El lunes 20 de octubre decenas de miles de personas, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, llegaron a la capital boliviana de La Paz, después de haber caminado durante casi diez días desde Caracollo, Oruro, a 200 kilómetros de distancia. La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y por la confederación sindical COB para exigir que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fuera sometida a un referéndum para su aprobación.
El lunes 20 de octubre decenas de miles de personas, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, llegaron a la capital boliviana de La Paz, después de haber caminado durante casi diez días desde Caracollo, Oruro, a 200 kilómetros de distancia. La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y por la confederación sindical COB para exigir que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fuera sometida a un referéndum para su aprobación.
Una masiva multitud de cientos de miles de trabajadores y campesinos recibieron a los manifestantes y se quedaron durante toda la noche, su intención era presionar al Congreso para que aprobara la ley de referéndum. Al principio de la tarde del día siguiente, 21 de octubre, Evo Morales anunció que se había acordado la convocatoria del referéndum. Las masas aplaudieron enloquecidas, habían conseguido su objetivo. Sin embargo, mientras las masas se movilizaban en las calles, la dirección del MAS había estado negociando a puerta cerrada con la oligarquía, cambiando aspectos clave de la CPE que cambian fundamentalmente su carácter.
La CPE fue el resultado de casi 18 meses de discusiones y luchas en la Asamblea Constituyente. El sistema electoral que los dirigentes del MAS habían acordado para las elecciones de la Asamblea Constituyente crearon una situación imposible: los seguidores del MAS no tenían la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la nueva constitución. La energía revolucionaria de las masas, demostrada en las insurrecciones revolucionarias de octubre de 2003 y mayo-junio de 2005, las habían desviado hacia la ciénaga parlamentaria de la Asamblea Constituyente.
En la Asamblea Constituyente chocaron dos posiciones irreconciliables (por un lado la de la oligarquía y por el otro la de los trabajadores y campesinos). Los trabajadores y campesinos querían la implantación de la "Agenda Octubre" (llamada así después de la insurrección de Octubre de 2003): reforma agraria, propiedad estatal de los hidrocarburos y recursos naturales y derechos para los trabajadores.
Conocedora de que su posición real nunca le permitiría tener una base de apoyo significativa dentro de la sociedad, la oligarquía intentó desviar la atención hacia otros temas. Una de ellos fue si la capital del país debería ser Sucre o La Paz. Otro fue la autonomía regional (detrás de ella estaba la idea de que los distintos departamentos tuvieran poderes en aspectos como la reforma agraria o los recursos naturales).
La oligarquía utilizó estos temas para movilizar a su bases contra la Asamblea Constituyente (AC). Los constituyentes del MAS fueron rodeados y atacados por bandas reaccionarias en Sucre. La situación de tablas finalmente se resolvió trasladando las sesiones de la AC a Oruro. En una sesión boicoteada por los miembros de la oposición, la AC finalmente aprobó una propuesta de nueva CPE.
El borrador de la Constitución de Oruro
Este borrador de CPE (conocido como la CPE de Oruro) tenía el mérito de incluir algunos de los elementos de la Agenda Octubre, entre ellos la propiedad estatal de los recursos naturales y, sobre todo, una amplia reforma agraria. Esta fue la razón principal por la que nunca podría aceptarla la oligarquía. En Santa Cruz, 15 familias controlan más de medio millón de hectáreas de tierra, en Pando 8 familias poseen otro medio millón de hectáreas y en Beni sólo 10 familias controlan más de medio millón de hectáreas. Unas cien familias en las provincias orientales poseen la mayor parte de la tierra más fértil, vinculadas a los mercados de exportación con intereses en la banca y la industria, y durante décadas han controlado el poder político en estas regiones y en todo el país, en connivencia con los dictadores militares. Los dictadores militares regalaron a estos 100 clanes grandes porciones de tierra.
Frente a la perspectiva de perder la fuente de su poder político y económico, la oligarquía comenzó a organizarse. Utilizó el tema de la "autonomía departamental", fomentó el racismo, con la ayuda de los medios de comunicación que controlan, utilizaron habilidosamente las vacilaciones del gobierno de Evo Morales y consiguieron construir cierta base de apoyo en los Departamentos Orientales: Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y más tarde también Chuquisaca.
Celebraron referendos ilegales para aprobar la "autonomía", intentado dotarse de legitimidad para gobernar sobre cuestiones como la reforma agraria, los recursos naturales, etc., Al ver que el poder estatal se les escapaba de las manos querían mantenerlo en una parte del país.
