Este año Colombia elige Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores y Representantes a la Cámara: prácticamente dos tercios del poder político oficial que rige al país. Llama la atención de todos los sectores de la política nacional el ascenso en encuestas de Gustavo Petro. El país que una vez fue llamado “el Israel de Suramérica” ahora parece buscar un giro a la izquierda que atemoriza a la burguesía.
Para mediados del año pasado, la lista de colombianos que expresaban su interés en ocupar el solio de Bolívar, llegó a superar la treintena. La mayoría de ellos esperaba lograr su cometido recolectando el número de firmas de ciudadanos que exige el Estado para los aspirantes que no cuenten con el respaldo de un partido político con personería jurídica. El caso más llamativo fue el del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se unió a Cambio Radical (CR) a fines de 2003, en cuestión de meses se convirtió en jefe máximo de este partido fundado en 1998 y hasta el día hoy es uno de sus principales dirigentes. Desde 2007, cuando en medio del escándalo conocido como “parapolítica”, fueron condenados varios congresistas de CR, la marca de la corrupción empezó a dibujarse sobre la imagen de esta colectividad. Sin embargo, sigue teniendo reconocimiento legal y actualmente cuenta con nueve senadores, quince representantes a la Cámara, doce gobernadores y cincuenta diputados departamentales. Movido por una desmedida codicia de triunfo, Vargas prefirió negar su afiliación a CR para evitar la mácula del narcotráfico que caracteriza a esta organización y lanzarse a una ingente recolección de firmas marcada por la demagogia, el clientelismo, el populismo en su peor expresión y la trampa: la mitad de las cifras entregadas a la Registraduría eran falsas. Para rematar, CR decidió a principios de este año adherirse a la campaña “Mejor Vargas Lleras”. No hemos intentado contar un chiste: es una realidad verificable.
El proceso de recolección de firmas es altamente costoso y hay compañías privadas especializadas en adelantar este trabajo. Para recolectar las casi cuatrocientas mil firmas legítimas que exige el Estado se precisa de una inversión de, por lo menos, U$150.000. La opción que se creó, supuestamente, para permitir que ciudadanos no vinculados con las fuerzas políticas tradicionales pudiesen acceder al poder público ha demostrado que a los altos cargos del Estado sólo se llega con el respaldo del gran capital.
Luego de verificadas las firmas, algunos aspirantes decidieron crear coaliciones. Dos de estas se someterán a consultas internas en las elecciones legislativas del 11 de marzo: La “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a la extrema derecha por una parte, (el lefebvrista Alejandro Ordoñez, la cuadro conservadora Marta Lucía Ramírez y el uribista Iván Duque) y la “Consulta Inclusión social para la paz” que se dará entre dos reformistas (Gustavo Petro y Carlos Caicedo). Dos meses después, el 27 de mayo, será la primera vuelta para elegir presidente. Los ganadores de estas consultas se enfrentarán en primera vuelta al mencionado Vargas Lleras, Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Humberto de La Calle (Partido Liberal), Juan Carlos Pinzón (Ante todo Colombia), Piedad Córdoba (Poder Ciudadano) y Viviane Morales (SOMOS). Rodrigo “Timochenko” Londoño (FARC) ha retirado su candidatura por problemas de salud. Lo que cuantitativamente parece una oferta amplia resulta bastante limitada si se mira en la práctica. Difícilmente encontraremos diferencias sustanciales entre Vargas Lleras y el candidato que elija la extrema derecha. En ambos casos, se trata de defender el programa de las clases dominantes. Algo similar podemos esperar de un hipotético triunfo de Viviane Morales o Juan Carlos Pinzón. En el caso de Sergio Fajardo o de La Calle podría darse algún intento por modernizar la política colombiana pero al final se someterían a la agenda impuesta por las élites. Nos queda así, la orilla izquierda de la política que no ofrece más que reformismo en diferentes matices: Piedad propone reformas intentando sugerir una imagen populista, también son reformistas los programas de Carlos Caicedo y Gustavo Petro. De hecho, Timochenko simplemente proponía reformas partiendo de su idea de la revolución por etapas. No hay una auténtica propuesta revolucionaria para los trabajadores de Colombia, así que lo más avanzado de la clase obrera votará por aproximación.
Esta campaña se adelanta en un entorno álgido: los partidos de extrema derecha plantean su propaganda desde mentiras fantásticas, el voto en blanco todos los días cosecha más adeptos y la violencia ha entrado a formar parte de este escenario desde que el pasado 2 de marzo fue agredido el vehículo en el que se movilizaba Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y centro de operaciones del narcoparamilitarismo. Ha sido inevitable recordar los años 1986-1990 en los cuales diversos candidatos presidenciales fueron asesinados en medio de una violencia política que, entre otras cosas, llevó a silenciar por veinte años a la Unión Patriótica (UP), la fuerza política que puso el mayor número de víctimas en este genocidio político.
