Hace exactamente once días, en un debate ordinario del Parlamento, el Presidente Zapatero se sacó de la chistera la noticia de que la noche anterior había llegado a un pacto con el líder del PP, Mariano Rajoy, para reformar de forma significativa, por primera vez desde 1978, la Constitución, estableciendo con ello un límite al déficit.
Hace exactamente once días, en un debate ordinario del Parlamento, el Presidente Zapatero se sacó de la chistera la noticia de que la noche anterior había llegado a un pacto con el líder del PP, Mariano Rajoy, para reformar de forma significativa, por primera vez desde 1978, la Constitución, estableciendo con ello un límite al déficit.
El cambio aprobado está ligado al pacto que han alcanzado el PP y el PSOE por el cual, tras la aprobación de la actual reforma constitucional, consensuarán ambos partidos en diciembre una Ley Orgánica que fijará para todas las administraciones públicas en el 2020 un límite del 0,4% al déficit, desglosado en un 0,26% en el caso de la Administración del Estado, un 0,14% para cada comunidad autónoma y cero para los Ayuntamientos.
Es decir, conscientemente, se empezará el trámite de dicha ley orgánica después de unas elecciones que presumiblemente ganará el PP, bien sea de forma clara o por goleada, de mantenerse la misma correlación de fuerzas que vimos en las últimas elecciones municipales-regionales de mayo pasado.
Se diga lo que se diga, no tendremos que esperar al 2020 para que se apliquen medidas que tienen que ver con dicha reforma: el melón ya se ha abierto.
Un Gobierno obediente al Capital
Tomando por sorpresa a su propio partido, Zapatero ha abortado con esta última decisión cesarista la previsible campaña electoral demagógica del PSOE que iba a intentar impulsar el flamante candidato Rubalcaba en las próximas elecciones del 20 de Noviembre para remontar los pésimos resultados de mayo pasado.
Después de unos tímidos balbuceos opositores en las filas socialistas, en poco más de una semana la nueva revelación se ha transformado por vía de urgencia en una realidad que consagra el pago de la deuda e intereses como “prioridad absoluta” de todas las administraciones, a expensas del trámite posterior de una votación el próximo 6 de septiembre en el Senado. Zapatero y, junto con él, toda la plana mayor del PSOE por acción u omisión, se han revelado nuevamente como unos prosélitos de los postulados ideológicos más genuinamente liberales.
El cierre de filas de la práctica totalidad de los diputados del PSOE (salvo 5 escepciones) les echó en brazos del PP. Los métodos autoritarios y antidemocráticos del PP y PSOE prácticamente no se diferenciaron, no permitiéndose un debate mínimo de algunas de las proposiciones de la izquierda, en particular la del referéndum propuesto por IU, referéndum que no piensan favorecer en absoluto, sabedores de que el ambiente general de cabreo existente se reflejaría probablemente en un voto de castigo.
Ha sido recurrente en muchos medios el atribuir a la presión directa de Merkel y Sarcozy el que Zapatero se haya decidido a realizar dicho cambio en la Constitución. Seguro que ha habido dichas presiones. Pero igualmente podemos decir que había desde hace tiempo análogas advertencias y extorsiones por parte de otros organismos políticos y económicos, tanto nacionales como extranjeros, que insistían sobre la necesidad de establecer límites por ley al endeudamiento de las administraciones públicas.
Como explicamos en nuestra revista LUCHA DE CLASES nº 2, (http://www.luchadeclases.org/estado-espanol/9-estado-espanol/517-defender-desde-izquierda-unida-un-programa-de-transformacion-socialista.html) “El FMI ya ha pedido, el 12 de abril, una ley para recortar el gasto en comunidades autónomas.” Similares o parecidas peticiones se produjeron en los últimos meses por parte de nuestro Banco de España, o de significados empresarios y banqueros españoles.
El País, en su editorial del 27 de agosto, dudaba de la efectividad económica real de la reforma constitucional en un país como el nuestro:
“Son límites sin duda exigentes para un país con un gasto público por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin niveles de bienestar o de capital público equivalentes. Dada la especialización sectorial de la economía española, distante de la modernización de las más desarrolladas, limitan la participación pública en la inversión en capital tecnológico o humano. La experiencia de otros países desarrollados, desde EE.UU. a Alemania, señala que la inversión pública ha sido determinante en la modernización económica. No es lo mismo poner un corsé a la actuación inversora del Estado para una de las economías más competitivas del mundo que hacerlo cuando se exhiben carencias de gran calado, como es el caso de España”.