Sin embargo, se encontraron con la feroz resistencia de los trabajadores y campesinos. A pesar de que la dirección del MAS no hizo nada para organizar el movimiento contra ellos, los referendos de "autonomía" fueron un fracaso, registrándose además un fraude generalizado y una abstención masiva. Además, los trabajadores y campesinos del Departamento de Santa Cruz comenzaron a organizar y hacer frente a las bandas fascistas, a través de las cuales la oligarquía quería consolidar su apoyo.
El referéndum revocatorio del 10 de agosto fue una muestra de fuerza por parte de los trabajadores y campesinos. La oligarquía fue derrotada completamente y Evo Morales fue ratificado con un 67 por ciento de los votos. En ese momento las masas sentían que era su momento y presionaron para que finalmente fuera sometida a votación la nueva CEP. A finales de agosto Evo Morales anunció un decreto convocando un referéndum para diciembre y esta fue la señal para la oligarquía que intensificó sus preparativos de golpe de estado.
Intento de golpe en septiembre
El 11 de septiembre la espiral de violencia de la oligarquía y sus bandas fascistas alcanzaron su punto culminante. Ocuparon edificios del gobierno, aeropuertos, silenciaron los medios de comunicación favorables al MAS, intimidaron a los dirigentes obreros y campesinos, quemaron los locales de las organizaciones campesinas, etc., Se estaba gestando un golpe de estado. Lo que ellos no esperaban fue la heroica resistencia de las masas. Armadas con poco más que palos y piedras lucharon contra las bandas fascistas. En San Julián, Santa Cruz, en el barrio Plan 3.000, en Tarija, etc., las masas derrotaron a las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y comenzaron a organizarse.
La situación estaba en el aire. El alto mando de la policía y el ejército discutieron si la correlación de fuerzas era favorable para que ellos se uniesen al golpe. El presidente venezolano Chávez hizo una enérgica advertencia ante la posibilidad de un golpe contra Morales en Bolivia, dijo que él quedaría libre para apoyar cualquier movimiento armado que devolviera el poder al pueblo.
Temiendo una guerra civil abierta, los países vecinos intervinieron y rápidamente celebraron una reunión de UNASUR (Unión de las Naciones de América del Sur) en Chile y publicaron una declaración reconociendo la legitimidad del gobierno de Evo Morales, hicieron un llamamiento para negociar con la oposición que intentaba llevar a cabo un golpe de Estado. Es como si un pirómano asesino comienza a quemar tu casa y entonces un poderoso vecino llega y dice que esta es tu casa, pero que deberías negociar con el pirómano que está intentando matarte.
Negociaciones con la oligarquía
Incluso cuando la oligarquía perpetró la masacre de Pando (donde más de 30 campesinos seguidores del MAS fueron asesinados por las bandas armadas a servicio del gobernador regional), el gobierno de Evo Morales iniciaba las conversaciones con los prefectos de la oposición que habían intentado derrocarlo por medios violentos e ilegales.
Mientras tanto, las organizaciones de masas de campesinos y trabajadores ya habían comenzando su marcha hacia la capital del departamento de Santa Cruz. Decenas de miles organizaron un bloqueo de la ciudad exigiendo la dimisión del gobernador regional por su implicación en el intento de golpe y la violencia fascista. Los dirigentes del MAS pidieron que se levantara el bloqueo e iniciaron conversaciones formales con los líderes de la oposición en Cochabamba. Una vez más, los campesinos y trabajadores, algunos armados con cartuchos de dinamita, fueron a Cochabamba para vigilar las negociaciones.
Finalmente, la marcha desde Caracollo a la Paz, que originalmente fue convocada con el objetivo declarado de rodear el Congreso y obligarlo a convocar un referéndum sobre la CPE o sería cerrado por la fuerza, se suavizó y se transformó sólamente una manifestación pacífica.
Mientras tanto, como ahora se ha revelado, los dirigentes del MAS estaban ocupados intentando llegar a un acuerdo con los miembros de la oposición del parlamento, que les diera la mayoría de dos tercios necesarios para la convocatoria del referéndum. ¿Cómo se consiguió? A la masa de cientos de miles (posiblemente 200.000) que se reunieron en Plaza Murillo, fuera del Congreso, les dijeron que sólo se habían hecho pequeños cambios formales en la CPE de Oruro.
Una Constitución aguada
No obstante, cuando se han conocido los detalles, la verdad ha salido a la luz. Se han hecho cambios significativos en casi 100 artículos de los 400 que tenía la CPE de Oruro. Y estos cambios afectan a tres aspectos principales: la reforma agraria, los hidrocarburos y el sistema político. Se han hecho concesiones significativas a la oligarquía.