La difícil situación de Colombia
A pesar de que Colombia sigue siendo un país pobre con pocas perspectivas de desarrollo en el corto plazo, la burguesía local inició el 2018 llena de optimismo. El año anterior cerró con un ministro de Hacienda que pronosticaba recuperación, las ganancias de los fondos de pensiones tuvieron un aumento anual del 66,34% frente a 2016, el Grupo Éxito (una de las compañías más grandes del país) incrementó sus beneficios en un 400 por ciento; finalmente, en febrero, el gerente del Banco de la República (banco central) se mostró satisfecho con las cifras de crecimiento e inflación. Sin embargo, hubo un crecimiento negativo para el sector manufacturero y el comercio. Es un escenario en el que Colombia pareciera dirigirse hacia un desastre económico y a nadie le importa.
La desmovilización de las FARC-EP, por otra parte, significó una ventaja para la burguesía. Desde que el 29 de agosto de 2016 se declaró oficialmente el cese al fuego bilateral y definitivo, las élites dominantes dejaron de sufrir las acciones militares de la entonces guerrilla. Ésta, ahora transformada en partido político legal, enfrenta la estigmatización resultante de más de medio siglo de propaganda reaccionaria y la agitación de la extrema derecha. Además, la pésima implementación del Acuerdo de La Habana ha evidenciado lo ya esperado: la clase dominante no tiene ningún interés en cambiar las condiciones políticas y económicas del país: su única preocupación era sacar a la guerrilla de las montañas de Colombia; un objetivo apoyado por el imperialismo. La paz con las FARC puede ser el mayor éxito político de las élites colombianas en el último siglo y no lo están aprovechando.
Colombia tiene una riqueza mineral importante: cuenta con las mayores reservas de carbón de América Latina, le sigue a Brasil en potencial hidroeléctrico, posee cantidades significativas de níquel y oro, y produce la mayoría de las esmeraldas del mundo gracias a sus casi doscientos yacimientos: un verdadero paraíso para las multinacionales mineras y la especulación internacional. En este sentido, los planes económicos de la burguesía local resultan muy claros: entregar a la explotación extranjera aquellos territorios a los que antes no podían acceder por el conflicto armado a cambio de las respectivas comisiones y dádivas. Como garantía, seguirán valiéndose de la violencia oficial y extraoficial para evitar y prevenir cualquier levantamiento popular.
Las fuerzas políticas de la burguesía han sufrido una reconfiguración luego del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Desde entonces, sus partidos tradicionales (PL y Partido Conservador), entraron en un lento período de decadencia. La situación es tal que hoy los conservadores no tienen candidato a la Presidencia y el candidato liberal no logra llegar al 5% en las encuestas. A su vez, las fuerzas políticas que surgieron alrededor del uribismo también pasan por momentos de crisis: ALAS y PIN tuvieron que reorganizarse luego de que sus jefes fueran enjuiciados por paramilitarismo, y han formado los partidos SOMOS y Opción Ciudadana. La U, el partido que creó Juan Manuel Santos cuando se convirtió al uribismo, empezó un proceso de descomposición, marcado por reiterados escándalos de corrupción y una deficiente respuesta política ante los debates más relevantes, desde que el actual presidente rompió con el máximo líder de la reacción colombiana. El Centro Democrático, el partido fundado por Uribe el 2013 es una suma de fanáticos que sigue ciegamente a su líder; es la organización política oficial de la oligarquía hacendaria que, desde los días de Pablo Escobar, está ligada al narcotráfico y al paramilitarismo. Como efecto colateral de la crisis económica mundial y de una falta de liderazgo local capaz de proponer un proyecto renovador del capitalismo, el discurso político de las élites se ha desgastado al punto del descrédito. La mayoría de colombianos vive decepcionada de sus jefes políticos y su descontento se reprime al enfrentarse con “la metralla homicida”, el tradicional recurso de las élites para controlar al pueblo. A principios de este mes las cifras oficiales reportaron 282 líderes sociales asesinados desde 2016.
Colombia es uno de los países más desiguales de América. Hace un año el 28% de su población, de acuerdo a cifras oficiales, se encontraba bajo la línea de pobreza que el Estado fijó en 2016 en $241.673 (U$83) mensuales. Es decir, en términos efectivos, el número de pobres es mucho mayor. La falta de desarrollo industrial lleva a que muchos trabajadores y campesinos no puedan satisfacer sus necesidades básicas. Por otra parte, el atraso que vive el campo, condenado a la caña de azúcar, la palma africana y el latifundio ganadero, sumado a seis años de TLC (Tratados de Libre Comercio) y magros aumentos del salario mínimo, han llevado a una radical reducción de los salarios reales de los trabajadores.
