Cuatro cooperativistas mineros de base y el viceministro de régimen interior Rodolfo Illanes asesinados, decenas de heridos, más de un centenar de arrestados entre los cuales los principales dirigentes de la FCederación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Es el balance del más violento conflicto entre el gobierno y un sector del Pacto de Unidad de organizaciones sociales que sostienen al MAS, aquel cooperativismo minero que hoy Evo Morales acusa de haber premeditado e intentado un golpe de Estado.
Lo que ha desencadenado la protesta ha sido la promulgación de una reforma a la Ley General de Cooperativas que, entre otros puntos, establece el reconocimiento de la actividad sindical al interior de las cooperativas. Los dirigentes de la COB y la FSTMB han presentado esta reforma como la universalización del derecho a la sindicalización; sin embargo, como el gobierno ha insistentemente explicado, la norma simplemente se refiere a las cooperativas de servicios (telefónicas, agua, luz etc.) excluyendo las productivas como las mineras.
Además cabe recordar que cuando el dirigente de FENCOMIN Carlos Mamani asevera que la sindicalización en las cooperativas mineras las haría “ingobernables” no hace más que repetir un mantra del propio gobierno: que los sindicatos son los problemas en la Caja Nacional de Salud, el magisterio y todas las empresas estatales donde no sea posible contratar bajo la figura del “funcionario público”, sin derecho a sindicalización y beneficios sociales, como en el caso de la conversión de ENATEX se ha demostrado.
Pese a las aseguraciones del gobierno, FENCOMIN instruyó la huelga y el bloqueo de caminos que afectó a todos los departamentos del occidente y las rutas troncales del país. Es evidente el carácter de pretexto que la dirigencia nacional del cooperativismo minero daba al tema de la reforma para poder negociar con el gobierno beneficios y cuotas de poder.
El pliego petitorio en 10 puntos presentado por FENCOMIN es la expresión fiel del variado mundo de las cooperativas mineras, basado en las formas más salvajes de explotación o de autoexplotación laboral y de explotación de territorio. El pliego incluye principalmente una serie de subsidios para el cooperativismo minero como ser: inversiones y fondos, electrificación a tarifas preferenciales de los campamentos y que el Estado a través de la metalúrgica Vinto asuma el costo de transformación del mineral. Pero FENCOMIN exige también más poder, en el directorio de la Caja Nacional de Salud y con un ministerio de cooperativas mineras; que el cooperativismo minero sea exento del respeto de normas ambientales y que se revise la nueva Ley Minera para permitir a las cooperativas de asociarse con privados, que significa consolidar al cooperativismo minero como testaferros de las multinacionales en el saqueo de Bolivia.
Pese al mayor grado de organización y capacidad “militar” de su oponente del momento, el gobierno se ha mantenido fiel a su guion en la gestión de los conflictos sociales: dialogo y uso de la fuerza pública para impedir el bloqueo de las arterias viales principales del país. En los enfrentamientos consiguientes cuatro cooperativistas mineros han perdido la vida por impacto de bala en circunstancia que no están esclarecidas dejando muchas dudas respecto a la real voluntad institucional de esclarecerlas. Según los informes balísticos preliminares del ministro de gobierno Carlos Romero, los disparos mortales podrían haber salido del propio lado de los mineros y no de la policía. Naturalmente todo es posible, pero esta explicación resulta también demasiado cómoda como para justificar la violencia policial y corroborar la tesis del golpe.
En los días previos a la anteúltima muerte, el asesinato del viceministro de régimen interior Rodolfo Illanes, hasta el Defensor del Pueblo llegado en uno de los puntos de bloqueo pedía el repliegue de la policía como condición para apaciguar los ánimos e instalar el dialogo. Según versiones oficiales el viceministro Illanes se habría dirigido hacia el punto de bloqueo de Panduro con un solo edecán con el objetivo de reunirse personalmente con dirigentes conocidos y facilitar el dialogo. Fue en cambio secuestrado y en sus últimas comunicaciones telefónicas con medios de prensa, todavía en la mañana de su último día, volvía a pedir el repliegue policial.
