El Congreso Nacional aprobó la ley que convoca al referéndum constitucional para el 25 de enero de 2009. La ley fue promulgada en la misma plaza Murillo por un emocionado Evo Morales en medio de escenas de júbilo. Sin embargo pasada la fiesta queda el sabor amargo en la boca por los resultados de un acuerdo político que la dirección del MAS quiere presentar como una victoria del diálogo, victoria cuestionada por varios sectores y organizaciones sociales protagonistas de la movilización, y saludada con sospechoso favor por los observadores internacionales, por el empresariado nacional y exponentes políticos de la derecha.
El Congreso Nacional aprobó la ley que convoca al referéndum constitucional para el próximo 25 de enero de 2009 mientras en la Plaza Murillo permanecían en vigilia miles y miles de campesinos, obreros, mineros, trabajadores y jóvenes procedentes de todo el país, quienes habían protagonizado una maravillosa marcha desde Caracollo a La Paz. Las masas allí reunidas amenazaron con tomar el Congreso y quedarse allí hasta alcanzar su objetivo: la convocatoria al referéndum constitucional.
La ley fue promulgada en la plaza misma por un emocionado Evo Morales en el medio de escenas de júbilo. Sin embargo pasada la fiesta queda el sabor amargo en la boca por los resultados de un acuerdo político que la dirección del MAS quiere presentar como una victoria del dialogo, victoria cuestionada por varios sectores y organizaciones sociales protagonistas de la movilización y saludada con sospechoso favor por los observadores internacionales, por el empresariado nacional y exponentes políticos de la derecha.
La marcha fue la enésima gran demostración de fuerza, determinación y disponibilidad a la lucha de las masas explotadas de Bolivia. Una extraordinaria concentración unitaria de campesinos, mineros, obreros, trabajadores y estudiantes procedentes de cada ciudad y comunidad del país, quienes desafiando las intemperie del clima andino han cubierto aproximadamente 200 kilómetros en 10 días de camino acompañados por la solidaridad de cada pueblo que atravesaban y de todos los bolivianos.
Y esta es sólo la última prueba de combatividad. En el largo proceso revolucionario que nuestro país vive los trabajadores, los campesinos y los jóvenes han impedido la privatización de los servicios básicos como el agua en Cochabamba y El Alto, han derrocado gobiernos títeres del imperialismo, han manifestado en cada ocasión su voluntad de superar la barbarie capitalista en nombre de una sociedad igualitaria, han frustrado intentos separatistas y de Golpe de Estado y, por fin, han batallado en las urnas y en las calles para consolidar sus conquistas, que veían expresadas en la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en Oruro. No hay nada más que pueda exigírseles a los explotados de Bolivia en lucha por su emancipación.
El gobierno, por su lado, en lugar de encauzar esta fuerza incontenible, la fuerza del pueblo, para profundizar el cambio, y dar al pueblo objetivos siempre más avanzados para derrotar definitivamente la derecha, al imperialismo y a la burguesía nacional, ha quedado prisionero del juego parlamentario y de la búsqueda a ultranza del dialogo en la convicción que sea posible y necesario pactar con la burguesía nacional y el imperialismo los cambios estructurales que el país necesita y el pueblo exige.
En septiembre, la oligarquía asustada e institucionalmente debilitada por los resultados del referéndum revocatorio había lanzado una ofensiva golpista apoyada por el imperialismo con el fin de parar el camino que llevaba a la aprobación de la Nueva CPE, temiendo las consecuencias que ésta podría causar a la tenencia de la tierra y a la propiedad de los recursos naturales. Mientras bandas fascistas pagadas por las prefecturas del Oriente tomaban y saqueaban instituciones públicas, los militares quedaban acuartelados pese a las órdenes del gobierno de salir a defender los símbolos del Estado nacional y a la gente de Pando, del barrio Plan 3000 de Santa Cruz, de Riberalta etc..