Esta situación económica, desesperada para las mayorías, se traduce en una enorme descomposición social: la inseguridad ha aumentado en las diferentes ciudades del país y afecta sobre todo a los estratos 2 y 3; es decir, a la mayor parte de la clase obrera. Por otra parte, los episodios de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres se ven en todas las capas de la sociedad; verdaderos escándalos cuando la víctima es “gente de bien” y anécdotas sin importancia cuando se trata de una campesina o una trabajadora. Los abusos sexuales han aumentado y la mayor parte de las víctimas son niños. Mientras, los medios de comunicación de la burguesía maquillan esta putrefacción con los contenidos más superficiales y fútbol. El acceso a la cultura, la práctica del deporte y espacios para el sano empleo del tiempo libre no hacen parte de los intereses del Estado con respecto a los trabajadores. Lo mejor de nuestros artistas, científicos y académicos descubren muy pronto que lo mejor que pueden hacer por sus carreras es emigrar. La oligarquía colombiana parece haber aniquilado toda posible esperanza.
El reformismo amplio
Las masas colombianas no sólo necesitan soluciones urgentes y efectivas a su desesperada situación sino que además empiezan a buscarlas; los levantamientos que se vieron en el Urabá, en el Pacífico y a menos escala en Bogotá, son prueba de ello. Sin embargo, las fuerzas políticas que conforman la izquierda neogranadina no han sido capaces de elaborar un programa que responda al difícil momento que viven los trabajadores. Los sectarismos, caudillismos, la ausencia de debates internos y la falta de trabajo teórico han creado un panorama de diversos reformismos y oportunismos en medio de turbulentos conflictos internos que se estimulan pero nunca se enfrentan. La Coalición Colombia liderada por Sergio Fajardo, un político de derechas que posa de progresista, y a la que se suman la Alianza Verde (realmente liberales de diferentes denominaciones sin ninguna visión ambientalista) y el Polo Democrático Alternativo (liderado por el maoísta Jorge Robledo), propone un programa que parte de la abstracta lucha contra la corrupción y el clientelismo. A partir de ahí, se proponen una serie de intenciones para salvar al capitalismo local poniendo como motor del desarrollo la cultura y el turismo. La cuestión es que la corrupción y el clientelismo son una de las muchas expresiones del capitalismo en un país atrasado y no se pone fin a ellas salvando el capitalismo sino destruyéndolo.
Piedad Córdoba, que en vida del comandante Hugo Chávez fue su “consentida” en Colombia, intenta configurarse como una líder populista aprovechando su propia imagen y su amistad con diversos líderes reformistas de América Latina para al final proponer muy poco: IVA cero, eliminar las comisiones bancarias y salario digno. No está mal pero es muy poco para un país que vive tantos horrores.
El voto en blanco parece ganar cada vez más adeptos, pero en términos prácticos no se logra nada si no se garantiza un triunfo mayoritario. Como dijo Alan Woods: “Como regla general, la única circunstancia en que es permisible el boicot al parlamento y las elecciones parlamentarias es cuando el movimiento revolucionario está en condiciones de sustituir el sistema parlamentario burgués con algo mejor.” Este no es el caso.
La lista Decentes, que respalda la candidatura de Gustavo Petro agrupa diversos partidos reformistas: La UP, que desde hace poco más de cuatro años volvió a la vida política; MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), partido político que surge de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), ASI (Alianza Social Independiente), con raíces en el movimiento indígena y cierta tendencia al oportunismo, y Colombia Humana, que suma a los seguidores de Gustavo Petro. Por aproximación es el programa más favorable a los trabajadores y campesinos de Colombia. En particular, los candidatos de la UP -Aída Avella al Senado (#5) y Román Vega a la Cámara (#105)- son quienes le apuntan a lo más urgente: enfrentar a la megaminería, establecer la pensión universal, defender el Acuerdo de La Habana, salud pública de calidad y desarrollo de sistemas de transporte. Esto, sumado a la candidatura de Gustavo Petro pareciera el escenario más ventajoso para los trabajadores.
El programa de Petro es el resultado de su experiencia política como congresista y como alcalde de Bogotá D.C. (2011-2015). Su programa como burgomaestre se concentró en buscar ordenar la ciudad alrededor del agua, establecer medidas mitigadoras del cambio climático, combatir la segregación y defender lo público. El resultado fue reducción de la pobreza, reducción de la tarifa del servicio de acueducto, reducción de los homicidios y una importante mejora en el sistema de aseo. Estos resultados que sustentan su programa, han sido desvirtuados por los medios burgueses y sectores reaccionarios de la pequeña burguesía; sin embargo, explican el apoyo de los desposeídos a Petro. Objetivamente es un programa limitado. Sin embargo, en un país donde los pobres son la última prioridad del Estado, donde no se adelanta una sola obra pública sin beneficiar a políticos y grandes empresarios, y donde un narcotraficante merece más respeto que un campesino, insistir en mínimas condiciones de vida digna para la mayoría resulta casi “revolucionario”. No es de extrañar que la oligarquía concentre sus campañas en combatir a Petro en vez de difundir sus propias ideas, en acusarlo de “comunistas” y que, incluso, llegue a intentar asesinarle.