Romero asegura que dio la orden a la policía de retirarse y que fueron los cooperativistas mineros a seguir con el enfrentamiento. Probablemente tenemos una idea equivocada de repliegue, que para nosotros significa retirarse del lugar, y de enfrentamiento, que se hace siempre en dos, pero el hecho es que en este último combate muere el tercer cooperativista minero y según la reconstrucción oficial el viceministro Illanes habría sido linchado a partir de este momento, golpeado por horas hasta la muerte.
Este asesinato con semejante violencia y ensañamiento ha estremecido al país y ha cruzado las fronteras de Bolivia. Como marxista queremos dejar absolutamente en claro que condenamos de la manera más firme como una regresión a la barbarie más inhumana no solo el linchamiento de Illanes sino todas las lapidaciones que, bajo el pretexto de la “justicia comunitaria”, sea urbana o rural, han en muchos casos victimado a inocentes y expresado en todo caso no la cooperación consciente entre los miembros de una comunidad humana, sino su irracionalidad que la hace manipulable. Sin embargo con la misma firmeza con la cual pedimos justicia para Illanes, reclamamos justicia también para los cuatros cooperativistas mineros muertos en circunstancias que no podrán ser esclarecidas por aquellas fuerzas públicas que son probablemente responsables de estas bajas. Es necesaria la conformación de una comisión independiente de la que pueda ser parte también la COB, que debe exigirla.
Sin embargo es necesario también extraer un balance político de todo esto. Y este balance apunta el dedo al verdadero responsable de estas muertes y de las crecientes dificultades en las que se debate el gobierno, entre una coyuntura económica internacional desfavorable y las presiones de diferentes sectores sociales e institucionales. Y este es la moderación del propio gobierno en rehusarse a practicar una política auténticamente socialista, a pesar de proclamarla, que pueda separar los intereses patronales de los de su base social referente.
Como dicho las cooperativas mineras son un mundo muy variado. La imagen del “minero cooperativista enriquecido” gracias a las concesiones del gobierno choca con las fotos que han circulado del velorio de los caídos en este conflicto, sin ataúd, ni salones, ni velas. La autoexplotación laboral en las peores condiciones de trabajo, sin jubilación, salud o derecho al sepelio, no afecta solo a peones y jornaleros, sino a muchos socios y varias cooperativas mineras pequeñas entre los cuales los accidentes laborales tienen una incidencia que sobrepasa con creces la de la empresa, privada o estatal. Durante el conflicto se escucharon mujeres de estos pequeños socios expresar el deseo que el Estado nacionalice toda la minería como única manera de mejorar su condición de vida. Y por otro lado están cooperativas mineras que son en realidad auténticas empresas, cuyos socios tienen el casco limpio y guardado solo para los desfiles y las reuniones del gremio, que por obvias razones finalmente dirigen.
En el caso del cooperativismo minero como el del agro la línea del gobierno es asegurar la lealtad con concesiones no estructurales mientras deja que “el mercado” regule y de derecho a vida y muerte. Inevitablemente esta política acaba por favorecer la acumulación capitalista y someterse a las presiones del capital, como en el caso de los “acuerdos productivos” con los agroindustriales del oriente que no han parado los chaqueos y han liquidado la reforma agraria.
Desde la Corriente Marxista Internacional sostenemos la necesidad de una política minera socialista, basada en primer lugar en la expulsión de las multinacionales mineras, las mismas que asociándose con las cooperativas o el propio Estado, salen siempre ganando. Para con las cooperativas es necesario separar a las que se basan en la verdadera mutualidad entre trabajadores de las que son empresas.
A las primeras es necesario convencerlas a asociarse entre ellas y con el Estado para convertirlas paulatinamente en empresas públicas administradas por trabajadores, subordinando a este plan la concesión de apoyo con técnicos y tecnología para que vayan profesionalizando su trabajo, crédito barato, compra de mineral por una firma estatal encargada del monopolio del comercio del mineral, para eliminar los múltiples eslabones que reducen la ganancia de los socios y así reconocerles beneficios sociales. Las segundas deben ser tratadas como empresas privadas, donde apliquen los impuestos correspondientes y el derecho a la sindicalización que en unos casos – como en Potosí hace unos años – los jornaleros buscaron conquistarse, chocando con la hostilidad de FEDECOMIN y la ignavia del gobierno y de las jefaturas de trabajo.
