Luego de mas de medio año de haberse declarado la emergencia sanitaria, Ecuador sigue integrando el grupo de los 10 países más afectados por la pandemia del COVID-19 en el continente americano. Según Al Jazeeraun 85 por ciento de los ecuatorianos están ahora desempleados o en trabajos precarios. Al comienzo de la pandemia, Ecuador tomó la delantera con el mayor número de muertes relacionadas con COVID-19 en la región. Ahora además lidera la región en desempleo. Hemos regresado al Ecuador de la pobreza y la precariedad generalizada en tan solo tres años. Ante esta realidad, y de cara a la flexibilización de las medidas de confinamiento y distanciamiento social en el país, surge la preocupación respecto a los impactos a mediano y largo plazo de la pandemia y la posibilidad de una inminente crisis alimentaria en medio de una fuerte recesión económica. Por otro lado el estallido social se avecina a las calles una vez mas para protestar las políticas reaccionarias y anti-obreras del gobierno de Moreno.
Ecuador se encuentra entre los países más afectados por la pandemia del Covid-19. EL país registra un total de 118.594 casos por COVID-19 y 2143 casos nuevos en 24 horas, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud. Guayas sigue siendo la provincia con mayor número de muertes por coronavirus con 1697 casos. Aunque es bien sabido ya, que las cifras no se asemejan en lo mínimo a las cifras reales, según The New York Times la cifra es 15 veces más grande.
Aún mas preocupante es el pronóstico para la región de varias instituciones que afirman que 96 millones de personas estarán en situación de pobreza extrema en América Latina y el Caribe. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), alertó que se reducirán los ingresos de los hogares porque no existirán recursos económicos para adquirir alimentos, aunque exista abastecimiento. “Esto se suma a la baja calidad nutricional que están viviendo sobre todo las familias más pobres”, dijo.
En el mes de abril 2020, el informe “Seguridad alimentaria bajo la pandemia de COVID-19”1https://ocaru.org.ec/index.php/debate-rural/item/10319-nuestro-derecho-a-la-alimentacion-en-tiempos-de-covid-19-crisis-alimentaria-en-ecuador la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, CELAC, 2020) advierte que la pandemia repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”. El informe señala los impactos del COVID-19 sobre los derechos de las familias campesinas, busca caracterizar una eventual crisis alimentaria desde la perspectiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA).
Esta será la peor crisis capitalista en un siglo, debido a que el PIB caerá en -9,1%, la pobreza afectará al 37,3% de la población y la desocupación en la región será del 13,5%. Por ejemplo, en el caso de América del Sur hay una caída en los precios internacionales (-9,4 %), en América Central y México hay un desbalance del PIB en (-8,4%) y en cuanto al Caribe, si bien han manejado mejor la crisis debido al Covid-19, existe una pérdida del turismo y en deuda externa con una caída de (-5,4%). “Las cifras se han agravado, en Junio, junto con Cepal presentamos un informe y las cifras ya están obsoletas. Nos amenaza la cifra escalofriante de 80 millones de latinoamericanos y caribeños con hambre y con seguridad alimentaria grave, si esas proyecciones se hacen realidad significa que retrocedimos 40 años”, dijo Berdegue en el seminario.
Para ponernos en perspectiva, en 2019 las élites empresariales ecuatorianas ganaron lo equivalente a 131 veces un salario mínimo, demoraron menos de dos horas en obtenerlo. La desigualdad es la característica más destacada del Gobierno de Moreno. De tal manera que en estos tres años se muestran cuantiosos crecimientos en el ingreso de las élites empresariales ecuatorianas. Según la CEPAL si se examina la proporción promedio que pagan los más ricos de impuestos en relación a sus ingresos en Ecuador esta alcanza tan solo un 3,4% cuando el promedio de América Latina es 4,8% y el de la Unión Europea es 21,3%.(v)
En efecto el enorme crecimiento de los ingresos de la élite económica empresarial, que apenas representa el 0,006% (965 personas) del total de la población, se contrasta con el retroceso en la mayoría de los indicadores laborales del Plan Nacional de Desarrollo incluyendo a la población más vulnerable como es el caso de los niños y niñas con el aumento del trabajo infantil2https://coyunturauceiie.org/2020/09/11/desigualdad-en-el-gobierno-de-moreno-en-2019-las-elites-empresariales-ecuatorianas-ganaron-lo-equivalente-a-131-veces-un-salario-minimo-demoran-menos-de-dos-horas-en-obtenerlo/#_edn3. Si se considera que en EEUU “la brecha entre el salario del trabajador y el director ejecutivo fue ocho veces mayor en 2016 que en 1980” quiere decir que en ese país se necesitaron 36 años y en Ecuador solo uno para duplicar y superar esta cifra, el ritmo de la desigualdad va a máxima velocidad destruyendo todo a su paso. La realidad para una mayoría de la población es de desempleo, pobreza, pérdida del bienestar y calidad de vida.
