Los activistas revolucionarios por un lado y las organizaciones sindicales obreras por el otro debemos manifestar el máximo apoyo a estos movimientos. La COB debería protestar en contra de cualquiera intento de reprimir la lucha de campesinos y sin techos y declararse disponible a la huelga en caso que este sea el camino que el gobierno quiera asumir
En nuestra declaración de voto por el SI al Referéndum Constitucional escribíamos “la derecha teme una victoria del SI construida sobre la base de la expectativa popular que desde el 26 de enero tendremos todos los derechos constitucionales a pan, trabajo digno y estable, salud, vivienda, educación… teme que esta victoria pueda envalentonar y alentar esta masa a presionar y exigir en definitiva que el proceso se encamine hacia su profundización individuando y removiendo los obstáculos al cumplimiento de las aspiraciones populares”. Nuestra perspectiva era que más allá del contenido de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), de la cual criticamos de manera abierta las limitaciones, su aprobación hubiera radicalizado y alentado el movimiento de masa y abierto contradicciones en la misma estrategia conciliadora de la dirección del MAS y del gobierno y entre esta y su base activa.
De hecho estas perspectivas se van concretando ya a solo 10 días del voto cuando el debate sobre la implementación de la Nueva CPE ni siquiera ha comenzado. En San Julián, fortaleza del MAS casi a las puertas de Santa Cruz de la Sierra, colonizadores han retomado el camino de la ocupación de tierra, mientras en la misma capital, asfixiada por la especulación inmobiliaria y la crónica falta de vivienda, grupos de familias han comenzado a ocupar lotes urbanos. En cada una de estas manifestaciones de luchas los sectores movilizados declaraban a los medios de prensa y gritaban a la policía de actuar en nombre y amparados por la Nueva CPE, que le garantiza sus derechos a la tierra y a la vivienda.
Estamos a principio de un proceso molecular que inevitablemente llevará la polarización social que se manifestó en el voto a expresarse nuevamente en las calles. Como afirmamos en todos nuestros artículos y pronunciamiento los efectos en Bolivia de la crisis económica mundial pueden imponer una fuerte aceleración a este proceso que arranca de dinámicas política propias.
En la misma nuestra declaración que citamos antes escribíamos también nosotros no creemos que los dirigentes que ayer negociaron un acuerdo en el momento de mayor debilidad de la derecha y mayor fuerza del movimiento obrero popular sean los que, por iniciativa propia, puedan dar un viraje profundo hacia el socialismo y acepten modificar lo que ellos modificaron. De hecho la réplica oficial del gobierno a la toma de tierras en San Julián es actualmente crítica y represiva. El Ministro Romero afirma que se hará respetar la ley de tierra y con esto prospecta una respuesta represiva por parte del gobierno. Sin embargo esto no apagará las contradicciones, más bien las irá profundizando de manera explosiva. Se está preparando una crisis de gabinete con la posibilidad de varios cambios en los ministerios y toda una serie de organizaciones sociales que reivindican espacio para los protagonistas auténticos de la lucha por el cambio. No sabemos todavía como se modificarán los equilibrios en el gobierno pero es cierto esto también es un efecto de lo que está pasando en el país.
Los activistas revolucionarios por un lado y las organizaciones sindicales obreras por el otro debemos manifestar el máximo apoyo a estos movimientos. La COB debería protestar en contra de cualquiera intento de reprimir la lucha de campesinos y sin techos y declararse disponible a la huelga en caso que este sea el camino que el gobierno quiera asumir. De aquí a poco el escenario político será dominado por la implementación de la Nueva CPE y ya sabemos que hay varios sectores del MAS y del gobierno que ven como inevitable a esta altura el dialogo con la derecha.
Como explicamos en el editorial del número actual de nuestra revista esto significaría sacar la conclusión equivocada del resultado del voto. Uno puede estar en total desacuerdo con nuestro análisis, claramente, pero es un hecho que el acuerdo parlamentario del pasado octubre fue justificado con la idea de apaciguar el país sobre el consenso a la Nueva CPE, que tras este acuerdo todo mundo se hizo la idea que la derecha había desaparecido, y en realidad el país está más polarizado y la derecha ha recuperado sus posiciones.
La Nueva CPE, como cualquier ley dentro de una sociedad dividida en clases sociales, está sujeta a la interpretación que se le da a partir de las correlaciones de fuerzas en la sociedad. La afirmación que el Estado garantizará el trabajo digno y estable puede significar que se hará una ley que prohíbe cualquier forma de trabajo a destajo o eventual, o se puede hacer una ley, como quieren los empresarios, que apoye económicamente aquellas empresas que contraten unos cuantos trabajadores de manera estable. Depende de la capacidad de las organizaciones sindicales y sociales forzar una interpretación progresista y de tal manera avanzar en el cambio. El apoyo a las movilizaciones que se están dando es parte de esta batalla, en la cual nos metemos con todas nuestra participación militante.
