“Esa es la voz de la Reforma, pero no de la Reforma estancada en el simple entredicho de profesores y estudiantes, de la Reforma simplemente circunscripta a los lindes universitarios, sino de la Reforma que sale hacia la realidad social, que no quiere hacer del estudiante una casta parasitaria, sino que lo desplaza hacia la vida, lo sitúa entre la clase trabajadora y lo prepara a ser colaborador y no instrumento de opresión para ella.”
Víctor Raúl Haya de la Torre,
La Reforma Universitaria y la realidad social (1925)
Este año de 2018, aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, esa vasta insurrección política, social, cultural, que cuestionó las bases clericales y profesionalistas de la universidad de entonces, pero también a la explotación social y a las dirigencias conservadoras de su momento, finaliza con algunos importantes balances y desafíos.
Por una parte, y en el marco general de la política neoliberal de Cambiemos, consecuente con la etapa de crisis del capitalismo actual, la universidad viene siendo cuestionada desde el punto de vista de su financiamiento, de su finalidad y estructura.
A diferencia de los embates privatizadores del gobierno de Menem, el macrismo no tiene como primer objetivo privatizar las universidades públicas argentinas, pero si volverlas dependientes de otros modos de financiamiento, ligados a los sectores económicos privados que se verían beneficiados por una modificación sustantiva de la estructura de las carreras y perfiles profesionales de los/as egresados/as, acordes con las pretensiones del mercado laboral, y con los requerimientos tecnológicos de las empresas.
El permanente cuestionamiento a la gratuidad del sistema superior no sólo supone reinstalar la discusión sobre el arancelamiento, sino también plantear que las universidades son un gasto excesivo para el Estado, que ellas deberían buscar otras formas de sostenimiento económico. Ello implica una retracción de los deberes del Estado, bajo la forma de disminución o ajuste presupuestaria, pero también pone a las universidades públicas en el dilema de ver seriamente afectada sus posibilidades de funcionamiento, o a implementar diseños institucionales mercantilistas.
El salario docente se encuentra sujeto a esa variable de ajuste, ligada a un rediseño institucional de las casas de altos estudios, como puede colegirse de diversas declaraciones del actual secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini, pero también de sus antecesores. La mayor parte de las asignaciones presupuestarias de las UUNN se dedican al pago de salarios docentes y de personal no docente, la pérdida de poder adquisitivo del salario en el período macrista es escandalosa, así como la permanente amenaza de modificar el régimen jubilatorio de la docencia universitaria. Esto ha causado una ola de jubilaciones de profesores y profesoras que, cumpliendo los requisitos legales para acceder al beneficio jubilatorio podrían permanecer un tiempo más en sus tareas de formación e investigación, pero que temen ser perjudicados por las reconfiguraciones previsionales adelantadas por el gobierno.
Si el plan macrista para las currículas universitarias es ponerlas al servicio de las empresas y sus exigencias de mano de obra y tecnología, la docencia universitaria es entendida como un recurso a explotar y flexibilizar, a través de los nuevos diseños de planes de estudio que atomizan la tarea de la enseñanza, introduciendo en ella lógicas mercantiles y meritocráticas.
La estructura política de las universidades es también cuestionada en sus logros, el cogobierno y la autonomía. Es claro que estos son realmente insuficientes respecto de la democratización de sus formas de gobierno, de acuerdo a los dictados de la Ley de Educación Superior menemista pero también a sistemas preexistentes, tanto por el desequilibrio en la incidencia de los claustros en el cogobierno, como por la jerarquización de los estamentos dentro del claustro docente, factores que ponen en cuestión el carácter sustantivo de la democracia universitaria.
La concepción macrista de la universidad la ubica como un gran territorio de negocios, por ello la ciudadanía universitaria entendida como una ciudadanía de incidencia clave en la política de los saberes y en la construcción social del conocimiento es reemplazada por átomos individualistas que centran sus intereses en la adquisición de ciertas habilidades destinadas a competir en el mercado laboral, tal la perspectiva del famoso sistema de créditos académicos, cuyo estrepitoso fracaso en Europa ya es innegable.
