Hay una memorable frase del escritor norteamericano William Faulkner que proclama que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Marx lo señaló en su momento de forma distinta en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero el alma de la idea es la misma. Los fantasmas del pasado, un pasado que se supone ya muerto, siguen atormentando a los vivos. Todavía martirizan la piel de los que aún viven y luchan. Si se quiere, es esto algo esencial del desarrollo histórico, en tanto que el proceso se desarrolla entre continuidades y saltos en la lucha de clases. El pasado de la lucha política todavía deja ver sus huellas en el hoy. A cincuenta años del golpe militar esta reflexión cobra una actualidad particular para comprender las luchas del presente.
Ya en Argentina desde 1975 el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e Ítalo Argentino Luder habilitaron con los decretos de aniquilamiento la represión sangrienta a través de las Fuerzas Armadas contra la clase obrera. Estos actos de terrorismo estatal fueron cometidos principalmente por la Triple A, una organización anticomunista encabezada por José López Rega, ministro de los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl Alberto Lastiri, Juan Domingo Perón e Isabel Perón.
A partir de marzo de 1976 con el golpe militar los cómplices del genocidio, es decir el poder empresarial y eclesiástico, se sacaban de encima la democracia formal que ya no les servía en la misma medida para mantener su dominio de clase. Esto deja en evidencia cómo la élite capitalista que controla al país ha ido alternando entre democracia formal y dictadura según la correlación de fuerzas se lo permitía para ir imponiendo sus necesidades políticas y económicas.
El golpe encabezado por Videla fue acompañado por los políticos de los principales partidos políticos que aportaron una cantidad indispensable de funcionarios a la dictadura ocupando 794 intendencias en todo el país. Un paneo rápido a los números deja en claro la actitud colaboracionista de los partidos del régimen. El golpe contó con el apoyo explícito o tácito de las cúpulas empresariales, el Poder Judicial, la Corte Suprema, la jerarquía eclesiástica y la mayor parte de la burocracia sindical.
A través de una alianza cívico militar clerical se montó una maquinaria de exterminio contra la clase trabajadora y la juventud. El Plan Cóndor se dio en el marco de la ofensiva imperialista que estaba impulsada por la crisis capitalista de 1973 y 1974 que puso fin al auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial y también por la oleada revolucionaria que recorría el mundo desde comienzos de los años sesenta. En Argentina esa radicalización se expresó en grandes rebeliones de la clase obrera y la juventud como el Cordobazo, el Rosariazo, el Villazo y el Viborazo entre otras grandes luchas que la clase trabajadora y los estudiantes venían protagonizando por todo el país.
La clase dominante se vio obligada a salir de la dictadura y el restablecimiento de los derechos democráticos vino de la mano del retorno de la democracia formal. El fervor revolucionario en sectores de la clase obrera junto con la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en las calles fue un pilar fundamental en el fin del genocidio y en la lucha por la aparición con vida y el castigo a los culpables de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, como así también en la pelea contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impulsadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
La democracia burguesa es solamente otra manera de expresar la dictadura del gran capital.
Sin embargo ese retorno no significó el fin del dominio de la clase capitalista sino otra forma de garantizar su poder político y económico.
Hoy la lucha por Memoria, Verdad y Justicia se da en un marco específico marcado por el deterioro brutal de nuestras condiciones de vida como trabajadores, trabajadoras y estudiantes. Tanto los dirigentes que forman la coalición oficialista como los que forman la coalición opositora no ofrecen otra alternativa que gobernar bajo la tutela del FMI para beneficio de un puñado de fondos financieros. En los últimos años distintos gobiernos han administrado la crisis capitalista sin resolver los problemas fundamentales de las mayorías.
Tras décadas de democracia formal el capitalismo argentino y sus representantes políticos siguen siendo incapaces de garantizar las necesidades básicas de la población. Defender la democracia en abstracto implica en la práctica defender esta democracia de ricos y para ricos. Es necesario plantear una idea superadora.
No necesitamos una democracia capitalista sino una democracia obrera basada en la democracia directa. Un gobierno de trabajadores que asuma las palancas fundamentales de la economía solo puede construirse mediante la organización consciente de la clase trabajadora y su intervención independiente en la lucha política.
La clase trabajadora encabezando a los demás sectores explotados es la única que tiene la capacidad de parar la economía y reorganizarla sobre bases racionales planificando la producción para satisfacer las necesidades sociales y no las ganancias privadas.
Solo la clase obrera tiene el poder necesario para terminar con la dictadura de los banqueros y capitalistas. Pero ese poder debe transformarse en organización consciente. Por eso la construcción de un partido revolucionario es una de las tareas más urgentes de este período histórico.
Socialismo o barbarie.