Infortunadamente, Petro no es comunista. Hay una distancia enorme entre su programa y las ideas socialistas. Recordemos que fue precisamente el giro del comandante Chávez hacia el socialismo lo que motiva a Petro, después de ser uno de sus primeros defensores en Colombia, a separarse del proyecto bolivariano. Es conocido de todos los que alguna vez le apostamos al PDA el rechazo de Petro a las ideas socialistas cuando estas se proponían en los debates. Por otra parte, persiste en una dificultad política que es perjudicial para los trabajadores: siempre está buscando la conciliación de clases. Es este error lo que lo ha llevado, por ejemplo, a apoyar la elección de Alejandro Ordoñez como procurador general hace diez años (el mismo procurador que intentó sacarlo de la Alcaldía); asimismo, fue por intentar negociar con el poder burgués y no buscar el apoyo de las masas que las constructoras lograron que se suspendiera el decreto con el que esperaba modificar el ordenamiento territorial de la capital para hacer esta una ciudad menos segregadora.
Sin importar cuál sea el resultado de los próximos procesos electorales, el panorama es desolador para las clases populares de Colombia mientras la burguesía se mantenga dueña del poder político y económico. La extrema derecha amenaza a los trabajadores diciéndoles que si no votan por ellos nos convertiremos en otra Venezuela: una tesis absurda ya que ningún candidato propone un programa ni medianamente cercano a la Constitución Bolivariana y, en todo caso, la creciente miseria que vivimos existe y aumenta gracias al capitalismo que sufrimos hace más de un siglo.
Una victoria de la derecha, que es hasta ahora el escenario más probable, significaría una aceleración en nuestra carrera al desastre económico, una exacerbación de la violencia que vivimos y el crecimiento del narcotráfico. Hay quienes se muestran optimistas por el ascenso de Petro en las encuestas, su entusiasmo ha resultado contagioso y de repente hay un interés en la política por parte de las mayorías que resulta poco usual. Ciertamente, las condiciones objetivas están impulsando un poco usual movimiento hacia la izquierda.
De hecho, es notorio el miedo que inspira entre toda la burguesía la posibilidad de un gobierno de Petro. Por esto mismo, es poco probable que se garantice un triunfo. Ya este país ha visto en otras ocasiones cómo en momentos de dificultad, las élites hacen a un lado sus diferencias y se unen contra el enemigo común. Sea por vías legítimas o no, harán todo lo posible para garantizarse un resultado favorable. Pero incluso si llegasen a reconocer esa eventual victoria, sabríamos que se valdrán de todos los medios posibles para sabotear cualquier acción política de un eventual gobierno de izquierda. Sobre todo porque, incluso si ganase Petro, se encontrará con unas mayorías burguesas ocupando el Congreso, garantizadas por sus mismas maquinarias electorales. Sin embargo, eso no debería arredrarnos: insistir en ese giro a la izquierda es una experiencia necesaria. Es duro si no contamos con el liderazgo efectivo y por ello urge construirlo.
¿Cómo enfrentar una crisis anunciada?
Hoy más que nunca precisamos formar una tendencia revolucionaria. Es necesario formarse en las ideas del marxismo, adelantar labores teóricas y proponer debates al interior del movimiento obrero y sus organizaciones. Poco harán en este momento los intentos por un “capitalismo humano”.
Hace veinte años Ted Grant escribió en un prólogo a El estado y la revolución de Lenin: “Antes que nada es necesario decir la verdad a la clase trabajadora, la cual ya está́ harta de mentiras y engaños. Y la verdad es que la única manera de solucionar la actual crisis es mediante una transformación radical de la sociedad que ponga fin a la dominación de la gran Banca y los monopolios. Cualquier otro intento de solución será un desastre. Si los dirigentes del movimiento obrero gastasen una décima parte del tiempo y las energías que dedican a la búsqueda de los mal llamados pactos y consensos con la burguesía y su gobierno (lo que equivale a un intento de cuadrar el círculo) a explicar la auténtica situación y movilizar a la clase obrera y la juventud para cambiar la sociedad, el problema sería resuelto rápidamente. Al mismo tiempo que luchamos contra todos los intentos de la burguesía de cargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias, tenemos que luchar por un auténtico gobierno de izquierdas que lleve a cabo la nacionalización de la banca, la tierra y los grandes monopolios bajo el control democrático de la clase trabajadora como la única manera de salir de la actual crisis que azota a millones de trabajadores, jóvenes, amas de casa y pensionistas.En una sociedad moderna, la clase trabajadora representa la aplastante mayoría de la sociedad. En sus manos descansan las palancas más importantes de la economía. No hay ningún poder en el mundo capaz de resistir a la clase obrera, una vez que ésta se movilice para transformar la sociedad.”
Con muchas dificultades el proletariado colombiano ha sabido constituirse como clase en el último siglo, ha resistido todas las formas imaginables de violencia, ha sido traicionado por sus líderes una y otra vez, y ha visto caer asesinados de la manera más vil a sus mejores jefes. Ha recorrido el camino suficiente para entender que una transformación de la sociedad es necesaria y urgente. Vendrán tiempos duros; la vida enseña pero su pedagogía rara vez es dulce. Una dirección revolucionaria conformada por los mejores elementos de la clase obrera y la juventud hará menos rudo el camino a la victoria.