Con relación al tema de los recursos naturales, la nueva versión de la CPE aún habla del carácter estatal de su propiedad, pero se ha incluido un nuevo artículo adicional el cual clarifica que la migración de las actuales concesiones al nuevo régimen se harán "sin ignorar en ningún caso los derechos adquiridos", básicamente significa que los derechos de las multinacionales (incluso aunque en muchos casos se trata de concesiones ilegales) se respetarán.
Respecto al sistema político, los cambios también son importantes. La CPE de Oruro establecía la necesidad de una mayoría simple de la mitad más uno en el Congreso para cambiar la constitución (basada en la desastrosa experiencia de la Asamblea Constituyente); la versión revisada de la CPE restablece la necesidad de una mayoría de dos tercios. Pero lo más importante es que la versión negociada de la CPE mantiene el actual sistema electoral de circunscripciones, que tiene un marcado peso a favor de las circunscripciones rurales más despobladas donde la oligarquía controla el poder político desde hace décadas. De esta manera, para elegir a un representante en el Congreso serán necesarios 70.000 votos en las ciudades de clase obrera de El Alto, mientras que la zona rural dominada por los terratenientes de Cobija serán necesarios sólo 4.000 votos.
Pero donde son más significativos los cambios es en el terreno de la reforma agraria. La Constitución de Oruro declaraba que las propiedades agrarias superiores a las 5.000 ó 10.000 hectáreas (la cantidad exacta era otra cuestión a decidir en el referéndum constitucional) serían expropiadas y distribuidas. Ahora este artículo sólo se implantará para las nuevas propiedades agrarias que se formen y sólo si la tierra no cumple una función económica y social. Esto significa que no se tocarán las masivas haciendas de tierra actuales, muchas de las cuales fueron adquiridas por medios dudosos durante las dictaduras militares. Además, ¿quién dirá que una hacienda particular cumple o no la "función social y económica"? Es un concepto extremadamente vago que los terratenientes utilizarán a su favor. Además, la manera en que los nuevos artículos están redactados significa que si 5 individuos se unen para formar una sociedad o empresa, la extensión máxima de tierra se multiplicará por el número de individuos implicados. Esto significa que si 10 terratenientes crean una sociedad pueden legalmente poseer más de 50.000 o 100.000 hectáreas de tierra. Todo esto quiere decir que con esta propuesta de nueva constitución en Bolivia no habrá una reforma agraria significativa.
Lo que la oligarquía no consiguió en la Asamblea Constituyente o mediante el intento de golpe en septiembre, lo ha conseguido ahora en una mesa de negociación: respeto por su propiedad privada de la tierra, la principal fuente de su poder.
Además, este acuerdo entre los dirigentes del MAS y un sector de los miembros de la oposición del parlamento se negoció y firmó a espaldas de las masas que en ese momento se estaban movilizando. Los términos no se explicaron a las masas reunidas en Plaza Murillo, en realidad, fueron ocultados deliberadamente. Sus dirigentes, como Pedro Montes de la COB y Fidel Surco de Conalcam, conocían los detalles, pero no dijeron nada a los furiosos trabajadores y campesinos que se encontraban en la plaza.
Ya dirigentes como Ramón Loayza (al frente del grupo del MAS en la Asamblea Constituyente que siempre ha estado muy cerca de la base campesina del partido) y Óscar Olivera (dirigente sindical de los trabajadores fabriles de Cochabamba) han expresado su oposición a este acuerdo.
Los marxistas bolivianos de El Militante han adoptado una posición clara: ningún apoyo a este acuerdo y que sean las masas las que decidan sus términos. Al mismo tiempo insisten en la necesidad de dar al movimiento una genuina dirección socialista.
Es difícil saber qué ocurrirá desde este momento hasta el mes de enero, cuando se supone se celebrará el referéndum. Un sector de la oligarquía, que apostó su fortuna política al derrocamiento de Morales, aún está en la oposición incluso con esta CPE aguada.
Una cosa está clara: ninguna cantidad de negociaciones ni trucos legales conciliarán los intereses de los trabajadores y campesinos con los intereses de la oligarquía y el imperialismo. Aquellos que organizaron y llevaron a cabo el golpe en septiembre aún están en libertad (con muy pocas excepciones) y sus bandas fascistas (aunque desmoralizadas y golpeadas por el fracaso del golpe) aún están armadas.
Bolivia está siendo muy golpeada por la crisis mundial del capitalismo, sobre todo por la caída de los precios de las materias primas. No hay condiciones para un compromiso entre las clases. Los elementos más avanzados de los trabajadores, campesinos y jóvenes bolivianos deben utilizar este margen de respiro temporal para sacar las conclusiones necesarias de los acontecimientos de estos últimos meses y comenzar a construir una dirección digna de su movimiento revolucionario.
