En diciembre del año 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, inicia la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, a partir de este momento, la violencia en nuestro país fue incrementado a niveles escalofriantes.
Se inició un operativo conjunto en Michoacán, donde se ordenó el despliegue de 4 mil 200 soldados del ejército, mil de la armada y 1,400 policías federales. Entre 2006 y 2011, se incrementó un 50% el gasto en seguridad por parte del gobierno federal, sin embargo, a pesar de este incremento de presupuesto y gastos en seguridad pública, la percepción de la población ha sido completamente diferente y bautizaron al mandato de Calderón como el “sexenio de la guerra”. Los grupos criminales no desaparecieron, al contrario se multiplicaron, contando con cifras al inicio del sexenio de 8 cárteles de droga y al terminó con 14 grupos de narcotraficantes, de igual forma, al finalizar el sexenio, esta guerra fallida había cobrado ya, la vida de 120 mil personas.
Durante todo este periodo, se dejó ver la corrupción y la colusión de las autoridades con el crimen organizado, desde los más bajos rangos hasta las más altas esferas policíacas y militares. No se detuvieron a grandes capos, al contrario, si hacemos memoria, en el sexenio de su antecesor, Vicente Fox, el Chapo Guzmán se fugó de un penal de máxima seguridad.
Con el cambio de mandato en el 2012, donde Enrique Peña Nieto asume el cargo de la presidencia, la situación no fue diferente ya que en tan solo veinte meses de gobierno ya había 57,899 personas asesinadas, lo que da 14,205 personas más que Calderón durante el mismo periodo.
Ante la incapacidad del gobierno federal de proveer la seguridad necesaria para la vida cotidiana, se surgen a principios de 2013 las policías comunitarias y los grupos de auto defensa en Michoacán y Guerrero, donde era muy evidente la disminución de la violencia del crimen organizado en donde estos existían, sin embargo, estos grupos representaban de alguna manera, al pueblo en armas y tarde o temprano terminarían sacando la conclusión de que el estado no era necesario, ya que ellos mismos podían auto gestionarse y defenderse. Esta situación no podía ser permitida por el gobierno federal, y en vez de dedicar sus esfuerzos a erradicar el mal generado por el narcotráfico, fueron directamente a la desintegración de estos grupos armados, haciendo detenciones de los principales líderes como el Doc. José Manuel Mireles y disolviendo a los participantes dentro de las policías rurales, controladas por el estado, lo que nos va dando una idea del verdadero trasfondo de la inversión desmesurada en las fuerzas armadas mexicanas.
Según The Washinton Post, de 2012 a 2015, el gobierno de Peña, superaba los mil millones de dólares en compra de armamento a los Estados Unidos, todo esto, justificando la guerra contra el crimen organizado, pero la guerra en realidad, ha sido contra el pueblo mexicano. Según otra fuente, el New York Times el ejército mexicano opera para matar, donde los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, asesina a ocho personas, por cada enemigo que hieren; la Secretaría de Marina, asesina a treinta personas por cada enemigo que hieren, haciendo del ejército y marina mexicanos, uno de los más letales, es por esta razón que no debe extrañarnos encontrar fosas con cientos de muertos a lo largo y ancho de la república, y dentro de estos casos de desapariciones y ejecuciones sumarias, tenemos el caso de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó la actuación mexicana con respecto a derechos humanos, registrando violaciones graves con involucramiento directo del ejército. En ambos casos, el estado mexicano, ha dado versiones de hechos completamente infundamentadas y absurdas, para no asumir su responsabilidad y no perder la credibilidad del grueso de la población, pero como creer en ellos si tan solo durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, se encontraron 152 cadáveres en fosas clandestinas, además de los 240 desparecidos, reportados hasta 2014, donde la mayoría de los cuerpos tenían signos de tortura, y la situación es similar en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, todo esto bajo el consentimiento y conocimiento del Estado Mexicano, quien también ha optado por la militarización de la policía, que hace más precaria y violenta la situación general del país.
Pero en realidad, si todo este proceso de militarización, tiene como objetivo exterminar a los grupos delictivos, ¿Por qué en Coahuila y Tamaulipas, que son estados con más alto índice de inseguridad, tienen el índice más bajo de presencia policial del país?, ¿Por qué envían profesores y estudiantes a penales de máxima seguridad y no a los verdaderos delincuentes? o acaso, habiendo aumentado 30% los feminicidios en el Estado de México, es prioritario para la seguridad de la población, enviar a más de 3 mil policías, helicópteros y tanques, a reprimir la lucha del pueblo en contra de la reforma educativa. Esto solo es un indicativo de que la militarización engendrada desde el seno del estado, no es más que el freno y la intimidación hacia los movimiento sociales, que desde el 2014 no han parado, cada día el descontento social se incrementa y tanto la policía como el ejército, siempre están ahí, no para brindarnos seguridad, al contrario para sembrarnos terror de ser torturados o ejecutados sin juicio alguno, por el simple hecho de luchar por nuestros derechos o por mejorar la calidad de nuestras vidas, es inadmisible la actitud violenta y miserable de los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la privatización de la educación pública, estos represores estatales no son parte del pueblo, ni defienden los intereses del pueblo, ellos están ahí para proteger a la clase dominante que pretende arrebatarnos todo vestigio de conquistas obreras, a costa de nuestra miseria y sufrimiento, con tal de mantener su poder y sus ganancias intactas.
Rompamos con este Estado REPRESOR.
Ni un muerto más en Oaxaca.
Ni un desaparecido más.
No a la militarización del país.
20/06/2016