Este año Colombia elige Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores y Representantes a la Cámara: prácticamente dos tercios del poder político oficial que rige al país. Llama la atención de todos los sectores de la política nacional el ascenso en encuestas de Gustavo Petro. El país que una vez fue llamado “el Israel de Suramérica” ahora parece buscar un giro a la izquierda que atemoriza a la burguesía.
Para mediados del año pasado, la lista de colombianos que expresaban su interés en ocupar el solio de Bolívar, llegó a superar la treintena. La mayoría de ellos esperaba lograr su cometido recolectando el número de firmas de ciudadanos que exige el Estado para los aspirantes que no cuenten con el respaldo de un partido político con personería jurídica. El caso más llamativo fue el del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se unió a Cambio Radical (CR) a fines de 2003, en cuestión de meses se convirtió en jefe máximo de este partido fundado en 1998 y hasta el día hoy es uno de sus principales dirigentes. Desde 2007, cuando en medio del escándalo conocido como “parapolítica”, fueron condenados varios congresistas de CR, la marca de la corrupción empezó a dibujarse sobre la imagen de esta colectividad. Sin embargo, sigue teniendo reconocimiento legal y actualmente cuenta con nueve senadores, quince representantes a la Cámara, doce gobernadores y cincuenta diputados departamentales. Movido por una desmedida codicia de triunfo, Vargas prefirió negar su afiliación a CR para evitar la mácula del narcotráfico que caracteriza a esta organización y lanzarse a una ingente recolección de firmas marcada por la demagogia, el clientelismo, el populismo en su peor expresión y la trampa: la mitad de las cifras entregadas a la Registraduría eran falsas. Para rematar, CR decidió a principios de este año adherirse a la campaña “Mejor Vargas Lleras”. No hemos intentado contar un chiste: es una realidad verificable.
El proceso de recolección de firmas es altamente costoso y hay compañías privadas especializadas en adelantar este trabajo. Para recolectar las casi cuatrocientas mil firmas legítimas que exige el Estado se precisa de una inversión de, por lo menos, U$150.000. La opción que se creó, supuestamente, para permitir que ciudadanos no vinculados con las fuerzas políticas tradicionales pudiesen acceder al poder público ha demostrado que a los altos cargos del Estado sólo se llega con el respaldo del gran capital.
Luego de verificadas las firmas, algunos aspirantes decidieron crear coaliciones. Dos de estas se someterán a consultas internas en las elecciones legislativas del 11 de marzo: La “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a la extrema derecha por una parte, (el lefebvrista Alejandro Ordoñez, la cuadro conservadora Marta Lucía Ramírez y el uribista Iván Duque) y la “Consulta Inclusión social para la paz” que se dará entre dos reformistas (Gustavo Petro y Carlos Caicedo). Dos meses después, el 27 de mayo, será la primera vuelta para elegir presidente. Los ganadores de estas consultas se enfrentarán en primera vuelta al mencionado Vargas Lleras, Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Humberto de La Calle (Partido Liberal), Juan Carlos Pinzón (Ante todo Colombia), Piedad Córdoba (Poder Ciudadano) y Viviane Morales (SOMOS). Rodrigo “Timochenko” Londoño (FARC) ha retirado su candidatura por problemas de salud.
Lo que cuantitativamente parece una oferta amplia resulta bastante limitada si se mira en la práctica. Difícilmente encontraremos diferencias sustanciales entre Vargas Lleras y el candidato que elija la extrema derecha. En ambos casos, se trata de defender el programa de las clases dominantes. Algo similar podemos esperar de un hipotético triunfo de Viviane Morales o Juan Carlos Pinzón. En el caso de Sergio Fajardo o de La Calle podría darse algún intento por modernizar la política colombiana pero al final se someterían a la agenda impuesta por las élites. Nos queda así, la orilla izquierda de la política que no ofrece más que reformismo en diferentes matices: Piedad propone reformas intentando sugerir una imagen populista, también son reformistas los programas de Carlos Caicedo y Gustavo Petro. De hecho, Timochenko simplemente proponía reformas partiendo de su idea de la revolución por etapas. No hay una auténtica propuesta revolucionaria para los trabajadores de Colombia, así que lo más avanzado de la clase obrera votará por aproximación.
Esta campaña se adelanta en un entorno álgido: los partidos de extrema derecha plantean su propaganda desde mentiras fantásticas, el voto en blanco todos los días cosecha más adeptos y la violencia ha entrado a formar parte de este escenario desde que el pasado 2 de marzo fue agredido el vehículo en el que se movilizaba Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y centro de operaciones del narcoparamilitarismo. Ha sido inevitable recordar los años 1986-1990 en los cuales diversos candidatos presidenciales fueron asesinados en medio de una violencia política que, entre otras cosas, llevó a silenciar por veinte años a la Unión Patriótica (UP), la fuerza política que puso el mayor número de víctimas en este genocidio político.