El Golpe de Estado fracasó por la imponente y decidida movilización de todo el pueblo que marchaba a Santa Cruz para "tomar latifundio y fábricas" como se lee en el documento que sellaba la alianza entre el CONALCAM (un frente de lucha de organizaciones populares) y la COB. El gobierno detuvo estas movilizaciones apostando por las posibilidades del dialogo instalado en Cochabamba bajo tutela de observadores internacionales en absoluto imparciales como aquel Valdez, ex canciller chileno por la Democracia Cristiana, el partido que apoyó el golpe de Pinochet y mediador enviado por UNASUR. En este entonces escribíamos que la única posibilidad del dialogo era la derrota definitiva de la derecha o la renuncia global a las expectativas de cambio: de hecho, mientras el pueblo se inclinaba a enfrentar de una vez por todas a la derecha el gobierno escogió otro camino.
Los compañeros, inclusive los camaradas de El Militante, que estaban presentes en la vigilia en la Plaza Murillo mientras sesionaba el Congreso, sabían lo que los dirigentes de las movilizaciones repetían, es decir que se estaba llegando a un acuerdo sobre la base de cambios en la redacción de la CPE de Oruro. Sin embargo, las modificaciones que han viabilizado la aprobación de la ley convocatoria al referéndum constitucional son mucho más profundas y afectan temas estructurales, alterando la CPE y desvirtuando la voluntad de los constituyentes.
Sobre el tema de la tenencia de tierra se establece que las limitaciones a 5.000 ó 10.000 hectáreas al latifundio introducidas en la nueva CPE no son retroactivas, es decir que todos los que tienen regularmente titulada su tierra hasta el referéndum constitucional no serán afectados, no importa si esta tierra fue titulada gracias a sus servicios y apoyo a la dictadura, no importa si se llamen Marinkovic o Costa, Kuljis o Petricevic. La dura verdad es simple y es llanamente ésta: no habrá reforma agraria y permanece el latifundio con todas sus devastadoras consecuencias sobre la economía nacional y el empobrecimiento de los campesinos que lucharon y marcharon por conseguir la expropiación del latifundio y la dotación colectiva de tierras.
El mismo gobierno informaba hace tiempo que de los 63 millones de hectáreas de tierra cultivable en Bolivia, 59 están en manos de unas cuantas familias. Esta información está confirmada por las estadísticas del Banco Mundial y de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia (UDAPE) las cuales muestran que aproximadamente el 67% de la tierra titulada está concentrada en el 0,63% del número global de haciendas del país, un tercio de las cuales tienen una extensión hasta superior a las 100.000 hectáreas, mientras el 86% de las haciendas de los pequeños campesinos se reparten el 2,4% de la tierra titulada. Estas estadísticas no toman en cuenta la gran masa de campesinos sin tierra que esperaban algo más del seguir luchando por repartirse tierras fiscales en la mayoría de los casos totalmente alejadas de los centros urbanos, sin caminos ni luz ni riego. El acuerdo deja las cosas así, con la consecuencia que Bolivia seguirá manteniendo una agricultura orientada prevalentemente al cultivo extensivo, a la exportación, y seguirá teniendo que importar trigo, harina y hasta papas porque el pequeño campesinado no puede competir con la producción de países cercanos como Argentina y Perú. De todos los términos del acuerdo este es sin duda el peor.
Se mantiene vigente la antidemocrática ley electoral, con elección de congresistas uninominales y plurinominales, donde se establece que para elegir un diputado en El Alto sean necesarios algo como 70.000 votos, mientras para uno en Cobija son suficientes 4.000: con este sistema la derecha había conseguido mantener una posición de fuerza en el Parlamento. Para aprobar nuevas modificaciones a la Constitución será necesaria otra vez una mayoría de dos tercios, no una simple mayoría absoluta como habían previsto los constituyentes sobre la base de la desastrosa experiencia de la Asamblea, dilatada y saboteada a lo infinito por la derecha gracias a este mecanismo.
Se reconocen los Estatutos Autonómicos, esto es, los mismos que fueron rechazados rotundamente por el pueblo en su valiente lucha desde Cobija hasta el Plan 3000, desde Riberalta a Tarija. El Ministro Romero hasta puede afirmar que "si las prefecturas acomodan sus Estatutos éstos podrían tener vigencia antes que la Nueva CPE", mientras Álvaro García Linera tranquiliza el empresariado privado que no va a ver afectadas sus propiedades legalmente tituladas (y las titulaciones producto de las dictaduras son legales aunque fueran de rapiña).
