo para entregar a Assange a las autoridades estadounidenses a cambio de un alivio de la deuda. Moreno también se reunió con el vicepresidente Mike Pence en junio de 2018, pero negaron haber discutido sobre Assange. Luego, en agosto, llegó el alivio por una suma de $ 1.100 millones, condicionado a la resolución de la situación de Assange. De hecho, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes le dijo a Moreno que las relaciones bilaterales cruciales en el área de comercio y seguridad dependen de “resolver el desafío significativo” sobre el “estatus de Julian Assange”, a quien consideran “un peligroso criminal y una amenaza para la seguridad global”.
Como se mencionó anteriormente, Moreno no podía expulsar legítimamente a Assange ya que no tiene evidencia para respaldar su acusación. Además, a Assange se le dio asilo y estaba protegido por la Ley Internacional de Refugiados que establece que “los refugiados no pueden ser transferidos a un Estado en relación con el cual se le ha concedido el estatus de refugiado”. La expulsión es también una violación flagrante del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tema es más escandaloso si cabe por el hecho de que se haya permitido la entrada de la policía británica en una embajada extranjera que, formalmente, es un espacio soberano de Ecuador y es inviolable. No sólo eso, Assange tiene desde hace más de un año la ciudadanía ecuatoriana, y era obligación constitucional del Estado ecuatoriano proteger a un súbdito de su país al que además había concedido asilo por razones humanitarias.
La fiscal superior de Suecia, Marianne Ny, declaró el año pasado que la orden de detención europea había sido rescindida debido a que la residencia de Assange en la embajada hacía imposible llevar a cabo el procedimiento judicial.
De hecho, querían rescindir la orden de arresto en 2013, pero el gobierno del Reino Unido insistió en que continuaran. Assange también ha dicho que siempre ha estado dispuesto a hace frente a cualquier problema de fianza pendiente, pero comprensiblemente no a expensas de enfrentarse a la extradición. Además, los “delitos” por los que Estados Unidos quiere que sea extraditado no son ilegales.
En 2017, WikiLeaks publicó miles de archivos de la CIA que revelan sus esfuerzos por infestar la tecnología, las comunicaciones e incluso los vehículos con virus y malware, y es la mayor filtración en la historia de la CIA. Publicar información veraz no es ilegal.
Además, Assange ni siquiera es ciudadano estadounidense, por lo que no puede ser acusado de traición o traición a su país. Es culpable de exponer la corrupción y la naturaleza siniestra del estado y con ello el sistema global del capitalismo. Si fuera extraditado, su caso sentaría un peligroso precedente para la extraterritorialización de las leyes de secreto estatal. Es decir, los EE. UU. Podrían ampliar su alcance judicial y extraditar a cualquiera que exponga secretos de estado, independientemente de su nacionalidad. Esto sería una violación masiva de la libertad de expresión y la capacidad de criticar a los gobiernos y denunciar la corrupción y la violencia estatal.
¡No a la extradición!
Assange ha estado en la Embajada de Ecuador durante siete años desde que se le concedió el asilo en 2012 para escapar de la extradición a los Estados Unidos. Durante este tiempo, su salud se ha deteriorado significativamente.
La ONU declaró que permanecer en la embajada “puede … poner en peligro su vida dada la cantidad desproporcionada de ansiedad y estrés que conlleva esa privación prolongada de la libertad”. En marzo de 2018, el gobierno de Ecuador impuso un “protocolo” que prohibía a Assange expresar su opinión o hacer periodismo. El protocolo amenazaba con revocar su asilo si se lo violaba. Posteriormente se prohibió a Assange el acceso a Internet y la posibilidad de recibir visitas.
En agosto de 2018, Assange publicó en Twitter informaciones y comentarios sobre el referéndum de independencia catalana, frente a lo cual el presidente Moreno declaró siniestramente que se tomarían “medidas” por su incumplimiento del protocolo. Luego, la semana pasada, Moreno acusó a Assange de filtrar fotos de su familia y de llamadas privadas que conectan al Presidente con un escándalo de corrupción. Sin embargo, Fidel Narváez (ex cónsul de Ecuador) dijo que este era un “falso pretexto para terminar con el asilo y la protección de Julian Assange”.
Ahora que Assange ha sido arrestado, pronto será extraditado a los Estados Unidos, donde se enfrenta a permanecer el resto de su vida en prisión por la filtración de secretos de Estado de los Estados Unidos.
Denunciantes como Assange exponen la forma real en que funciona el sistema capitalista global. La clase dominante esconde sus intenciones cuando dice que Assange es “una amenaza para la seguridad global”. Lo que quiere decir con esto es que él representa una amenaza para su existencia privilegiada con la difusión de estas filtraciones. Basta con mirar el tratamiento de Chelsea Manning para ver qué tan severamente reacciona la burguesía ante tales amenazas. Manning fue sentenciada a 35 años con baja deshonrosa por filtrar imágenes de atrocidades durante la guerra de Irak a WikiLeaks. Mientras estaba en prisión, estuvo sujeta a nueve meses de reclusión en régimen de aislamiento en el que estuvo en una celda durante 23 horas al día, privada de sueño y descanso e incluso le confiscaron la ropa. De hecho, se cree que ha sido sometida a este tratamiento no solo por “traicionar” a su país (es decir, a su clase dominante) sino también como una forma de lograr que incriminara a Assange. Otro presunto cómplice en la filtración de la CIA (conocida como las publicaciones de la Bóveda 7), Joshua Schulte, podría enfrentarse a 160 años de cárcel y ha sido sometido a un trato degradante mientras estaba detenido.
La burguesía está acostumbrada a conducir sus asuntos sucios a puertas cerradas. Valientes denunciantes como Snowden, Manning, Assange y WikiLeaks sacan a relucir toda su ropa sucia. Esta es una práctica vital, ya que nos permite a la gente común cuestionar la validez y la autoridad de nuestros gobiernos y el sistema en el que se basan, que es exactamente lo que teme la clase dominante. Por lo tanto, debemos defender a Assange de la expulsión y la extradición como parte de la defensa de la libertad de expresión, que es un derecho humano democrático básico.
¡No a la extradición!
¡Defendamos la libertad de expresión y el derecho a la información!