La difícil situación de Colombia
A pesar de que Colombia sigue siendo un país pobre con pocas perspectivas de desarrollo en el corto plazo, la burguesía local inició el 2018 llena de optimismo. El año anterior cerró con un ministro de Hacienda que pronosticaba recuperación, las ganancias de los fondos de pensiones tuvieron un aumento anual del 66,34% frente a 2016, el Grupo Éxito (una de las compañías más grandes del país) incrementó sus beneficios en un 400 por ciento; finalmente, en febrero, el gerente del Banco de la República (banco central) se mostró satisfecho con las cifras de crecimiento e inflación. Sin embargo, hubo un crecimiento negativo para el sector manufacturero y el comercio. Es un escenario en el que Colombia pareciera dirigirse hacia un desastre económico y a nadie le importa.
La desmovilización de las FARC-EP, por otra parte, significó una ventaja para la burguesía. Desde que el 29 de agosto de 2016 se declaró oficialmente el cese al fuego bilateral y definitivo, las élites dominantes dejaron de sufrir las acciones militares de la entonces guerrilla. Ésta, ahora transformada en partido político legal, enfrenta la estigmatización resultante de más de medio siglo de propaganda reaccionaria y la agitación de la extrema derecha. Además, la pésima implementación del Acuerdo de La Habana ha evidenciado lo ya esperado: la clase dominante no tiene ningún interés en cambiar las condiciones políticas y económicas del país: su única preocupación era sacar a la guerrilla de las montañas de Colombia; un objetivo apoyado por el imperialismo. La paz con las FARC puede ser el mayor éxito político de las élites colombianas en el último siglo y no lo están aprovechando.
Colombia tiene una riqueza mineral importante: cuenta con las mayores reservas de carbón de América Latina, le sigue a Brasil en potencial hidroeléctrico, posee cantidades significativas de níquel y oro, y produce la mayoría de las esmeraldas del mundo gracias a sus casi doscientos yacimientos: un verdadero paraíso para las multinacionales mineras y la especulación internacional. En este sentido, los planes económicos de la burguesía local resultan muy claros: entregar a la explotación extranjera aquellos territorios a los que antes no podían acceder por el conflicto armado a cambio de las respectivas comisiones y dádivas. Como garantía, seguirán valiéndose de la violencia oficial y extraoficial para evitar y prevenir cualquier levantamiento popular.
Las fuerzas políticas de la burguesía han sufrido una reconfiguración luego del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Desde entonces, sus partidos tradicionales (PL y Partido Conservador), entraron en un lento período de decadencia. La situación es tal que hoy los conservadores no tienen candidato a la Presidencia y el candidato liberal no logra llegar al 5% en las encuestas. A su vez, las fuerzas políticas que surgieron alrededor del uribismo también pasan por momentos de crisis: ALAS y PIN tuvieron que reorganizarse luego de que sus jefes fueran enjuiciados por paramilitarismo, y han formado los partidos SOMOS y Opción Ciudadana. La U, el partido que creó Juan Manuel Santos cuando se convirtió al uribismo, empezó un proceso de descomposición, marcado por reiterados escándalos de corrupción y una deficiente respuesta política ante los debates más relevantes, desde que el actual presidente rompió con el máximo líder de la reacción colombiana. El Centro Democrático, el partido fundado por Uribe el 2013 es una suma de fanáticos que sigue ciegamente a su líder; es la organización política oficial de la oligarquía hacendaria que, desde los días de Pablo Escobar, está ligada al narcotráfico y al paramilitarismo. Como efecto colateral de la crisis económica mundial y de una falta de liderazgo local capaz de proponer un proyecto renovador del capitalismo, el discurso político de las élites se ha desgastado al punto del descrédito. La mayoría de colombianos vive decepcionada de sus jefes políticos y su descontento se reprime al enfrentarse con “la metralla homicida”, el tradicional recurso de las élites para controlar al pueblo. A principios de este mes las cifras oficiales reportaron 282 líderes sociales asesinados desde 2016.
Colombia es uno de los países más desiguales de América. Hace un año el 28% de su población, de acuerdo a cifras oficiales, se encontraba bajo la línea de pobreza que el Estado fijó en 2016 en $241.673 (U$83) mensuales. Es decir, en términos efectivos, el número de pobres es mucho mayor. La falta de desarrollo industrial lleva a que muchos trabajadores y campesinos no puedan satisfacer sus necesidades básicas. Por otra parte, el atraso que vive el campo, condenado a la caña de azúcar, la palma africana y el latifundio ganadero, sumado a seis años de TLC (Tratados de Libre Comercio) y magros aumentos del salario mínimo, han llevado a una radical reducción de los salarios reales de los trabajadores.