Hace casi un año, miles de campesinos, trabajadores, indígenas y jóvenes salieron a las calles de Quito y del resto del país en un levantamiento ejemplar contra el intento de interrupción de las subvenciones a los combustibles, una medida que había anunciado el presidente Lenín Moreno para responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La represión fue brutal, fue canalla y servil a los intereses del imperialismo Estadounidense. Un estilo de gobierno parecido a su par chileno Sebastián Piñera. Lo que no pudieron hacer en Octubre por la fuerza imparable de la clase obrera, ahora lo han logrado en plena pandemia. Recortes en salud, educación, despidos masivos, leyes laborales que solo benefician al capitalista, casos de corrupción en todas partes y una crisis existencial del gobierno con ya cuatro vicepresidentes en tres años.
En medio de este caos, el gobierno de Moreno anunció, el 28 de agosto de 2020, un nuevo acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional para acceder a un programa de crédito de USD 6.500 millones, el acuerdo tiene duración de 27 meses.
Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI, dijo que le complacía anunciar el acuerdo con Ecuador “para un nuevo programa respaldado por el Fondo”. Y agregó que propondrá al Directorio del FMI aprobar USD 6.500 millones “para apoyar políticas económicas que ayuden a los ecuatorianos a superar la crisis actual”. La jefe de la misión del FMI en Ecuador, Ceyda Oner afirmó, por su parte, que con el nuevo acuerdo el Fondo apoyará al país en cuatro objetivos: Ampliar la cobertura de los programas de asistencia social. Proteger a los segmentos vulnerables de la población. Garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento sólido, duradero e inclusivo. Este espaldarazo del FMI permitiría a Ecuador cerrar la operación de renegociación de la deuda en bonos Global. Esta deuda asciende a los USD 17.375 millones y representa cerca del 33% del total de la deuda pública ecuatoriana. Los acreedores consideran que un acuerdo o el anuncio de uno con el FMI es una garantía de que Ecuador estará en capacidad de asumir los compromisos que se desprenderán de la renegociación de la deuda en bonos Global. El nuevo acuerdo con el FMI reemplaza al Acuerdo de Facilidad Extendida firmado por ambas partes en marzo de 2019.
A pesar de todas las palabras bonitas acerca de “asistencia social” y “protección a los vulnerables” el auténtico objetivo del préstamo del FMI es “garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda”, es decir recortar los gastos sociales para poder pagar la deuda a los buitres carroñeros capitalistas, ya sean nacionales o internacionales.
En contraste, hasta este 11 de septiembre de 2020, el Ministerio de Finanzas adeuda $308.6 millones por salarios al sector público. Sin embargo, el Gobierno Nacional indicó que está pagando de forma inmediata a los funcionarios de los sectores priorizados, como es el caso de los policías, militares y médicos. Según esta cartera de Estado se han cancelado al Ministerio de Educación, $126 millones; al de Salud, $30 millones; al Ministerio de Defensa $10 millones y la Policía Nacional $9 millones. Mientras que existen otros sectores que mantienen atrasos en sus sueldos de hasta dos meses.
Finalizado el estado de excepción, se vio la primera jornada de protestas, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) convocó a varias movilizaciones en todo el país que empezaron el 14 de septiembre de 2020. Los posgradistas, no cobran sueldo desde julio y pararon sus actividades en los hospitales en Quito, Guayaquil y Cuenca. La convocatoria fue por la falta de presupuesto para la universidades, la falta de empleo, el incumplimiento de salarios a nivel nacional y la mala gestión del gobierno de Lenin Moreno. En la capital, un grupo de manifestantes marchó al Centro Histórico, siendo fuertemente reprimidos.
El desenlace de esto fueron concesiones con los posgradistas después de reuniones en las que se entabló ‘diálogo’ y el pago de este por parte del gobierno. La ministra de Gobierno María Paula Romo (la misma responsable de la brutalidad en Octubre) pidió disculpas a los médicos posgradistas por la desproporción en la respuesta de la Policía y dijo del impago de salarios que conversaron para llegar a un acuerdo razonable con ellos. Hay muy pocos países que pagan un salario a sus médicos posgradistas, pero Ecuador decidió hacerlo y eso consta en la Ley de Apoyo Humanitario, señaló. La Ministra dijo que esperan tener una respuesta en las próximas semanas, “no hay falta de voluntad política, pero se tiene que financiar algo que no estaba previsto en el Presupuesto General del Estado”. Hay que conversar con Salud, Finanzas, IESS, las universidades y los hospitales privados, explicó.
Asimismo, grupos indígenas expresaron su respaldo a protestas convocadas en las próximas semanas por las centrales sindicales, gremios de maestros y estudiantes, que acusan al Gobierno de desproteger a la población de la crisis sanitaria y económica que agobia al país.