La actividad docente es flexibilizada y jerarquizada, en la que sólo unos pocos, mediando el pago de posgrados y especializaciones variopintas, se encuentran en la cúspide de la pirámide “académica”, frente a los muchos que sostienen, en malas condiciones de trabajo, el vasto “enseñadero” de la enseñanza de grado.
Capítulo aparte merece la tendencia a la “virtualización” de la educación superior, que en su diseño en curso vacía la currícula de contenidos que no tengan una funcionalidad mercantil, y segmenta al estudiantado, desterritorializando sus pertenencias disciplinares y políticas. Estos modelos suponen una subjetividad “emprendedora”, que abomina de cualquier instancia colectiva y hace un culto de la meritocracia y la competencia.
El carácter laico y autónomo de la universidad pública encuentra un nuevo enemigo, ya no son los sectores clericales y conservadores de entonces, sino los personeros del oscurantismo mercantil, que no ve otro destino para la educación superior que su funcionalidad con las lógicas empresariales, lo cual conlleva también una dependencia radical que vulnera su autonomía desde el punto de vista de los saberes que se privilegian, pero también de los diseños de sus contenidos. La cuestión ya no reside en combatir al “régimen monástico y monárquico” de la vieja universidad, como dice el Manifiesto Liminar de los reformistas, sino disputar el sentido de los conocimientos que en ella se producen, sus formas de apropiación, sus modos de inserción social, sus protagonistas y destinatarios.
Las intensas y extendidas luchas protagonizadas este año por los/as universitarios/as, que contaron con un gran apoyo social, plantean, respecto de los puntos antes señalados, una significativa cantidad de desafíos, que vuelven a posicionar a la universidad como un actor político. Tales luchas exigen efectuar balances necesarios sobre el desempeño de las centrales sindicales universitarias, que marcaron fuertes y decisivos límites al movimiento, de las gremiales estudiantiles, con diversos signos ideológicos y organizativos, que condujeron, acompañaron o adormecieron el conflicto, según sus marcos de pertenencias y alianzas más generales, así como de sus culturas políticas. Igualmente exige interrogarse sobre la capacidad de la lucha universitaria para ligarse con otras luchas en curso, aprovechando su extensión territorial, de alcance nacional, de acuerdo a las características del sistema de educación superior.
Tales balances apuntan a la necesidad de profundizar las luchas en una orientación más general, que se plantee transformaciones radicales para la sociedad y la universidad, lo cual no implica el mero retorno a los modelos previos de universidad, como los habidos durante los gobiernos kirchneristas, insuficientes en una pluralidad de aspectos, sino que radicalice la idea de universidad pública y sus proyecciones políticas e ideológicas concretas, a tono con una salida revolucionaria y socialista para los dilemas de nuestro país, tal como se desprende de los puntos antes planteados.
No es posible olvidar, en este marco, la frase de Deodoro Roca en respuesta al cuestionario sobre la Reforma universitaria en1936, en plena década infame, “Sin reforma social no puede haber cabal reforma universitaria. En la memorable lucha, la universidad fue para la juventud una especie de microcosmos social. Descubrió el problema social”. Esa expresión está en sintonía con los dichos de Haya de la Torre citados más arriba para situar políticamente las tareas del presente y sus raíces en el devenir del ideario del movimiento reformista.
La Reforma no sólo propugnó una universidad libre, laica, científica, cogobernada, también pensó que un modelo universitario de ese estilo debía rechazar la reducción de la universidad a una institución reproductora de conocimientos y formas políticas reaccionarias, a una fábrica de profesionales sostenedores de las jerarquías sociales.
En ese sentido las tareas de la construcción de una nueva universidad exigen ligarse a la vida social de una manera no neutral ni conservadora del estado de cosas, es decir, no para consolidar, por acción u omisión, las desigualdades e injusticias, sino para intervenir, poniendo en juego sus saberes y prácticas, en una perspectiva transformadora y libertaria que comprenda que solo las y los trabajadores y el conjunto de los explotados están en condiciones de oponer una alternativa a la estructura de la sociedad capitalista.