Esta situación económica, desesperada para las mayorías, se traduce en una enorme descomposición social: la inseguridad ha aumentado en las diferentes ciudades del país y afecta sobre todo a los estratos 2 y 3; es decir, a la mayor parte de la clase obrera. Por otra parte, los episodios de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres se ven en todas las capas de la sociedad; verdaderos escándalos cuando la víctima es “gente de bien” y anécdotas sin importancia cuando se trata de una campesina o una trabajadora. Los abusos sexuales han aumentado y la mayor parte de las víctimas son niños. Mientras, los medios de comunicación de la burguesía maquillan esta putrefacción con los contenidos más superficiales y fútbol. El acceso a la cultura, la práctica del deporte y espacios para el sano empleo del tiempo libre no hacen parte de los intereses del Estado con respecto a los trabajadores. Lo mejor de nuestros artistas, científicos y académicos descubren muy pronto que lo mejor que pueden hacer por sus carreras es emigrar. La oligarquía colombiana parece haber aniquilado toda posible esperanza.
El reformismo amplio
Las masas colombianas no sólo necesitan soluciones urgentes y efectivas a su desesperada situación sino que además empiezan a buscarlas; los levantamientos que se vieron en el Urabá, en el Pacífico y a menos escala en Bogotá, son prueba de ello. Sin embargo, las fuerzas políticas que conforman la izquierda neogranadina no han sido capaces de elaborar un programa que responda al difícil momento que viven los trabajadores. Los sectarismos, caudillismos, la ausencia de debates internos y la falta de trabajo teórico han creado un panorama de diversos reformismos y oportunismos en medio de turbulentos conflictos internos que se estimulan pero nunca se enfrentan.
La Coalición Colombia liderada por Sergio Fajardo, un político de derechas que posa de progresista, y a la que se suman la Alianza Verde (realmente liberales de diferentes denominaciones sin ninguna visión ambientalista) y el Polo Democrático Alternativo (liderado por el maoísta Jorge Robledo), propone un programa que parte de la abstracta lucha contra la corrupción y el clientelismo. A partir de ahí, se proponen una serie de intenciones para salvar al capitalismo local poniendo como motor del desarrollo la cultura y el turismo. La cuestión es que la corrupción y el clientelismo son una de las muchas expresiones del capitalismo en un país atrasado y no se pone fin a ellas salvando el capitalismo sino destruyéndolo.
Piedad Córdoba, que en vida del comandante Hugo Chávez fue su “consentida” en Colombia, intenta configurarse como una líder populista aprovechando su propia imagen y su amistad con diversos líderes reformistas de América Latina para al final proponer muy poco: IVA cero, eliminar las comisiones bancarias y salario digno. No está mal pero es muy poco para un país que vive tantos horrores.
El voto en blanco parece ganar cada vez más adeptos, pero en términos prácticos no se logra nada si no se garantiza un triunfo mayoritario. Como dijo Alan Woods: “Como regla general, la única circunstancia en que es permisible el boicot al parlamento y las elecciones parlamentarias es cuando el movimiento revolucionario está en condiciones de sustituir el sistema parlamentario burgués con algo mejor.” Este no es el caso.
La lista Decentes, que respalda la candidatura de Gustavo Petro agrupa diversos partidos reformistas: La UP, que desde hace poco más de cuatro años volvió a la vida política; MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), partido político que surge de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), ASI (Alianza Social Independiente), con raíces en el movimiento indígena y cierta tendencia al oportunismo, y Colombia Humana, que suma a los seguidores de Gustavo Petro. Por aproximación es el programa más favorable a los trabajadores y campesinos de Colombia. En particular, los candidatos de la UP -Aída Avella al Senado (#5) y Román Vega a la Cámara (#105)- son quienes le apuntan a lo más urgente: enfrentar a la megaminería, establecer la pensión universal, defender el Acuerdo de La Habana, salud pública de calidad y desarrollo de sistemas de transporte. Esto, sumado a la candidatura de Gustavo Petro pareciera el escenario más ventajoso para los trabajadores.
El programa de Petro es el resultado de su experiencia política como congresista y como alcalde de Bogotá D.C. (2011-2015). Su programa como burgomaestre se concentró en buscar ordenar la ciudad alrededor del agua, establecer medidas mitigadoras del cambio climático, combatir la segregación y defender lo público. El resultado fue reducción de la pobreza, reducción de la tarifa del servicio de acueducto, reducción de los homicidios y una importante mejora en el sistema de aseo. Estos resultados que sustentan su programa, han sido desvirtuados por los medios burgueses y sectores reaccionarios de la pequeña burguesía; sin embargo, explican el apoyo de los desposeídos a Petro.
Objetivamente es un programa limitado. Sin embargo, en un país donde los pobres son la última prioridad del Estado, donde no se adelanta una sola obra pública sin beneficiar a políticos y grandes empresarios, y donde un narcotraficante merece más respeto que un campesino, insistir en mínimas condiciones de vida digna para la mayoría resulta casi “revolucionario”. No es de extrañar que la oligarquía concentre sus campañas en combatir a Petro en vez de difundir sus propias ideas, en acusarlo de “comunistas” y que, incluso, llegue a intentar asesinarle.