Sin embargo, así no piensan exactamente los sectores más decisivos de la burguesía española. El escenario para el que se prepara la burguesía española es el de uno donde no queda otra sino devolver todas las deudas generadas por el pasado boom económico, donde el conjunto del endeudamiento público y privado (Estado, familias y, sobre todo, empresas y bancos) supone el 390% del PIB. Y así se le ha hecho saber a los principales agentes endeudados, desde el estallido de la crisis de la deuda hace casi dos años, por parte de sus respectivos agentes acreedores. La cuestión es que, independientemente de los sueños de grandeza de algunos sobre “un nuevo modelo productivo para la economía española”, el contexto es el de un estancamiento económico internacional, donde la competitividad de la economía española está anclada con respecto a sus homólogas europeas.
En esta situación, el proceso que vamos a ver es cómo la deuda privada se transmuta la una en la otra: empresas en quiebra técnica, como todas las inmobiliarias y buena parte de las constructoras, cuyo dominio efectivo y decisiones corresponde de manera efectiva a los bancos (como estamos viendo ahora en la pugna de Sacyr por el control de REPSOL), familias que no pueden pagar su piso, cuyos bienes pasan al banco. Y, finalmente, cómo una parte importante de estas deudas van a tener que ser obligatoriamente asumidas por el Estado para conjurar la tendencia creciente a la implosión de una parte significativa del sistema financiero. Ahí tenemos en julio la nacionalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (la que era cuarta caja de ahorros mayor por número de activos), que se va a saldar en pocas semanas con la obligada inyección de 4.000 millones de euros (por ahora), por parte del Gobierno.
Para permitir sobrevivir a los bancos y empresas españolas, el Gobierno de turno (ahora del PSOE y luego del PP) seguirá legislando para permitir una recapitalización de empresas y bancos en base a los recursos de la inmensa mayoría. En definitiva, se pagarán esas deudas con peores condiciones laborales y disminuyendo los gastos sociales. De ahí esta reforma constitucional, que independientemente de detalles de forma, sí tiene un sentido claro para el hoy por hoy dominante capital financiero, bien sea español o internacional. Independientemente de que a muchísimas otras empresas les convendría que el Estado gastase más en infraestructuras y otros programas de inversión, hoy no existen esos recursos ni nadie está dispuesto a prestarlos, en base a una política que acepte los postulados básicos del sistema capitalista. Por eso, una política keynesiana es hoy imposible para el Estado español.
Los “últimos minutos de basura” del Gobierno Zapatero
Toxo, secretario general de CCOO, definió así ayer, en la concurrida asamblea de delegados de CCOO en Madrid, la acción legislativa del Gobierno en las últimas semanas. De hecho, el pasado viernes 26 de agosto, el Gobierno aprobó también su “tercera reforma laboral” en menos de un año, que ha tenido menos repercusión en los medios de comunicación. Los aspectos más reaccionarios de ésta quedaban determinados por las siguientes medidas:
– Ampliación de 25 años a 30 años de la edad límite posible para realizar el “contrato de formación”, contrato con menos derechos laborales, con bonificación adicional de subvenciones públicas para los empresarios que contraten de esta manera.
– Suspensión del límite máximo de dos años para encadenar contratos temporales. Con esta medida, la empresa ya no estará obligada a convertir en indefinido a un trabajador que encadene contratos temporales continuamente en dicho periodo.
El propio El País reconocía en su titular de ese día que “El Gobierno recupera la receta del empleo precario para combatir el paro”.
Anteriormente, en junio, ante la derrota estrepitosa del PSOE en las elecciones de mayo, el PP y la CEOE frustraron el pacto que se había cocinado con los máximos dirigentes sindicales de UGT y CCOO Entonces, prácticamente todos los órganos de la burguesía (hasta el grupo PRISA, editor de El País) comprendieron que la legislatura estaba agotada y se movieron para presionar al Gobierno a acelerar las reformas y a convocar elecciones anticipadas.
