La llegada al gobierno de Enrique Peña Nieto vino acompañada de una serie de iniciativas a las que se las ha querido presentar como muestras de unidad nacional, una de ellas, quizá la más importante, es la firma del llamado “pacto por México”
Dicha iniciativa no cae como un rayo en cielo despejado, podemos ubicar como principales causales de la firma de este pacto en los siguientes elementos:
1.- Han pasado 12 años de gobiernos panistas, durante los cuales las propuestas políticas de la burguesía se han intentado implementar. No obstante, ya sea por la división de los distintos partidos burgueses o por la oposición y lucha de las masas, la mayoría se han implementado a medias, en circunstancias que a los sectores decisivos del gran capital no les son útiles.
2.- El agravamiento de la crisis a nivel internacional ha forzado a muchos gobiernos a adoptar medidas de agresivos recortes a los niveles de vida de las masas, en ese contexto la existencia de divisiones entre los partidos de la derecha han provocado el crecimiento de la opciones que formalmente aparecen de izquierda, por lo tanto en México, para los sectores decisivos de la burguesía es más conveniente presentar un frente común que incluya a la izquierda con el objeto de inhibir posibles opciones políticas a los trabajadores que tarde o temprano saldrán a la lucha.
3.- En el seno del principal partido de izquierda: el PRD; se ha venido fortaleciendo una ala derechas francamente progobiernista, que se identifica más con el compartir las responsabilidades del estado en los marcos del régimen establecido que el intentar transformarlo. Dentro de esta ala del PRD no existe posibilidad alguna de que un movimiento social ponga en peligro al régimen, más bien, como todo reformista de derechas, dispuesto a hacer bloque con la burguesía para enfrentar posibles explosiones sociales.
4.- Las Corrientes de izquierda dentro del PRD se han orientado a organizarse en torno a la figura de AMLO y a hacerlo al margen del partido, generando un movimiento con características propias, el Morena. En efecto dentro del PRD es que ya no hay un importante contrapeso a las posiciones progobiernistas.
5.- Finalmente hay un elemento que el mismo pacto enuncia y que no puede dejar de llamar la intención, y es el reconocimiento de la fuerza decisiva de los “poderes fácticos” y la necesidad de establecerles un cierto freno desde el aparato de estado. En otras palabras; la burguesía financiera ejerce un poder de modo tan descarado que le puede restar legitimidad al estado, por lo tanto es deber de los partidos burgueses ponerle un límite formal para salvar las apariencias
Tanto el PAN, como anteriormente el PRI, han contado con apoyo legislativo mutuo durante los últimos 24 años, no obstante nunca habían hecho explicito un programa común de gobierno ni expresado de manera abierta la idea de cogobernar, elemento que en el fondo es la esencia del pacto por México.
Por otro lado es la primera vez que de manera formal el PRD como instituto político se compromete a un programa de gobierno, que en esencia no tiene diferencias sustanciales las propuestas de campaña de Peña Nieto.
Un bloque como el conformado pretende ser la carta de legitimidad del régimen, tal y como la guerra contra el narco lo fue para Calderón. Cuando los efectos de dicho pacto se empiecen a sentir, el gobierno podrá repartir culpas con sus aliados PAN y PRD, tratando de disminuir al mínimo el costo político correspondiente.
Pero veamos en que consiste básicamente dicho pacto desde el punto de vista programático:
El documento está dividido en 5 puntos:
1. Sociedad de Derechos y Libertades.
2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.
3. Seguridad y Justicia.
4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
5. Gobernabilidad Democrática.
El primer punto a su vez divide sus compromisos en seguridad social, combate a la pobreza, educación, cultura, derechos humanos, represión, control político de la población, indígenas, etc.
Haciendo una revisión en su conjunto de las iniciativas en general se refieren a fortalecer los mecanismos de dominio del estado respecto de una sociedad cada vez más diversa y difícil de controlar. Por supuesto existen iniciativas que suenan bien, en el fondo llevan más bien el carácter de declaración de buenas intenciones, que de una intención real de llevarlos a cabo.