El líder indígena Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), indicó en una rueda de prensa que su colectivo apoyaba la manifestación sindical en Quito el 16 de septiembre pasado, que también fue convocada por el Frente en Defensa de la Educación Pública. Iza dijo que el MICC se solidariza con los trabajadores de la salud y maestros que no han recibido su salario mensual o que han sido despedidos de sus empleos. Rechazó las acciones del Gobierno en materia económica y afirmó que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 6.500 millones de dólares, es una política neoliberal que busca descargar todos los estragos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores ecuatorianos. “No descartamos una movilización, un levantamiento, no descartamos otro estallido social y para que esto no suceda el Gobierno tiene que escuchar a todos”, remarcó Iza al recordar que fue el movimiento indígena el que lideró las protestas de octubre del año pasado, considerada la acción más contundente contra el Ejecutivo del presidente Lenín Moreno.
Por otra parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció en rueda de prensa virtual la convocatoria para una jornada de movilización nacional contra el Gobierno del presidente Lenín Moreno pactada para el 16 de septiembre.
El sindicato recalcó que se ‘retomarán las protestas en contra de los despidos de trabajadores, a causa de la pandemia de Covid-19’ en una jornada pactada para las 16H00 horas local en la Caja del Seguro Social, al centro norte de Quito, informó el presidente del gremio sindicalista, Mesías Tatamuez.
La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas señaló que entre sus pedidos está exigir la renuncia de los ministros de Economía, Richard Martínez, y de Educación, Monserrate Creamer. De igual forma, cuestionó la reducción del presupuesto para educación y que se retrase el pago de salarios a los docentes. El presidente de la Federación, Mesías Tatamuez, dio a conocer durante la convocatoria que “el Gobierno ofreció 500.000 empleos, ha sido un millón de desempleos”, mientras que añadió que pasan los 400.000 desvinculados a la seguridad social.
El Frente Unitario de Trabajadores, la asociación de estudiantes universitarios, maestros, funcionarios despedidos de las instituciones públicas salieron a las calles pese a la pandemia. Edwin Bedoya, presidente del FUT Pichincha y vicepresidente de la CEDOCUT, dijo que de los 8’000.000 de trabajadores de la población económicamente activa, solo 2’000.000 tiene trabajo digno y estable. La situación de ellos se agravó con la pandemia y se vulneraron sus derechos, dijeron.
A todo esto tenemos que sumar los numerosos intentos de inhabilitar a los candidatos del bloque progresista. La instrumentalización de la justicia contra un expresidente, políticos opositores, o la criminalización de decenas de personas que participaron en el levantamiento popular de octubre 2019, habla de una presidencia que trata de cualquier forma de mantener el status quo, un status que cada vez se quebranta más y más. La sentencia definitiva de uno de los tantos casos contra Rafael Correa, el Caso Bochornos impide al ex mandatario postularse a vicepresidente con el binomio Arauz-Correa. Otro ejemplo de esta persecución política fue la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender a varios partidos políticos de cara a los próximos comicios, entre ellos Compromiso Social la lista del binomio progresista. Y además, la preocupación de un posible fraude electoral por parte del gobierno que puede que intente eliminar al nuevo binomio Arauz-Rabascall. Eso sería eliminar a los candidatos mas populares del país.
Con todo esto, Ecuador vive en dos mundos completamente diferentes. Por un lado los acreedores del FMI aplauden el nuevo acuerdo como un ‘nuevo impulso’ para que Ecuador salga de la crisis del covid-19 y por otro la pobreza y precariedad de miles de ecuatorianos. Esta de ver que pasara en los próximos meses, con la contienda electoral a la vuelta de la esquina, debemos ser coherentes y críticos con quienes pretenden ser el nuevo gobierno. Con solo ocho meses para que acabe el régimen de Moreno, un personaje y sus secuaces, que serán olvidados por la historia como los traidores de un pueblo en necesidad de socialismo.
La gente cada vez se levanta más impaciente, con cada día se agudiza la lucha en las calles. El estallido social es inminente, como dice Trotsky: ‘cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen.’
Debemos aprender de las lecciones de Octubre. En aquél momento la movilización de las masas puso al gobierno contra las cuerdas, sin embargo en el último momento se llegó a un acuerdo y se mantuvo en el poder. En realidad la política del gobierno de Lenín Moreno no surge solo ni principalmente de su maldad intrínseca, sino que representa las necesidades de la oligarquía capitalista y sus amos imperialistas en un momento de crisis económica sin precedentes. El levantamiento de octubre de 2019 puso sobre la mesa la creación de la Asamblea del Pueblo como organismo de poder. Un nuevo levantamiento es inminente, es solo esperar. Nuestro deber es completar las tareas de Octubre, e ir barriendo a un lado la oligarquía parasitaria y sus instituciones políticas para que gobiernen los trabajadores y campesinos que somos la inmensa mayoría. Solo el Pueblo salva al Pueblo.