El Gobierno del PSOE, sumisamente, endureció entonces la reforma laboral que desencadenó hace un año la huelga general del 29 de septiembre, en la que podríamos llamar la “segunda reforma laboral” del año:
– Se legalizó el que las empresas pudieran efectuar despidos colectivos, tan solo con prever pérdidas permanentes o transitorias.
– También el Gobierno facilitó legalmente la obligación de renovar rápidamente los convenios si no había pacto y convirtiendo en obligatoria la intervención de un árbitro, si no había acuerdo, árbitro cuyo dictamen será obligatorio. Todo ello con el fin de acelerar la degradación de las condiciones laborales en un contexto en que las empresas no están dispuestas a admitir las conquistas sociales del pasado, y la negociacióncolectiva prácticamente no existe, ni siquiera donde hay más fuerza sindical.
En la asamblea de delegados de ayer, Toxo afirmó, según el comunicado de CCOO de Madrid, que “cree que el Gobierno se ha instalado en una espiral de recortes sociales y laborales que pueden no acabar con la citada reforma de la Constitución, y que podrían desembocar en nuevos ataques a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en materia de reforma de la negociación colectiva, en esta ocasión con el apoyo del nacionalismo conservador de CiU y PNV”.
Apenas unos minutos después, el Consejo de Ministros aprobó otra nueva ley que va en la línea de favorecer la privatización de una de las pocas empresas públicas grandes que le quedan al Estado: las autoridades portuarias españolas. Los puertos públicos se verán obligados por ley al compromiso de alcanzar una rentabilidad anual de 2,5% (¡En un contexto de estancamiento económico!), según el nuevo texto refundido de la Ley de Puertos de Estado que otorga mayor autonomía a las autoridades portuarias, lo que persigue la liquidación o privatización definitiva de las autoridades portuarias menos competitivas.
La irrupción del movimiento obrero
El estallido del Movimiento 15 de mayo oscureció la gigantesca manifestación convocada por UGT y CCOO contra los recortes del Gobierno de CiU en Cataluña el sábado 14 de mayo, con unos 200.000 asistentes, silenciada por los medios burgueses.
Anteriormente, en enero y febrero, habíamos asistido a varias convocatorias seguidas en Murcia de decenas de miles de asistentes (la más numerosa reunió a unos 60.000 asistentes) contra los recortes del PP en los gastos sociales. Ya en febrero, y luego en mayo, desde Lucha de Clases insistimos en que la política de recortes sociales provocaría una generalización de las movilizaciones de los empleados públicos, que es a lo que estamos asistiendo ahora.
En Madrid, Navarra, Murcia, Castilla La Mancha, Valencia, Galicia…, en prácticamente todas las comunidades, estamos asistiendo a recortes brutales del gasto de los Gobiernos regionales que oscilan entre un 10 y un 20% del mismo. Eso tiene consecuencias inmediatas en la educación y en la sanidad, que constituyen el grueso del gasto en todas ellas. Estos recortes demuestran la voluntad del PP por demostrar su “realismo y capacidad de Gobierno”, ante su previsible victoria en las elecciones generales del 20-N.
Ya hay convocadas movilizaciones de protestas por parte de los sindicatos que, en muchos casos, se están viendo superados por todo tipo de iniciativas o movimientos desde abajo.
En Cataluña, ante el cierre del servicio de urgencias de noche en más de 50 ambulatorios, miles de usuarios se han movilizado en concentraciones, acampadas u ocupando directamente los ambulatorios por la noche, habiendo habido varios casos de desalojo policial, que no han hecho mella en el ánimo de las protestas, que continúan extendiéndose.
En Madrid, el miércoles 31 de agosto, el salón de actos de CCOO de Madrid se colapsó con unos dos mil profesores, teniendo obligatoriamente que celebrarse una asamblea paralela en la calle, cuyo tráfico fue cortado por la policía. Ya a principios del verano había habido una asamblea multitudinaria contra los recortes de Esperanza Aguirre. Ahora se debatió directamente comenzar el curso con una jornada de huelga, a mediados de octubre. Algunos que intervinieron hablaban de huelga indefinida.
CCOO ha hablado de la posibilidad de unificar estos conflictos a nivel estatal. A finales de agosto, Toxo hizo las siguientes declaraciones: "El Gobierno se está ganando a pulso el conflicto social con las medidas que está adoptando y no descartamos una nueva huelga general. No descarto absolutamente nada, pero no me toca anunciar esto a mí, son palabras mayores".