Infortunadamente, Petro no es comunista. Hay una distancia enorme entre su programa y las ideas socialistas. Recordemos que fue precisamente el giro del comandante Chávez hacia el socialismo lo que motiva a Petro, después de ser uno de sus primeros defensores en Colombia, a separarse del proyecto bolivariano. Es conocido de todos los que alguna vez le apostamos al PDA el rechazo de Petro a las ideas socialistas cuando estas se proponían en los debates. Por otra parte, persiste en una dificultad política que es perjudicial para los trabajadores: siempre está buscando la conciliación de clases. Es este error lo que lo ha llevado, por ejemplo, a apoyar la elección de Alejandro Ordoñez como procurador general hace diez años (el mismo procurador que intentó sacarlo de la Alcaldía); asimismo, fue por intentar negociar con el poder burgués y no buscar el apoyo de las masas que las constructoras lograron que se suspendiera el decreto con el que esperaba modificar el ordenamiento territorial de la capital para hacer esta una ciudad menos segregadora.
Sin importar cuál sea el resultado de los próximos procesos electorales, el panorama es desolador para las clases populares de Colombia mientras la burguesía se mantenga dueña del poder político y económico. La extrema derecha amenaza a los trabajadores diciéndoles que si no votan por ellos nos convertiremos en otra Venezuela: una tesis absurda ya que ningún candidato propone un programa ni medianamente cercano a la Constitución Bolivariana y, en todo caso, la creciente miseria que vivimos existe y aumenta gracias al capitalismo que sufrimos hace más de un siglo.
Una victoria de la derecha, que es hasta ahora el escenario más probable, significaría una aceleración en nuestra carrera al desastre económico, una exacerbación de la violencia que vivimos y el crecimiento del narcotráfico. Hay quienes se muestran optimistas por el ascenso de Petro en las encuestas, su entusiasmo ha resultado contagioso y de repente hay un interés en la política por parte de las mayorías que resulta poco usual. Ciertamente, las condiciones objetivas están impulsando un poco usual movimiento hacia la izquierda.
De hecho, es notorio el miedo que inspira entre toda la burguesía la posibilidad de un gobierno de Petro. Por esto mismo, es poco probable que se garantice un triunfo. Ya este país ha visto en otras ocasiones cómo en momentos de dificultad, las élites hacen a un lado sus diferencias y se unen contra el enemigo común. Sea por vías legítimas o no, harán todo lo posible para garantizarse un resultado favorable. Pero incluso si llegasen a reconocer esa eventual victoria, sabríamos que se valdrán de todos los medios posibles para sabotear cualquier acción política de un eventual gobierno de izquierda. Sobre todo porque, incluso si ganase Petro, se encontrará con unas mayorías burguesas ocupando el Congreso, garantizadas por sus mismas maquinarias electorales. Sin embargo, eso no debería arredrarnos: insistir en ese giro a la izquierda es una experiencia necesaria. Es duro si no contamos con el liderazgo efectivo y por ello urge construirlo.
¿Cómo enfrentar una crisis anunciada?
Hoy más que nunca precisamos formar una tendencia revolucionaria. Es necesario formarse en las ideas del marxismo, adelantar labores teóricas y proponer debates al interior del movimiento obrero y sus organizaciones. Poco harán en este momento los intentos por un “capitalismo humano”.
Hace veinte años Ted Grant escribió en un prólogo a El estado y la revolución de Lenin:
“Antes que nada es necesario decir la verdad a la clase trabajadora, la cual ya está́ harta de mentiras y engaños. Y la verdad es que la única manera de solucionar la actual crisis es mediante una transformación radical de la sociedad que ponga fin a la dominación de la gran Banca y los monopolios. Cualquier otro intento de solución será un desastre. Si los dirigentes del movimiento obrero gastasen una décima parte del tiempo y las energías que dedican a la búsqueda de los mal llamados pactos y consensos con la burguesía y su gobierno (lo que equivale a un intento de cuadrar el círculo) a explicar la auténtica situación y movilizar a la clase obrera y la juventud para cambiar la sociedad, el problema sería resuelto rápidamente. Al mismo tiempo que luchamos contra todos los intentos de la burguesía de cargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias, tenemos que luchar por un auténtico gobierno de izquierdas que lleve a cabo la nacionalización de la banca, la tierra y los grandes monopolios bajo el control democrático de la clase trabajadora como la única manera de salir de la actual crisis que azota a millones de trabajadores, jóvenes, amas de casa y pensionistas.
En una sociedad moderna, la clase trabajadora representa la aplastante mayoría de la sociedad. En sus manos descansan las palancas más importantes de la economía. No hay ningún poder en el mundo capaz de resistir a la clase obrera, una vez que ésta se movilice para transformar la sociedad.”
Con muchas dificultades el proletariado colombiano ha sabido constituirse como clase en el último siglo, ha resistido todas las formas imaginables de violencia, ha sido traicionado por sus líderes una y otra vez, y ha visto caer asesinados de la manera más vil a sus mejores jefes. Ha recorrido el camino suficiente para entender que una transformación de la sociedad es necesaria y urgente. Vendrán tiempos duros; la vida enseña pero su pedagogía rara vez es dulce. Una dirección revolucionaria conformada por los mejores elementos de la clase obrera y la juventud hará menos rudo el camino a la victoria.