Por ejemplo en seguridad social se habla de la convergencia entre los sistemas de salud públicos o la pensión para adultos mayores de 65 años, las propuestas no están mal, incluso algunas han sido sostenidas por grupos y partidos progresistas, no obstante la pregunta es ¿cómo se ha a de implementar de forma realista este tipo de medidas si la tendencia general es a desincorporar los servicios de salud públicos en favor de los privados?, las modificaciones legales en materia de salud estarán orientadas a subvencionar con dinero público los servicios de salud privados, la prueba de ello es que en ninguna parte del pacto se habla de un compromiso de inversión para la creación de hospitales. Bajo las actuales circunstancias se vive una ausencia de servicio debido la saturación de la demanda, la convergencia no hará sino hacerlo más evidente.
Por otro lado la idea de una pensión es bastante buena, no obstante si no se refleja en montos no dejará se ser una limosna útil para propaganda de gobierno pero inútil para resolver la problemática de los millones de trabajadores que llegan a una edad de jubilación y no tienen derecho a ello, la tendencia del capital en los últimos años en todo el mundo es justamente lo contrario, lo mismo decimos para el supuesto seguro de desempleo, el cual en un país con un 60% de empleo informal y desempleo es impracticable bajo las normas capitalistas.
Respecto del combate a la pobreza se insiste en la misma lógica de programas de manipulación de la misma.
Una novedad importante es la referida a la educación donde se habla de arrebatar el control político que tiene la mafia de la SNTE sobre la SEP. Es factible que parte de los “poderes fácticos” a los que se refiere el documento del “pacto” tiene que ver con la mafia sindical de Elba Ester Gordillo, por ello la orientación de la reforma tiende a quebrar sus áreas de influencia. Algunos suponen que ello implica un genuino ánimo de democratizar, en realidad se trata de un llamado a Gordillo y su camarilla a que se integre dócilmente al redil y reconozca obediencia al Estado. A cambio por supuesto se le ofrece seguir manteniendo el control del aparato sindical. Vaticinamos, sin temor a equivocarnos, que la mafia gordillista, pese a uno o dos relinchos se alineará a la nueva situación.
Lo que sí es probable es que las corrientes que conforman la CNTE se fortalezcan al dar una lucha contra la reforma educativa que en general mantiene la mima lógica de priorizar desde el estado a la escuela privada en detrimento de la pública.
Otro rubro que llama la atención es el referido a los derechos humanos y la represión, en general defienden la idea de regular de una forma más precisa la relación entre el estado y los individuos; el compromiso 28 propone una “ley de uso legítimo de la fuerza pública”, el compromiso 29 habla de una ley para expulsar extranjeros, el 33 propone una ley para crear un registro de identidad, el cual no sería necesario al existir la identificación del Instituto Federal Electoral, no obstante la nueva identificación estaría vinculada con el control, desde gobernación, de la población. Pese a que todas estas medidas están disforzada de un lenguaje amable y bienintencionado nos recuerdan la novela 1984 de George Orwell donde el ministerio de la paz era para organizar la guerra, el de información para desinformar, etc.
Si se está elaborando una ley para expulsar extranjeros, esta no está dedicada a los burgueses que se llevan carretas de dinero a sus países con las diversas concesiones que el Estado les brinda sino contra los luchadores sociales internacionalistas que apoyen las luchas de los trabajadores mexicanos, si se está proponiendo una ley para el uso de la fuerza publica es porque la represión será tan cotidiana y es necesario legitimar su empleo.
Por supuesto se habla mucho de derecho humanos pero se construyen leyes para violarlos “conforme a derecho”
Sobre los indígenas, no hay duda que se trata de todo un cortejo hacia el EZLN; como todos sabemos durante el gobierno de Calderón los neozapatistas mantuvieron una especie de tregua unilateral, es decir no intervinieron en asuntos nacionales, ahora al inicio de la nueva etapa priísta es un objetivo del estado el que se integren de manera formal, ya sea por medio de un nuevo acuerdo o por la vía de su asimilación, al control del Estado. La dinámica que se ha elegido es muy parecida a lo que se ha hecho con la ley de victimas recientemente promulgada por Peña Nieto. Es decir: se apruebe una ley aparentemente progresista pero sin sustento en el marco jurídico vigente de tal manera que nace como letra muerta. Respecto de los derechos y cultura indígenas no habría más que señalar la referencia de los acuerdos de San Andrés, no obstante eso no se incluye en toda la serie de promesas del pacto tripartito.
