En la izquierda se ha abierto un debate sobre el modelo de Estado que debemos defender, alrededor de tres aspectos: la lucha por la República, el “ordenamiento territorial” (autonomías o federalismo), y el derecho de autodeterminación de las “nacionalidades históricas”: Cataluña, País Vasco, Galicia. Este debate no cae del cielo. La aguda crisis económica, política y social que asola al Estado español ha puesto patas arriba la estabilidad del régimen político surgido de la Transición.
Un debate necesario
Izquierda Unida, específicamente, plantea impulsar “un proceso constituyente”, un cambio de régimen político con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución que plasme el nuevo modelo de Estado que aspiramos a construir.
Desde Lucha de Clases defendemos una República basada en los derechos democráticos más avanzados, que incluya el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, pues la única unión que nos interesa es la unión voluntaria de los pueblos que conforman el Estado español. Sin embargo, creemos imposible alcanzar este objetivo manteniendo las estructuras económicas del sistema capitalista – la gran propiedad privada – y su aparato de Estado – judicatura, altos funcionarios, policía – que nutren y sustentan a las fuerzas reaccionarias, sociales y represivas, que se oponen al progreso y bienestar de la mayoría de la sociedad.
La soberanía popular no puede reducirse a un puñado de derechos políticos escritos en un papel; debe completarse con la propiedad colectiva, democráticamente gestionada, de las palancas fundamentales de la economía y de los recursos naturales.
Por tanto, la lucha por una república democrática debe vincularse con la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
La Transición
Hay dirigentes de IU que justifican un nuevo “proceso constituyente” porque, dicen, se incumplió la Constitución del 78, cuyos contenidos eran buenos ¡Qué ingenuidad conmovedora!
El régimen franquista – con sus jueces, militares y policía – nació para defender, a sangre y juego, los intereses de los empresarios y terratenientes. Por eso, para amplios sectores de las masas obreras y populares, la lucha contra la dictadura franquista no era solo por democracia. Era parte de una lucha más amplia, contra el capitalismo y por el socialismo.
Lamentablemente, los dirigentes del PSOE y del PCE de entonces carecían de una perspectiva socialista de lucha y tampoco confiaban en los trabajadores para impulsar este objetivo. Consecuentemente, pactaron una “transición ordenada hacia la democracia” con los sucesores del franquismo, que frustró las expectativas revolucionarias de los trabajadores y de la juventud. A cambio de derechos democráticos constitucionales formales – conquistados realmente en las calles y fábricas – se permitió a la burguesía mantener su dominio sobre la sociedad con la propiedad sobre los grandes bancos, monopolios y latifundios.
35 años después queda claro que, en el capitalismo, ninguna Constitución burguesa puede asegurar a las masas trabajadoras derechos democráticos y sociales permanentes.
Cómo luchar por la República
También debemos advertir contra cierta mitificación de la República. Nos convendría bien, para ello, estudiar la experiencia de 1931-1936.
Los trabajadores y campesinos buscaban en la República la satisfacción de sus reclamos sociales: condiciones de vida decentes, tierra, extirpar el atraso y el analfabetismo. Pero los capitalistas y terratenientes querían simplemente un cambio cosmético para contener el descontento popular ante la aguda crisis económica de aquellos años y el descrédito de la monarquía alfonsina.
Los sucesivos gobiernos republicanos fueron incapaces de resolver las tareas democráticas pendientes: reforma agraria, desarrollo industrial, modernización de la sociedad, separación de la Iglesia y el Estado, democratización del ejército, liberación de Marruecos, y solución del problema nacional catalán y vasco. Consumar estas tareas era incompatible con el mantenimiento del capitalismo porque la burguesía española estaba soldada al viejo orden reaccionario.
Los trabajadores y campesinos pobres tendieron instintivamente desde el primer momento a traspasar los límites del capitalismo para resolver sus problemas. Pero las direcciones obreras del PSOE, PCE, CNT, POUM, en diferentes momentos y circunstancias, frustraron dichas tentativas revolucionarias.
La incapacidad para vincular la construcción de una república verdaderamente democrática con la transformación socialista de la sociedad terminó en la sangrienta derrota de 1939 y en la dictadura franquista.
Por eso, una república burguesa reproduciría los mismos problemas e injusticias sociales que sufrimos actualmente bajo la monarquía juancarlista – o que sufren las repúblicas de Portugal y Grecia, por ejemplo. Conduciría a la desmoralización, al desprestigio del régimen republicano y a un nuevo triunfo de la reacción. Una república consecuentemente democrática sólo puede tener existencia, por tanto, como república socialista.
¿Autonomismo o federalismo?
El carácter plurinacional del Estado español es el resultado de un proceso complejo. El atraso histórico del capitalismo español impidió integrar armónicamente territorios y poblaciones diversas. Como resultado, Cataluña, Euskadi y Galicia vieron reprimidos sus derechos nacionales, su lengua y cultura, especialmente durante el franquismo. Ahora, la política reaccionaria del PP ha agravado la situación.
Las burguesías catalana, vasca y española utilizaron siempre el problema nacional para disputarse condiciones ventajosas particulares para la explotación de “sus” obreros y el pago de impuestos, mientras actuaban unidas contra los obreros del conjunto del Estado. Ahora, el PP y el sector más centralista de la burguesía española utilizan la crisis y los recortes para limitar los gastos y vaciar de contenido algunas competencias de las autonomías. Esto ha agravado el enfrentamiento, particularmente con Cataluña, donde sectores de la burguesía nacionalista están agitando posiciones independentistas.
En la izquierda se plantea como alternativa un Estado federal, que realmente no diferiría mucho del actual Estado de las Autonomías, aparte del reconocimiento del carácter de nación a Cataluña, Euskadi y Galicia – que apoyamos – y el disfrute de alguna competencia más.
Independientemente de eso, debemos defender enfáticamente los mismos derechos sociales, acceso a jubilaciones, sanidad, educación, transporte, vivienda, etc. en todo el territorio del Estado. Y advertimos que ninguna Constitución republicana ni Estado federal podrán evitar las tensiones y contradicciones nacionales, engendradas por el capitalismo, debido al afán de lucro burgués, las crisis y los recortes sociales.
Una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas
Bajo la divisa de un programa socialista y el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña, País Vasco-Navarra y Galicia, sería perfectamente posible unir a la clase obrera de todo el Estado en una lucha común contra la burguesía española y las burguesías nacionalistas, para proceder a la expropiación de las mismas bajo la gestión democrática de la clase obrera. Sería perfectamente posible establecer, junto con un Portugal socialista, una Federación socialista de nacionalidades ibéricas, en pie de igualdad, que planificara democráticamente en común sus recursos productivos para hacer avanzar y progresar a todos los pueblos que forman actualmente la península ibérica, manteniendo el máximo grado de autonomía para los asuntos administrativos y culturales de cada una de ellas y para desarrollar y aplicar dicha planificación en cada nacionalidad y región.
Tal federación socialista no sería un fin en sí mismo, sino la antesala de una revolución socialista europea que conformaría los Estados Unidos Socialistas de Europa, como prólogo a una Federación Socialista Mundial, sin más fronteras nacionales que dividan y enfrenten a la humanidad.