Por fin todas estas concesiones se han dado a total espalda del pueblo: el acuerdo ha sido blindado por la antecedente Ley Interpretativa que faculta el Congreso a aportar modificaciones al texto constitucional y quita a los constituyentes la posibilidad de volver a reunir la Asamblea para objetar.
Las primeras reacciones, naturalmente rabiosas, llegan justo de los constituyentes con base en el campesinado, principalmente por Román Loayza, quien desconoce las modificaciones a la Nueva CPE y anuncia reuniones con su base para tomar decisiones. Pero ni la rabia de por sí podrá cambiar las cosas. Los activistas del cambio debemos primeramente entender sobre qué base apoyan los errores del gobierno.
En el gobierno y en la dirección del MAS hay varios procedentes de la vieja derecha, ya sabemos, y de ONGs que nunca han tenido como horizonte el socialismo, más bien en cada punto de inflexión del proceso han obrado abiertamente para quitarle al pueblo la palabra y la iniciativa al fin de detener su avanzada. Han sembrado la ilusión de que sería posible pactar con el imperialismo y la burguesía nacional el desarrollo del país, y han obtenido a cambio el sabotaje de la economía y el aumento de los precios.
Estas mismas multinacionales y estos mismos burgueses ahora, frente a la crisis mundial del capitalismo, piden al gobierno subsidios económicos y rebajas en los impuestos; es decir, que la crisis la pague el pueblo. Nos han querido convencer que nuestro proceso tenía el apoyo de los países vecinos y finalmente que habíamos llegado a una convivencia pacífica con las multinacionales del gas, cuando al contrario durante la ofensiva golpista el canciller de Brasil ha declarado su disponibilidad a tratar el gas directamente con los prefectos rebeldes y las multinacionales que con su sabotaje productivo mantienen el país en la crónica escasez de gas y combustible.
Nos han dicho que teníamos que defender el carácter pacífico de nuestra revolución, y por eso detuvieron la marcha a Santa Cruz que hubiera podido imponer un resultado distinto, pero en realidad esta revolución ha costado sangre, sangre minera, sangre campesina, sangre nuestra, del pueblo, desde Cochabamba hasta la última masacre fascista en Pando, y además el acuerdo de paz no desarma a la derecha ni a los grupos fascistas del Oriente.
Ahora, posiblemente, intentarán convencernos de que con el acuerdo consolidamos algunas conquistas para luego profundizar el cambio en la próxima legislatura, pero la derecha ya ha previsto esta posibilidad y por esta razón quiso mantener el requisito de los dos tercios para cambiar la Constirución y el actual sistema electoral que privilegia a las zonas más despobladas donde ellos son más fuertes. Es urgente ahora desenmascarar estas estrategias de quiebra y luchar para organizar las mejores fuerzas del movimiento obrero, campesino y estudiantil y a través de ellas dotar a las masas de un programa auténticamente socialista, la única posibilidad de cumplir con las expectativas del pueblo y encarar la crisis mundial del capitalismo.
Esta tarea tenemos que desarrollarla en cada espacio que se abra al malestar de los compañeros, sean del MAS o de las organizaciones sociales y sindicales, frente al dialogo. Es necesario a partir de una perspectiva socialista rechazar los resultados del acuerdo, sacar pronunciamientos, declaraciones, concientizar, manifestando y expresando a todos niveles nuestras críticas. La CONALCAM y la COB deben llamar un ampliado nacional, retomar y reasumir su histórico acuerdo es decir impulsar y exigir la expropiación de la oligarquía para replantear la CPE de Oruro sobre una base más avanzada. Hay que proponer asambleas, cabildos a cada nivel para que el pueblo opine sobre los términos del acuerdo, sellado a su espalda en cuatro muras.
Finalmente, esta dura lección nos hace aprender lo indispensable que es desarrollar una lucha organizada al reformismo, a la burocracia y a la derecha encaramada dentro del gobierno y del MAS, construir a partir de las vanguardias una dirección política y un programa socialista, lo que exige la fuerza del pueblo.