El segundo gran apartado se orienta a los temas de economía y el primer planteamiento es de plano una burla, se habla de elevar el nivel de la inversión al 25% del PIB, cuando de 1960 a 1985 el promedio fue de casi el 30%. Esa es una aspiración de plano muy pobre, pero lo peor son los mecanismos que señalan para “lograr su meta”:
El primero es elevar la competitividad, es decir bajo la lógica de que a mayor competencia mayor crecimiento, la táctica será fortalecer las atribuciones de la comisión nacional de competencia y los tribunales especializados, no obstante tenemos que será el presidente de la república, es decir Peña Nieto, quien defina las propuestas para los distintos responsables, con lo que se evidencia el verdadero objetivo de dichas propuestas: dotar al ejecutivo mayores facultades de árbitro entre los distintos grupos monopólicos. La competencia sólo estimula crecimiento en el marco de un proceso de expansión del mercado, en México lo que tenemos es un mercado estancado y un sector privado monopólico más interesado en absorber a la competencia superexplotando la mano de obra, que en desarrollar nuevas áreas de inversión.
Un ejemplo de que el objetivo de las medidas es establecer un arbitraje entre monopolios es que los compromisos respecto de la economía están centrados en su mayoría en las telecomunicaciones. En general el eje fundamental es pasar de un monopolio a dos o tres, todos formados por los grupos económicos dominantes, Slim, Azcárraga, Salinas, Vargas, etc. En suma un puñado de familias, se repartirán el pastel. No hay compromisos para el acceso a radio y televisión de organizaciones sociales, sindicales o comunidades pobres.
Los siguientes compromisos se refieren a la innovación tecnológica. Como en los casos anteriores el discurso está muy bien, no obstante no se propone ningún compromiso real para llevarlos a la práctica.
A continuación, llega el elemento que el punto neurálgico del famoso pacto: la reforma de Pemex. Para el PRI y el PAN el elemento clave es comprometer al PRD en una acuerdo para reformar Pemex “haciéndola productiva, competitiva, promoviendo la inversión”, aquí no hay más. Dado que el 90% de la renta petrolera se emplea para gastos del gobierno bastaría con una reasignación presupuestal para asegurar la inversión, obviamente la reforma sólo puede implicar inversión privada y/o extranjera. Si hacemos una revisión del funcionamiento actual de la paraestatal encontramos que ya son pocas las áreas donde no interviene la inversión privada bajo la forma de contratos onerosos, ahora se pretende establecer acuerdos de coinversión en donde se garanticen ganancias independientemente de los resultados. En suma, la explotación privada de la paraestatal Pemex a un grado ahora no conocido. Esta es la joya de la corona y a cambio de ello Peña Nieto está de acuerdo en publicar leyes inoperantes de derechos humanos o indígenas o dar una constitución al DF, como decía Enrique IV de Francia “Paris bien vale una misa”.
Sobre la industria minera, cuyo auge espectacular sólo es percibido por la creación de fabulosas fortunas apenas se habla de establecer nuevas normas de regulación, sobre la banca no se planea ninguna iniciativa rescatable salvo los lugares comunes de hacerla más barata, eficiente y accesible a las familias. Es decir se preserva la propiedad de los norteamericanos, españoles y japoneses que la dominan y por supuesto sus vínculos con el sector productivo ni siquiera se plantean.
Finalmente el elemento clave en términos políticos del acuerdo es la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, por su importancia los citamos íntegros:
“Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.
Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno.
Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno”
En suma se trata de un compromiso para cogobernar por parte de PRI, PAN y PRD, un acuerdo que implica una tendencia hacia la función organizativa de los tres partidos los cuales actuarían como alas con la convergencia de un presidente que actue como árbitro final.
El trascurso de los meses ha demostrado que el pacto por México se ha tornado el principal instrumento para la determinación de las iniciativas, las cuales sólo se llevan al congreso para ser votadas.
Mucho se ha hablado de la forma que asumiría este nuevo presidencialismo, ahora lo vemos. En lugar de un partido de gobierno ahora se pretende construir un régimen de partidos de gobierno donde la unidad para defender los privilegios de la burguesía y para compartir los privilegios del poder será la prioridad.
Hablan de acuerdos históricos y de gobernabilidad democrática, todo a costa de la explotación de las mismas. Eso está por verse, así como hay una recomposición desde arriba los trabajadores debemos gestar nuevas alianzas, frentes de lucha y de unidad de acción para enfrentar al enemigo común, un monstruo de tres cabezas pero que se puede y se debe derrotar.