Estas declaraciones eran alentadoras, aunque en los últimos días no ha habido ninguna referencia en el mismo sentido. El compañero Llamazares, desde IU, sí pidió públicamente la convocatoria de una huelga general ante la reforma constitucional hace dos días.
Por un plan para parar las agresiones a la clase trabajadora
Antes del verano, CCOO había convocado una concentración de delegados en Madrid para el 24 de septiembre. Ante la espiral dramática que han tomado los acontecimientos, los máximos dirigentes sindicales de CCOO y UGT se han visto obligados a salir conjuntamente de su casi inacción y a buscar la unidad con otras organizaciones y el Movimiento 15-Mayo.
El domingo 28 de agosto ya tuvimos decenas de concentraciones en todo el país impulsadas por DRY (Democracia Real Ya), a las que se añadieron diferentes Asambleas en varias ciudades. Desde el jueves 1 de septiembre, hasta el día 6 de septiembre, cuando habrá una manifestación más amplia en Madrid convocada por los sindicatos UGT, CCOO, apoyados por otras organizaciones de izquierda entre las que se encuentra IU, habrá un rosario de manifestaciones y protestas a lo largo y ancho del Estado. Muchas asambleas ciudadanas se han adherido a estas protestas o han tomado iniciativas paralelas.
Después de las vacaciones, muchas de estas concentraciones necesariamente están resultando limitadas. El movimiento del 15 de mayo ejercitó sus músculos duramente durante más de dos meses hasta la Marcha a Madrid del 24 de julio, con decenas de miles de asistentes, y más allá aún, con las manifestaciones contra la visita del Papa en agosto.
Es inevitable, después de tanta movilización, con todo tipo de luchas e iniciativas en multitud de ciudades, pueblos y barrios, que se haya hecho necesario un cierto respiro y que ahora, al iniciar el curso político, se parta de un nivel más bajo de movilización que en junio, o aún en julio. Pero esto está cambiando rápidamente. El calendario que tenemos por delante incluye:
– 6 de septiembre: manifestaciones en Madrid y otras ciudades convocadas inicialmente por UGT y CCOO y otras organizaciones de izquierda.
– 24 de septiembre: concentración estatal de delegados de CCOO, que pretende reunir a 20.000 asistentes.
– 25 de septiembre: movilización del Movimiento 15 de mayo contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en Madrid.
– 6 de octubre: convocatoria de UGT y CCOO en todas las capitales de provincia ante el “Día Mundial por el empleo decente” de la Confederación Internacional de Sindicatos.
– 15 de octubre: Jornada Internacional de protesta convocada por Democracia Real Ya.
A esto hay que sumar todo tipo de iniciativas y movilizaciones que están dándose en cada provincia, junto con las referidas movilizaciones en marcha de sindicatos y empleados públicos.
Ante la pléyade de protestas, sería muy positivo que la iniciativa adoptada por UGT y CCOO convocando a otras organizaciones de izquierda la semana pasada se repita para generalizar las movilizaciones, que continúen a través de una huelga general de 24 horas, que no debería ser el último recurso a emplear si el Gobierno sigue usando a favor de los capitalistas “sus últimos minutos de basura”. Otros sindicatos de clase, minoritarios y regionales, también deben ser convocados.
Los máximos dirigentes sindicales, que son conscientes de que han defraudado en los últimos meses a una buena parte de su base más militante, deberían de moverse resueltamente de forma humilde a la hora de lograr la unidad con el Movimiento 15M. Al mismo tiempo, los militantes de la izquierda y que defendemos posiciones clasistas debemos propiciar en el seno del 15M la defensa de una estrategia que pase por la convergencia con el movimiento obrero organizado, en la lucha que hay entablada con el Capital, única manera de parar los planes retógrados que hay en marcha.
¡No a la reforma de la Constitución. Por un Referéndum para decidir sobre la reforma de la misma!
¡No a las contrarreformas laborales encubiertas aprobadas por el Gobierno del PSOE!
¡Ningún recorte de ningún tipo de las administraciones públicas!
¡Que la crisis la paguen los ricos y banqueros!
¡Por la unidad de las movilizaciones del movimiento obrero y el Movimiento 15M!
